TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                    S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 511/2019                           

Fecha: 23 de mayo de 2019

Expediente: CB-6-19-S                                                                  

Partes: Empresa  Unipersonal AGUA RICA c/ Primo Vía Santa Cruz

Proceso: Pago de obligación y otros. 

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 291 a 295, interpuesto por la Empresa Unipersonal AGUA RICA representado legalmente por César Orlando Noriega Castillo contra el Auto de Vista N° 020/2014 de 21 de noviembre, cursante de fs. 283 a 284 vta., pronunciado por el Juez de Partido en lo Civil y Comercial N° 12 de la ciudad de Cochabamba, dentro el proceso de pago de obligación y otros seguido por la Empresa recurrente contra Primo Vía Santa Cruz, el Auto de Concesión de 30 de octubre de 2018, cursante de fs. 332, Auto Supremo de Admisión Nº 20/2019-RA de 29 de enero, cursante a fs. 339 a 340 y vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Planteada la demanda sumaria de pago de obligación, cursante de fs. 141 a 143 vta, subsanada a fs. 147, en la cual César Orlando Noriega Castillo en representación legal de la Empresa Unipersonal AGUA RICA, destinada a la comercialización de agua purificada, solicito el pago o cancelación en su favor de la suma de $us. 4.000, más intereses legales que le fueron extendidos como garantía a través de la letra de cambio que fuera girada por el demandado, dirigiendo su acción contra Primo Via Santa Cruz, quien una vez citado con la acción y decreto de admisión de la demanda por escrito de fs. 153 vta., respondió a la demanda negativamente, opuso excepciones perentorias de oscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda, demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del término o el cumplimiento de la condición, falta de acción y derecho ilegalidad y falsedad y planteó acción reconvencional de nulidad e inhabilidad del testimonio de protesto de la letra de cambio subsanado de fs. 158 y vta. Desarrollándose así la tramitación de la causa hasta la emisión de la Sentencia  de 7 de febrero de 2012 de fs. 262 a 264 vta., pronunciado por el Juez de Instrucción Civil y Comercial N° 8 de la ciudad de Cochabamba, que declaró IMPROBADA la demanda principal, PROBADAS las excepciones perentorias, e IMPROBADA la acción reconvencional. Sin costas por ser juicio doble.

2. Fallo de primera instancia que fue recurrido en apelación deducido por el demandante de fs. 267 a 270, mereciendo el Auto de Vista N° 020/2014 de 21 de noviembre, cursante de fs. 283 a 284 vta., pronunciado por el Juez de Partido en lo Civil y Comercial N° 12 de la ciudad de Cochabamba, que CONFIRMÓ íntegramente la resolución apelada, expresando en lo principal de su fundamento que: a) Que la valoración de la prueba en el proceso judicial resulta del análisis razonado de los elementos de convicción introducidos en el proceso, fundando el juzgador su decisión sobre la base de la correcta apreciación de los medios probatorios; b) La Sentencia apelada cumple con la exigencia del art. 190-2 del Código de Procedimiento Civil, cumpliendo con la congruencia y debida motivación, por lo que, los supuestos agravios expresados por la entidad recurrente, resultan no ser evidentes;  c) Es claro que el criterio del juzgador cuando expresa que la Empresa demandante, debió instaurar previamente proceso de resarcimiento de daños y perjuicios por cuerda separa, aspecto que en la presente causa no corresponde ser analizada, en vista de que la acción principal persigue el pago de la obligación más intereses legales además del pago de daños y perjuicios ocasionados por faltantes de botellones y otros, así también, la manera de plantear esta pretensión por parte del demandante, hace que no pueda resolverse en este aspecto por ser ajeno al objeto del proceso; d) Resulta acertada la decisión del inferior en sentido que debió presentarse la letra de cambio con los requisitos y formalidades previstas en el art. 575 del Código de Comercio, no siendo suficiente que se haya adjuntando a la demanda fotocopia legalizada del acta de protesto de la letra de cambio; e) El Juez de la causa solo debe considerar las pruebas que tienen incidencia directa con la pretensión o hechos afirmados y que demuestren sin lugar dudas la existencia de un hecho necesario para resolver definitivamente.

