TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                       S A L A   C I V I L 



Auto Supremo: 496/2019

Fecha: 17 de mayo de 2019

Expediente: B-1-19-S.

Partes: Ana María Arteaga Sossa y otros c/ María Victoria Reinaldo Arteaga.

Proceso: Acción negatoria y reivindicatoria.  

Distrito: Beni.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 85 a 86 interpuesto por Ana María Arteaga Sossa contra el Auto de Vista Nº 194/2018 de 23 de octubre cursante de fs. 82 a 83 pronunciado por la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, en el proceso de acción negatoria y reivindicatoria seguido por Ana María Arteaga Sossa por sí y en representación de Héctor Arteaga Sossa y Elvia Nancy Arteaga Sossa de Monasterio contra María Victoria Reinaldo Arteaga, Auto de concesión a fs. 90, Auto Supremo de admisión N° 21/2019-RA de fs. 95 a 96 vta., y todo lo inherente al proceso.

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Público Civil Comercial Primero de Santa Ana del Yacuma, pronunció Sentencia N° 53/2018 de 13 de junio cursante de fs. 57 a 59 vta., declarando IMPROBADA la demanda de fs. 21 a 23., sobre acción negatoria y reivindicatoria, con condenación de costas y costos a la parte perdidosa.

Contra la Sentencia Ana María Arteaga Sossa interpuso recurso de apelación cursante de fs. 61 a 62, impugnación resuelta por la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, que dictó el Auto de Vista Nº 194/2018 de 23 de octubre cursante de fs. 82 a 83 confirmando la Sentencia N° 53/2018 de 13 de junio cursante de fs. 57 a 59 vta., bajo los siguientes fundamentos:

Señala que las actas de audiencia preliminar y de inspección judicial se hallan firmadas por la Autoridad judicial y su asistente secretario, por lo que el agravio denunciado resulta inconsistente.

Expone que al intentar presentar como prueba de reciente obtención un folio real en audiencia complementaria donde el juez expresa tenerse presente, es nítida la labor lógica, racional y fáctica que construye el juzgador en los puntos 3 y 4 del considerando IV de la sentencia, cuando sostiene que el folio real de fs. 1  demuestra que el titular del inmueble es un tercero de nombre Hernán Duran Vargas, concluye que los demandantes no son legítimos propietarios; el juzgador al fundamentar la sentencia implícitamente desecha la prueba documental cuya omisión es cuestionada por la recurrente, indica que es perceptible la hermenéutica jurídica para no tomar en cuenta dicha documental propuesta fuera del momento probatorio habilitado por el director procesal, por lo que carece de sustento legal la impugnación.

Contra el Auto de Vista la demandante Ana María Arteaga Sossa interpuso recurso de casación cursante de fs. 85 a 86 de obrados, mismo que tiene el siguiente análisis:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del recurso de casación deducido por la parte recurrente, se tiene lo siguiente:

1. Manifiesta que el art. 98 del Código Procesal Civil refiere que lo obrado en audiencia debe documentarse en un acta, misma que llevara la firma de la Autoridad judicial y el secretario, pudiendo las partes formular observaciones que serán resueltas de inmediato, al no contener las actas de fs. 44 y vta., y 47 y vta., firma del juez y del secretario se vulneró el debido proceso.

2. Expresa que la sentencia y el Auto de Vista, solamente tomaron en cuenta en calidad de prueba el folio real de fs. 1 y no así el de fs. 51 que fue introducido como prueba en la audiencia complementaria, vulnerándose el principio constitucional de verdad material.

Solicita se anule obrados hasta la demanda.

Corrido en traslado el recurso de casación, no cursa contestación de la parte contraria.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

1. De la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

El Tribunal Constitucional Plurinacional ha glosado amplia jurisprudencia en torno a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, entre ellas tenemos la Sentencia Constitucional N° 673/2018-S3 de 27 de diciembre que indica: “Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición.

