TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 523/2019                                                                 Fecha: 27 de mayo de 2019                                                 

Expediente: LP-15-19-S                                                                                 

Partes: Emma Fernández Vda. de Michel c/ Hugo Daniel Chávez Aguilar y Mónica Marlene Calliconde Mercado.                                

Proceso: Rescisión por lesión y otros.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 262 a 269, interpuesto por Emma Fernández Vda. de Michel a través de su representante legal Isaías Jorge Vargas; contra el Auto de Vista Nº S-371/2018 de 17 de julio, cursante de fs. 256 a 257, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre rescisión de contrato por lesión y otros, seguido por Emma Fernández Vda. de Michel contra Hugo Daniel Chávez Aguilar y Mónica Marlene Calliconde Mercado; el Auto de Concesión del recurso de fecha 26 de noviembre de 2018 cursante en fs. 272; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

La Juez Público Civil y Comercial Nº 2 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 658/2016 de 02 de diciembre cursante de fs. 216 a 225 vta. por la que declaró IMPROBADA la demanda principal cursante de fs. 10 a 14 presentada por Emma Fernández Vda. de Michel.

Resolución de primera instancia que fue apelada por Emma Fernández Vda. de Michel por medio del escrito que cursa en fs. 229 a 237, a cuyo efecto la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el Auto de Vista N° S-371/2018 de 17 de julio, cursante de fs. 256 a 257 por el que se  CONFIRMÓ la Sentencia antes mencionada, arguyendo que de los antecedentes del proceso se advierte que no solo existe un informe pericial, sino que también cursa un certificado catastral por el cual se demuestra aspectos diferentes en cuanto al valor del bien inmueble, en cuyo entendido lo que la juzgadora efectúa es el análisis equitativo y cualitativo de los mismos, además que se observa que el bien inmueble fue comprado por la actora en fecha 27 de marzo de 2012 por el precio libremente establecido de $us. 33.000 (treinta y tres mil 00/100 dólares) y que posteriormente, en fecha 01 de junio de 2012, efectuó la venta en favor de los demandados, es decir después de casi tres meses, por un precio de $us. 60.000 (Sesenta Mil 00/100 dólares); extremo que descarta la lesión alegada, puesto que se compró el bien inmueble en $us. 33.000 y se vendió a los tres meses en un precio de Bs. 280.000, es decir mucho más de lo que se habría pagado a los vendedores solo tres meses antes.

Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación que cursa de fs. 262 a 269, interpuesto por Emma Fernández Vda. de Michel; el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Acusó que el Auto de Vista es incongruente, carente de motivación y fundamentación, ello debido a que el Tribunal de alzada no se pronunció respecto a todos los puntos apelados; omisión que no solo vulnera la garantía del debido proceso, sino también atenta contra el derecho a la defensa, pues dicha resolución no ha respondido en forma puntual a ninguno de los agravios que se tienen enumerados del punto 1 al 4 de su recurso de alzada; además que el Tribunal Ad quem, confunde la resolución apelada, pues hace alusión a una Sentencia N° 658/2016, cuando la Sentencia impugnada es la N° 539/2016.


2. Denunció la violación e incumplimiento del art. 265.I y II de la Ley N° 439, arguyendo que la mencionada norma establece que el Auto de Vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación; en otros términos, debe respetar la pertinencia de la apelación expuesta en el memorial de fs. 229 a 237, empero en el presente caso el Auto de Vista en lugar de observar la pertinencia de la apelación ingresa a realizar consideraciones que no son objeto de debate ni de impugnación, lo que hace que dicha resolución sea extra petita.


3. Indicó que la Juez de instancia no ha cumplido con lo establecido por el art. 213.II inc. 3) de la Ley N° 439, ya que la sentencia no contiene una parte motivada que señale los hechos que se encuentran probados y los hechos que no han sido demostrados, y en ese entendido no existe una evaluación de la prueba que fue ofrecida por su parte, en particular de la confesión espontanea, la confesión provocada y el documento de compromiso de venta de fs. 20 a 21, mucho menos de los informes periciales (que no fueron observados); por lo que dicha sentencia debe ser anulada, ya que la nulidad es expresa y específica en este tipo de casos.