3. Contra el Auto de Vista detallado precedentemente, la entidad demandante a través de su representante legal, formuló recurso de casación que cursa de fs. 291 a 295, habiendo sido admitido por Auto Supremo Nº 20/2019-RA de 29 de enero, cursante a fs. 339 a 340 vta., en consecuencia corresponde su estudio y resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

Cesar Orlando Noriega Castillo, representante legal de la Empresa AGUA RICA,  mediante memorial de fs. 291 a 295, formuló recurso de casación en el fondo y en la forma, de cuyo estudio se establece que no hace distinción entre los fundamentos del recurso de casación  de fondo y forma, acusando en lo principal los siguientes aspectos:

1. Indicó que el Auto de Vista no es exhaustivo en cuanto a la resolución de los agravios expuestos en el recurso de apelación, violando el principio de congruencia cuando no existe correspondencia entre el agravio reclamado y la resolución asumida, siendo carente de sustento jurídico en razón de no haber mencionado la disposición legal en la que respalda su decisorio, limitándose a afirmar que comparte el criterio del A quo.

2. Denunció que el fundamento del Tribunal de alzada, cuando señala que debe observarse el art. 347 del Código Civil, resulta contrario al fundamento de la Sentencia, acusando por ello interpretación errada de dicha disposición legal.

3. Expresó que no se consideró que a través de la prueba de cargo fueron acreditados los daños y perjuicios causados por el hijo del demandado.

4.  También señalo que no fueron considerados los arts. 569 y 579 del Código de Comercio, que en cumplimiento a tales disposiciones legales fue presentado el Acta de Protesto que contiene la transcripción literal de la letra de cambio.

5. Acusó que el Ad quem no consideró que se acreditó con prueba idónea que la letra de cambio fue sustraída por el propio trabajador.

Petitorio.

Solicitó se pronuncie Auto Supremo casando el Auto de Vista y se declare probada en todas sus partes la demanda interpuesta con costas y demás condenaciones de ley.

RESPUESTA AL RECURSO

Durby Lesly Vía Terán, que se apersonándose al proceso ante el fallecimiento de su padre Primo Via Santa Cruz, quien fuere demandado en la presente causa, por escrito de 297 vta., respondió al recurso señalando que “responde al recurso de apelación planteado por el demandante contra la sentencia (…)”, solicitó se rechace el recurso y se confirme la Sentencia. Resultando impertinente tal respuesta al referirse equivocadamente al recurso de apelación, no puede ser considerada.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1.- Del concepto de obligación.

Partiendo de un concepto general, Obligación es aquello que una persona está forzada (obligada) a hacer. Puede tratarse de una imposición legal o de una exigencia moral, una obligación por lo tanto, puede ser un vínculo que lleva a hacer o abstenerse de hacer algo, fijado por la ley o por una normativa.

Dentro del ámbito del Derecho, existe lo que se conoce por el nombre de obligación jurídica. Este es un término que se emplea para referirse a la relación o vínculo jurídico que se establece entre dos personas, una acreedora y otra deudora. Al estar unidas se hace vital que esta última tenga que llevar a cabo el cumplimiento de una prestación a la primera.

III.2.- De la naturaleza de la letra de cambio.

En la obra titulada DERECHO COMERCIAL BOLIVIANO, del autor, Dr. Víctor Camargo Marín, Pág. 199, se anota que la letra de cambio, se encuentra entre los principales Títulos Valores, estableciendo el concepto de Título Valor “como el documento necesario para legitimar el derecho literal y autónomo consignado en el mismo, Pueden ser e contenido crediticio, de participación o representativos de mercaderías”. Según Cesar Vivante citado por el auto nombrado, título valor es el documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo considerado en él. Conceptos que guardan fiel relación con el establecido en el art. 491 del Código de Comercio boliviano.

En relación a la “Letra de Cambio”, el mismo autor anota el siguiente concepto: “Es un documento mercantil de crédito por el que una persona llamada girador, ordena a otra llamada girado, para que pague una determinada suma de dinero a otra persona llamada beneficiario en el plazo estipulado en la letra de cambio” Pág. 208 obra y autor citados.

La letra de cambio, conforme a Messineo resulta ser un documento que contiene la orden del liberador que suscribe, dirigida al librado o girado, de pagar una determinada suma de dinero a un tercero; así se dirá que conforme al criterio de Carlos Morales Guillen quien en su obra CODIGO DE COMERCIO CONCORDADO Y ANOTADO, en la pág. 541, al citar a Vivante, quien en su estudio efectúa los caracteres de la letra de cambio, señala lo siguiente: “… b) es un título completo por sí mismo, esto es, que se basta por sí solo, pues si contuviera alguna relación con otro documento, sea para completar, sea para modificar el derecho que de él resulta, perdería su carácter de letra de cambio; la ambigüedad de sus requisitos esenciales escritos sobre el título, le quita su carácter de título-valor…” lo que quiere decir que la letra de cambio resulta ser independiente.

III.3.- Del Principio de Congruencia.

Corresponde precisar que en su sentido restringido  la  congruencia es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto conforme orientaba el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y que actualmente  se encuentra contenido en el art. 213.I del Código Procesal Civil, siendo que en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra o citra petita, y en su sentido amplio  la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí.