Dicho de otra forma, toda Autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras)”.  Es pertinente señalar que toda persona que acude ante la jurisdicción ordinaria para demandar según sus derechos e intereses, debe recibir por parte de los administradores de justicia una respuesta pronta y oportuna, pero más importante aún, tiene la garantía de que la Autoridad judicial debe responder sus pretensiones de forma ordenada, coherente y puntual respecto a los hechos puestos en conocimiento del juzgador, con el fin de generar en las partes pleno convencimiento sobre las decisiones judiciales siempre velando por el cumplimiento de las normas sustantivas y adjetivas aplicables a cada caso concreto.

Solo así los sujetos procesales que recurren ante la Autoridad judicial tendrán plena convicción de que sus pretensiones y solicitudes fueron debida y responsablemente atendidas, la administración de justicia no solo debe determinar la situación jurídica de las partes sino que además debe crear pleno convencimiento de que la norma legal ha sido correctamente aplicada para la consecución de la justicia, lo contrario sería generar incertidumbre. 

2. De la acción reivindicatoria.

El Art. 1453 del sustantivo civil establece: (ACCIÓN REIVINDICATORIA). I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”.

Se desprende que la reivindicación es una acción real que tiene como objetivo la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que emerge de ella, está dirigida contra aquella persona que tiene la posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o título que le faculte estar en posesión; en otras palabras la acción  reivindicatoria está destinada al propietario que no se encuentra en posesión de una cosa (legitimación activa), pueda reclamar la restitución de la misma en razón al derecho que tiene de poseerla, la demanda se dirige en contra del poseedor que no es propietario y que se encuentra en posesión de la misma (legitimación pasiva), esta acción es imprescriptible, salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud de la usucapión.

En ese entendido resulta pertinente señalar que quien interponga dicha acción debe cumplir con ciertos requisitos que hacen procedente a la misma, el Autor Alexander Rioja Bermúdez en su artículo “Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación” hace referencia a tres requisitos: 1. El derecho de dominio de quien se pretende dueño, 2. La determinación de la cosa que se pretende reivindicar y 3. La posesión de la cosa por el demandado.  De dichos requisitos y haciendo hincapié en el primero, se precisa que el mismo debe ser acreditado con título idóneo que demuestre, que quien pretende dicha tutela sea el titular de la cosa que se pretende reivindicar, pues al estar reservada la interposición de dicha acción únicamente al propietario que no tiene la posesión física de la cosa, no resulta viable que la misma sea interpuesta por quien no acredita tal extremo, es decir por quien no tenga la legitimación activa para interponer la misma;  sobre el segundo requisito debemos señalar que la determinación de la cosa debe ser acreditada documentalmente y de manera precisa, se debe identificar plenamente el inmueble tanto en su ubicación, superficie y límites;  finalmente quien pretende reivindicar debe demostrar que el demandado es quien se encuentra en posesión física del inmueble.

En suma, se puede expresar que el derecho de propiedad permite reivindicar la cosa de manos de un tercero, es decir el ius in re, a efectos de ejercitar todos los derechos emergentes ius utendi, fuendi ete abutendi, los cuales están enmarcados en el art. 105 del sustantivo civil, de lo que se concluye que este Tribunal determinó en varios fallos que la reivindicación es una acción de defensa de la propiedad que se halla reservada al propietario que ha perdido o no se encuentre en posesión de una cosa para reivindicarla de quien la posee y se niega a restituirla, quedando claro que para la procedencia de la acción de restitución o devolución de la propiedad, el titular del derecho no necesariamente tiene que haber sido despojado o eyectado.

3. De la valoración de la prueba y la prueba de reciente obtención.

El Art. 145 del Código Procesal Civil indica: (VALORACIÓN DE LA PRUEBA). I. La Autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio. II. Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la Ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta.”

José Decker Morales en su obra “Código de Procedimiento Civil Comentarios y Concordancias” señala: “(…) producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”, a este proceso mental Couture denomina “la prueba como convicción”.

Así también Víctor De Santo en su obra “La Prueba Judicial (Teoría y Práctica)” respecto al principio de unidad de la prueba indica: “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El fin de la prueba es llegar a la verdad material de los hechos prescindiendo de todo formalismo que limite o impida al juzgador valorar la prueba, por el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba la Autoridad judicial está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto, que deben ser integradas y contrastadas conforme mandan los Arts. 1286 del Código Civil y 145 del Código Procesal Civil.

