TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        S A L A  C I V I L 

       



Auto Supremo: 491/2019

Fecha: 17 de mayo de 2019

Expediente:        SC-6-19-S.

Partes: Narcizo Vargas Rojas c/ Fabiola Veirique Encinas, Empresa

            Nacional de Ferrocarriles y presuntos propietarios.

Proceso: Usucapión decenal.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 244 a 247, interpuesto por Beymar Escalier en su calidad de apoderado legal de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, contra el Auto de Vista Nº 259 de 2 de agosto de 2018, cursante de fs. 232 a 233 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal, seguido por Narcizo Vargas Rojas contra le empresa recurrente, Fabiola Veirique Encinas y presuntos propietarios; el memorial de contestación al recurso que cursa a fs. 255 y vta., el Auto interlocutorio de concesión del recurso Nº 22 de  12 de octubre de 2018 que cursa a fs. 256; el Auto Supremo de admisión Nº 96/2019-RA de 6 de febrero que cursa de fs. 265 a 266; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Narcizo Vargas Rojas por memorial de demanda que cursa a fs. 6 y vta., subsanado por memorial a fs. 16, inició proceso ordinario de usucapión decenal; demanda interpuesta contra Fabiola Veirique Encinas y presuntos propietarios, quienes fueron citados mediante edictos de prensa, como no se apersonaron al proceso, por decreto de 12 de septiembre de 2016 y 27 de enero de “2016” cursantes a fs. 85 y 99, se les designó defensor de oficio. Asimismo, por decreto de 29 de mayo de 2017 que cursa a fs. 113, se integró a la causa en calidad de litis consorcio pasivo necesario a la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE; empresa que una vez citada, por memorial que cursa de fs. 142 a 149, interpuso excepciones de incompetencia y demanda defectuosa, al margen de contestar negativamente a la demanda principal.

Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la ciudad de Montero de la provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz, mediante Sentencia Nº 13/2018 de 16 de abril, cursante de fs. 190 a 193 vta., declaró PROBADA en todas sus partes la demanda principal de usucapión decenal o extraordinaria; en consecuencia declaró al demandante propietario del lote de terreno y las mejoras introducidas en el bien inmueble ubicado en la Urbanización “Barrio Ferroviario”, Zona Este, Distrito 3, U.V.. 27, Lote s/n, Mza. Nº 36, sobre la Avenida Capitán Rafael Pabón, con una superficie de 438,40 m2; salvando los derechos que el Estado, Municipalidad y otras instituciones públicas pudieren tener sobre el bien inmueble objeto de la litis.

2. Resolución que, puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Beymar Escalier en su calidad de apoderado legal de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, mediante memorial de fs. 203 a 206, interpusiera recurso de apelación.

3. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nº 259 de 2 de agosto de 2018 que cursa de fs. 232 a 233 vta., donde los Jueces de Alzada en lo más trascendental de dicha resolución señalaron que ante el señalamiento de una nueva audiencia preliminar, esta fue practicada en secretaría del juzgado, sin que por ello se haya infringido alguna norma positiva por cuanto el art. 82 del Código Procesal Civil sería bastante claro sobre este punto, por lo que el hecho de que el domicilio de la entidad demandada sea en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y no en Montero, no resultaría viable para declarar la nulidad de obrados, toda vez que esta podría designar un apoderado especial para la atención del proceso. Asimismo, señalaron que, durante la tramitación de la causa, la empresa recurrente no aportó medio probatorio alguno por el cual se demuestre de manera fehaciente que el inmueble objeto de la litis fuese de su propiedad y si bien el Gobierno Autónomo Municipal de Montero informó que el predio se encontraría en terrenos de ENFE empero dicha afirmación no habría sido respaldada por la referida entidad apelante. En virtud a dichos fundamentos el citado Tribunal de Alzada CONFIRMÓ totalmente la sentencia apelada.