4. Acusó sobre la indebida aplicación del art. 145 de la Ley N° 439; art. 561 y 1282 del Código Civil, señalando que la Sentencia N° 539/2016 es deficiente y superficial, ya que no considera que la venta y trasferencia de la cual se pide su rescisión, ha sido obtenida por los demandados aprovechándose de la extrema necesidad e ignorancia de la actora, a quien en realidad se le ha impuesto un precio por demás inferior al valor real del inmueble; manifestado en ese sentido que se ha probado los dos elementos (subjetivo y objetivo) que requiere la acción rescisoria, toda vez que con la confesión provocada se encuentra reconocido y expresado por los demandados la ligereza y necesidad apremiante que llevó a disponer del bien demandado; así como fue demostrado, mediante el informe pericial, la desproporcionalidad de la prestación en más de 50% del valor comercial; pruebas que no fueron analizadas en la sentencia conforme se advierte en su parte denominada “Resultando V.2.”


5. Señaló que en la sentencia no se considera la necesidad apremiante, ignorancia y ligereza que tuvo la actora, siendo probada con la confesión espontánea y judicial de los demandados, ya que en su memorial de fs. 64 a 68, los demandados señalan que quien realizó los documentos de transferencia fue su abogado Juan José Torres; confesión que implica que los mismos tenían ventaja sobre su persona, pues reconocen que en los tramites estos estaban asesorados por dicho abogado, además que en la confesión judicial (fs. 136 y 137) reconocen que tenía la necesidad apremiante de pagar la re-compra porque de lo contrario se perdería dicha opción; pruebas a la cuales, indica la recurrente, el juez de instancia no otorgó el valor legal, ni aplicó la disposición legal establecida por el art. 404.I y 409 del CPC.


6. Refirió que la prueba consistente en la imputación formal emitida por el Ministerio Público cursante de fs. 112 a 115, no fue debidamente compulsada por la juez A quo, quien no dió cuenta que los demandados se apropiaron del bien inmueble sin haber pagado el precio fijado en el documento de fs. 20, consistente en la suma de $us. 60.000, no obstante, de que dicho hecho fue expresado por los demandados en la confesión provocada.


7. Señaló que la juez de instancia no consideró la prueba que corrobora y comprueba el elemento objetivo de la presente acción; pues no ha tomado en cuenta que los informes periciales (de fs. 103 a 110 y 183 a 192) que establecen el precio del inmueble no han sido observados por los demandados (no obstante de que fueron debidamente notificados), en cambio fundamenta su decisión se basa en simples aproximaciones, sin que se advierta el uso de técnicas y pericias que justifiquen su decisión; haciendo la juez de tasadora, que, a ojo de buen cubero, desestima la procedencia del elemento objetivo de la rescisión, no obstante de que por propia confesión de la demandada le fue asignado un valor al inmueble en la suma de $us. 60.000.   

    

De esta manera, solicita la emisión de un Auto Supremo que en el fondo declare probada la demanda de rescisión por lesión.

Respuesta al recurso de casación.

No cursa respuesta al recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

1. De la incongruencia omisiva y su trascendencia o relevancia en la nulidad procesal.

Es en este entendido que a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado en sentido que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa”.

Del lineamiento jurisprudencial extractado se puede establecer que este Tribunal bajo un criterio de logicidad en aplicación del principio de razonabilidad, determinó que si bien debe respetarse el debido proceso en su elemento de congruencia, empero, ese criterio no debe ser sustentado o interpretado bajo paradigmas estricta y rigurosamente formales, sino que la interpretación de legalidad que realizan las autoridades Jurisdiccionales  debe ser desde y conforme al bloque de Constitucionalidad donde la finalidad del debido proceso, sea la preeminencia de los derechos sustantivos sobre los adjetivos, es por eso que cuando se solicite la nulidad de una resolución por incongruencia, esta resultará viable cuando se advierta que corrigiéndose ese error o defecto formal como resulta ser la incongruencia u otro derecho inherente al trámite del proceso, ha de repercutir en la decisión de fondo, poseyendo en ese caso la decisión de anular obrados un fin sustancial con relevancia en el proceso, pues a contrario sensu, o sea en el hipotético caso de disponer una nulidad por un defecto formal que no ha de incidir en el fondo de la causa, simplemente se ha de satisfacer meros pruritos formales, lo cual no va en consonancia con el nuevo modelo constitucional de derecho que pregona una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.