Coincidente con dicho criterio, tenemos la prevalencia del derecho sustancial frente al formal, al respecto la Sentencia Constitucional N° 1662/2012 de 01 de octubre ilustra: “Acorde con dicho criterio, la SCP 0144/2012 de 14 de mayo, estableció: “…la estructura del sistema de administración de justicia boliviano, no pueda concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener el logro y realización de los valores constitucionales, por otra parte, impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable”.  Asimismo, sobre la justicia material frente a la formal la Sentencia Constitucional N° 2769/2010-R de 10 de diciembre sostuvo: “El principio de prevalencia de las normas sustanciales implica un verdadero cambio de paradigma con el derecho constitucional y ordinario anterior, antes se consideraba el procedimiento como un fin en sí mismo, desvinculado de su nexo con las normas sustanciales, en cambio, en el nuevo derecho constitucional, las garantías del derecho procesal se vinculan imprescindiblemente a la efectividad del derecho sustancial, puesto que no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de cualquier manera.

'Lo que persigue el principio de prevalencia del derecho sustancial es el reconocimiento de que las finalidades superiores de la justicia no puedan resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a consideraciones de forma, que no son estrictamente indispensables para resolver el fondo de los casos que se somete a la competencia del juez' (BERNAL PULIDO Carlos, El Derecho de los derechos, Universidad Externado de Colombia, pág. 376). La Corte Constitucional de Colombia, en la S-131 de 2002, afirmó que '…las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico en lo que atañe a trámites y procedimientos están puestas al servicio del propósito estatal de realizar materialmente los supremos valores del derecho, y no a la inversa. O, en otros términos, las formas procesales no se justifican en sí mismas sino en razón del cometido sustancial al que pretende la administración de justicia'.

En cuanto a la prueba de reciente obtención el Art. 112 del Código Procesal Civil establece:(DOCUMENTOS POSTERIORES O ANTERIORES). Después de interpuesta la demanda, sólo se admitirá documentos de fecha posterior a ella o siendo anteriores, bajo juramento o promesa de no haberse tenido conocimiento de los documentos.”

El Auto Supremo N° 39/2017 de 24 de enero indica: En tema probatorio, la ley procesal establece reglas específicas para su proposición, diligenciamiento y valoración y los momentos procesales en que debe ser presentada; tratándose de prueba documental de fecha anterior a la demanda, la misma debe ser presentada junto con la demanda no pudiendo hacerlo después o en el momento que vean por conveniente los litigantes; en caso de que no la tenga en su poder, deberán indicar el lugar donde se encuentran, lo contrario implica violación del principio de lealtad procesal, pues no es posible que teniendo las pruebas en su poder no las presenten junto con la demanda y pretendan hacerlo posteriormente bajo el argumento de ser de reciente obtención; la ley procesal señala claramente que  después de interpuesta la demanda, únicamente es admisible prueba documental de fecha posterior y siendo anterior, bajo juramento de no haber tenido real y verdadero conocimiento, constituyendo este último aspecto una excepción a la regla, caso en el cual la Autoridad judicial en observancia del principio de contradicción, deberá correr traslado a la otra parte para que se pronuncie.”

El Código Procesal Civil es claro y específico en cuanto a las etapas procesales y los actos que deben desarrollarse en el transcurso del proceso, de la prueba documental indica que el demandante debe adjuntar y ofrecer todas las literales con las que cuenta junto con  la demanda, no solo con el objeto de demostrar los extremos de la pretensión deducida, sino también, para generar en la parte contraria convicción de que los hechos alegados no pueden ser rebatidos y así allanarse o responder afirmativamente a la demanda y concluir con el proceso, en el marco de la lealtad procesal.  Después de interpuesta la demanda solo podrán presentarse documentos con fecha posterior, o siendo anteriores bajo juramento o promesa de no haber tenido conocimiento de ellos, corriéndose en traslado a la parte contraria para que se pronuncie en cuanto a su pertinencia, y de no existir óbice legal ser valorados por la Autoridad judicial.

