TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                            S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 513/2019

Fecha: 23 de mayo de 2019

Expediente: CH-6-19-S.

Partes: Roberto Valdiviezo Luna y Mary Salazar Ibarra de Valdiviezo c/ Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo y otros.

Proceso: Rectificación de superficie de terreno, mejor derecho propietario, cancelación de matrícula computarizada, acción reivindicatoria y pago de daños y perjuicios. 

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1285 a 1291, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo representado por Tito Ronald Aramayo Carballo, contra el Auto de Vista N° 341/2018 de 31 de diciembre, cursante de fs. 1272 a 1282, emitido por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro de la acción de rrectificación de superficie de terreno, mejor derecho propietario, cancelación de matrícula computarizada, acción reivindicatoria más pago de daños y perjuicios seguido por Roberto Valdiviezo Luna y Mary Salazar Ibarra de Valdiviezo contra la institución recurrente y otros. La respuesta de fs. 1294 a 1299 vta., Auto de concesión a fs. 1300, Auto Supremo de admisión N° 91/2019-RA de 6 de febrero, todo lo inherente; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Con base en la demanda cursante de fs. 301 a 314, Roberto Valdiviezo Luna y Mary Salazar Ibarra de Valdiviezo inician proceso ordinario de rectificación de superficie de terreno, mejor derecho propietario, cancelación de matrícula computarizada, acción reivindicatoria y pago de daños y perjuicios; acción dirigida contra el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo, quien una vez citado, contestó mediante memorial de fs. 765 a 768 vta., desarrollándose el proceso hasta dictarse Sentencia Nº 78/2018 de 26 de julio, cursante de fs. 1167 a 1186, por el Juez Público Civil, Comercial y de Sentencia Penal Nº 2 de Monteagudo del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 301 a 314, desestimándose únicamente la demanda de pago de daños y perjuicios, sin costas y costos.

2. Resolución de primera instancia recurrida en apelación por el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo representado por Tito Ronald Aramayo Carballo de fs. 1197 a 1206 vta., en consecuencia, la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista 341/2018 de 31 de diciembre, cursante de fs. 1272 a 1282, que CONFIRMÓ la Sentencia Nº 78/2018 y el Auto Nº 68/2018, y declaró inadmisible la apelación de tercero interesado.

El Tribunal de alzada sostuvo que no existe cuestionamiento respecto a que el derecho singular y debidamente individualizado o determinado se dio en el caso a partir de haberse estimado la demanda de adición de dato de superficie, es así que la sentencia dispuso la sub inscripción del derecho demandado respecto de esa superficie. Por lo que el argumento de la parte apelante respecto a la inexistencia de la identidad entre la reivindicación y el título de propiedad, queda rebatido con la existencia de la pretensión múltiple que se omite citar en apelación, donde la supuesta incongruencia queda aclarada a partir de la congruencia de la sentencia con sus consiguientes efectos jurídicos.

Sobre la improponibilidad de la demanda y la falta de competencia, la misma queda definida bajo los presupuestos de oportunidad y preclusión; la incompetencia tiene opciones procesales que la parte debe ejercitarlas de modo efectivo bajo sanción de preclusión, sea en primera intervención del modo que señala el art. 17 y siguientes del Código Procesal Civil, o bien como excepción en la forma según el art. 128.I num.1) del mismo cuerpo normativo, todo en el contexto de oportunidad que refiere el art. 126 del adjetivo civil.

Respecto al reclamo que una simple colindancia sea impropia para rectificar una superficie; por la existencia de tres planos aprobados por parte de los actores respecto a la superficie de 1.303,10 m2. el Ad quem señaló que la parte recurrente no puede cuestionar el acto de transferencia que favorece a los demandantes en el Testimonio Nº 56/1982, ni hacer referencia de la colindancia que define la superficie, y por tanto no tiene legitimación recursiva para reclamar sobre una superficie que teniendo a cualquier persona como titular, nunca esa titularidad le correspondía, es decir, que si el acto de transferencia fue efectuado por determinadas personas, eran ellas las legitimadas para oponerse a la adición de una superficie que era de su propiedad (no la Alcaldía), de donde resulta que el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo no puede hacerse de los derechos de los causantes (esposos Morato) que son quienes ostentando el derecho de propiedad lo transfirieron a los hoy demandantes que resultan los legitimados para señalar si la transferencia contemplaba la superficie demandada y adicionada.