4. Fallo de segunda instancia que, puesta en conocimiento de las partes, ameritó que Beymar Escalier en su calidad de apoderado legal de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, interpusiera recurso de casación, el cual se pasa a analizar:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Arguye que el Tribunal de Alzada habría ignorado la certificación de fs. 44 emitida por la Dirección Municipal del Plan Regulador que indicaría que el predio objeto de la litis se encontraría dentro de los terrenos de ENFE, certificación que no habría respaldado con otro medio probatorio, porque dicha prueba se constituiría en plena conforme lo estipula los arts. 1290, 1296 del sustantivo civil, por lo que considera que debió aplicarse los arts. 134 y 137 del Código de Procedimiento Civil.

2. Denuncia que los Jueces de Alzada solo se habrían limitado a señalar que la empresa recurrente no presentó medios probatorios, sin ser claros sobre los demás extremos apelados, como el hecho de que al ser el bien inmueble objeto de la litis de dominio público, no podría ser objeto de usucapión.

Por los fundamentos expuestos solicita se case el Auto de Vista recurrido.

De la respuesta a los recursos de casación.

Narcizo Vargas Rojas por memorial que cursa a fs. 255 y vta., contesta al recurso de casación de la entidad co demandada, bajo los siguientes fundamentos:

- Aducen que no es evidente la trasgresión o errona aplicación de la ley, toda vez que la parte recurrente durante la tramitación del proceso no habría adjuntado prueba alguna que acredite registro público sobre el bien inmueble objeto de la litis.

- Que el Auto de Vista habría resuelto todos los extremos apelados, asimismo, añade que la parte recurrente tuvo la oportunidad en segunda instancia de producir prueba, sin embargo, se habría limitado a reiterar argumentos.

- Que no existe vulneración del debido proceso, ya que la resolución recurrida respondería a los principios del debido proceso.

Por los fundamentos expuestos solicita se declare inadmisible o infundado el recurso de casación, con la imposición de costas.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. Sobre la nulidad de oficio.

El art. 106.I del Código Procesal Civil, refiere que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, revisión de oficio, que corresponde realizar en aplicación del principio de eficacia que deben contener las resoluciones judiciales, conforme prescribe el art. 180.I de la CPE.

Al respecto, el art. 17.I de la Ley Nº 025 Ley del Órgano Judicial señala: “La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley”; en este entendido, a los Tribunales les es permisible la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo, que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado, por lo que en el caso de que un Juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, este en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria puede tomar una decisión anulatoria.

III.2. Sobre la legitimación pasiva en los procesos de usucapión.

La usucapión también llamada prescripción adquisitiva, es un modo de adquirir la propiedad de un bien, previsto en el art. 138 del Código Civil, esta acción compete a aquellas personas que mediante el transcurso de cierto tiempo bajo las condiciones establecidas por ley han poseído un bien inmueble y se ejerce contra quien aparezca como propietario de ese bien en el registro público de la propiedad, con la finalidad de que se declare que se ha consumado la misma y que se ha adquirido el inmueble por prescripción; empero, esta acción no operaria si la prescripción adquisitiva se demanda a alguien que no fuera verdadero propietario; además no tendría sentido atribuir abandono del inmueble a quien no es realmente el propietario, menos sería lógico sancionar a quien no puede imputársele la calidad de propietario negligente, porque solo su actitud de abandono y negligencia podría constituir la causa para el acogimiento de la acción de prescripción.

En ese contexto, la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros Autos Supremos, emitió el Nº 262/2011 de 25 de Agosto, donde señaló que: "...La usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure, en el Registro de Derechos Reales, como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, sólo así la Sentencia que declare la usucapión producirá válidamente ese doble efecto.

El sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura, en el Registro de Derechos Reales, como titular del bien a usucapir, por ello el actor debe acompañar con la demanda la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez que es contra él -el actual propietario-, que se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión…” (El resaltado nos pertenece).

Por otra parte, en el Auto Supremo Nº 185/2012 de 27 de junio, se manifestó que: “…es obligación de quien pretende usucapir efectuar un detalle o relación registral de quienes figuraron como propietarios en los registros de Derechos Reales, por una parte; por otra es obligación del juez solicitar esta certificación o tradición registral antes de admitir la demanda a los fines de que a quien se demanda sea el legitimado pasivo.” (Las negrillas son nuestras).