4. De los presupuestos para que opere la nulidad procesal.

En cuanto a las nulidades procesales y los presupuestos que hacen su viabilidad, tanto la norma procesal civil como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional adoptaron nuevos criterios aceptados por el Tribunal Supremo de Justicia, en ese marco la Sentencia Constitucional N° 0731/2010-R de 26 de julio prescribe: “Ahora bien, los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley; en otros términos “No hay nulidad sin ley específica que la establezca” (Eduardo Cuoture, “Fundamentos de Derecho Procesal Civil”, p. 386); b)Principio de finalidad del acto, “la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto” (Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, “en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento” (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, “Nulidades Procesales”).

El criterio expuesto fue complementado en cuanto a su razonamiento en la Sentencia Constitucional N° 0376/2015-S1 de 21 de abril, estableciendo presupuestos específicos para la procedencia de la nulidad de actos procesales, exponiendo el siguiente criterio: “En cuanto a la nulidad de los actos procesales, complementando el entendimiento establecido en la SC 0731/2010-R 26 de julio, en la SC 0242/2011-R de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional afirmó: «…el que demande por vicios procesales, para que su incidente sea considerado por la Autoridad judicial, debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad.

Dichas condiciones deberán ser explicadas, además, por el incidentista en su solicitud, señalando, en forma concreta, clara y precisa, la existencia del perjuicio que le haya causado el acto impugnado; deberá mencionar y demostrar expresamente, los medios de defensa de los que se ha visto privado de oponer o las que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, ya que la sanción de nulidad debe tener un fin práctico y no meramente teórico o académico, pues, no basta la invocación genérica a la lesión al derecho a la defensa, por ejemplo, sino que el perjuicio debe ser cierto, concreto, real y además grave, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos o entorpecer la resolución».

La jurisprudencia expuesta nos orienta, que para declararse la nulidad de un acto procesal deben cumplirse ciertos presupuestos, que valorados por la Autoridad judicial harán su procedencia o improcedencia.  La nulidad de actos procesales debe ser la última medida dispuesta por el juzgador, es por ello que la jurisprudencia estableció debida y concretamente las condiciones y requisitos que deben cumplirse, explicando los principios de especificidad o legalidad,  finalidad del acto, transcendencia y convalidación, sin dejar de lado que la violación contenida en el acto procesal sea real, grave y demostrable además de causar perjuicio irreparable al incidentista, solo así la Autoridad judicial podrá Autorizar la nulidad del acto procesal.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, corresponde considerar la impugnación en la forma y fondo acusada en el recurso de casación.

Del recurso de casación en la forma.

Del estudio del recurso de casación se desprende que en cuanto a la forma, la recurrente brevemente denuncia la violación del art. 98 del Código Procesal Civil, refiriendo que lo obrado en audiencia debe documentarse en un acta, que llevará la firma de la Autoridad judicial y el secretario, pudiendo las partes formular observaciones que serán resueltas de inmediato, al no contener las actas de fs. 44 y vta., y 47 y vta., firma del juez y del secretario se vulneró el debido proceso. Bajo dicho antecedente tenemos que a fs. 44 y vta., cursa acta de audiencia preliminar y a fs. 47 y vta., acta de audiencia de inspección ocular, ambas actas llevan consignadas las firmas y pie de firmas del juez A quo y del secretario abogado del juzgado.

Respecto a ello tenemos, que la recurrente observa la falta de firmas de la Autoridad judicial y el secretario del juzgado en las actas indicadas, pretendiendo la nulidad por considerar que  se transgredió lo dispuesto por el art. 98.III num. 5) del Código Procesal Civil y el debido proceso; la doctrina y jurisprudencia desarrollada en la presente resolución son claras al explicar los presupuestos necesarios que debe contener un acto procesal denunciado por irregular o ilegal, teniendo que para la procedencia de la nulidad, el acto denunciado debe estar expresamente sancionado en la norma legal según el principio de especificidad o legalidad, sin embargo, si el acto irregular está sancionado en la norma pero cumplió su finalidad no le afecta la nulidad, imponiéndose el principio de finalidad del acto; no puede aceptarse la nulidad solo para satisfacer ritualismos o formalismos legales,  debe probarse que el acto procesal irregular ocasionó un perjuicio cierto e irreparable coincidiendo ello con el principio de trascendencia, es importante aclarar que la irregularidad procesal debe ser denunciada en el debido momento procesal, lo contrario resultaría convalidar el acto, verificándose de esa manera el principio de convalidación.  No se puede dejar de lado que el acto procesal denunciado, debe ocasionar daño cierto, verificable e irreparable dejando en verdadero estado de indefensión al incidentista. Solo cumplidos y confrontados estos presupuestos, podrá la Autoridad judicial sancionar un acto procesal con la nulidad.