Sobre la falta de legitimación de carácter sustancial de los actores para demandar mejor derecho de propiedad. La entidad apelante pretende hacer valer elementos de prueba inherentes a los títulos que adjunta la parte demandante (literalidad de la cláusula tercera), no así a los términos de la demanda. Contrariamente la demanda definió a los sujetos pasivos de la acción y a los titulares con legitimación activa para demandar la rectificación de un dato de superficie, lo cual se concreta con la existencia de una colindancia en el inmueble que es el que definiera su derecho.

Finalmente, el Tribunal de segunda instancia sostuvo que el recurso adolece del defecto de no articularse los agravios con el pedido concreto, lo que torna también inviable la estimación del pedido recursivo, ya que el apelante dice que no hay prueba del derecho propietario, empero, contrariamente, liga a una errónea aplicación e interpretación de la norma jurídica.

En cuanto a la apelación del tercero interesado Colegio Lucio Siles Morales, el Ad quem manifestó que el tercero interesado efectuó una apelación sin suficiente y coherente exposición de agravios por lo que declaró inadmisible el recurso.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De las denuncias expuestas por la parte recurrente, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen las siguientes:

1. Reclamó que la demanda no debió ser admitida por incompetencia en razón de materia, pues se ha desconocido e incumplido al mandato de la Ley Municipal Nº 38/2014, al tratarse de un acto administrativo por lo que ese derecho propietario no puede ser cuestionado en la vía judicial.

2. Acusó que el A quo vulneró los requisitos del art. 114 del Código Procesal Civil, admitiendo una demanda defectuosa debido a no haber demostrado quienes exactamente son las partes demandadas en las múltiples pretensiones planteadas.

3. Arguyó que la demanda de rectificación de superficie de terreno le causa indefensión, porque está dirigida contra personas ajenas al Municipio afectando el derecho propietario del Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo, violando los arts. 115.I y II, 117.I y 120 de la Constitución Política del Estado.

4. Culpó a los de instancia, que por los hechos demostrados no dieron cumplimiento con los elementos probatorios sobre la titularidad del derecho propietario de reivindicación y mejor derecho propietario, causando la improponibilidad de la demanda por errónea aplicación del art. 1453 del CC.

5. Denunció que el Auto de Vista es incongruente y contradictorio en su argumentación por lo que existiría violación, errónea interpretación y aplicación indebida de los arts. 1545 y 1453 CC, respecto a la valoración de las pruebas.

De la respuesta al recurso de casación.

La parte actora contestó refiriendo que el pseudo derecho alegado por el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo deviene de facto a través de una medida de hecho (Ley Municipal Nº 0038/2014), donde de por sí y ante sí, haciendo de juez y parte, violando el principio constitucional de que: “nadie puede ser juez y parte en la misma causa” procedió a declarar a su favor como bien municipal una fracción del inmueble de los demandantes, incumpliendo con las obligaciones negativas que la constitución impone a los Gobiernos Municipales como es la “Prohibición de privación arbitraria de propiedad” establecida por la SCP N° 121/2012 y no toman en cuenta que el derecho deviene del Testimonio N° 56/1982 inscrito en Derechos Reales en ese año, con el valor de publicidad y oponibilidad del art. 1538 del CC, donde consta que la fracción demandada por las colindancias inscritas forma parte del inmueble de los demandantes, resultando la rectificación declarada a su favor un dato aclaratorio, más no constitutivo de su derecho, como erradamente pretender hacer ver.

Peticionando declarar improcedente o infundado el recurso de casación con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1 Con relación al título y modo.

Néstor Jorge Musto en su texto Derechos Reales Tomo 1 en la pág. 39, sobre el título y modo describe: “para que la constitución o transmisión de un derecho real se opere plenamente es necesario que concurran el título y el modo. Para aclarar el concepto, se puede expresar que si el título, extendido como causa fuente del derecho, mantiene su existencia dentro del campo de lo volitivo (sin perjuicio de su expresión formal) y significa la razón de ser (causa) del desplazamiento o emplazamiento patrimonial, el modo invade el campo de los hechos y es exteriorización plena de la modificación operada en el patrimonio de los titulares, frente a la comunidad expectante. El título determina el cambio, mientras que el modo lo produce en la realidad social y por ello se relaciona íntimamente con la publicidad y, con este presupuesto, con la oponibilidad y la eficacia de los derechos reales.

Se entiende por modo el acto o hecho al que la ley le atribuye el efecto de materializar, en forma ostensible e indudable -ante la comunidad-, el desplazamiento patrimonial determinado por el título.” 

