TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 506/2019

Fecha: 23 de mayo de 2019

Expediente: B-2-19-S.

Partes: Instituto Boliviano de la Ceguera c/ Germán Yba Noco y Gobierno   

           Autónomo Municipal de la Santísima Trinidad.

Proceso: Nulidad de documento por error esencial en el objeto e ilicitud de la

              causa.

Distrito: Beni.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 353 a 354, interpuesto por Mario Suarez Hurtado, en su condición de Alcalde de Trinidad contra el Auto de Vista Nº 187/2018 de 16 de octubre, cursante de fs. 350 a 351, pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez,  Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, en el proceso sobre nulidad de documento, seguido por  el Instituto Boliviano de la Ceguera, contra la entidad recurrente, el Auto a fs. 361 que concedió el recurso, Auto Supremo Nº 104/2019-RA de 6 de febrero, que discurre de fs. 367 a 368, que declaró admisible el recurso, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Formulada la demanda por el Instituto Boliviano de la Ceguera representado legalmente por Rene Ugarte López designado por Resolución Suprema N° 09389 de 8 de abril de 2013 (fs. 43 a 49), que solicitó la nulidad del documento de transferencia a título gratuito del inmueble sito en barrio Pompeya de la ciudad de Trinidad con una extensión de 945,0 M2,  que fuere efectuada por Germán Yba Noco a favor del Gobierno Autónomo Municipal de la Santísima Trinidad, mediante documento privado de 13 de marzo de 2008 por existir en el contrato error esencial en el objeto e ilicitud de la causa, citados que fueron los demandados German Yba Noco y el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, responden a la demanda, el primero negándola en todos sus términos y la entidad munícipe planteó excepción previa de falta de legitimación en el demandante que fue declarada improbada (fs. 301 y vta.), y respondió negando la acción y a su vez planteando demanda reconvencional de pago de mejoras (pago de la obra proyecto, construcción y equipamiento, centro de atención para personas ciegas APRECIA TRINIDAD) y Acción Negatoria.

2. El Juez Público Civil y Comercial Nº 4 de la ciudad de Trinidad Beni, pronunció la  Sentencia de 28 de mayo de 2018 (fs. 306 a 315), que declaró PROBADA la demanda sobre nulidad de transferencia del bien inmueble urbano a título gratuito de fecha 13 de marzo de 2008, y por efecto el Testimonio N° 277/2016, protocolizado por la Notaría de Hacienda y Gobierno del Departamento del Beni, por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato y error esencial de la naturaleza del mismo (art. 549 num. 3) y 4) del Código Civil), y PROBADA la demanda reconvencional de pago de mejoras interpuesta por el Gobierno Autónomo Municipal de la Santísima Trinidad e IMPROBADA la demanda reconvencional de acción negatoria.

3. La resolución de primera instancia fue objeto del recurso de apelación por la entidad demandada (fs. 328 a 329), mereciendo el Auto de Vista Nº 187/2018 de 16 de octubre, cursante de fs.350 a 351, que CONFIRMÓ la sentencia apelada  con el único fundamento: “El juez de la causa capturó la verdad material de las afirmaciones vertidas en la demanda, subsumiendo en el molde normativo el conflicto, sin advertirse incongruencias en cuanto a las bases narrativas fáctica y el canon normativo alumbrado para la resolución definitiva del conflicto, restituyendo la paz social con filosofía última de la labor judicial, de donde fluye que el decisorio s enmarca al conflicto tal como aconteció el hecho y en los términos postulados en la demanda” (sic).

4. El fallo de segunda instancia fue recurrido de casación por el titular del Gobierno Autónomo Municipal de la Santísima Trinidad, recurso que, habiendo sido admitido por Auto Supremo Nº 104/2019-RA de 6 de febrero, que discurre de fs. 367 a 368, es objeto de la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN 

De la revisión del recurso de casación que cursa de fs. 353 a 354, interpuesto por la entidad demandada, se advierte que formula recurso de casación en la forma, señalando en su fundamento:

  1. Acusó violación al principio de pertinencia y congruencia, en virtud a que el Auto de Vista no acogió, menos resolvió los argumentos y fundamentos del recurso de apelación, en el que se anotó como principal agravio el hecho que el inmueble objeto de la litis tiene como propietario, con título debidamente registrado al Instituto Departamental de la Ceguera y no al Instituto Boliviano de la Ceguera, por lo que, para la transferencia del inmueble no se requería ninguna autorización de la institución demandante, hecho que al no haber sido considerado por el Tribunal de Alzada, hace que esta instancia haya transgredido los arts. 213.II num. 4) y 5) del Código Procesal Civil y 105, 1538 del Código Civil, en relación al art. 115 de la Constitución Política del Estado, que consagra el debido proceso en sus elementos de pertinencia, congruencia, derecho a la defensa.
  2. Que la resolución impugnada carece de fundamentación y motivación, por cuanto solamente se trata de una transcripción literal resumida del fundamento de la demanda y la sentencia, exenta de razonamiento jurídico, incumpliendo los de Alzada con la obligación de respaldar sus decisiones mediante la exposición de fundamentos y razonamientos jurídicos.

Petitorio

El recurrente solicitó a este Tribunal CASE el Auto de Vista y ANULE el mismo deponiendo que el Auto de Vista cumpla con los principios de pertinencia y congruencia.

De la contestación al recurso.

Notificada la entidad demandante con el traslado corrido al recurso de casación (fs. 357), ésta respondió en los términos del memorial de fs. 358 a 359 indicando en lo principal que la sentencia es clara, precisa y congruente, por lo que no resulta evidente la violación acusada por el recurrente en relación al principio de congruencia y pertinencia.

Que si el recurrente consideró que el Auto de Vista carecía de fundamentación, debió solicitar complementación, afirmó que aquella resolución, sí resolvió los puntos de la apelación y sí se circunscribió a los fundamentos del recurso.

Petitorio.

La entidad demandante solicitó se declare infundado el recurso de casación intentado de contrario con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III.1. De la fundamentación y motivación de las resoluciones

El Tribunal Constitucional a través de la SC Nº 1588/2011 R, de fecha 11 de octubre determinó: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso “…exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión “Por su parte, a través de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, este mismo Tribunal aclaró los alcances del debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar la resoluciones, así señaló: "…es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió”.

Así mismo la SC Nº 1365/2005-R de 31 de octubre, en relación a este tema señaló: “(…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”.

III.2. De la congruencia de la resolución.

En relación a la congruencia externa e interna que debe guardar toda resolución, el Auto Supremo Nº 651/2014 de 06 de noviembre razonó: “…en relación a la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN

Corresponde resolver el recurso en estudio, considerando sus fundamentos y la doctrina legal establecida para el presente caso.

A dicho fin, en primer término, corresponde efectuar una consideración en cuanto a la naturaleza del recurso planteado por el Alcalde Municipal de la Santísima Trinidad y el petitorio final.  Se tiene que la entidad demandada formula recurso de casación en la forma, que según el concepto dado por el autor Pastor Ortíz Mattos en su obra “El Recurso de Casación en Bolivia”, también es denominado recurso de casación en la forma o recurso de nulidad propiamente dicho, “Se dirige a invalidar una resolución o el proceso dentro del que ha sido dictado aquélla, cuando hubiere sido pronunciado o sustanciado con violación de las formas esenciales establecidas por la Ley. Consiguientemente, el recurso de casación en la forma es uno de los recursos que franquea la Ley para lograr la nulidad de los actos procesales(negrillas fueron añadidas). Mientras que el recurso de casación en el fondo, que según el autor citado, también es, denominado recurso de casación propiamente dicho “se dirige a buscar se deje sin efecto un Auto de Vista o Sentencia dictado con infracción de ley o incurriendo en errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba y que de prosperar el recurso, el Tribunal de Casación deja sin efecto dicha resolución, esto es CASA el fallo del recurrido y resuelve en lo principal del litigio aplicando las leyes conculcadas” (negrillas fueron añadidas).

En suma, el recurso de casación en la forma, tiene como finalidad lograr que el Tribunal de casación declare la nulidad de la resolución o del proceso, mientras que el recurso de casación en el fondo, persigue que el Tribunal case la resolución recurrida y en su lugar dice nueva resolución, por lo que, resulta inapropiada la petición del recurrente en el caso de análisis, pues, plantea recurso de casación en la forma y solicita se anule o case alternativamente el Auto de Vista recurrido.

Efectuada la aclaración precedente, del análisis del recurso planteado por el titular del Gobierno Autónomo Municipal de la Santísima Trinidad, se evidencia que como principal reclamo señala que la resolución del Ad quem, es violatoria de principio de pertinencia y congruencia, al no acoger, menos resolver los argumentos y fundamentos del recurso de apelación, además que carece de fundamentación y motivación, por cuanto solamente se trata de una transcripción literal resumida del fundamento de la demanda y la sentencia, sin ningún respaldo jurídico, menos fundamentos de la decisión asumida de confirmar la sentencia apelada.