Es por dicho motivo que al momento de analizarse la nulidad por incongruencia, se deberá tener en cuenta la trascendencia de la misma, a efectos de evitar formalismos excesivos que únicamente han de tener consecuencias dilatorias en la causa y por ende perjuicio a las partes que van en búsqueda de una solución al conflicto jurídico, un entendimiento antagónico implicaría desconocer los principios que rigen la nulidad de obrados  como ser el de trascendencia, criterio que también fue asumido por el Tribunal Constitucional bajo el denominativo de -relevancia constitucional, el cual orienta en el sentido que la tutela constitucional en tema de infracciones procedimentales es acogida cuando: “esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados” (SCP Nº1062/2016-S3 Sucre, 3 de octubre de 2016). En ese mismo sentido, la SC N° 1905/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que: “…una problemática no tiene relevancia constitucional cuando la resolución de fondo que la jurisdicción ordinaria emitió no vaya a ser modificada o de resultado diferente, aun cuando se disponga subsanar los errores u omisiones de procedimiento incurridas por el demandado de amparo constitucional”.

El entendimiento expuesto supra como se dijo, resulta aplicable al tema de la incongruencia omisiva u otra vulneración al debido proceso, bajo el entendido de que los recurrentes deben fundamentar y demostrar que en el supuesto de disponerse la restitución o pronunciamiento sobre esta pretensión, la decisión de fondo ha de sufrir modificación, esto con la finalidad de que la determinación a ser asumida no sea una con un carácter netamente formal; criterio que igualmente debe ser observado y analizado por las autoridades jurisdiccionales previamente a disponer la nulidad procesal, es por dicho motivo que ese derecho no resulta absoluto, sino que debe responder a los principios y criterios dogmáticos que hacen a la nulidad procesal bajo una interpretación sistemática, y en caso de reunir los presupuestos citados corresponde otorgar y disponer la restitución del defecto formal por ser gravitante y trascedente.

2. No es viable en casación impugnar lo fundamentado en sentencia

Sobre este tema el Auto Supremo Nº 493/2014 de fecha 04 de septiembre, ha expresado que: “…el recurso de casación como tal, es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley, dirigido a lograr la revisión y reforma o anulación de las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas del derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. De esta manera el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, que deberá contener los requisitos exigidos en el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, el mismo que puede ser planteado en la forma o en el fondo, o en ambos casos a la vez, conforme lo establece el art. 250 del ya citado código; en la forma procederá por errores de procedimiento denominado también error in procedendo, cuyo propósito es la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubiera violado las formas esenciales del proceso sancionados expresamente con nulidad por la ley; respecto al recurso de casación en el fondo o error injudicando, procederá por errores en la Resolución del fondo del litigio, orientada a que se resuelva sobre el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba. En ambos casos se debe indicar de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino que se debe demostrar en que consiste la infracción que se acusa, conforme establecen los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, resultando imperativo fundamentar en que consiste la infracción y precisar cual la correcta aplicación de la norma cuya infracción se acusa, ello en cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 258 citado supra. Conforme las características que hacen a uno y otro recurso, la resolución de cada uno, también adopta una forma específica, razón por la cual, al margen de exponer los motivos en que se funda tanto el recurso de casación en la forma como en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión en forma congruente con el recurso que deduce. Estas especificaciones, deben realizarse en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente, por lo tanto debe quedar claramente establecido que la casación no constituye una tercera instancia ni una segunda instancia de apelación”.

A tal efecto y a manera de puntualizar el presente acápite en consideración de lo expresado por el Auto Supremo N° 214/2016 de fecha 14 de marzo, podemos concluir señalando que una adecuada técnica procesal recursiva dentro de un proceso ordinario exige que el recurso de casación sea interpuesto contra la resolución de segunda instancia, es decir, contra el Auto de Vista, conforme orienta lo establecido en el art. 270 del Código Procesal Civil, entonces todos los reclamos incoados en el recurso de casación deben estar orientados a observar aspectos de forma y fondo inherentes a lo dispuesto por el Tribunal de segunda instancia y no así, lo expresado en la sentencia, debido a que este Tribunal ha de analizar, resolver y declarar infundado o casar el Auto de Vista y no la sentencia.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuesta como está la doctrina aplicable al presente caso, corresponde expresar las siguientes consideraciones:

1. Del análisis del planteamiento recursivo propuesto en los puntos 1) y 2) de la impugnación casatoria, se puede advertir que, si bien la recurrente hace mención a la falta de motivación y fundamentación del fallo recurrido, lo que en realidad cuestiona es la incongruencia omisiva de dicha resolución, pues claramente refiere que el Tribunal de alzada ha omitido pronunciarse respecto a los agravios que se tienen enumerados del punto 1 al 4 de su recurso de apelación, de ahí que denuncia la violación del art. 265.I y II de la Ley N° 439 debido a que dicho Tribunal no habría respetado la pertinencia de su apelación y habría ingresado a considerar aspectos que no fueron objeto de análisis; siendo por ello esta resolución ultra petita.

