TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                    S A L A   C I V I L



Auto Supremo:         509/2019

Fecha: 23 de mayo de 2019

Expediente: LP-6-19-S

Partes: Alberto Jesús Mattos c/ Renee Mónica García Almada y Gustavo     Eliezer de Alarcón Von Borries.

Proceso: Cumplimiento de contrato, usucapión, resarcimiento de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 553 a 555 vta., interpuesto por Renee Mónica García Almada representada legalmente por Luis Fernando Salinas Gamarra, contra el Auto de Vista Nº S-532/2018 de 17 de septiembre, cursante de fs. 549 a 551, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato, daños y perjuicios, usucapión decenal, interpuesto por Alberto Jesús Mattos contra la recurrente y Gustavo Eliezer de Alarcón Von Borries; la contestación al recurso de casación cursante de fs. 558 a 559 vta.; el Auto de Concesión del recurso de 30 de noviembre de 2018, cursante a fs. 563; Auto Supremo de Admisión N° 16/2019-RA de 23 enero, cursante de fs. 568 a 569 vta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Alberto Jesús Mattos interpuso demanda de cumplimiento de contrato, usucapión y resarcimiento de pago de daños y perjuicios por memorial de fs. 118 a 123, debido a que Gustavo Eliezer de Alarcón Von Borries, que compra a su nombre de este “departamento N° 1-A, situado en el 1er Piso del Edificio Da Vinci ubicado en la calle Sánchez Lima N° 2292 Zona Sopocachi”, mediante Escritura Pública N° 2610/1996 de 6 de noviembre; acción dirigida contra Renné Mónica García Almada y Gustavo Eliezer de Alarcón Von Borries, quienes una vez citados, en virtud a que no contestaron oportunamente a la demanda principal, que por Auto de 30 de octubre de 2015 y de fecha 5 de enero de 2016, que cursa a fs. 171 y 180 vta., respectivamente, fueron declarados rebeldes, sin embargo la codemandada Renne Mónica García Almada purga la rebeldía mediante memorial de fs. 176 y vta.

2. Desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse la Sentencia Nº 66/2017 de 25 de septiembre, cursante de fs. 513 a 520, y su Auto Complementario de fs. 521 y vta., donde el Juez Público Civil y Comercial Nº 14 de la ciudad de La Paz, declaró PROBADA en parte la demanda principal en cuanto a la pretensión de usucapión, en consecuencia, dispuso operada la usucapión decenal o extraordinaria del inmueble Departamento A-1 del 1er piso del Edificio “Da Vincci, Sánchez Lima” de 95,80 m2., de superficie registrado en Derechos Reales bajo la matrícula computarizada Nº 2.01.0.99.0028591 a favor del actor Alberto Jesús Mattos. En cuanto a la pretensión de cumplimiento de contrato y pago de daños y perjuicios que fueron interpuestos de manera alternativa por el demandante, por lo que no mereció mayor consideración.

3. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrido en apelación por Renee Mónica García Almada mediante memorial de fs. 522 a 528; la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº S-532/2018 de 17 de septiembre, cursante de fs. 549 a 551, declarando INADMISIBLE el recurso planteado. Bajo la siguiente fundamentación:

Realizó una observación respecto del apoderado Luis Fernando Salinas G. (quien firma el recurso de apelación), siendo que el poder de fs. 168 y vta., carece de facultad para presentar dicha impugnación, sin embargo en función de la garantía y derecho que consagra el art. 180.I y II del CPE, por lo que se pasa a conocer el recurso de apelación con el fin de no vulnerar el derecho que se le asiste a la parte apelante; de la impugnación contra la Sentencia se contempló que desde ningún punto de vista pueden ser considerados como fundamentos los agravios que postula, siendo que argumento actos procesales, refiriéndose a la demanda el que se encontraría fuera de contexto para ser considerado en apelación, este debe contener la expresión de agravios del fallo recurrido en el que su memorial de fs. 522 a 528, no demuestra los motivos que para considerar errónea la resolución de primera instancia, por consiguiente a lo estipulado del art. 218 del CPC, debió referirse al fallo resuelto por el A quo por lo que tal argumento del recurso de apelación no corresponde ser analizado.