Finalmente el Auto Supremo N° 04/2014 de 05 de febrero 2014 orientó que: “En caso de no ser posible identificar al titular registral del inmueble, se debe agotar su averiguación a nivel de otras instancias como ser en la respectiva Alcaldía Municipal quien también debe emitir certificaciones a través de su área técnica y Catastro estableciendo a nombre de quien se encuentra registrado el inmueble, especificando con total exactitud la ubicación, extensión, colindancias y otros aspectos que permitan una adecuada identificación…” (El resaltado pertenece a esta resolución).

De acuerdo a lo anotado, se puede inferir que en la usucapión decenal, para que se genere el efecto extintivo para el usucapido y el efecto adquisitivo para el usucapiente, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien o quienes figuren en el registro público de propiedad, en cuyo entendido, es obligación de quien pretende usucapir efectuar un detalle o relación registral de quienes figuraron como propietarios en los registros de Derechos Reales y en caso de no ser posible identificar al titular registral del inmueble, se deberá acudir a otra documentación que pueda permitir advertir tal extremo (certificaciones de Gobiernos Municipales, entre otras), de tal manera que los últimos propietarios obligatoriamente deban participar como demandados en el proceso de usucapión para generar el efecto extintivo de su derecho de propiedad, pues solo el que se encuentre con la legitimación pasiva puede emitir una contestación en forma afirmativa o negar la usucapión en ejercicio de sus derechos.

III.3. Sobre el derecho a la defensa.

La Constitución Política del Estado, en su art. 115.II, establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; precepto constitucional concordante con la previsión contenida en el art. 9, cuando señala que el Estado: “Garantiza el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución”.

Bajo este marco normativo, el órgano jurisdiccional, encargado de impartir justicia, tiene la delicada responsabilidad de disponer el desarrollo de actos procesales en igualdad de oportunidades de las partes, observando y aplicando el procedimiento previsto en la ley, con la finalidad de garantizar el ejercicio de derechos fundamentales, como ser el de defensa, impugnación y otros, siendo su fin último materializar una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas.

En este sentido, el derecho a la defensa, reconocido por el art. 119.II de la CPE, dispone que: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa…”, que implica la potestad inviolable de toda persona sometida a juicio a ser escuchada, presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo y haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea, siempre dentro del marco de la igualdad de partes que la propia Constitución Política del Estado, impone a los juzgadores a efectos de asegurar que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, razonamiento asumido por la SC N°1490/2004-R de 14 de septiembre.


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En cumplimiento de lo estipulado en el art. 106 del Código de Procedimiento Civil con relación al art. 17 de la Ley Nº 025 Ley del Órgano Judicial, cuyos alcances previenen la obligación que tienen los jueces y Tribunales, de realizar el examen de oficio de las actuaciones procesales, tal como ya se refirió en el punto III.1. de la doctrina aplicable al presente caso, es que a continuación corresponde realizar las siguientes precisiones:

- Por memorial a fs. 6 y vta., Narcizo Vargas Rojas interpuso demanda ordinaria de usucapión decenal o extraordinaria sobre un lote de terreno ubicado en la Zona Este, U.V. 26, Lote Nº 5, Manzana Nº 36 de la Urbanización Ferroviario sobre la Avenida Capitán Rafael Pabón de la ciudad de Montero del Departamento de Santa Cruz, inmueble que tendría una superficie de 449,15 m2. Como hechos fácticos el demandante refirió que el citado bien inmueble lo hubiese adquirido en calidad de compra mediante un trato verbal celebrado con Fabiola Veirique Encinas, por lo que una vez adquirido el predio habría procedido a construir su vivienda y a realizar mejoras como la instalación de servicios básicos, ejerciendo de esta manera posesión en calidad de dueño por más de 15 años de forma pacífica, continua y pública sin que haya sufrido perturbación o molestias de terceras personas; bajo esos antecedentes, interpuso la presente acción contra Fabiola Veirique Encinas y contra presuntos propietarios, adjuntando en calidad de prueba documental pre constituida fotocopias simples de su carnet de identidad, plano de levantamiento fotográfico y de un muestrario fotográfico más dos facturas originales de servicios básicos.

- Sin embargo, la citada demanda fue observada por el Juez A quo a través del decreto de  21 de agosto de 2015 que cursa a fs. 7, pues dicha autoridad consideró que tomando en cuenta el tipo de proceso debería acompañarse prueba documental que respalde su pretensión, como ser fotografías originales, plano de ubicación original, pagos de servicios básicos e impositivos y otros.

- De esta manera, la demandada por memorial que cursa a fs. 16, adjuntó plano de ubicación y mensura, muestrario fotográfico y facturas por servicios básicos; empero el juez de la causa, previamente a admitir la demanda, en vista de que lo adjuntado no sería prueba suficiente para su admisión, es que en cumplimiento de la Circular Nº 13/2007 emitida por la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dispuso que se oficie a diversas unidades del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, a las instituciones que prestan los servicios básicos y a Derechos Reales, debiendo esta última certificar si Fabiola Veirique Encinas tendría registrado a su nombre el lote de terreno objeto de usucapión o a nombre de que otra persona se encontraría registrado el bien inmueble objeto de la litis.

- En virtud a esta observación, cursa en obrados las certificaciones emitidas por las instituciones citadas anteriormente, resaltando el oficio de “remisión técnica” emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Montero (fs. 44), donde además de adjuntar el informe técnico, certificado de uso de suelo, plano de ubicación y exposición fotográfica del inmueble en cuestión, señalaron que el terreno se encontraría ubicado dentro de los predios de ENFE (Estación ferroviaria de Montero). De igual forma, sobresale la certificación emanada por la Sub Registradora de Derechos Reales de la Ciudad de Montero que cursa a fs. 47, donde informó que para brindar la información requerida necesitaría el registro del bien inmueble, vale decir el número de matrícula, partida o libros, datos que, al no haber sido proporcionados, operativa y técnicamente imposibilitaría extender el certificado de propiedad del inmueble de referencia.

- En virtud a esos antecedentes, el juez de la causa por Auto de  4 de julio de 2016 cursante a fs. 71, admitió la demanda y dispuso la citación a Fabiola Veirique Encinas y presuntos propietarios, quienes fueron citados mediante edictos de prensa y al no haberse apersonado al proceso se les designó defensor de oficio, quien se apersonó al proceso por memorial de fs. 87 y 101.

- Sin embargo, instalada la audiencia preliminar, en la vía de saneamiento procesal, el juez de la causa, en virtud a la revisión de las certificaciones cursantes a fs. 41, 3 y 44, que informaron que el bien inmueble objeto de la litis se encontraría ubicado en predios de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE, decidió reconducir el trámite del proceso para que todos los sujetos que se involucren en la relación jurídica controversial estén a derecho, disponiendo que la parte demandante integre a la litis en calidad de litis consorcio pasivo necesario en forma debida a ENFE.

- De esta manera, ante la debida citación de la empresa ENFE, esta, por memorial que cursa de fs. 142 a 149, se apersonó a la causa a través del apoderado legal de la Empresa Nacional de Ferrocarriles Red Oriental, oponiendo excepciones de incompetencia y demanda defectuosa, y a su vez negó los extremos demandados arguyendo que dicha entidad sería legítima propietaria del terreno objeto de la litis, tal como lo informarían las certificaciones adjuntas a la causa que fueron emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Montero. Sin embargo, al citado memorial únicamente adjuntaron el Poder Especial Notariado Nº P-427/2017 de 8 de junio que fue conferido a Beymar Escalier.  

- Bajo estos presupuestos, la causa siguió su curso normal, y ante la producción de prueba testifical e inspección judicial de cargo, el Juez de la causa emitió la Sentencia Nº 13/2018 de  16 de abril que cursa de fs. 190 a 193, declarando probada la pretensión principal, disponiendo que una vez ejecutoriada dicha resolución se ministre posesión al demandante y posteriormente se proceda a la inscripción en Derechos Reales. Resolución que fue confirmada por el Auto de Vista Nº 259 de 2 de agosto de 2018. 

De lo expuesto, y toda vez que la usucapión declarada judicialmente produce doble efecto (adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido), conforme se señaló en el punto III.2 de la doctrina aplicable al caso de autos, resulta indispensable que se integre a la litis al titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, pues solo así la sentencia que declare probada la usucapión producirá válida y eficazmente ese efecto, no existiendo de esta manera la posibilidad de que la demanda se dirija contra una persona distinta de quien figura como actual titular del derecho en los registros públicos de propiedad (Derechos Reales) o contra personas no identificadas denominadas generalmente “presuntos propietarios”.