Sobre esta cuestión, revisado el Auto de Vista N° S-371/2018 se puede apreciar que evidentemente el Tribunal de alzada, no ha realizado un análisis pormenorizado de los puntos de agravio descritos en el recurso de apelación, pues simplemente concluye señalando que las apreciaciones de la juzgadora de primera instancia, respecto a la valoración de los elementos probatorios, son claros y equitativos, ello debido a que de la compulsa de dichas probanzas se observaría que el bien inmueble habría sido comprado por la actora en fecha 27 de marzo de 2012 por un precio de $us. 33.000 y posteriormente, en fecha 01 de junio del mismo año, la misma habría efectuado la venta en favor de los demandados, pero ahora por un precio de $us. 60.000, es decir por un precio mucho mayor al que se habría pagado solo tres meses antes; extremo por el cual se encontraría descartada la lesión alegada. 

Ahora bien, una conclusión a priori, nos conduciría a concluir que en la presente causa, el fallo impugnado adolece de incongruencia externa, al no haber considerado el contexto general en el cual fueron formulados los agravios del recurso de apelación (cuál es la valoración de los elementos probatorios), lo que sin duda confluiría en la nulidad de dicha resolución judicial; empero  bajo los nuevos lineamientos jurisprudenciales descritos en el apartado III.1 de la doctrina aplicable, previamente a determinar tal situación, corresponde examinar si los planteamientos recursivos omitidos en su análisis, revisten de trascendencia como para asumir dicha decisión; es decir que de haberse examinado las mismas el decisorio del Ad quem resultaría distinto al que ahora es impugnado.

Se realiza este examen porque el actual régimen de nulidades procesales encuentra su sustento en una serie de principios que orientan la actividad del órgano jurisdiccional, de tal manera que no es posible asumir una decisión anulatoria si no hay daño o perjuicio, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tomar en cuenta el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con la omisión y/o vicio reclamado, de tal manera que se haya dejado en una situación de indefensión material que le impida toda posibilidad de hacer valer sus pretensiones, ya que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales, trasuntando ello en la trascendencia del vicio acusado.

En ese entendido, en base al examen del recurso de apelación aludido por la recurrente, se puede observar que el planteamiento recursivo se encontraba abocado a cuestionar la valoración de los elementos probatorios de cargo, particularmente de la confesión espontánea y judicial de los demandados, así como la prueba pericial, que a entender de dicha recurrente demostrarían los elementos objetivo y subjetivo que configuran a la rescisión por lesión del contrato de fecha 31 de mayo de 2012 que cursa en fs. 7 de obrados.

Con referencia a lo anterior y previo a examinar dichos elementos probatorios conviene tener presente que nuestro ordenamiento jurídico, concretamente el art. 561 del Sustantivo Civil, regula la rescisión del contrato por efecto de la lesión, señalando que: “I. A demanda de la parte perjudicada es rescindible el contrato en el cual sea manifiestamente desproporcionada la diferencia entre la prestación de dicha parte y la contraprestación de la otra, siempre que la lesión resultare de haberse explotado las necesidades apremiantes, la ligereza o la ignorancia de la parte perjudicada. II. La acción rescisoria sólo será admisible si la lesión excede a la mitad del valor de la prestación ejecutada o prometida”, lo que quiere decir que la rescisión necesariamente debe ser planteada en la vía judicial y tiene por objeto restablecer el equilibrio de las prestaciones, buscando una relación equitativa entre la prestación y la contraprestación del contrato.