4. Fallo de segunda instancia que fue recurrido en casación por Renee Mónica García Almada representada legalmente por Luis Fernando Salinas Gamarra a través del memorial de fs. 553 a 555 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación, se observa que Renné Mónica Salinas Gamarra representada legalmente por Luis Fernando Salinas Gamarra, en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusó:

1. Que el recurso de apelación se fundamentó como agravios la incongruencia de la Sentencia (petitorio, objeto del proceso y sentencia), como también el hecho de que no se habría considerado la Sentencia Constitucional Nº 24/2004 de 16 de marzo de 2004 y que por ende se habría incumplido el art. 203 de la CPE, sin embargo el Ad quem, habría declarado Inadmisible el recurso porque consideró que existía falta de legitimación, debido a que la apelación debía referirse exclusivamente al fallo del A quo, incumpliéndose el art. 261.I del Código Procesal Civil.

2. Reclamó que el Tribunal de alzada, interpreto erróneamente el art. 42 del Código Procesal Civil, toda vez que el poder conferido por la codemandada es para representarla durante la tramitación de todo el proceso.

3. Arguyó falta de fundamentación por el Ad quem, debido a que se identificó y enumeró los agravios respecto al dictamen del Juez, en ese sentido el petitorio de la parte demandante no incluía usucapión, por lo que no se habría considerado dicho extremo en la etapa probatoria, empero de manera contradictoria se habría declarada probada la misma, vulnerándose el art. 203 de la Constitución Política del Estado.

4. Denunció que el Tribunal de segunda instancia no se pronunció sobre los agravios reclamados en el recurso de apelación, pues habría soslayado sin ningún reparo los mismos y resolvió por declarar Inadmisible, cuando en realidad existiría una vasta jurisprudencia al derecho de impugnación, que establece que el fondo del recurso estaría por encima de la forma, por lo que acusó la infracción de los arts. 256 y 265.I del Código Procesal Civil.

Petitorio.

Solicitó pronunciar Auto Supremo declarando la anulación de la resolución de segunda instancia y se disponga que el Tribunal Ad quem dicte un nuevo Auto de Vista.

Contestación del recurso de casación de fs. 558 a 559 vta.

Refirieron que el recurso de casación no cumple con el art. 274.I del CPC, debido a que no cita en términos claros y precisos los agravios que le hubiese afectado el Auto de Vista recurrido, este recurso si bien cita disposiciones legales supuestamente infringidas y que han sido aplicadas indebidamente, sin embargo, no especifica de forma clara que disposiciones hubieran sido violadas según lo dispuesto por el art. 274 de adjetivo civil, asimismo no argumenta de forma precisa los puntos que no fueron resueltos en el recurso de apelación por los de segunda instancia y solo hace una transcripción del Auto Supremo Nº 1398/2016 de los principios de pro actione y pro homine, de ese contexto solicita que se declare improcedente el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE AL CASO

III.1. Del derecho a la impugnación.

El derecho a la impugnación se encuentra consagrado en el art. 180.II de la CPE, derecho presente en la sustanciación de todo proceso judicial, por el que las partes pueden solicitar a otro juzgador superior, revise la Resolución del inferior. Este derecho a la impugnación se materializa a través de los recursos que la Ley franquea según la Resolución contra la cual se pretenda recurrir, por lo que se constituye en el medio a través del cual se fiscaliza, no solamente la decisión asumida por el Juez o Tribunal, sino la legalidad de la Resolución, constituyéndose el derecho de impugnación en la petición que se materializa con la emisión de una resolución que el Tribunal ha de brindar dando respuesta a los motivos que dieron lugar a la misma, que además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada.

Entre los recursos que la Ley franquea o reconoce para hacer efectivo el derecho a la impugnación que no solamente se materializa con la presentación del recuso sino que su efectividad se perfecciona con la respuesta que dicho recurso  recibe; tenemos al recurso de apelación que es considerado como el más importante y usual de los recursos ordinarios, al ser el remedio procesal a través del cual se pretende que un Tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una Resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba, recurso de Alzada que constituye un nuevo juicio respecto a aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que han sido impugnados por la parte recurrente.