Bajo ese razonamiento, ya en el caso de autos, conforme las precisiones citadas supra, se advierte que en obrados no cursa medio probatorio idóneo que acredite que la titular del derecho propietario del bien inmueble objeto de la litis sea la codemandada Fabiola Veirique Encinas, pues además de lo alegado por el demandante, en sentido de que esta persona le hubiese transferido el bien inmueble a través de un acuerdo verbal, que para nada implica que esta sea o haya sido la titular del predio, no existe prueba documental alguna emanada por la oficina de Derechos Reales (folio real, informe rápido o certificación treintañal) que demuestre que evidentemente esta sea la actual titular del bien inmueble y por dicha razón deba ser sujeto pasivo en el presente proceso; del mismo modo, si bien se integró a la litis a la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE, en calidad de sujeto pasivo (demandado) porque las certificaciones emanadas por el Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Montero refirieron que el predio en cuestión se encontraría en terrenos de dicha entidad estatal, empero estas documentales, como las alegaciones del demandante, tampoco se constituyen en prueba que acredite titularidad de dominio, ya que el medio probatorio idóneo para demostrar dicho extremo es el registro en Derechos Reales; por lo tanto era obligación del demandante efectuar un detalle o relación registral del bien inmueble objeto de litis, para así identificar a la persona que figura como propietario en los Registros de Derechos Reales, y en caso de que el demandante no hubiese cumplido con dicha exigencia, era deber del juez de la causa solicitar esa certificación o tradición registral antes de admitir la demanda a los fines de que a quien se demanda sea evidentemente el legitimado pasivo.

Por tanto, al ser indispensable que la acción de usucapión sea establecida entre los titulares de la relación jurídica, es decir entre el poseedor frente al propietario del bien inmueble que se pretende adquirir, es obligación del juez de primera instancia, previamente a admitir la demanda, además de exigir el cumplimiento de los requisitos señalados en el art. 110 del Código Procesal Civil, realizar un examen minucioso de la acción pretendida para determinar si la demanda resulta o no proponible, analizando entre otros extremos, si el bien inmueble es o no susceptible de usucapión, para lo cual deberá determinar si el inmueble es privado, público o está dentro del comercio humano, toda vez que los bienes de dominio público conforme lo establece la misma Constitución Política del Estado en su art. 339.II, son bienes inviolables, inembargables, inexpropiables e imprescriptibles; por lo que no puede el juez de la causa, bajo ninguna circunstancia, como erradamente lo hizo en la sentencia de primera instancia, “salvar los derechos del Estado”, cuando por lo ya expuesto, estas dudas sobre la titularidad de dominio del bien inmueble objeto de la litis, debieron ser dilucidadas previamente a admitirse la demanda, para no desencadenar problemas a posteriori, como la emisión de una decisión judicial fraudulenta, generando inseguridad jurídica, no solo para el demandante sino para las personas que llegasen a tener una relación de derecho tanto con el usucapiente como con el titular del derecho de propiedad que no fue demandado.

Bajo ese razonamiento, corresponde disponer la nulidad procesal hasta el Auto de admisión de la demanda que cursa a fs. 71, a efectos de que el juez de la causa, en resguardo de los principios del debido proceso, defensa, verdad material y de eficacia, identifique plenamente al sujeto pasivo contra quien pueda operar el efecto extintivo que genera la usucapión.

Por todas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.III del Código Procesal Civil con relación al art. 106 del citado cuerpo legal.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III en concordancia con el art. 106 ambos del Código Procesal Civil, ANULA obrados hasta fs. 71 inclusive, es decir hasta el Auto de admisión de la demanda de  04 de julio de 2016, con la finalidad de que se establezca la correspondiente legitimación pasiva, como presupuesto de admisibilidad de la demanda.

Siendo excusable el error en que han incurrido los Vocales del Tribunal de Segunda Instancia signatarios del Auto de Vista impugnado, no se impone multa.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, comuníquese la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berríos Albizu.