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1.- Antes de entrar a resolver el recurso de casación se debe hacer énfasis en la adquisición del dominio; es así que según lo desarrollado en la doctrina legal aplicable al presente caso en el considerando III.1 el doctrinario Néstor Jorge Musto manifiesta que para que la constitución o transmisión de un derecho real opere plenamente, es necesario que concurran el título y el modo. El título determina el cambio, mientras que el modo lo produce en la realidad social y por ello se relaciona íntimamente con la publicidad y, con este presupuesto, con la oponibilidad y la eficacia de los derechos reales.

En el caso presente el derecho propietario de la parte actora proviene del Testimonio N° 56/1982 de 24 de abril, de donde se desprende la transferencia de un lote de terreno por parte de Francisca Civera de Morató en favor de los ahora recurrentes, que en su cláusula tercera versa lo siguiente: “El inmueble objeto de la presente transferencia tiene las siguientes colindancias: por el Norte, con el Colegio “Lucio Siles”, por el Sud, con la propiedad de Filomena Zárate; por el Este, con la calle Sucre y por el Oeste, con el rio “Los Sauces”, teniendo una extensión total del inmueble, es decir, tanto la superficie edificada como la no edificada de un mil trescientos tres, diez metros cuadrados”.

De lo que se entiende meridianamente que la causa del desplazamiento patrimonial se plasmó en la Escritura Pública N° 56/1982, donde la voluntad, tanto de los transferentes como de los adquirientes fue la traslación de una superficie de 1.303,10 m2, por concepto de la compra venta de un lote de terreno ubicado en la calle Sucre N° 338 de la Localidad de Monteagudo del Departamento de Chuquisaca, mismo que fue registrado en oficinas de Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada N° 1.05.1.01.0001185 (fs. 47 a 48), con la superficie de 1.303,10 m2, datos que coinciden con los certificados de tradición (fs. 61 a 64) y planos de lote (fs. 21, 723 y 724) aprobados por el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo.

De lo expresado supra, si bien el derecho propietario de los demandantes es oponible a terceros según el art. 1538 del Código Civil, no es menos cierto que ese dominio tiene un límite que contempla la superficie de 1.303,10 m2, extensión que no puede prolongarse de manera discrecional de la que ostentan en calidad de propietarios.

Ahora bien, de la revisión del informe técnico pericial de oficio (fs. 1091 a 1110) elaborado por el topógrafo Jorge Reynaldo Aramayo Ibarra se desprende que el terreno objeto de la litis posee una forma geométrica regular, específicamente rectangular, con una superficie real producto de medición de 2.253,05 m2 y una superficie según títulos de 1303,10 m2, existiendo una diferencia de 949,95 m2, asimismo de la misma pericia a fs. 1098, se tiene que por la apertura de la Av. Batallón V de Ingenieros se afectó el terreno en 162 m2 y por la calle sin nombre tuvo una afectación de 92,50 m2, resultando el total del terreno objeto de la litis fraccionado en tres lotes de la siguiente manera: 1.- con una superficie de 889,90 m2; 2.- con una superficie de 631,05 m2 y 3.- con 474,60 m2, de los cuales las fracciones 1 y 2 están siendo ocupadas por los ahora demandantes y la fracción 3 se encuentra en posesión del Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo producto de la Resolución Municipal Nº 0038/2014 de 11 de agosto.

La controversia radica en establecer si esta última fracción pertenece al Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo o en su caso a la parte actora, a lo que se debe establecer que mediante nota de 10 de abril de 2014, la Prof. Nelly Lanuza Fernández, directora del Colegio Nacional Mixto Lucio Siles Morales, solicitó al Ejercito Municipal de Monteagudo iniciar los trámites pertinentes para regularizar el predio colindante al colegio y al coliseo construido por el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo con la finalidad de ampliar su infraestructura, de tal forma que los estudiantes cuenten con talleres adecuados para su formación como bachilleres técnicos humanísticos en el marco de lo presupuestado por la Ley N° 070 “Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez”.

Por otra parte, mediante informe técnico de 12 de mayo de 2014, el topógrafo Juan José Sunagua con el visto bueno de la responsable de la unidad de catastro del GAM Monteagudo, Arq. Nitza Grettel Espada, informó que el predio de 474,60 m2, ubicado en el barrio “Los Pinos”, entre la calle sin nombre y el río Sauces de la localidad de Monteagudo, no tiene dueño, por lo que consideró de gran importancia que el mismo sea declarado de dominio municipal, con la finalidad de ampliar la infraestructura del Colegio Nacional Mixto “Lucio Siles Morales”, acompañando plano del lote en cuestión.