La importancia de hacer efectivo este principio reconocido en el art. 180.II de la CPE, radica en que el proceso es considerado como un conjunto sistemático de actos jurídicos procesales desarrollados en procura de arribar a la Resolución del conflicto; éste se estructura en etapas y fases debidamente ordenadas a fin de brindar la máxima garantía de igualdad y defensa a las partes, sin embargo, el proceso no está exento de que en su desarrollo se produzcan u omitan actos que afecten su normal avance e incluso impidan el cumplimiento de sus fines, los que deberán ser analizados a fin de imponer una posible sanción de nulidad, razón por la que dicho análisis se encarga a un Tribunal de revisión (segunda instancia) que abra su competencia precisamente a partir de la interposición de un recurso, que por el avance de la doctrina como de las legislaciones se ha superado aquella concepción del excesivo formalismo, pasando a una concepción más amplia en la que el punto de partida es la protección que la norma procura a las partes a fin de que estas, en el marco del debido proceso, encuentren igualdad de condiciones para defender sus posiciones y hacer valer sus pretensiones de forma que prevalezca siempre el principio "pro actione" que busca la prevalencia del fondo sobre la forma. 

En este marco resulta necesario referir que sobre el derecho a la impugnación la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1853/2013 de 29 de octubre, señaló que: “III.4. Derecho de impugnación.- El debido proceso como instituto jurídico que garantiza el respeto de derechos fundamentales y garantías Constitucional es de las partes que intervienen en un proceso, contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de resguardar derechos fundamentales y garantías Constitucional es de las partes que intervienen en un proceso o procedimiento judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el principio de impugnación en el art. 180-II,...Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto judicial o administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo. Así en materia procesal civil el art. 213, prescribe: I. Las resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada…es decir, la interposición de los recursos está sujeta a determinados requisitos, como la existencia de un gravamen o perjuicio, debe ser idóneo, la calidad de parte para plantearlo, interponerse ante la autoridad competente…”.

Criterio compartido y también desarrollado por este Supremo Tribunal de Justicia que respecto al derecho a la impugnación orientó en el Auto Supremo Nº 484/2012 de 13 de diciembre que “…el artículo 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, por su parte el artículo 8 inc. h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, determina que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante Juez o Tribunal superior. Ambas disposiciones legales, que conforman el Bloque de Constitucionalidad reconocen el derecho a la impugnación o a la segunda instancia, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de Alzada sino con la respuesta que dé, el Tribunal de Alzada respecto a los motivos que fundan la impugnación, que además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada, solo así se satisface el derecho a la impugnación.”.

Asimismo, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 223/2012 de 23 de julio, que: “En fallos emitidos anteriormente este Tribunal ha establecido que el derecho a la impugnación, de ninguna manera se agota con la sola interposición de un recurso, sino que este derecho se va a concretar y materializar con la respuesta debidamente motivada y fundamentada por parte del Tribunal superior, que precisamente conozca y resuelva sobre los motivos que orientan la interposición del recurso; siendo en consecuencia trascendental a los efectos de la realización de este derecho, la respuesta que le corresponde.”.

III.2. Del principio Pro Actione y Pro Homine.

Para tener una idea más clara de estos principios, resulta pertinente referirnos, entre otras resoluciones emitidas por este Tribunal Supremo de Justicia, el Auto Supremo Nº 630/2015-L de 4 de Agosto, donde se señaló lo siguiente: “Los principios procesales tienen por objetivo la tutela inmediata de los derechos fundamentales, principios como el pro homine y pro actione, entendiéndose por el primero, conforme al criterio expuesto por la Prof. argentina Mónica Pinto en sus innumerables trabajos y publicaciones, “...de un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria”. También dentro del análisis del principio pro homine, no se podría dejar de lado al criterio denominado pro actione, que está directamente vinculado con los derechos a la tutela judicial efectiva y al acceso a la Justicia, en tal sentido, este es una manifestación del principio pro homine en el ámbito procesal, en virtud del cual, la interpretación de una disposición legal debe hacerse en el sentido que sea lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual prevalezca más la Justicia que cualquier formalismo extremo que obstaculice u obstruya una tutela constitucional efectiva. “…el principio pro homine deriva el pro actione, en virtud del cual debe garantizarse a toda persona el acceso a los recursos desechando todo rigorismo o formalismo excesivo que impida obtener un pronunciamiento sobre las pretensiones o agravios invocados, precautelando el derecho de las partes a que su impugnación se patentice, garantizando así el derecho de acceso a la Justicia, concretando así el acceso a los recursos. De lo que se establece que los requisitos formales no deben primar sobre el derecho sustancial, debiendo realizar una ponderación entre el incumplimiento de la formalidad con el derecho a recurrir, en caso de dudas interpretarse a favor del recurrente…”, así ha expresado la Sentencia Constitucional Nº 0010/2010-R de 6 de abril de 2010. Entonces, la incorporación de aquellos principios que vinculados con la irrestricta vigencia de esos derechos, exige estar siempre a la interpretación que más favorece a su vigencia. 