De ahí que puede entenderse a la lesión como el perjuicio económico que experimenta una de las partes, en el momento de conclusión del contrato, y que consiste en la desproporción evidente de las prestaciones intercambiadas, determinada por la explotación de la miseria, ligereza o inexperiencia de ella, o como refiere Cifuentes Santos es: “…una anomalía del negocio jurídico que consiste en un perjuicio patrimonial que se provoca a una de las partes cuando, en un acto jurídico oneroso y bilateral, se obtiene de ella prestaciones desproporcionadas a través del aprovechamiento de su necesidad, ligereza o inexperiencia”.

Entonces este concepto consagra dos elementos esenciales de la lesión, cuales son: el elemento objetivo, es decir, la desproporción evidente de las prestaciones y, el elemento subjetivo integrado a su vez por: 1) la explotación de la víctima de la lesión y, 2) las situaciones de inferioridad que puede sufrir la víctima de lesión: la miseria, ligereza e inexperiencia del lesionado; elementos que, según el AS. N° 522/2017 de 17 de mayo, se configuran a través de tres requisitos: 1) la desproporción; que consiste en determinar, si al tiempo de celebración del contrato, las prestaciones de las partes no son equivalentes, sino desproporcionadas, para lo cual se recurre a una medida de valor común, como es el dinero; 2) El estado de necesidad, ligereza o inexperiencia, en la cual debe encontrarse la parte afectada; y, 3) La actitud de explotación, que consiste en que el beneficiado debe haber explotado la situación de inferioridad en que se encontraba el perjudicado.

En este propósito, la recurrente sostiene que en obrados, concretamente en el escrito de fs. 64 a 68 existe una confesión espontanea de los demandados, donde estos reconocerían que quien realizó los documentos de transferencia fue su abogado Juan José Torres; confesión que a su entender, implica que los mismos tenían ventaja sobre su persona ya que reconocerían que en los tramites para la celebración del contrato de fs. 7 estos estaban asesorados por dicho abogado y que además en la confesión judicial de fs. 136 y 139,  reconoce que su persona tenía la necesidad apremiante de pagar la re-compra porque de lo contrario se perdería dicha opción; pruebas que indica, demuestran el elemento subjetivo de la rescisión demandada.

Ahora bien, en lo concerniente a la confesión espontanea, cabe señalar que si bien en el memorial de fs. 64 a 68, los demandados, a tiempo de contestar la demanda, refieren haber contado con el patrocinio y/o asesoramiento de un profesional abogado para las averiguaciones y posteriores tramites referentes a la compra del inmueble pretendido, ello no importa un reconocimiento de una situación de ventaja respecto a la situación de la actora a momento de realizar dicho negocio jurídico, puesto que es lógico suponer que ante la inversión de diferentes sumas de dinero, los demandados podían acudir ante un profesional que vele por el resguardo de sus derecho e intereses, mucho más cuando por la literal de fs. 22 (documento de compromiso), se puede advertir que la recurrente contó con la colaboración y asesoramiento del Sr. José Luis Gutiérrez Lastanio, quien su calidad de Presidente de la Organización de Deudores de La Paz “ODELPAZ” prestó el apoyo respectivo para la celebración de este negocio jurídico; ello se advierte de la Cláusula Primera de este documento donde se señala lo siguiente: “Yo JOSE LUIS GUTIERREZ LASTANIO (…) soy intermediario de la negociación ante el BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, en la ciudad de La Paz, para la recompra del inmueble que está ubicado en la calle Caranavi No. 470 Zona VILLA FATIMA DE la Ex PROPIETARIA Sra. EMMA FERNADEZ Vda. de MICHEL”, declaración con la cual estuvo de acuerdo la recurrente según la Cláusula Quinta, pues es por ello que señala: “Yo EMMA FERNANDEZ Vda. de MICHEL como ex propietaria del inmueble mencionado estoy plenamente de acuerdo con este documento…” (sic.), y que demás fue ratificada en el documento de compromiso de venta de fs. 20, donde en la cláusula tercera claramente se reconoce la intervención de “ODELPAZ”, para la suscripción de dicho acuerdo con los demandados. Escenario este que nos conduce a inferir que la presunta confesión espontanea carece de asidero para establecer la concurrencia del elemento subjetivo de la rescisión demandada, ello debido a que no demuestra una situación de desventaja, inexperiencia o exportación en contra de la actora, ha momento de celebrar el negocio jurídico de fs. 7.