Mediante informe jurídico de 15 de julio de 2014 se solicitó a las oficinas de Derechos Reales, el certificado de no propiedad, en el que se certificó que el lote de terreno de 474,60 m2 no se encuentra registrado a nombre de Mary Salazar de Valdiviezo.

Consiguientemente el Pleno del Concejo del GAM Monteagudo, en uso de las facultades que le confieren la Constitución Política del Estado, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” N° 031 de 19 de julio de 2010 y Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales convocó a audiencia pública de inspección sobre el referido lote de terreno.

Situación que dio lugar a la referida Ley Municipal Nº 0038/2014 de 11 de agosto que tiene su respaldo en los arts. 302.I num.10) y 29) de la norma suprema, 6 del D.S. Nº 2372 de 22 de mayo de 2002, Ley de Regularización de Derecho Propietario Urbano concordante con la Disposición Final Cuarta del D.S. Nº 27864 (Registro de propiedades Municipales); y 16 num. 4) de la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y por ende la titularidad del derecho propietario a nombre del GAM Monteagudo, debidamente registrado en oficinas de Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada N° 1.05.1.01.0005761 el 15 de septiembre de 2014.

Ante este derecho de la comuna, la parte demandante se considera titular de la fracción 3, justificando su derecho en función a la colindancia con el río Sauces hacia la parte Oeste, lo que no es correcto porque, como se estableció, su derecho de propiedad alcanza los 1.303,10 m2 producto de la transferencia conforme la Escritura Pública N° 56/1982 de 24 de abril, siendo ese el límite oponible a terceros.

Lo que ahora pretende la parte actora es incrementar su derecho propietario en 474,60 m2 (fracción 3), de una manera injustificada que no concuerda con las formas de adquirir la propiedad establecidas en la norma sustantiva de la materia, queriendo la parte actora encontrar una aparente causa en las colindancias de la descripción de la cosa, situación que en el fondo significa un enriquecimiento ilícito. Consiguientemente la columna del derecho no puede tener como fundamento los límites de la propiedad, sino la superficie que se transfirió, además que no podría existir un error de más de 700 metros lineales al momento de realizar la transferencia.

Con relación a que en el presente proceso existió contradicciones de orden técnico y legal, ellas no pueden justificar que la superficie del derecho propietario de los demandantes según el título de transferencia de 1.303,10 m2 se acrecentó a 2.253,05 m2 como se tiene de la medición real del peritaje (fs. 1091 a 1110).

Si bien de forma contradictoria se emitieron certificaciones en oficinas de Derechos Reales (fs. 146 a 147), se debe considerar que esta institución tiene por objeto otorgar publicidad y guardar los registros de los títulos respecto al derecho real de los propietarios, sin embargo no tiene facultad para establecer la propiedad de una u otra persona, pues el registro no es constitutivo de derechos, sino simplemente publicitario con relación a terceros; en tal sentido si existió contradicción por parte del mismo Municipio, en cuanto al terreno objeto de la litis, al emitirse certificaciones contradictorias en oficinas de Derechos Reales, empero no podía generar la certificación de fs. 148, asimismo de la revisión de la aludida certificación, se tiene claramente establecido la superficie 1.303,10 m2 como sostiene la Escritura Pública Nº 56/1982, quedando dicha superficie incólume y sin incrementaciones. Por lo que, habiéndose llevado este conflicto a estrados judiciales, la labor de los Tribunales de grado era compulsar todos estos elementos arrimados al proceso, sin embargo, se hizo un análisis sesgado e indebido del derecho de propiedad de los demandantes, ya que de forma inexplicable se acogió un incremento de su derecho de propiedad en una superficie de 474,60 m2 útiles (con relación a la fracción 3), sin un título idóneo que lo justifique.

Referente al criterio del Ad quem que los 1.303,10 m2 no son parte del motivo de la controversia , sino la rectificación de datos de superficie, para este Tribunal Supremo dicho razonamiento es errado, ya que para tutelar la pretensión de rectificación, necesariamente se debe considerar el derecho de propiedad de los 1.303,10 m2 de los actores, pues considerar aisladamente los 474,60 m2 que se pretende adicionar, supondría una situación accesoria que generaría un derecho principal, lo cual no es congruente con los hechos descritos durante la tramitación del proceso.