En relación a la congruencia  de la resolución, debe decirse que la congruencia que debe guardar toda resolución puede ser externa e interna el Auto Supremo Nº 651/2014 de 06 de noviembre, ha razonado: “…en relación a la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

A fin de resolver el recurso en análisis, dentro el marco establecido por la resolución recurrida, los fundamentos de la impugnación resumidos supra y la doctrina legal establecida para el caso, se hace necesaria la siguiente consideración:

PRIMERA.- En autos, el demandante ahora recurrente, acusó que el Auto de Vista es contrario al principio de congruencia, toda vez que no guarda correspondencia entre el agravio reclamado en apelación y la resolución asumida.

Revisados los antecedentes que informa el proceso, concretamente los fundamentos del recurso de apelación de fs. 267 a 270 y los de la resolución recurrida en casación de fs. 283 a 284 vta., se advierte que el Juez de Partido en lo Civil y Comercial Nº 12 de la ciudad de Cochabamba, constituido en Tribunal de alzada, sí pronunció de forma fundamentada y coherente su resolución, cumpliendo con el voto del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que se constituye en el marco rector para que el Tribunal de apelación pronuncie su fallo, es decir, tal disposición legal, manda que el Auto de Vista se circunscriba a los puntos resueltos por el inferior (sentencia) y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación, es decir, que debe existir una debida fundamentación del agravio sufrido con la resolución apelada, conforme también dispone el art. 227 de Código de Procedimiento Civil, norma bajo la cual fue tramitado el proceso. Es así que el Auto de Vista, resolvió todos los puntos de la apelación, agravios constituidos por la denuncia de falta de valoración de la prueba por el A quo, la errónea afirmación de éste en relación a que la Empresa demandante, tendría que haber iniciado primero un proceso de calificación de daños y perjuicios, que debió cumplir con la presentación de la letra de cambio  con los requisitos y formalidades previstos por el art. 575 del Código de Comercio, y finalmente, el Ad quem resolvió también en relación al reclamo del apelante sobre la prueba documental y la confesión provocada al demandado, arribando a una correcta decisión en cuanto al agravio de falta de valoración de la prueba constituida por la letra de cambio, documento que según el demandante fue valorado de manera errónea por el A quo, que le otorgó el valor de documento de garantía y no de pago. Entonces, al haber sido resueltos todos los puntos del recurso de apelación, con la debida fundamentación, de manera resumida consta en el punto I de la presente resolución cuando se describen los antecedentes de la causa, no resulta evidente la denuncia del recurrente.

SEGUNDA.- En relación a que el fundamento del Ad quem referido a la aplicación del art. 347 del Código Civil, resulta contradictorio al fundamento de la Sentencia, por lo que acusa, interpretación errónea de dicha disposición legal, se advierte que el Auto de Vista señaló que, en el presente proceso no puede procederse a una calificación de daños y perjuicios, ello, considerando que el objeto principal de la litis es el “pago de la obligación” más intereses legales, no siendo posible resolver en la misma causa los daños y perjuicios ocasionados por faltantes de botellones y abandono de la fuente de trabajo por el hijo del demandado y que, tratándose de una obligación de “pago”, el resarcimiento por el retraso en el cumplimiento se traduce en el pago de los intereses, conforme previene el art 347 del Código Civil.

En efecto, la presente acción fue iniciada bajo el nomen juris “Pago de obligación”, siendo la pretensión principal del demandante conforme el fundamento de su acción el cobro del monto de $us. 4.000 (Cuatro Mil 00/100 Dólares Americanos), establecido en la Letra de Cambio N° 207685, que fuere otorgada (girada) por el demandado, Primo Via Santa Cruz a favor del representante legal de la Empresa AGUA RICA, a fin de garantizar los daños y perjuicios que hubiera podido ocasionar Dennis Via Terán, hijo del demandado que fue contratado por la Empresa demandante para desempeñar funciones de chofer. Así expresó el demandante en el memorial de demanda de fs. 141 a 143, concluyéndose entonces que aquel título valor constituía una garantía, más no un reconocimiento de deuda. Ahora, cuando el Ad quem expresó que debía aplicarse el art. 347 del Código Civil, claramente señalo que, “no era posible establecer en la presente causa los daños y perjuicios ocasionados por faltantes de botellones y otros por no corresponder al objeto del proceso, en el que se pretende el pago de una obligación pecuniaria, caso en el cual el resarcimiento por el retraso en el cumplimiento se traduce en el pago de intereses, conforme dispone el art. 347 del Código Civil”.