Lo mismo acontece con las confesiones provocadas diferidas a los demandados (ver fs. 136 y 139), donde si bien a momento de contestar a la pregunta 1 de los cuestionarios de fs. 135 y 137, estos señalan que tenían conocimiento, de que si la actora no pagaba los $us. 33.000 al banco perdería la opción de re-comprar el inmueble en cuestión, también refieren que la recurrente nunca les comentó la necesidad que la apremiaba para realizar dicha re-compra, y que en realidad se hizo un regateo sobre el precio entre las sumas de 65.000 a 60.000 dólares americanos para que la misma pueda verse beneficiada por esta compra. Esta aseveración puede ser verificada a partir de la interpretación del contrato de compromiso de venta a fs. 20 de obrados, donde se advierte que lo que en realidad pretendía la recurrente era comprar el inmueble del Banco Mercantil Santa Cruz por un precio de $us. 33.000, y una vez realizada esta compra transferir dicho bien en favor de los demandados, empero por un precio superior de $us. 60.000, llegándose a beneficiar del remanente que deberían pagar los demandados en favor de dicho Banco; así se entiende de la lectura del mencionado compromiso de venta, donde en las cláusulas cuarta y sexta por demás clara se señala “Por conversaciones con el banco mercantil a la fecha yo EMMA FERNADEZ Vda. de MICHEL, realizare la compra de mi anterior inmueble en el precio acordado y aprobado por los ejecutivos del Banco Mercantil Santa Cruz, haciendo contar que comprare mi anterior bien con dinero de los Señores HUGO DANIEL CHAVEZ AGUILAR (…) y MONICA MARLENE CALLICONDE MERCADO (…), siendo que mi persona no cuenta con ningún monto de dinero y una vez que realice la compra al presente y por convenir a mis intereses sin que exista vicio del consentimiento de acuerdo al art. 473 del Código Civil he decidido darlo en VENTA Y ENAJENACION PERPETUA el mencionado inmueble (…) a favor de los señores HUGO DANIEL CHAVEZ AGUILAR y MONICA MARLENE CALLICONDE MERCADO (…) Se hace constar que la venta tiene un costo de 60.000 $us (…) debiendo cancelar el restante en un plazo máximo de 3 meses a partir de la suscripción del presente documento…” (Sic.); de ahí que en las mismas confesiones, los demandados reconozcan que se encuentran adeudando un remante de $us. 18.000 en favor de la actora; deuda que si bien refiere la recurrente no fue cancelada y que ello no fue tomado en cuenta por la juez de instancia, la presente acción no constituye la vía adecuada para exigir su cumplimiento, debiéndose incoar la acción correspondiente para su cobro en otro proceso independiente (cumplimiento de contrato), mas no pretender justificar con ello el elemento subjetivo de la rescisión analizada, mucho menos en base a las confesiones provocadas descritas, puesto que conforme se ha expresado supra, este elemento exige la concurrencia de dos requisitos, cuales son el estado de necesidad, ligereza o inexperiencia y la actitud de explotación que hubieren ejercido los demandados frente a la situación de inferioridad en que presuntamente se encontraría la actora, y como en este caso se ha demostrado que en realidad los demandados pretendían beneficiar a la actora con el pago del saldo remanente del precio pactado por la re-compra del inmueble, no se advierte que hayan asumido una actitud de explotación y aprovechamiento del estado de necesidad de la actora; situación que nos permite advertir que la alegada incongruencia omisiva respecto a la consideración de estos elementos probatorios carece de asidero por no revestir de trascendencia para la modificación del fallo recurrido.     

En otro punto del recurso de apelación, la recurrente sostuvo que los informes periciales que cursan de fs. 103 a 110 y 183 a 192 demuestran el elemento objetivo de la rescisión demandada, ya que estas pericias establecerían el verdadero precio del inmueble en cuestión y que además no habrían sido observadas por la parte contraria tras ser notificadas, lo que en consecuencia demostraría la desproporcionalidad entre el valor real y el precio señalado en el contrato de fs. 7.