En el caso expuesto ante este Tribunal, tenemos que si bien las actas de fs. 44 y vta., y 47 y vta., cuentan con la firma del juez y secretario, se presume que dichas actas no llevaban las firmas y sellos, toda vez que la propia Autoridad judicial en la providencia de 10 de julio de 2018 de fs. 62 vta., indica: “Al Otrosí.- Presente, sin embargo debe tenerse presente que las observaciones son cuestiones de forma y no de fondo que pueden ser subsanadas.”; pese a dicha aseveración del juzgador, tenemos que lo denunciado por la recurrente es una omisión de forma, que no cuestiona el contenido de fondo, lo expresado y demostrado en el tenor de las actas, denuncia una omisión que no desnaturaliza el acto procesal transcrito en las actas, por cuanto no corresponde la revisión o nulidad de dichas literales;  sin perjuicio de ello, la recurrente en el primer momento procesal después de la omisión cuestionada, debió realizar su reclamo u observación y no hacerlo sino hasta la interposición del recurso de apelación, pudiendo hacer su denuncia en la audiencia complementaria y de forma oral, concluyendo que la propia demandante convalido el acto que es subsanable.  Por lo que corresponde en atención a lo manifestado, fallar conforme el art. 220.II del Código Procesal Civil en cuanto al recurso de casación en la forma.

Del recurso de casación en el fondo.

Del recurso de casación tenemos también, que el reclamo de la recurrente confluye en objetar el fondo de la litis, alegando a tal efecto que la Sentencia y el Auto de Vista para la resolución de la causa, solo tomaron en cuenta en calidad de prueba el folio real de fs. 1 y no así el de fs. 51 que fue introducido como prueba en la audiencia complementaria, vulnerándose el principio constitucional de verdad material.

A efecto de constatar cómo esta prueba puede influir en la determinación del proceso, corresponde verificar los parámetros o fundamentos de la demanda y si efectivamente la prueba producida demuestra que Ana María Arteaga Sossa, Héctor Arteaga Sossa y Elvia Nancy Arteaga Sossa de Monasterio son propietarios del bien inmueble objeto del proceso.

Para tener un panorama claro en cuanto a la argumentación jurídica a desplegarse y que esta sea coherente para su entendimiento, corresponde revisar algunos antecedentes del proceso.  Tenemos, que Ana María Arteaga Sossa por sí y en representación de  Héctor Arteaga Sossa y Elvia Nancy Arteaga Sossa de Monasterio plantean demanda sobre acción negatoria y reivindicatoria, manifestando que fueron declarados herederos de su fallecida madre Victoria Sossa Montejo Vda. de Arteaga, llegando a adquirir por sucesión hereditaria el bien inmueble ubicado entre la calle Ismael Suarez Mercado (antes prolongación de la calle Baptista) y la Av. Maximiliano Cuellar Roca, zona 18 de noviembre, serie “D”, manzano 57, zonificación segunda del plano oficial municipal de Santa Ana del Yacuma, con superficie actual 1325 mts2. registrado bajo la Matrícula Computarizada N° 8.04.101.0001898.  Indican que en fecha 25 de noviembre de 1996 su fallecida madre transfirió a su nieta María Victoria Reinaldo Arteaga hija de la co demandante Ana María Arteaga Sossa la superficie de 250 mts2. intentando posteriormente en dos oportunidades adquirir el resto del inmueble por usucapión no logrando su cometido, hace un par de años atrás la demandada no permite que los propietarios ingresen al inmueble poniendo candados en las puertas, demostrando que la posesión en parte del terreno que no le corresponde es clandestina, pensando los demandantes que al tener la demandada un terreno contiguo al de ellos cuidaría del inmueble sin tener la intención de apropiarse del mismo.  Bajo dichos antecedentes interponen acción negatoria y reivindicatoria.

Como medio probatorio relevante para la decisión de la causa se tiene el folio real a fs. 50 correspondiente al bien inmueble objeto del proceso.

Producidas las pruebas documentales, testificales y de inspección judicial, el juez A quo dictó sentencia declarando improbada la demanda bajo el argumento de que revisada la prueba a fs. 1 correspondiente al folio real del inmueble, se concluye que Hernán Duran Vargas tercero ajeno al proceso, es propietario del bien inmueble contando con título de dominio, por lo que no se cumple a cabalidad los presupuestos para la procedencia de la acción reivindicatoria, ya que los demandantes no demostraron ser legítimos propietarios sobre la cosa cuya reivindicación se reclama, en cuanto a la acción negatoria manifiesta que para su procedencia de igual forma debe demostrarse el derecho propietario sobre el inmueble y que el mismo según los asientos dos y tres fue transferido por los demandantes a Hernán Duran Vargas, asimismo, indica que los demandantes en el memorial de demanda confesaron que la superficie de 250 mts2. le pertenece a María Victoria Reinaldo Arteaga por transferencia de Victoria Sossa Montejo Vda. de Arteaga, madre de los demandantes y abuela de la demandada, constituyéndose en co propietaria en lo pro indiviso del inmueble, argumento por el cual se declaró improbada la acción negatoria y reivindicatoria.

Recurrida la sentencia por la parte actora, la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, confirma la sentencia fundando su decisión, en que las actas de audiencia preliminar y de inspección judicial se hallan firmadas por la autoridad judicial y su asistente secretario, por lo que el agravio denunciado resulta inconsistente. Expone que al intentar presentarse como prueba de reciente obtención un folio real en la audiencia complementaria, donde el juez expresa tenerse presente dicha prueba, se considera nítida la labor lógica, racional y fáctica que construye el juzgador en los puntos 3 y 4 del Considerando IV de la sentencia, cuando sostiene que el folio real a fs. 1 demuestra que el titular del inmueble es un tercero de nombre Hernán Duran Vargas, concluye que los demandantes no son legítimos propietarios, el juzgador al fundamentar la sentencia implícitamente desecha la prueba documental cuya omisión es cuestionada por la recurrente, resultando perceptible la hermenéutica jurídica para no tomar en cuenta dicha documental fuera del momento probatorio habilitado.   Dentro de término legal y bajo los argumentos expuestos en los puntos uno y dos del Considerando II, Ana María Arteaga Sossa recurre de casación solicitando anular obrados hasta la demanda.

Según la doctrina y jurisprudencia aplicada al caso, se tiene que la acción reivindicatoria es el medio legal por el cual el propietario que perdió la posesión o no se encontraba en posesión de la cosa, puede reivindicarla de un tercero que no cuenta con título de propiedad, para la procedencia de la acción reivindicatoria deben verificarse ciertos requisitos como ser: el derecho de dominio del propietario sobre la cosa, la determinación de la cosa que se pretende reivindicar y la posesión de la cosa por el demandado, cumplidos dichos requisitos es viable la demanda de reivindicación.  Asimismo, en cuanto a la prueba documental la norma indica que atendiendo el principio de lealtad procesal, el demandante debe presentar junto con la demanda toda la prueba documental con la que cuenta, subsiguientemente solo podrá ofrecerse prueba de data posterior y/o prueba con fecha anterior bajo juramento o promesa de no haber tenido conocimiento de los documentos a presentarse.

