TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 508/2019                                                                 Fecha: 23 de mayo de 2019                                                 

Expediente: LP-4-19-S                                                                                 

Partes: Gladys Consta Chambi Veizaga c/ Carmen Ángela Miranda Lara y otros.                                

Proceso: Reivindicación.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 247 a 252, interpuesto por Carmen Ángela Miranda Vega, Carlos Antonio  Salvatierra y José Miranda Vega en contra del Auto de Vista Nº 700/2018 de 05 de octubre, cursante de fs. 238 a 241, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre reivindicación, seguido por Gladys Consta Chambi Veizaga en contra de los recurrentes; la respuesta al recurso de fs. 256 a 260; el Auto de Concesión del recurso de 22 de noviembre de 2018, cursante en fs. 261; el Auto Supremo de Admisión de fs. 267 a 269: los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que, el Juez Publico Civil y Comercial Nº 18 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 448/2017 de 23 de agosto cursante de fs. 206 a 211 por la que declara: PROBADA la demanda principal sobre reivindicación presentada por Gladys Consta Chambi Veizaga.

Resolución de primera instancia que fue apelada por Carmen Ángela Miranda Vega, Carlos Antonio Salvatierra y José Miranda Vega por medio del escrito que cursa de fs. 217 a 219, a cuyo efecto la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el Auto de Vista Nº 700/2018 de 05 de octubre, cursante de fs. 238 a 241, CONFIRMÓ la sentencia antes mencionada, arguyendo, entre otros, que la parte apelante en su recurso de alzada se ha limitado a efectuar reclamos sobre la forma que se ha tramitado la causa, así como la deficiente evaluación de la prueba y la vulneración del principio de verdad material, sin considerar que la valoración de las pruebas debe realizarse de manera integral de acuerdo a los antecedentes del proceso y partiendo de la misma acción incoada con todas las pruebas pertinentes y congruentes producidas al interior del proceso; de ahí que la alegación concerniente a la falta de probanzas respecto a la posesión de la actora carece de asidero, ya que el Tribunal de Supremo de Justicia, en su AS. N° 872/2016 (entre otros que son citados) ha establecido que para esta acción no es necesaria la posesión física de la demandante, pues el derecho propietario por su naturaleza conlleva la posesión emergente del derecho mismo.

Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación que cursa en fs. 247 a 252, interpuesto por Carmen Ángela Miranda Vega, Carlos Antonio Salvatierra y José Miranda Vega; el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

  1. Acusan error de hecho y derecho en la valoración de la prueba, señalando que durante el proceso se ha demostrado que han tenido y tienen por más de 20 años, una pacífica y continúa posesión sobre el inmueble pretendido, concretamente desde la promesa de venta que realizó la Sra. Reyna Aliaga Uría, que en su calidad de propietaria les entregó el inmueble.


  1. Indican que no comprenden por qué no fueron tomadas en cuenta todas sus pruebas y solamente se hizo una simple mención de ellas, sin que se les haya otorgado valor alguno, así como tampoco se hayan corregido los errores del juez de grado que no considero el Testimonio extendido por el Juzgado 11° de Instrucción Civil sobre reconocimiento de firmas y el recibo original manuscrito con la suma de $us.- 1000 presentado como prueba de la respuesta a la demanda; ocurriendo lo propio con el documento de fs. 96 y la certificación de la junta vecinal de fs. 97 que tampoco fueron analizadas por dicha autoridad.


  1. Continúan señalando que no fueron consideradas sus probanzas y que no se fundamentó, si estas pruebas tienen o no valor alguno; situación que sostiene, es replicada en la valoración de la inspección ocular, donde el Juez vulnera el principio de verdad material, al no verificar los hechos para fundar su decisión, limitándose a verificar la existencia del bien inmueble.


  1. Señalan que se ha verificado la ilegalidad del derecho propietario de la actora que en la confesión provocada señaló que no compró el inmueble de la Sra. Reyna Ayala Uría.


  1. Reiteran que no se ha tomado en cuenta que vienen poseyendo el terreno desde hace más de 20 años y que su posesión no es ilegal, ni arbitraria ya que dicho inmueble les fue entregado con la promesa de venta y previo pago del anticipo solicitado para el efecto.


  1. Indican que no se ha aplicado la sana crítica, ni se han examinado todas sus pruebas ya que no existe contrastación entre unas y otras pruebas, pues la valoración de las pruebas debería realizarse con la fundamentación y motivación legal correspondiente.


  1. Sostiene que los testimonios extendidos por el Juzgado 11 de Instrucción Civil sobre reconocimiento de firmas, el recibo original manuscrito, los documentos de fs. 96 y 97 y la prueba testifical, demuestran que toda la documentación de la actora es ilegal y que la posesión que tienen no es indebida y es de buena fe.