Ahora bien, a fin de responder al recurrente, revisado el recurso de apelación contrastada con la resolución ahora recurrida en casación, se evidencian los siguientes extremos a saber: Primero. El Gobierno Autónomo Municipal demandado, en el memorial a través del cual dedujo apelación contra la sentencia del A quo, que declaró probada la acción principal de nulidad de documento y la acción reconvencional de pago de mejoras (fs. 328 a 329), señaló como principal agravio que la sentencia no dilucidó sobre quién fuese el propietario del inmueble materia de autos, es decir, el demandante, Instituto Boliviano de la Ceguera sostiene ser propietario de aquel bien, mientras que la entidad demandada afirma que el bien le fue transferido por el representante del Instituto Departamental de la Ceguera, entonces, el Tribunal de Alzada, debió necesariamente dilucidar y resolver el agravio del recurso de apelación. Segundo. Conforme se estableció en el CONSIDERANDO I punto 3 de la presente resolución en cuanto a los antecedentes de la causa, el Tribunal de Alzada, resolviendo la apelación de la entidad demandada, CONFIRMÓ la sentencia apelada fundamentando que: “El juez de la causa capturó la verdad material de las afirmaciones vertidas en la demanda, subsumiendo en el molde normativo el conflicto, sin advertirse incongruencias en cuanto a las bases narrativas fáctica y el canon normativo alumbrado para la resolución definitiva del conflicto, restituyendo la paz social con filosofía última de la labor judicial, de donde fluye que el decisorio s enmarca al conflicto tal como aconteció el hecho y en los términos postulados en la demanda”, argumento que en ningún caso analiza menos responde el fundamento de  la impugnación de la sentencia, pues aún en un esfuerzo intelectual del escaso contenido del Auto de Vista no se encuentra en él respuesta alguna al planteamiento de la apelación.

Entonces, resulta evidente -conforme afirma el recurrente- que la resolución del Ad quem transgrede el principio de congruencia y pertinencia, principio que manda, que la resolución debe guardar relación entre lo solicitado y lo resuelto,  así como también es evidente el escaso o ningún contenido jurídico del Auto de Vista, es decir no existe base legal en la que funda su decisión, limitándose la decisión a un simple resumen de los argumentos de la demanda y el fundamento de la sentencia, extremo que causa extrañeza al Tribunal Supremo de Justicia en la forma de resolución del Tribunal de Alzada, instancia que en la labor que desarrolla debe observar el mandato del art. en cumplimiento del art. 265.I del Código Procesal Civil que dispone: “El auto de vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubiese sido objeto de apelación y fundamentación”; es decir, que, el marco en el que el Tribunal de Alzada debe pronunciar su fallo, se encuentra constituido por el fundamento de la sentencia y los puntos observados por el apelante, norma que no fue observada en alzada.

Por la fundamentación precedente, corresponde otorgar razón al recurrente en el pedido inmerso en el recurso en análisis.

En cuanto a la respuesta al recurso de casación en la forma. 

En relación a la afirmación del demandante cuando en la respuesta al recurso señaló que la sentencia es clara, precisa y congruente, corresponde aclararle, que en el recurso en estudio, no se formuló reclamo alguno en relación a la sentencia, pues el recurso de casación sea este en la forma, fondo o en ambos casos, no se ataca la resolución del A quo, sino, conforme se explicó previamente a fundamentar la presente resolución, el recurso de casación ha sido instituido para reclamar los fallos que resuelven el recurso de apelación.

En relación a que el recurrente debió solicitar complementación si consideraba que el Auto de Vista carecía de fundamentación, corresponde decir que la ley no exige a quién se sienta agraviado con la resolución de segundo grado, efectuar primero pedido de complementación para hacer valer su derecho de formular el recurso de casación, y, finalmente, afirmar que la resolución de alzada no resolvió menos se circunscribió a los puntos de la apelación.

En consecuencia, corresponde resolver el recurso de casación en la forma aplicando la previsión contenida en el art. 220.III del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.III del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 187/2018 de 16 de octubre, cursante de fs. 350 a 351, pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, disponiendo que una vez remitido el expediente, se proceda a la resolución sin espera de turno para sorteo, observando la normativa citada en el presente fallo.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.