En relación a este planteamiento corresponde manifestar que, del análisis de estos informes periciales, se puede advertir que si bien es cierto que las conclusiones establecidas no fueron objeto de observación por parte de los demandados, no se puede perder de vista que para que los mismos puedan demostrar la concurrencia del elemento objetivo que exige la rescisión, estas deben cumplir con ciertos parámetros que permitan apreciar la desproporcionalidad con mayor objetividad, así tenemos que en principio el informe pericial debe establecer el precio y/o valor que tenía el inmueble en el momento mismo que fue suscrito el contrato demandado de rescisión (o por lo menos establecer una aproximación del precio respecto a esa fecha), es decir que debe estar basado en parámetros de avaluó que respondan a la coyuntura que rodeaba la transacción de bienes y raíces a la fecha de la suscripción del contrato, mas no puede basarse en parámetros establecidos en fechas posteriores; así como también debe estar elaborado en base a apreciaciones objetivas que permitan advertir la veracidad de sus conclusiones.

Ahora bien, en el sub judice no se tiene que los informes periciales descritos por la recurrente cumplan con los parámetros referidos, puesto que ambos datan de fechas posteriores a la celebración del contrato de fs. 7, ya que la pericia que cursa de fs. 103 a 110 fue celebrado en la gestión 2014 y la pericia de fs.183 a 191 es de la gestión 2015, cuando el contrato de fs. 7 fue suscrito en fecha 31 de mayo de 2012, lo que da cuenta que estos informes no responden a los parámetros de avalúo que regían a momento de la celebración de dicho contrato; así como tampoco se tiene que estos se encuentran elaborados en base a apreciaciones objetivas, toda vez que de la lectura de ambos informes se puede constatar que el avalúo fue realizado en base al certificado catastral, así como en base a datos proporcionados por la misma demandante y finalmente a partir de una simple apreciación desde las afueras del predio en cuestión. Así se advierte en el punto 15 del informe de fs. 103 a 110, donde el perito señala lo siguiente: “…no se tuvo acceso al inmueble por estar ocupado por terceras personas, se realiza el avalúo comercial ponderando valores del Certificado catastral, datos proporcionados por el propietario, valoración in situ afuera del inmueble y por fotos satelitales”, situación que es reiterada en el punto 15 del informe de fs. 183 a 192. Entonces, una vez más podemos apreciar la inconcurrencia de elementos probatorios que puedan demostrar la concurrencia de la pretensión de la recurrente, pues no se tiene que ninguna de sus probanzas permita apreciar una realidad diferente a la asumida por los juzgadores de instancia, lo que en consecuencia nos conduce a concluir que el hecho de que el Tribunal de alzada no haya ingresado a considerar los reclamos de apelación (vinculados a la valoración de la prueba pericial) no revisten de trascendencia como para asumir una decisión anulatoria por la incongruencia omisiva reclamada.  

2. Finalmente, en el planteamiento expuesto en los puntos 3), 4), 5), 6) y 7) del recurso de casación, se puede observar que la recurrente trae a colación diferentes argumentos que cuestionan los fundamentos de la sentencia de primer grado, tal es así que observa la falta de motivación de dicho fallo respecto a la valoración de los elementos probatorios de cargo (confesión espontanea, confesión provocada, prueba pericial y documental), en sentido de no haberse tomado en cuenta que dichas probanzas demuestran la concurrencia de los elementos subjetivo y objetivo de la rescisión demandada.

Sobre este particular de acuerdo a los lineamientos doctrinales expuestos en el apartado III.2, se ha establecido que la adecuada técnica recursiva dentro del proceso civil, exige que el recurso de casación sea interpuesto en contra de los aspectos considerados y resueltos en la resolución de segunda instancia, es decir, contra el Auto de Vista, conforme orienta el art. 270.I del Código Procesal Civil, que señala que; “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”, y ello precisamente porque la casación importa un medio impugnatorio cuya naturaleza vertical requiere que todos los reclamos formulados deban ir orientados a observar aspectos de forma y fondo que surjan de la determinación asumida por el Tribunal de segunda instancia, situación que no acontece en la presente litis, toda vez que los argumentos recursivos descritos se avocan a observar aspectos inherentes a la sentencia y no así al Auto de Vista, lo cual hace inviable su análisis, máxime cuando estos extremos han sido estudiados en el punto anterior de la presente resolución.

En consecuencia y en base a todo lo descrito, corresponde dictar resolución de acuerdo al mandato legal inmerso en el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el  art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 262 a 269, interpuesto por Emma Fernández Vda. de Michel a través de su representante legal  Isaías Jorge Vargas contra el Auto de Vista Nº S-371/2018 de 17 de julio, cursante de fs. 256 a 257, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Sin costas ni costos.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.