  1. Finalmente arguyen que se está vulnerando el principio de verdad material, porque al disponerse la restitución del inmueble se estaría promoviendo el enriquecimiento ilícito en favor de una persona que nunca poseyó, ni pago impuestos ni las mejoras introducidas en el terreno, todo ello a costa del empobrecimiento de otros.  


De esta manera, solicita la emisión de un auto supremo que anule o deje sin efecto el auto de vista impugnado.

Respuesta al recurso de casación

  1. Refiere que el planteamiento y el petitorio del recurso de los demandados es incongruente, ya que dicho recurso es planteado en el fondo, empero su petición está abocada a solicitar la nulidad del auto de vista, debiendo por ello ser declarado improcedente.
  2. Señala que los recurrentes no indica donde está el error de hecho o derecho en la valoración de la prueba y cuál debería ser su correcta valoración con sustentos jurídicos, tampoco indican como la no valoración de sus pruebas podrían generar un fallo diferente al impugnado, es decir que no justifican a trascendencia del defecto acusado.
  3. Alega que los ahora recurrentes reconocen y confiesan judicialmente que están en posesión de su propiedad, por lo que se tiene cumplido el segundo requisito de la reivindicación, cual es que el demandado se encuentre en posesión del bien; así como mencionan que tienen una posesión por más de 20 años sin que este hecho sea relevante por no haberse reconvenido por usucapión, por lo que no importa el tiempo que ocupen el bien.
  4. Indica que en una demanda de reivindicación el juez debe fijar el objeto de la prueba únicamente para demostrar los tres requisitos que exige dicha acción y en ese entendido la posesión no vale por título como erróneamente sostiene la parte contraria.
  5. Menciona que no existe reconvención por nulidad o desconocimiento de su derecho propietario, como para que los alegatos referentes a la ilicitud de su título sean valederos, por lo que tampoco puede exigirse al Tribunal de apelación valorar esos hechos.
  6. Arguye que en el recurso se reclaman cuestiones de la sentencia, cuando dicha situación está prohibida por ley, ya que solo se debe limitar a cuestionar aspectos contenidos en el auto de vista. 
  7. Finalmente, manifiesta que el hecho de que los demandados hayan adquirido el bien a través de una promesa de venta y que hayan pagado algunas cuotas, no les otorga título de propiedad alguno, menos les otorga derecho propietario, pues para ello deben cumplirse con las estipulaciones requeridas por el art. 1538 del CC.

En base a todo lo manifestado solicita que este Tribunal Supremo de Justicia declare improcedente el recurso de casación del contrario.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la valoración de la prueba

La valoración de la prueba para Víctor Roberto Obando Blanco es: “…el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos (…) La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia”.

En esa misma lógica, este autor refiriéndose al fin de la prueba señaló: “La averiguación de la verdad es el objetivo fundamental de la actividad probatoria en el proceso judicial”; asimismo, refiriéndose  al curso internacional Teoría de la prueba, realizado en la ciudad de Lima el año 2012, citó a Michele Taruffo que señaló: “El juez es el único que tiene la obligación de descubrir la verdad, dado que la manera como los abogados utilizan las pruebas no es descubrir la verdad sino defender la posición de su cliente, esto es, persuadir al juez de que el cliente tiene la razón”, es decir que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”, tal cual expresa José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil Comentarios y Concordancia.

Empero esta actividad valorativa, se encuentra reglada por sistemas adoptados por la legislación procesal civil que orientan este ejercicio cognitivo, a cuyo merito el Auto Supremo N° 240/2015, señala: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

De estas acepciones podemos inferir, para el caso en concreto, que en nuestro régimen procesal civil, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica o prudente criterio y la prueba legal o tasada.

Entendiendo que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Ahora bien el sistema de valoración de prueba legal o tasada, introducido como un freno o un obstáculo en la actividad valorativa del juez, supone que el propio ordenamiento jurídico establece en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o  formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley1.

Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba (ya sea por error de hecho o por error de derecho) es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia o Auto de Vista por el Juez o Tribunal de Alzada, es este Tribunal Supremo el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de las resoluciones de instancia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o irracionales, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano, luego, si este Tribunal encuentra que se ha quebrantado estas leyes, es decir existe errónea aplicación de la ley adjetiva o sustantiva en dicha apreciación, por inadecuada valoración de la prueba por parte del Juez o Tribunal de Alzada, corresponde enmendar tal situación, ello en resguardo de los principios de unidad, comunidad, concentración, contradicción, verdad materia, entre otros, que son rectores del proceso civil y a los que están sometidas las pruebas, para el resultado final de resolución.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

  1. Del análisis del planteamiento recursivo propuesto en los puntos 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) y 8) de la impugnación casatoria, se puede advertir que los recurrentes de manera análoga observan que el Tribunal de alzada incurrió en error de hecho y derecho en la valoración de la prueba al no haber tomado en cuenta sus probanzas, pues sostiene que todos sus elementos probatorios, entre estos el Testimonio extendido por el Juzgado 11° de Instrucción Civil sobre reconocimiento de firmas, el recibo original manuscrito con la suma de $us.- 1000, el documento de fs. 96, la certificación de la junta vecinal de fs. 97, la inspección ocular y la prueba testifical, han demostrados dos aspectos relevantes de este proceso que no fueron tomadas en cuenta:

Denunciando en ese entendido que en este proceso no se aplicó la sana crítica y que por ello se ha vulnerado el principio de verdad material y se ha consentido el enriquecimiento ilícito en favor de la actora.

Ahora bien, previo a considerar los alegatos de referencia y tomando en cuenta que el objeto de esta causa se encuentra circunscrito a establecer la reivindicación del inmueble ubicado en la Calle Fortín Tinfunque N° 75 de la Zona Villa Armonía de la ciudad de La Paz, conviene tener presente algunas cuestiones referentes a la naturaleza y los presupuestos de esta acción, ello con el único afán de analizar la viabilidad o inviabilidad de las probanzas aludidas por la parte recurrente.

En ese entendido, cabe señalar que el art. 1453.I del Código Civil establece que: “El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”; disposición legal que sin duda se enmarca en lo que la doctrina a denominado acciones de protección de la propiedad, que justamente constituyen los instrumentos para prevenir, impedir o reparar una lesión al derecho de propiedad consagrado en el art. 56.I de la CPE, y también para garantizar el ejercicio de las facultades que esta supone (usar, gozar y disponer), frente a las eventuales intromisiones ajenas de terceros, de ahí que la jurisprudencia desarrollada por este Máximo Tribunal de Justicia, haya orientado en sentido de que dicha acción se halla reservada al propietario que ha perdido la posesión de una cosa, y en ese contexto, los juzgadores, cuando tengan que analizar la procedencia de esta acción deban considerar su naturaleza y los presupuestos que exige.

Presupuestos que versan básicamente en que el reivindicador deba probar; 1) su derecho propietario sobre la cosa que trata de reivindicar; 2) la posesión de la cosa por el demandado; y 3) la identificación de la cosa que se reivindica, sin que para ello sea un presupuesto el haberse encontrado en posesión material de la cosa por el actor, pues, se ha asumido la tesis de que el derecho propietario, por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, por consiguiente no necesariamente se debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que el titular del predio tiene la posesión civil que está integrada en sus elementos corpus y ánimus, así que sólo aquél que demuestra ostentar derecho propietario puede reivindicar la cosa de quien la posea o detenta.

Nótese entonces que los presupuestos establecidos para la procedencia de esta acción exigen esencialmente una actividad probatoria encaminada a establecer la titularidad de quien demanda la reivindicación, ello acompañado de una previa identificación del predio y la posesión del demandado, situación que importa que la persona contra quien fuere interpuesta esta acción asuma una conducta probatoria orientada a desvirtuar dichos presupuestos, tal es así que si el actor ha demostrado ostentar derecho propietario sobre el inmueble pretendido (que es el elemento esencial de esta acción) la parte demandada tiene una gama de acciones mediante las cuales puede rebatir tal situación; así encontramos por ejemplo que frente al título de propiedad del actor, el demandado puede exhibir también su título de propiedad con el cual justifique su posesión y en cuyo caso el objeto de esta acción ya no está centrada en establecer únicamente la restitución del bien, sino que previo a ello debe realizarse un examen sobre el mejor derecho de los sujetos procesales. Otro supuesto que comúnmente acontece en la práctica forense, es el caso en el cual, el demandado no ostente un título de propiedad que justifique su posesión, empero si se ha encontrado en posesión del inmueble por un prolongado periodo de tiempo asumiendo el rol de un verdadero propietario; ante este supuesto, nuestro ordenamiento jurídico faculta a dicho demandado para que frente a la acción reivindicatoria pueda incoar una acción reconvencional sobre usucapión, generando así que el juzgador no se limite a examinar el título del demandante, sino que previo a ello analice si el demandado a cumplido con los presupuestos para ser beneficiado con la prescripción adquisitiva incoada. Finalmente, y entre los diversos supuestos que pueden presentarse, si el demandado considera que el título de propiedad del actor adolece de vicios o considera que este ha sido adquirido a través de mecanismos indebidos o ilegales, previa acreditación de la legitimación correspondiente, puede reconvenir a través de una acción tendiente a declarar la invalidez de dicho título (nulidad, anulabilidad, etc.), en cuyo caso el juzgador se verá en la necesidad de verificar dicho extremo previo a otorgar el valor correspondiente al título del demandante. 