De los antecedentes expuestos y de la prueba cursante en obrados se observa, que el juez de la causa y el Tribunal de instancia omitieron la valoración probatoria del folio real cursante a fs. 50, mismo que ante la aclaración realizada por la parte demandante en audiencia de inspección judicial cuya acta cursa a fs. 47 y vta., demuestra que respecto al bien inmueble ubicado sobre la avenida Max Cuellar y calle Baptista, manzano 7, lote de terreno urbano serie “D”, con superficie de 993,90 mts2. registrado bajo la Matrícula Computarizada N° 8.04.1.01.0001898, en el asiento numero dos (A-2) correspondiente a la titularidad sobre el dominio, se encuentra registrado el derecho propietario de los demandantes Ana María Arteaga Sossa, Héctor Arteaga Sossa y Elvia Nancy Arteaga Sossa de Monasterio, siendo este el ultimo asiento de propiedad del inmueble, por tanto el derecho propietario de los demandantes es público y oponible a terceros según manda el art. 1538 del Código Civil; cabe aclarar, que el acta de inspección ocular demuestra que el inmueble objeto del proceso corresponde al bien registrado en el folio real indicado.

En cuanto a la sentencia, solo valora el folio real a fs. 1 y no así el cursante a fs. 50, ofrecido en la audiencia complementaria como prueba de reciente obtención, argumentando que el inmueble a reivindicar pertenece a Hernán Duran Vargas y no a los demandantes. Dicha consideración por parte del juez A quo no solo es incorrecta, sino que transgrede el principio de verdad material dispuesto en el art. 180 de la Constitución Política del Estado que impele a la jurisdicción ordinaria buscar la verdad de los hechos en la forma que acontecieron apartando los formalismos y ritualismos, ya que el fin de la norma procesal es proteger y hacer cumplir los derechos contenidos en la norma sustantiva. Debe considerarse que el art. 112 del Código Procesal Civil claramente indica, que después de interpuesta la demanda podrá ofrecerse prueba documental de fecha posterior o anterior bajo juramento o promesa de no haber tenido conocimiento del documento. En el presente caso la documental de fs. 50 fue ofrecida en la audiencia complementaria cuando aún no fue cerrado el debate contradictorio de las partes, por cuanto correspondía a la autoridad judicial recibir la prueba para su valoración.  De la misma forma el Tribunal Ad quem, al considerar que la autoridad de primera instancia realizó una correcta apreciación de la norma, al no tomar en cuenta la prueba de fs. 50 por haber sido propuesta fuera del momento probatorio habilitado, es también incorrecto, ya que el folio real presentado en audiencia complementaria independientemente de haber sido adjunto después de interpuesta la demanda, demuestra que el inmueble objeto del proceso pertenece a los demandantes, cumpliéndose así con uno de los presupuestos que hace viable la reivindicación. Cabe aclarar que si bien la recurrente confunde su petitorio solicitando nulidad hasta la demanda, no es óbice para que este Tribunal administre justicia de forma correcta.

Por lo expuesto y fundamentado se concluye que los demandantes conforme lo establece el Art. 1283.I del sustantivo civil concordante con el Art. 136.I del Código Procesal Civil, cumplieron con la carga de la prueba en cuanto a la acción reivindicatoria demandada, extremos que hacen viable su pretensión, razón por la cual corresponde respecto al recurso de casación en el fondo, emitir Auto Supremo conforme lo establecido en el Art. 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del Art. 220.II y IV del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma; CASA PARCIALMENTE en el fondo el Auto de Vista Nº 194/2018 de 23 de octubre cursante de fs. 82 a 83 pronunciado por la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Publica del Tribunal Departamental de Justicia de Beni y declara PROBADA EN PARTE la demanda civil ordinaria interpuesta por Ana María Arteaga Sossa por sí y en representación de Héctor Arteaga Sossa y Elvia Nancy Arteaga Sossa de Monasterio cursante a fs. 21 a 23, subsanada a fs. 29 sobre acción negatoria y reivindicatoria, disponiendo que la demandada María Victoria Reinaldo Arteaga entregue el bien inmueble ubicado sobre la avenida Max Cuellar y calle Baptista, manzano 7, lote de terreno urbano, serie “D”, de superficie 993,90 mts2., registrado bajo la Matrícula Computarizada N° 8.04.1.01.0001898 a sus propietarios Ana María Arteaga Sossa, Héctor Arteaga Sossa y Elvia Nancy Arteaga Sossa de Monasterio, sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.