Conforme al art. 180-I de la Constitución Política del Estado, la jurisdicción ordinaria se fundamenta en principios procesales como celeridad que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación; el de eficiencia para una administración pronta evitando la demora procesal, la inmediatez que promueve la solución oportuna y directa de la jurisdicción en el conocimiento y resolución de los asuntos; el de verdad material que obliga a verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a las decisiones adoptando las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley aun cuando no hayan sido propuestas por las partes; el de eficacia y debido proceso, entre otros, e igualmente, a la justicia constitucional le dota de principios con el objetivo de tutela inmediata de los derechos fundamentales como el de celeridad, verdad material, el no formalismo por el cual, sólo deben exigirse las formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso, el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal supone que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del derecho sustancial, por ello en virtud a él, siempre que el derecho sustancial pueda cumplirse a cabalidad, el incumplimiento o inobservancia de las formalidades no debe ser causal para que aquél no surta efecto. Lo anterior no significa que se pueda caer en el permanente error de considerar este principio como un postulado constitucional excluyente que impide la coexistencia de las normas sustantivas y formales. E incluso, el principio del debido proceso, vinculado con el derecho formal no ha sido instituido para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo.”.

III.3. De los alcances del art. 218 II.1 de la Ley Nº 439.

El art. 218 de la Ley Nº 439 de forma textual, refiere: “I.  El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente. II.  Este fallo deberá ser: 1. Inadmisible. a. Si se hubiere interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término. b. Por falta de expresión de agravios. 2. Confirmatorio.3. Revocatorio total o parcial. 4. Anulatorio o repositorio. III.  Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”,  si bien la normativa de referencia en su punto II.1 permite a los tribunales de apelación declarar inadmisible el recurso en dos casos, el primero cuando se habría interpuesto el recurso fuera del plazo establecido por ley y el segundo por falta de expresión de agravios, normativa que en su primer supuestos no merece mayor análisis por su claridad, empero, en caso de ausencia de expresión de agravios, cabe referir que siguiendo el entendimiento esbozado en el punto III.2 y sobre todo en el punto III.3, los tribunales de apelación al momento de analizar el contenido del recurso de apelación, no lo deben realizar bajo un enfoque totalmente formalista, solicitando una expresión precisa de normas vulneradas o como debieron ser aplicada, cual si se tratase de un recurso de casación, actitud que no resulta acorde al actual sistema de administración de justicia, sino por el contrario que simplemente es necesario advertir la expresión de un agravio aunque disperso pero entendible, el cual permite y abre la competencia del tribunal de segunda instancia para su análisis y consideración, es por ese motivo que únicamente ante una evidente y carente orfandad de agravios, recién es viable declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación en aplicación del art. 218 II.1 de la Ley Nº 439, pero en el caso de advertirse o inferirse un agravio aunque disperso de todo el contexto del recurso, no corresponderá al Tribunal de apelación la aplicación de la citada normativa, debido a que una actitud netamente formalista implicaría desconocer los principios pro homine y pro actione

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los fundamentos que sustentan la presente resolución, corresponde a continuación considerar los reclamos acusados en el recurso de casación de la parte demandada.

En su recurso de casación Renee Mónica García Almada, cita cuatro motivos por los que el Tribunal de apelación, vulneró sus derechos: 1) Que en el recurso de apelación se fundamentó como agravios la incongruencia de la Sentencia (petitorio, objeto del proceso y sentencia), como también el hecho de que no se habría considerado la Sentencia Constitucional Nº 24/2004 de 16 de marzo, por ende se habría incumplido el art. 203 de la CPE; 2) Reclamo que el Tribunal de alzada interpreto erróneamente el art. 42 del Código Procesal Civil, toda vez que el Poder conferido por la codemandada es para representarla durante la tramitación de todo el proceso; 3) Arguyo la falta de fundamentación, debido a que se identificó y enumeró los agravios respecto al dictamen del Juez, vulnerándose el art. 203 de la Constitución Política del Estado y 4) Denuncio que el Tribunal de segunda instancia no se pronunció sobre los agravios reclamados del recurso de apelación, pues los habría soslayado sin ningún reparo los mismos y resolvió por declarar inadmisible, cuando en realidad existiría una vasta jurisprudencia respecto al derecho a la impugnación, violando los arts. 256 y 265.I del Código Procesal Civil.

