TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 493/2019        

Fecha: 17 de mayo de 2019

Expediente: O-3-19-S.

Partes: Esteban Ventura Martínez c/Empresa CONSTRUVEL OBRAS Y

            SERVICIOS S.R.L.  

Proceso: Cumplimiento de pago y otros.                                    

Distrito: Oruro.

VISTOS: Los recursos de casación que cursan de fs. 1246 a 1251 y 1259 a 1265 vta., interpuestos por Esteban Ventura Martínez y la Empresa Constructora CONSTRUVEL OBRAS Y SERVICIOS S.R.L., respectivamente,  contra el Auto de Vista Nº 309/2018 de 6 de noviembre, cursante a fs. 1231 a 1236, pronunciado por Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro el proceso  de cumplimiento de pago y otros; el Auto de Concesión de 17 de enero de 2019 de fs. 1272; Auto Supremo de Admisión Nº 72/2019-RA de fs.1278 a 1280; todo lo inherente; y: 

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO 

1. Esteban Ventura Martínez con memorial cursante de fs. 185 a 191, ampliado de fs. 203 a 212, modificado de fs. 236 a 245 vta., ampliado por segunda vez de fs. 250 a 260 vta., interpuso demanda ordinaria de cumplimiento de pago, daño emergente y lucro cesante contra la Empresa Constructora CONSTRUVEL OBRAS Y SERVICIOS S.R.L., declarándose la rebeldía de su representante legal, trámite que concluyó con la Sentencia Nº 304/2015 de 20 de octubre, cursante de fs. 590 a 594 vta., que declaró PROBADA la demanda, concediendo el plazo de 15 días para el pago de lo adeudado, derivando la concreción de la cuantía de los daños y perjuicios a la fase de ejecución  de la sentencia. 

2. Ante la insatisfacción con dicho fallo, la parte demandada apeló, mereciendo el Auto de Vista Nº 309/2018 de 6 de noviembre, cursante de fs. 1231 a 1236, que ANULÓ la Sentencia precitada con el fundamento principal de que: a) Por una parte, no puntualizó las pruebas por las que tomó convicción y las que desestimó por su impertinencia; b) Por otra parte, tampoco sustentó como es que las pruebas le llevaron a la decisión adoptada, circunstancias que les impidió revalorar la prueba,  defectos que dan lugar a la anulación, según lo previsto en el art. 108.I del Código Procesal Civil. 

En ese contexto histórico procesal se analiza el recurso de casación y se emite la presente decisión.            

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACION

II.1. Del recurso de casación en la forma.

Esteban Ventura Martínez.

1. Denunció que el Auto de Vista no dio razones del por qué se apartó del memorial de agravios, si en el no se pidió la anulación de la Sentencia ni de obrados hasta fs. 566 (Acta de audiencia complementaria), máxime si estaban obligados a circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación. Añadió que abrieron la posibilidad de que el juez A quo genere más prueba para decidir, por lo que se habría sembrado una incertidumbre e infringido el principio de congruencia, así como los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado, 108.I y 265.I del Código Procesal Civil.     

2. Alegó que los Vocales le otorgaron valor a un documento de venta efectuada por terceros, menospreciando el registro en la oficina pública, los comprobantes de pago de impuestos, los testimonios y los documentos relativos a su propiedad, lo que demostraría su parcialización con la parte contraria, asimismo, denunció que no tuvieron en cuenta la declaración de su padre y de ellos, incurriendo en valoración subjetiva.

Empresa Constructora CONSTRUVEL OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

1. La resolución de segunda instancia se apartó de resolver todos los agravios, por lo que vulneró el principio de Tantum devolutum quantum apellatum, porque no tendría facultad para revisar cuestiones que no fueron objeto del recurso, asimismo, no explicó por qué se apartaron de los puntos apelados, ya que en ello se pidió un nuevo examen de las pruebas que sirvieron de base para la Sentencia, siendo así, en todo caso correspondía revocar la Sentencia pero no anularla. De hecho, si el Auto de Vista efectuó valoración de la norma sustantiva, debió revocar la sentencia o confirmar, pero en ningún caso anular, proceder con el que se habría infringido el art. 108.I del Código Procesal Civil.

II.2. Del recurso de casación en el fondo.

Esteban Ventura Martínez.

1. Cuestionó que en segunda instancia consideraron que no es posible efectuar una nueva valoración, de algo que no lo hubiera hecho el director del proceso, cuando en realidad efectuaron una nueva apreciación de las pruebas  llegando a concluir que la empresa efectuó trabajos.

2. Que la Sentencia cumplió con los requisitos necesarios, en el que se efectuó una apreciación  individualizada  de pruebas, con cita de folios, explicando de qué manera se cumplió el sub contrato y la satisfacción en la entrega definitiva de la obra. De donde se advierte la vulneración del debido proceso y el incumplimiento del art. 145 del Código de rito.

Por lo que impetra la anulación del Auto de Vista, alternativamente solicito Case el citado fallo. 

Empresa Constructora CONSTRUVEL OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

1. Los documentos presentados por el demandante, constituyeron papeles domésticos por lo que no pueden ser considerados como prueba.

II.3. Contestación.

Esteban Ventura Martínez, respondió al recurso de casación interpuesto por CONSTRUVEL OBRAS Y SERVICIOS S.R.L., afirmando en lo principal que el recurso no cumple con las exigencias  legales, ya que se trata de un acopio ampuloso de antecedentes y los elementos probatorios producidos a lo largo de la instancia, incumpliendo así el art. 271.I de la Ley Nº 439.  

CONSIDERANDO III:     

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Los principios de eficacia y eficiencia en la práctica forense.

La jurisdicción ordinaria de acuerdo al art. 180 de la Constitución Política del Estado, establece: ¨se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso  e igualdad de las partes ante el juez¨. 

El precepto constitucional invocado  fue desarrollado en la Ley del Órgano Judicial, concretamente en el art. 30, que señala: ¨7. EFICACIA. Constituye  la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia.¨ ¨8. EFICIENCIA. Comprende la acción y promoción de una administración  pronta, con respecto de las reglas y las  garantías establecidas por la ley, evitando la demora procesal.¨

De lo anotado se colige que el Auto de Vista también constituye la plasmación de la justicia, misma que debe ser proferida en tiempo razonable, sin embargo, cuando la solución es incorrecta y por si fuera poco la misma se pronuncia años después, queda claro la falta de compromiso con la justicia eficiente y eficaz, al mismo tiempo se desnuda la completa indiferencia a la voz enérgica del pueblo boliviano, que reclama honradez, rapidez y justicia material.   

III.2. La trascendencia como presupuesto de la nulidad de obrados.

En el Auto Supremo N° 06/2015 de 08 de enero, se razonó lo siguiente: “La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil), establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación,  preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia…”.

¨En esa línea en el Auto Supremo No. 212/2016 de 11 de marzo entre otros, se señaló: “… el espíritu del Art. 17 de la Ley 025 que refiere de manera categórica en su p. III “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; verificando la incidencia que puedan tener en el debido proceso, es decir la trascendencia que puedan revestir, con la clara connotación de que no pueden ser consideradas ni declaradas de oficio, ya que al revestir interés particular, es a esa parte que le corresponde reclamar la presunta vulneración de algún derecho, en caso de no hacerlo, estará convalidando ese error, consecuentemente el Tribunal correspondiente no está autorizado para ingresar a revisar de oficio, es decir, está impedido el juzgador declarar la nulidad de oficio si ésta ha sido consentida.

En referencia a las nulidades específicas, si bien es cierto que por disposición de la norma están señaladas las nulidades que de oficio podrían declarar los Jueces, en sujeción a lo previsto en el art. 106 del Código Procesal Civil, no significa que por ello deban ingresar a anular de manera indefectible, sino habrá que considerar la trascendencia que reviste el acto considerado nulo, que tenga incidencia en el debido proceso y el derecho a la defensa, considerándose que no hay nulidades absolutas que indefectiblemente deban ser sancionados con nulidad…¨.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

En la forma.

1. Respecto a la anulación oficiosa de la Sentencia y obrados hasta la audiencia complementaria de fs. 566, proceder  con el que se habría infringido el principio Tantum devolutum quantum apellatum y los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado, 108.I y 265.I del Código Procesal Civil.     

El agravio precedente concentra los cuestionamientos de ambas partes, por su  similitud,  por lo que se brinda una única respuesta a dichos reclamos.  

Los Vocales anularon obrados hasta el acta de audiencia complementaria (fs. 566), medida que incluye la Sentencia, argumentando principalmente que el intérprete judicial no puntualizó las pruebas útiles, con las que tomó convicción y tampoco las que desestimó por su impertinencia; es más no hubo sustentado  cómo las pruebas le llevaron a la decisión adoptada, imperfecciones que les impidió revalorar la prueba,  aplicando lo previsto en el art. 108 - .I del Código Procesal Civil. 

Ahora bien, de acuerdo al art. 265.I del Código Procesal Civil, el auto de vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación y fundamentación.

Según el art. 108.I del adjetivo civil, los Vocales apreciarán si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de primera instancia.

A su turno el art. 106.II del citado Código, prescribe que la nulidad podrá ser declarada cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de sus fines y haber sufrido indefensión.

Finalmente el art. 17.III de la Ley del Órgano Judicial,  reza: ¨La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente la tramitación de los procesos¨.

Desde dicha perspectiva legal, queda claro que ciertamente los Vocales tienen la potestad de anular la sentencia y obrados, pero dicha facultad no está librada a su capricho o a la falta de conciencia y compromiso con la justicia pronta y eficaz como en el pasado, donde por cualquier defecto intrascendente anulaban actuaciones procesales, condenando a las partes a juicios largos y por ende al sufrimiento, lo que contribuyó a la mora procesal y  al colapso del sistema de justicia.

La nulidad de la sentencia solo puede decretarse cuando ella carece de fundamentación y motivación; es decir, por la falta de análisis de los hechos probados y no probados, omisión de evaluación de la prueba y cita de leyes en que se funda.

La actividad procesal se anula cuando esté expresamente marcada o cuando se haya provocado indefensión y no se haya consentido.

Las razones del Auto de Vista no son válidas, primero, porque la Sentencia reúne los requisitos especificados en el art. 213 del Código Procesal Civil. Segundo, si los tribunal de alzada considera que el material aportado por las partes es insuficiente para decidir la causa, debieron aplicar el principio de verdad material previsto en el art. 1 num.16 del Código Procesal Civil y plasmar la atribución prevista en el art. 264.I de la Ley antedicha y generar la prueba conducente, pero no derivarlo al decisor de primera instancia.

En todo caso no tomaron en cuenta que el actual sistema procesal sustituyó al juez pasivo por el juez dinámico, ahondando, que en segunda instancia se tiene las mismas atribuciones del inferior, por lo que su rol no se limita a fiscalizar sino también a generar prueba y propender a resolver el fondo y anular obrados solo cuando no haya otra opción, porque la nulidad no constituye la primera razón. 

Habiendo encontrado sustento legal en ambos reclamos, ya no es posible ingresar al examen de fondo. 

Por lo expuesto emitir resolución en la forma prevista por el art. 106.I del Código Procesal Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 17 y 42.I núm.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 106.I del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 309/2018 de 6 de noviembre, de fs. 1231 a l236, y dispone que sin espera de turno y previo sorteo el tribunal Ad quem, resuelva la apelación con la pertinencia del art. 265.I de la norma adjetiva civil.

Sin responsabilidad por ser excusable el error incurrido.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.  

Regístrese, comuníquese y devuélvase.  

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.