De la misma manera los de instancia realizaron una errónea aplicación e indebida interpretación del art. 1551 de la norma sustantiva de la materia, ya que el precepto jurídico tiene por objeto rectificar mediante una subinscripción cualquier error de hecho cometido en el título del derecho inscrito o en su inscripción, lo que en el caso no ocurre, por cuanto el acrecentamiento del derecho propietario sobre la superficie del terreno no pude ser considerado un error de hecho en el título, en contrario, amparado en la norma aludida  la parte actora pretende adicionar a su derecho propietario una superficie de 447,60 m2 a la que inicialmente se le transfirió; siendo inadecuado que el Tribunal Ad quem hubiera tutelado mediante una subinscripción, agregar a su terreno inicial una superficie que no le corresponde, como si tratase de un error de hecho en el título de constitución del derecho. Ni aun tratándose de una demasía, que no corresponde al caso por la amplia superficie del terreno, puede solucionarse la misma mediante subinscripción y aplicación de art. 1551 del Código Civil, ya que incluso aquella está sujeta a trámites administrativos inherentes a la competencia municipal.

Asimismo, de la sumatoria de las fracciones 1 y 2 que a la fecha ostentan posesión real los esposos Valdiviezo como propietarios se tiene una superficie de 1.520,95 m2, aun así, es superior a la extensión de 1.303,10 m2 adquirida por los demandantes mediante la Escritura Pública Nº 56/1982. Por lo que este Tribunal de casación en el marco de sus competencias realizando un examen de la comunidad de la prueba llega a la firme convicción que no se puede acoger el pedido de la parte actora de acrecentar su derecho propietario.

Por todo lo señalado en la presente resolución, este Tribunal de casación, por las razones explicadas supra, no ampara la pretensión inserta en el art. 1551 del Código Civil respecto a la rectificación de la superficie de 1.995,55 m2 pretendida por la parte actora, dejando incólume la superficie de 1.303,10 m2 que establece la Escritura Pública N° 56/1982 de 24 de abril registrada en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada N° 1.05.1.01.0001185.

Al no acogerse la pretensión de incrementar la extensión del terreno en los 474,60 m2 (fracción 3), los demandantes no poseen un título idóneo registrado en oficinas de Derechos Reales, que hagan oponible a terceros según el art. 1538 de la norma sustantiva civil. Consiguientemente, al no existir dos títulos en disputa respecto a la fracción 3 corresponde declarar improbada la pretensión de mejor derecho propietario (art. 1545 Código Civil). Como una lógica consecuencia se desestima también la demanda de acción reivindicatoria (art. 1453), manteniendo improbada el pago de daños y perjuicios.

De la respuesta al recurso de casación.

Se debe tener en cuenta que luego de la recepción del proceso por este Tribunal Supremo, se emitió Auto Supremo que examinó el contenido de las denuncias del recurso de casación, estableciendo que dieron cumplimiento a lo previsto por el art. 274.I num. 3) del Código Procesal Civil, y en aplicación del art. 180.II de la Constitución Política del Estado, que garantiza el principio de impugnación se admitió el recurso planteado; consecuentemente, correspondió otorgar la respuesta pertinente, verificando los antecedentes del proceso y establecer que los Tribunales de instancia realizaron una errónea aplicación e indebida interpretación del art. 1551 de la norma sustantiva de materia ya que el precepto jurídico indica que se rectificará mediante una subinscripción cualquier error de hecho cometido en el título del derecho inscrito o en su inscripción, en el caso de autos no se trata de un error de hecho, sino lo que pretende la parte actora, es ampliar su derecho propietario con una superficie de 447,60 m2. Consecuentemente corresponde declarar improbada la demanda en todas sus partes, aspecto explicado con claridad, que debe tenerse presente de manera estricta.

Bajo esas consideraciones, resulta sin lugar la petición de los demandantes que deba declararse improcedente o infundado el recurso de casación.

Conforme se tiene expuesto corresponderá a este Tribunal resolver según se tiene previsto en el art. 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 220.IV del Código Procesal Civil, CASA parcialmente el Auto de Vista N° 341/2018 de 31 de diciembre, cursante de fs. 1272 a 1282, emitido por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca y deliberando en el fondo declara Improbada la demanda de rectificación de superficie de terreno, mejor derecho propietario, cancelación de matrícula computarizada, acción reivindicatoria, manteniendo incólume la decisión asumida en la instancia respecto al pago de daños y perjuicios; disponiendo se mantenga el registro de propiedad del predio urbano de 474,05 m2 contenido en la Matrícula Computarizada N° 1.05.101.0005761 a nombre de Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.