De la compulsa de obrados en función al reclamo efectuado se advierte que el Tribunal de apelación, resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación, bajo el fundamento de que la expresión de agravios deducida por la parte apelante no mencionaría de qué manera estos habrían sido conculcados, limitándose a referirse de manera general y sin un contexto alguno, señalando “…que la sentencia efectúa el debido análisis y la compulsa y valoración de los medios probatorios en el punto II de la valoración de la prueba y fundamentación jurídica, por lo que se tiene que tanto las aseveraciones que resultan del recurso, son claramente expuestas y respondidas en la sentencia…”, en base a ese contexto el Ad quem concluyo declarar Inadmisible la impugnación de la parte demandada.

De lo expuesto en el punto III.3 de la doctrina aplicable y lo establecido en la SCP Nº 0281/2013 de 13 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), precisó que sobre la base del principio pro actione, corresponde adoptar la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de recurrir del accionante, prohibiéndole al Juez en un Estado Constitucional de Derecho, defender a ultranza formalidades y ritualidades procesales, incluso por encima del sacrificio de derechos fundamentales como en el caso del derecho a impugnar una decisión judicial, considerando que los alcances normados en la suprema norma, están acordes a lo establecido en los principios de favorabilidad como el pro actione por el que se garantiza a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados.

Bajo esos parámetros, los agravios expuestos en apelación no han sido considerados por el Tribunal de alzada y hace cierto la vulneración del art. 265.I del Código Procesal Civil, no siendo evidente que el recurso de apelación deducido por la parte codemandada, carezca de expresión de agravios como señalaron los de segunda instancia, quienes con ese argumento declararon inadmisible el recurso, omitiendo pronunciarse en uno u otro sentido sobre los agravios expuestos en apelación, aspecto que no sólo representa vulnerar el derecho a la impugnación ampliamente desarrollado en el punto III.1 de la doctrina aplicable al caso, sin embargo los de segunda instancia alegan que dieron cumplimiento  al art. 218 del Código Procesal Civil con relación al art. 213 de la misma normativa.

Asimismo, corresponde señalar el hecho de que un recurso no contenga una técnica recursiva exquisita o que no cumpla rigurosamente con el ritualismo exigido de antaño, no puede servir de fundamento para declarar inadmisible el recurso de apelación conforme se ha concluido en el punto III.3, por lo que se tiene señalado supra del análisis de dicho recurso, los agravios contenidos en el mismo resultan entendibles para que el Tribunal de alzada emita pronunciamiento al respecto, puesto que la aplicación de la norma desarrollada en la doctrina aplicable en su punto III.3, debe ser considerado sólo cuando evidentemente exista total ausencia de agravios, sin que esto implique un retroceso para asumir criterios totalmente formalistas y ritualistas que va contra el espíritu de la Constitución Política del Estado, conforme se tiene desarrollado en los puntos III.1 y III.2 de la doctrina aplicable; ya que actualmente tanto la doctrina como las legislaciones a través de su desarrollo jurisprudencial y legislativo han avanzado y superado aquella concepción del excesivo formalismo, asumiendo una concepción más amplia en la que el punto de partida es la protección que la norma procura a las partes a fin de que estas, en el marco del debido proceso, encuentren igualdad de condiciones para defender sus posiciones y hacer valer sus pretensiones de forma que prevalezca el principio pro actione que busca la prevalencia del fondo sobre la forma, consiguientemente se debe emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.III del Código Procesal Civil.

Por lo expuesto, corresponde emitir resolución conforme faculta los arts. 106 y 220.III del Código Procesal Civil, es decir, anulando el Auto de Vista recurrido.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código de Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº S-532/2018 de 17 de septiembre, cursante de fs. 549 a 551, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el Tribunal de al zada emita nuevo Auto de Vista, en base a los fundamentos precedentemente expuestos, dentro del marco de lo establecido por el art. 265.I y III de la Ley Nº 439.

Siendo excusable el error no se impone multa.

En cumplimiento del art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de Ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizu.