TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 497/2019

Fecha: 17 de mayo de 2019

Expediente: SC 2 19

Partes: Fernando Chávez Hurtado. c/ Nancy Lola Natasha Castañón Cortez y otro.

Proceso: Acción negatoria y otros.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 162 a 163 vta., formulado por Fernando Chávez Hurtado contra el Auto de Vista Nº 39/2018 de 30 de abril, que cursa a fs. 153 a 159 vta., pronunciado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso civil de acción negatoria y otros, seguido por el recurrente contra Nancy Lola Natasha Castañón Cortez y Rowland César Subieta Busignani, la concesión de fs. 171, admitidó por el Auto Supremo Nº 40/2019 RA de 4 de febrero fs. 180 a 181 vta., y todo lo inherente.

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Fernando Chávez Hurtado mediante su representante Javier Enrique Justiniano Atala, por memorial de fs. 28 a 31, interpuso demanda de acción negatoria, desocupación, entrega de inmueble y cancelación de anotación preventiva, en contra Nancy Lola Natasha Castañón Cortez y Rowland César Subieta Busignani, indicando que con los demandados suscribieron un documento de transferencia de bien inmueble y estos firmaron un documento privado de acuerdo transaccional y otorgaron un poder para realizar todo tipo de trámites sobre el bien inmueble objeto de la compra venta, también sostiene el actor que con el demandado firmo un contradocumento donde se menciona que la venta es ficticia ya que su esposa vendió el inmueble y que él no quería acceder a la venta de su 50%.

Con el poder otorgado al actor, este efectuó una venta para sí mismo mediante minuta de transferencia del inmueble motivo de la litis, el 19 de octubre de 2015, al haber pagado el monto del 50% a Rowland César Subieta Busignani, en consecuencia, procedió con los trámites para registro de propiedad encontrando un gravamen por el proceso de divorcio de los vendedores, que impide su inscripción en Derechos Reales. Habiendo realizado el demandante todos los actos necesarios para constituirse en propietario, empero existe oposición de Nancy Lola Natasha Castañón Cortez quien se encuentra detentando el inmueble, desconociendo la venta del mismo indicando que forma parte de su comunidad ganancial.

Citados los demandados, Nancy Lola Natasha Castañón Cortez contestó a la demanda negando en todas sus partes e interpuso acción reconvencional de nulidad del documento privado de acuerdo transaccional, del contrato de transferencia de inmueble, del poder otorgado bajo instrumento N° 154/2011, y del contrato de transferencia de 19 de octubre de 2015 y alternativamente opuso  excepción de anulación de los cuatro contratos señalados (fs. 46 a 50), por su parte, Rowland César Subieta Busignani, contestó a la demanda de manera afirmativa con relación a la demanda (fs. 75 a 76).

2. El Juez Público Civil y Comercial Noveno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pronunció Sentencia N° 79/2017, el 23 de marzo, cursante de fs. 104 vta. a 109, declarando IMPROBADA la demanda interpuesta por Fernando Chávez Hurtado y PROBADA la demanda reconvencional, disponiendo la nulidad de los documentos: 1) Contrato de compraventa de 11 de marzo de 2011 suscrito entre las partes del presente proceso; 2) Acuerdo Transaccional de 18 de marzo de 2011, suscrito entre los demandados; 3) Instrumento de poder N° 154/2011 de 18 de marzo, poder de los demandados a favor del demandante; y 4) Documento de compraventa en favor del actor de 19 de octubre de 2015.

3.- Resolución de primera instancia que al ser apelada por el demandante, Fernando Chávez Hurtado, mereció el Auto de Vista Nº 39/2018 de 30 de abril (fs. 153 a 159 vta.), que REVOCA parcialmente la sentencia apelada, en cuya consecuencia declaró PROBADA en parte la demanda de acción negatoria, desocupación y entrega de bien inmueble e IMPROBADA en cuanto a la cancelación de la anotación preventiva, ordenando a los demandados desocupar y entregar el bien inmueble objeto de la presente litis, ubicado en la Avenida Piraí final en la UV 112, manzana N° 21, lote N° 7, inscrito en Derechos Reales bajo la matrícula N° 7011060002063, a favor del demandante Fernando Chávez Hurtado en el plazo de 10 días de ejecutoriada la resolución.

Respecto a la demanda reconvencional declaró PROBADA únicamente respecto a la nulidad del documento de fs. 3 a 4 de transferencia definitiva y enajenación perpetua de bien inmueble de 18 de marzo de 2011 con reconocimiento de firmas en la misma fecha a horas 19:40 ante la Notaría de Fe Pública N° 16, suscrito por los demandados en favor del actor, por efecto del contrato de simulación de la misma fecha de fs. 15; declarándose IMPROBADA la petición de nulidad del testimonio de poder Nº 154/2011, el documento minuta de acuerdo transaccional de 18 de marzo de 2011 y el documento de transferencia de 19 de octubre de 2015.

El Tribunal de Alzada arguyó que al ser el documento ficto y simulado no puede ser validó para la otra parte contratante, como en este caso es la esposa del demandado. Ello tiene sustento en el hecho de que, el demandante con el poder otorgado por los demandados,  se transfiere a sí mismo el bien inmueble objeto de la transferencia de 18 de marzo de 2011 el 19 de octubre de 2015, porque contaba con el poder irrevocable y vigente N° 154/2011.

Siendo que el poder no ha sido revocado por un justo motivo y declarado judicialmente, ese documento no conlleva causales de nulidad y el mandatario estaba facultado tanto para transferir el bien inmueble como para suscribir del documento de transferencia del 19 de octubre de 2015, cursante a fs. 10 del expediente.

Con respecto a la nulidad de documento transaccional suscrito entre los demandados, si bien lo efectuaron el mismo día de la suscripción de los demás documentos, no debió merecer en el proceso, porque el demandante no formó parte de él. Por tanto, dicha pretensión carece de fundamento legal para su procedencia e inadmisible dicha pretensión.

En cuanto a la nulidad de documento de 19 de octubre de 2015, la demandada no  fundamentó en derecho cuáles son las causales de nulidad de dicho documento.

En resguardo del principio de verdad material el juzgador debió aplicar correctamente los fundamentos de este principio. En aplicación del principio de razonabilidad y conforme a la valoración conjunta de pruebas, que algunos agravios expuestos por el demandante son evidentes, conforme al argumento expuesto precedentemente.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De los reclamos expuestos por Fernando Chávez Hurtado se extraen de manera ordenada y en calidad de resumen, lo siguiente:

Acusó que en el auto de vista recurrido se efectuó una interpretación errónea o aplicación indebida del art. 510 del Código Civil, emergente de una errada apreciación de los documentos de trasferencia, su contradocumento y acuerdo transaccional, todos suscritos el 18 de marzo de 2011, debido a que el Tribunal Ad quem en su parte Considerativa IV.1 no realizó la valoración del acuerdo transaccional, especialmente del numeral III de la cláusula tercera, debiendo haber considerado como elemento probatorio y asimismo el documento de transferencia y su contradocumento suscritos en la misma fecha, que demuestran la intención común de los contratantes no dejando duda que la demandada, recibió el importe de $us. 60.000 correspondiente a la cesión del 50% de su derecho propietario del bien inmueble objeto del proceso.

Petitorio:

Solicitó declarar procedente y fundada la impugnación del auto de vista.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE

III.1. De la interpretación de los contratos.

El art. 510 del Código Civil, indica que: “I. En la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. (…) II. En la determinación de la intención común de los contratantes se debe apreciar el comportamiento total de éstos y las circunstancias del contrato”.

Al respecto Carlos Morales Guillen, en su obra Código Civil Concordado y Anotado, Cuarta Edición, Tomo I, respecto de la interpretación de los contratos señala, que interpretar un contrato, es fijar su sentido y alcance, determinar en qué términos y hasta qué grado se obligaron las partes, no se discute la necesidad de interpretación para el normal funcionamiento del derecho, es consecuencia lógica de que toda la vida de relación esta moldeada por el derecho.

Se ha dado en la materia dos corrientes opuestas: la teoría subjetiva o de la voluntad interna, que dice relación directa con el consentimiento o concurso de voluntades, que forma el contrato y que traduce más que la voluntad declarada, la verdadera intención de las partes (R. Villegas). La teoría objetiva o de la voluntad declarada, fundada por Saleilles (cit. de R. Villegas), según la cual la interpretación del contrato debe considerar exclusivamente la forma en que se exteriorizó la voluntad, porque si bien el consentimiento es el alma del contrato, lo es tanto como se manifiesta la voluntad y no para ocultar reservas mentales.

En nuestra legislación el art. 510 del Código Civil, preceptúa que debe averiguarse la intención de las partes apreciando el comportamiento de estas y las circunstancias del contrato. Indudablemente se advierte que se ha preferido la corriente de la teoría subjetiva. Pues investigar la intención es realmente una operación inductiva. De esta regla, resulta que el estudio de un contrato debe ser apreciado, para su interpretación, en su existencia, en su verdad, en su naturaleza, en su intención y en su forma.

La investigación fundamental del intérprete, desde luego, ha de consistir en precisar la naturaleza jurídica efectiva del contrato, para determinar la aplicabilidad de la norma o de las normas que le correspondan, ya que puede resultar que no siempre es decisivo el nomen juris que las partes han empleado para calificar el contrato. Así la interpretación se hace necesaria para reconstruir el significado efectivo o verdadero, tanto en el caso mencionado como en los diversos supuestos de las normas del capítulo que reglamentan la interpretación.

El principio fundamental de la interpretación: “a tanto se obliga el hombre a cuanto quiso obligarse”. En ese a cuanto quiso esta toda la clave: la necesidad de la interpretación y la subjetividad de la misma. La primera regla de la interpretación, no inserta el código, pero que surge inequívoca de todo ordenamiento jurídico, es que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes debe estarse al sentido literal de sus cláusulas.

Si la construcción gramatical de las cláusulas del contrato, es ambigua o anfibológica y provoca en su inteligencia direcciones distintas, es decir, como dicen las reglas, hace al contrato todo, o a una o varias de sus cláusulas, o a alguna de sus palabras, susceptibles de diversos sentido o acepciones, deberá entenderse el más adecuado, que produzca efecto conforme a la materia y naturaleza del contrato.

Siendo el contrato una asociación de pensamientos encaminados al logro del fin buscado por la voluntad, asociación en la que las cláusulas son sus componentes, forzosamente la interpretación ha de ser integral y sistemática, resolviéndose la oscuridad o ambigüedad de una cláusula, por el sentido que resulta del conjunto de ellas.

III.2. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes.

Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

Principios que rigen en materia civil y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 397 del Código de Procedimiento Civil.   

Por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia el Auto Supremo N° 240/2015 orientó que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Esta Tarea encomendada al juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Se procede a absolver el reclamo planteado por el recurrente señalando que en el auto de vista recurrido se efectuó una interpretación errónea o aplicación indebida del art. 510 del Código Civil, emergente de una errada apreciación de los documentos de transferencia, su contradocumento y acuerdo transaccional, todos suscritos el 18 de marzo de 2011, debido a que el Tribunal Ad quem en su parte Considerativa IV.1 realiza la valoración del acuerdo transaccional, especialmente del numeral III de la cláusula tercera, debiendo haber considerado como elemento probatorio y asimismo el documento de transferencia y su contradocumento suscritos en la misma fecha, que demuestran la intención común de los contratantes no dejando duda que la demandada, recibió el importe de $us. 60.000 correspondiente a la cesión del 50% de su derecho propietario del bien inmueble objeto del proceso.

Con respecto al acuerdo transaccional cursante a fs. 6 a 7 vta., suscrito el 18 de marzo de 2011, el Tribunal Ad quem se refirió en los siguientes términos: “… éste, al tratarse de un documento suscrito entre ambos demandados, (…) no debió merecer tratamiento (…) porque el demandante no forma parte de él, (…) dicha pretensión carece de fundamento legal para su procedencia, porque se trata de otra jurisdicción y competencia, tornando en improcedente e inadmisible dicha pretensión”.

El fundamento descrito asumido en el auto de vista recurrido es correcto debido a que el acuerdo transaccional está dirigido para que sea el juez familiar quien pueda anular dicho acuerdo, no así el juez civil, empero al tratarse de un documento adjuntado en calidad de prueba estando dentro de lo establecido por el art. 1297 del Código Civil, debió ser tomado en cuenta a efectos de resolver la pretensión del demandante como de la reconviniente.

En este contexto, el acuerdo transaccional en su cláusula tercera indica en el punto III, lo siguiente: “El esposo y esposa se comprometen a suscribir minuta de transferencia definitiva de bien inmueble ubicado en el Condominio Montivello, entre 4° y 5° anillo de la Avenida Piraí legalmente inscrito en DD.RR. (…) a favor del señor Fernando Chávez Hurtado…” y en el punto IV, refiere: “…el señor esposo, al momento de la suscripción del presente Acuerdo Transaccional, hace entrega de la suma de Sesenta mil 00/100 Dólares Americanos ($us. 60.000.-) suma de dinero que se cancela en su totalidad (…) como producto del 50% fruto de la venta del inmueble…”.

De la descripción efectuada del acuerdo de transacción se evidencia que la demandada ha recibido la suma de $us. 60.000 correspondiendo al 50% del precio total nominal de $us. 120.000, como producto de la venta del bien ganancial efectuada el 18 de marzo de 2011. Asumiendo que las declaraciones efectuadas en dicho acuerdo transaccional por las partes no han sido objeto de nulidad y que dicha prueba está dentro del marco de lo establecido en el art. 1297 del Código Civil, por tanto, sujeto a valoración por la autoridad jurisdiccional a momento de emitir su resolución. 

Además en función al principio de verdad material contenido en el art. 180 de la CPE, se corrobora dicha valoración, por cuanto ambos esposos otorgan Poder el 18 de marzo de 2011, en favor del comprador del bien inmueble objeto de la litis (fs. 8 y vta.,), señalando lo siguiente: “…también para consolidar las operaciones de compra venta del inmueble, pudiendo transferir el inmueble a si mismo…”. En ese sentido, conforme a los términos del mandato conferido a Fernando Chávez Hurtado, para consolidar (asegurar), es claro al indicar la facultad para enajenar y afianzar la propiedad efectuado los trámites administrativos, que no dejan duda que como documento tiene relación con la venta efectuada por los esposos.

Por otro lado, dando cumplimiento al compromiso asumido en el acuerdo transaccional, los esposos Subieta Castañón proceden a la suscripción de la minuta de transferencia del 18 de marzo de 2011 cursante a fs. 4 vta., con la conformidad del comprador, dicha transferencia no tiene validez ni efectos jurídicos debido a la existencia del contradocumento cursante a fs. 15 vta., que fue asumido por el Tribunal Ad quem.

En este contexto, interpretando el contenido de la cláusula tercera del contradocumento se llega a determinar que la compra venta ha sido ficticia, ante la existencia del contradocumento que esclarece lo hecho por ambas partes, en conformidad del art. 510 del Código Civil.

Como lógica consecuencia, una vez pagada la suma de $us. 80.000 el 19 de octubre de 2015 (fs. 19) que representa el total del precio de la compra del bien inmueble motivo de la litis, Fernando Chávez Hurtado suscribe una minuta de compraventa cursante a fs. 10 vta., empleando el Poder otorgado por ambos esposos.

En conclusión, se tiene que el Tribunal Ad quem no ha efectuado una adecuada fundamentación en el punto IV.7 del auto de vista, referente al contenido del acuerdo transaccional se llega a determinar que la demandada no recibió el monto de $us. 60.000, contrario al contenido de dicho documento, como fue expuesto en párrafos precedentes, conforme a la doctrina aplicable desarrollada en el acápite III.2, lo que corresponde enmendar, asumiendo que Nancy Lola Natasha Casteñon Cortez, recibió la suma de $us. 60.000 de su esposo Rowland Cesar Subieta Busignani, por concepto de la venta, del inmueble efectuado al actor.

En cuanto al resto de los argumentos desarrollados en el Auto de Vista recurrido es conforme al art. 510 del Código Civil y se ajusta a la explicación efectuada en la doctrina aplicable al caso en el punto III.1 de la presente resolución.

En este sentido, a pesar de la diferente fundamentación del Tribunal Ad quem, no altera la parte dispositiva asumida en el auto de vista recurrido, no siendo factible cambiar dicha decisión al no ser viable la nulidad del documento de transferencia del bien inmueble suscrito el 19 de octubre de 2015, por lo que solo corresponde modular los fundamentos esgrimidos en el auto de vista impugnado.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación, cursante de fs. 162 a 163 vta., interpuesto por Fernando Chávez Hurtado contra el Auto de Vista Nº 39/2018 de 30 de abril, cursante de fs. 153 a 159 vta., pronunciado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sin costas y ni costos por no haberse contestado al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco E. Jaimes Molina.