TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

 S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 495/2019.        

Fecha: 17 de mayo de 2019.

Expediente: O-1-19-S.

Partes: Sindicato de Transporte Pesado Mejillones c/Adalid Vidal Montaño Araoz y otros.  

Proceso: Anulabilidad de escritura pública de mandato.                                    

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación que cursa de fs.1398 a 1404 vta., interpuesto por el Sindicato de Transporte Pesado Mejillones, mediante su representante legal  Néstor Cabrero Budia y otro contra el Auto de Vista Nº 174/2018 de 11 de octubre, saliente de fs. 1388 a 1395 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso de anulabilidad de escritura pública de mandato seguido por el recurrente contra Adalid Vidal Montaño Araoz y otros, la concesión de fs. 1413, el Auto Supremo de Admisión Nº 19/2019-RA de 28 de enero cursante a fs.1419 y todo lo inherente: 

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. El Sindicato de Transporte Pesado Mejillones representado por Enrique López Paniagua mediante memorial cursante de fs. 174 a 186  ampliado  de fs. 195 a 201, interpuso demanda de anulabilidad de escritura pública de mandato contra Adalid Vidal Montaño Araoz, Juan Cabrera Fernández, Abraham Colque Yucra, Juan Boris Rios Montalvo, Paulino Guarachi Contreras, Agustin Callejas Diaz, Felipa Marzana Vallejos Vda. de Mamani, Pedro Enrique Mena Gonzales, Pedro Mimor Tito, Víctor Machaca Canaviri, quienes repelieron y opusieron excepciones de impersoneria del apoderado, falta de legitimación del demandante y demanda defectuosa mediante memorial de fs. 639 a 652 vta., que por Auto de 3 de noviembre de 2017, fueron declaradas improbadas, trámite de fondo que concluyó con la Sentencia Nº 11/2018 de 1 de febrero de fs. 1338 vta a 1348 vta., que declaró PROBADA la ¨demanda e IMPROBADA respecto a los daños y perjuicios.¨  

2. Ante la insatisfacción con dicho fallo, los demandados apelaron en el efecto diferido y suspensivo, originando el Auto de Vista Nº 174/2018 de 11 de octubre

(1388-1395 vta.) por el que ANULÓ obrados hasta el decreto de 12 de mayo de 2017 cursante a fs. 187 del cuaderno procesal, con el fundamento de que el ¨…Sindicato de Transporte Pesado Mejillones no existe en el trafico jurídico mientras y tanto no demuestre su nacimiento a la vida jurídica exhibiendo  en el proceso el Reconocimiento de Personería Jurídica, junto a la Aprobación de su Estatuto Orgánico  y Reglamento Interno. (…) por ello, el representante legal que figura en el memorial de demanda principal, sea el Sr. Enrique López Paniagua o Nestor Cabero Budia y otros cuando afirmaban representación de una persona jurídica no cumplieron con la obligación de observar con la exigencia prevista en el art. 35.II de la Ley 439…¨  

Con base en los argumentos se analiza el recurso de casación y se emite la presente decisión.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN.

1. Del recurso de casación en la forma.

1. Señaló que el Auto de Vista infringió el art. 51.IV de la Constitución Política del Estado e interpretó erróneamente el art. 35.II del Código Procesal Civil, al determinar la inexistencia formal de la personería jurídica del Sindicato de Transporte Pesado Mejillones y su consiguiente legitimación, cuando en realidad la legalidad se reflejó en los actos administrativos del Ministerio de Trabajo y la Federación de Choferes San Cristóbal, no siendo necesario mayor formalismo.

Respecto a la interpretación errónea del art. 35.II del Código Procesal Civil, refiere que dicha norma inferior no puede aplicarse con preferencia al precepto constitucional previsto en el art. 51.IV de la Constitución Política del Estado.

Finalmente, objetó la aplicación indebida del régimen de nulidades, arguyendo, que no se presentó defectos absolutos y relativos que hubieren lesionado derechos y garantías constitucionales, o que hayan provocado perjuicio.              

2. Contestación.

Los demandados contestaron al recurso de casación afirmando en lo principal y que el mismo no cumple con las exigencias legales, ya que se trata de un acopio ampuloso de antecedentes y los elementos probatorios producidos a lo largo del proceso incumpliendo así con el art. 271.I de la Ley Nº 439.  


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

1. La jerarquía normativa.

Se atribuye a Hans Kelsen, el productor de la jerarquía normativa, lo que conocemos hoy como el principio de supremacía constitucional, que desde la perspectiva formal debe ser entendida, por una parte, como parámetro de validez de las normas ordinarias mismas que deben guardar armonía con la norma suprema y por otra que, la norma constitucional debe aplicarse preferentemente a la norma de rango inferior.

Directriz descrita en el art. 410 de la Constitución Política del Estado, que manifiesta: ¨II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa …¨        

2. El sindicato en Bolivia y su personería jurídica.

La historia demostró que existen gobiernos que menoscaban la lucha de la clase obrera y sus reivindicaciones justificadas, de hecho gobiernos dictatoriales desconocen en absoluto la existencia de las organizaciones sindicales al extremo de perseguir y ejecutar a sus dirigentes como ocurrió en el pasado con Carlos Flores Bedregal y otros, inclusive gobiernos democráticos  con el propósito de ahogar y neutralizar las reivindicaciones laborales e interpelaciones a las medidas económicas contrarias a la fuerza productiva del país que constituyen las trabajadoras y trabajadores, crearon una variedad de normas y requisitos que en realidad constituían barreras a la organización sindical, por dichas razones, entre otras, el nuevo Estado con una visión diferente y del reconocimiento al movimiento sindical y su lucha permanente, en el art. 51.IV de la Constitución Política del Estado estableció que ¨…Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse  y ser reconocidos por sus entidades matrices¨ .

De donde se advierte que no resulta necesario el reconocimiento formal del Ministerio de Trabajo al sindicato, porque su existencia ya está dada por la constitución como voluntad del constituyente.

3. La nulidad de obrados es la medida extrema.  

En el Auto Supremo N° 06/2015 de 08 de enero, se razonó lo siguiente: “La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil), establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación,  preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia…”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En la forma.

1. Respecto a la supuesta infracción del art. 51.IV de la Constitución Política del Estado, la interpretación errónea del art. 35.II del Código Procesal Civil y la incorrecta anulación de obrados.

El art. 17 de la Ley del Órgano Judicial establece que : ¨II. En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. III. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos¨.

De acuerdo al art. 265 del Código Procesal Civil se tiene que: ¨I El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación¨. 

A su turno el art. 108 del adjetivo civil señala: ¨ I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente Código. ¨ 

a) De lo anotado se colige que la nulidad puede decretarse a petición de parte o en su caso de oficio por un defecto insubsanable en la sentencia o por actos irregulares expresamente sancionados con nulidad.  

b) Las autoridades de segunda instancia al anular obrados argumentando que el Sindicato de Transporte Pesado Mejillones no existe jurídicamente y que el directorio carece de representación y legitimación activa en la causa, por no contar con personalidad jurídica, procedieron  erróneamente, pues de acuerdo al art. 51.IV de la Constitución Política del Estado, los sindicatos cuentan con personalidad jurídica por estar organizados y ser reconocidos por sus entidades matrices, como ocurre en la especie ya que el Sindicato de referencia tiene su fundación el 23 de marzo de 1964 con Resolución Suprema Nº 156691 de 30 de abril de 1971 y el directorio, los afiliados, la infraestructura, la sede, sus estatutos internos, sus actividades, demuestran su organización, además que fue reconocido por su máxima entidad como la Federación Departamental de Choferes San Cristóbal; consiguientemente, la medida adoptada debe ser revertida no solo por ser desafortunada sino también porque de acuerdo a la doctrina legal aplicable, los preceptos de la Constitución gozan de primacía frente a normas de rango inferior y la nulidad de obrados es una medida extrema y no la primera razón.        

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 17, 42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 106.I del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 174/2018 de 11 de octubre 1388-1395 vta., y dispone que sin espera de turno y previo sorteo el Tribunal Ad quem resuelva la apelación con la pertinencia del art. 265.I de la norma adjetiva civil.

Sin responsabilidad por ser excusable el error incurrido.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.  

Regístrese, comuníquese y devuélvase.  

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.