Dicho de otro modo, el Ad quem entendió que siendo el objeto de la causa el pago de una obligación pecuniaria, ante el incumplimiento no procede la calificación de daños y perjuicios ocasionados por otros conceptos (faltante de botellones, faltante de dinero, abandono del trabajo, etc.), en virtud a que el artículo, antes citado dispone: “Resarcimiento en las obligaciones pecuniarias. En las obligaciones que tienen por objeto una suma de dinero, el resarcimiento por el retraso en el cumplimiento sólo consiste en el pago de los intereses desde el día de la mora (…)”  (negrillas se añadieron), resultando entonces que la cita de esta disposición legal no resulta contradictoria a los fundamentos de la Sentencia como erróneamente acusa el recurrente.

Tan evidente es que la pretensión del demandante resulta ser el cobro de una obligación pecuniaria conforme expresó en su demanda, fundando su acción en la previsión de los arts. 291, 292, 294, 295, 297, 339, 344 y 347, todos del Código Civil, referidos a las obligaciones o deberes de prestación del deudor y los derechos o facultades del acreedor frente a éste. Nótese que el propio demandante, fundamenta su demanda en el art 347 del Código Civil, resultando un contrasentido que ahora, luego de que tal disposición legal sirvió de base de su acción, y en cuya virtud funda su decisión el Ad quem, se reclame su aplicación y se considere contradictoria a la sentencia.

TERCERA.- En relación a la falta de consideración de la prueba de cargo consistente en el Informe de Auditoría presentado por la auditora de la propia Empresa demandante, que según el recurrente es suficiente probanza de los daños causados por el trabajador, este Tribunal considera que un informe unilateral, que ni siquiera ha sido puesto en conocimiento del posible responsable, no puede ser considerado como prueba idónea en base a la que se pueda tomar alguna determinación, aceptar esta prueba como verdad implicaría transgredir el derecho al debido proceso en su componente del derecho a la defensa consagrado por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado, e ir contra los principios de equidad y justicia, preconizados no sólo por la Carta Fundamental del Estado Boliviano, sino por los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos, postulados que han sido recogidos en el art. 4 del Código Procesal Civil.

Al margen de lo anotado, es importante destacar que la base de la presente demanda constituye la Letra de Cambio N° 207685, cuya acta de protesto, efectivamente cursa a fs. 4 y vta., del cuaderno procesal más conforme se señaló en el punto III de la Doctrina Legal aplicable al caso de análisis, la Letra de Cambio al ser un  Título Valor o documento mercantil de crédito por el que una persona llamado girador, ordena a otra llamado girado, para que pague una determinada suma de dinero a otra persona llamado beneficiario en el plazo estipulado en la letra de cambio, ante el incumplimiento en su pago, únicamente puede generar intereses desde el día de la mora conforme también se explicó al citar el art. 347 del Código Civil, de donde resulta que la interpretación de los jueces de grado al considerar que los daños y perjuicios calificados por el propio demandante a través del Informe de Auditoria adjuntado a la demanda no pueden ser considerados en el presente proceso resulta ajustado a derecho y conforme los datos que informa  la causa.

CUARTA.- Sobre la falta de consideración de los arts. 569 y 579 del Código de Comercio, en cuya virtud fue presentado el Acta de Protesto, así como la denuncia respecto a la sustracción de la Letra de Cambio, corresponde afirmar que las disposiciones del Código de Comercio se refieren al objeto del acto de “Protesto”, para identificar si la letra fue presentada en tiempo oportuno o la posibilidad de que en aquel título valor se consigne el término “Sin protesto”, actos reservados únicamente a este tipo de documentos y que no enervan la pretensión del recurrente, así como la denuncia en sentido que la Letra de Cambio fue sustraída por el propio trabajador, no inciden en el fondo de la decisión de los jueces de instancia, por lo que la acusación del recurrente no tiene ningún asidero.

EN RELACIÓN A LA RESPUESTA AL RECURSO.

En mérito a que la Respuesta de fs. 297 y vta., hace alusión al Recurso de Apelación y a los agravios denunciados en este medio de impugnación, no corresponde su consideración.

Por las razones expuestas y no siendo evidentes las violaciones acusadas, habiendo el Tribunal Ad quem aplicado correctamente las normativas acusadas de infringidas, corresponde fallar en la forma prevista por el 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 291 a 295, interpuesto a la Empresa Unipersonal AGUA RICA representado legalmente por César Orlando Noriega Castillo contra el Auto de Vista N° 020/2014 de 21 de noviembre, que cursa de fs. 283 a 284 vta., pronunciado por el Juez de Partido en lo Civil y Comercial N° 12 de la ciudad, Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Sin costas ni costos al haberse rechazado la contestación al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                    

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.