Expuestas estas consideraciones, cabe señalar que en el presente caso, si bien es cierto que el Tribunal de apelación no realizó un análisis pormenorizado de los elementos probatorios que fueron descritos en el recurso de casación, ello se debe al hecho de que los recurrentes, al momento de formular sus alegatos de defensa, es decir contestar a la demanda, no han postulado ninguna pretensión tendiente a desvirtuar o rebatir los presupuestos de la demanda de reivindicación, toda vez que si bien alegan encontrarse en posesión de inmueble pretendido por un periodo que supera los 20 años, en ningún momento han planteado una demanda reconvencional sobre usucapión, como para que el juzgador de instancia, o en su defecto el Tribunal Ad quem, puedan examinar las pruebas que presuntamente acreditan dicha posesión (inspección ocular, prueba testifical y documentales de fs. 97 entre otras), y en definitiva otórgales el valor que ahora reclaman no les fue otorgado; pues es lógico suponer que los juzgadores de instancia, en base al principio de congruencia, se limitarían a analizar las probanzas propuestas en base a las pretensiones formuladas, mas no podían exceder ese marco jurídico que ha sido definido por los mismos sujetos procesales a momento de postular sus posturas y en mérito al principio dispositivo.

Es decir que, si bien es cierto que los juzgadores de grado, reatados al principio de vedad material, podían haber definido una situación distinta a la propuesta por la parte actora, concretamente, reconocer que los demandados tenían acreditada su posesión a partir del contrato de fecha 16 de mayo de 2015 reconocido en sus firmas y rubricas (ver fs. 77 a 83), ello en nada enervaría la validez del título de la parte actora, pues el contrato antes mencionado únicamente hace alusión a una promesa de venta que en su oportunidad fue realizada por el entonces propietario Bernardo Jaime Cañaviri Fernández; venta que no se tiene haya sido materializada, y mucho menos se observa que este contrato pueda acreditar algún derecho en favor del recurrente ya que para ello el mismo debe cumplir con el voto del art. 1538.I del CC, que de manera concreta refiere que: “Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros, sino desde el momento en que se hace público; situación que tampoco acontece en el presente caso, haciendo inviables los argumentos de defensa de estos sujetos procesales; lo que en definitiva nos permite apreciar que no existe la vulneración alegada en la impugnación casatoria.

Aconteciendo similar situación, con el planteamiento recursivo referente a que las probanzas de descargo demuestran la ilegalidad e ilicitud de los documentos de propiedad de la parte demandante, ya que en el proceso no se evidencia que los recurrentes hayan formulado dichas alegaciones a partir de una pretensión concreta y orientada a solicitar la invalidez del título de propiedad de la actora, es decir que los demandados no han interpuesto, por ejemplo, una demanda reconvencional sobre nulidad de la Escritura Publica N° 2837/2015 (fs. 6 a 8), en base a la cual los juzgadores de instancias se vieran reatados a examinar dichas probanzas y establecer si estas evidentemente demuestran o no dicha ilegalidad; situación por la cual no pueden los recurrentes pretenden cuestionar una ausencia de valoración cuando en ningún momento definieron con exactitud la pretensión que perseguían demostrar con esas pruebas.

De ahí que en el sub judice se encuentra justificada la determinación de los juzgadores de grado, ya que estos se han limitado al análisis de los presupuestos que configuran la acción de reivindicación al ser esta la única pretensión claramente deducida, sin que los demandados, a más de negar                                         dichos extremos y expresar una serie de alegatos, hayan propuesto una pretensión particular que deba ser acogida en base a los elementos probatorios de descargo, cuya falta de valoración reclaman; lo que en consecuencia nos permite apreciar la inviabilidad del recurso ahora analizado.

En consecuencia y en base a todo lo descrito, corresponde dictar resolución de acuerdo al mandato legal inmerso en el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el  art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 247 a 252, interpuesto por Carmen Ángela Miranda Vega, Carlos Antonio  Salvatierra y José Miranda Vega en contra del Auto de Vista Nº 700/2018 de 05 de octubre, cursante de fs. 238 a 241, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Con costas y costos.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1000 para el abogado (a) que responde al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.




1 Juan Montero Aroca (2005), “La prueba en el proceso civil”, Edit. Thomson-Civitas Navarra, p. 549 y ss.