TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                          S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 489/2019       

Fecha: 17 de mayo de 2019                     

Expediente: LP-10-19-S

Partes: Beltina Menacho Vda. de Quiroga tutora legal de Luis Fernando López

            Quiroga c/Marco Antonio Albarracín Rocha y Griselda Trigo de

            Albarracín.

Proceso: Nulidad relativa o anulabilidad de Escrituras Públicas, cancelación de

               registro y reposición de partida en Derechos Reales.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 586 a 588, interpuesto por Beltina Menacho Vda. de Quiroga en su calidad de tutora legal de Luís Fernando López Quiroga, contra el Auto de Vista Nº 727/2018 de 26 de octubre, cursante de fs. 582 a 584 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad relativa o anulabilidad de Escrituras Públicas, cancelación de registro y reposición de partida en Derechos Reales, interpuesto por la parte recurrente contra Marco Antonio Albarracín Rocha y Griselda Trigo de Albarracín, la respuesta al recurso de casación de fs. 592 a 594 vta., el Auto de concesión del recurso de 29 de noviembre de 2018 cursante a fs. 595; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Con base en la demanda de fs. 147 a 150, modificada por memorial fs. 164 a 167, aclarada por fs. 168, Beltina Menacho Vda. de Quiroga en su calidad de tutora legal de Luis Fernando López Quiroga, inició proceso ordinario de nulidad relativa o anulabilidad de Escrituras Públicas, cancelación de registro y reposición de partida en Derechos Reales; acción que fue dirigida contra Marco Antonio Albarracín Rocha y Griselda Trigo de Albarracín, quienes una vez citados, por memorial que cursa de fs. 223 a 229 vta., platearon excepción de prescripción, respondieron a la demanda e interpusieron demanda reconvencional de usucapión quinquenal, declarándose improbada la excepción; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse la Sentencia Nº 116/2018 de 18 de abril, cursante de fs. 554 vta. a 560 vta.,  donde el Juez Público Civil y Comercial Décimo Octavo de la ciudad de La Paz, declaró IMPROBADA en todas sus partes la demanda principal, e IMPROBADA la demanda reconvencional. Sin costas.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Beltina Menacho Vda. de Quiroga en su calidad de tutora legal de Luis Fernando López Quiroga, a través del memorial de fs. 564 a 567, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 727/2018 de 26 de octubre cursante de fs. 582 a 584 vta., que CONFIRMÓ la sentencia apelada.

El Tribunal de alzada sostuvo que, si bien se declara probada la interdicción, en ellas no consta de manera expresa pronunciamiento de las autoridades judiciales sobre el hecho de la fecha desde la cual Fernando Luis López Quiroga tendría dicha capacidad.

Sobre el informe de fs. 410 a 426, conforme el A quo concluyó que este no fue corroborado con otros elementos que establezcan el tratamiento y diagnóstico que se haya sometido el apelante desde su infancia y en forma cronológica hasta el momento de la suscripción del contrato, y menos se ha demostrado la mala fe de los compradores; razonamiento que se encuentra acorde a los datos del proceso, así se tiene de fs. 202 a 203 donde el apelante declaró ante la FELCC afirmando que está sano y no enfermo, que no es retrasado mental, ratifica la venta de la casa, que efectuó declaratoria de herederos a la muerte de su madre.

Otros extremos importantes que son necesarios tener presentes son la otorgación de poderes que hubo efectuado Fernando Luis López Quiroga en un principio en favor de Rosa Quiroga Vda. de Ballesteros y Rubén Quiroga Bozo en uso de sus atribuciones, otro poder en favor de Alejandra Sempértegui Gonzales, actos que se contraponen precisamente con lo afirmado en el Informe de fs. 410 a 426, incumpliendo la parte actora con lo dispuesto por el art. 375 num. 1) del CPC, y 1283 del CC, al no haber aportado mayor prueba apta, idónea y sobre todo contundente.

Sobre las declaraciones testificales el Ad quem señaló que tanto las de cargo como descargo no son contestas e uniformes porque se contraponen y son contradictorias, ya que tampoco se podría basar en la sumatoria de cuantos declararon a favor o cuantos en contra, porque el análisis debe ser integral.

Finalmente, la parte apelante no fundamentó, ni menos acreditó la mala fe con la que actuaron los demandados, que elemento demuestra ello y dónde consta, y por ello ratificó la resolución del A quo.        

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De la revisión del recurso de casación, se observa que Beltina Menacho Vda. de Quiroga como tutora legal de Luis Fernando López Quiroga, en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusó:

  1. Errónea interpretación y violación de los arts. 554 num. 3), 555 y 556.II del Código Civil, además de los arts. 134, 136 y 145 del Código Procesal Civil en cuanto se refiere a la inadecuada valoración de las pruebas aportadas por la parte demandante, toda vez que en primera instancia habría aportado pruebas idóneas que no recibieron valor legal alguno por el Juez A quo, como la declaratoria de interdicción que se sustanció en el Juzgado Quinto Familiar de La Paz, proceso en el cual se produjo suficiente prueba que acreditaría la incapacidad plena de Fernando Luis López Quiroga, como la pericial que es considerada como prueba esencial para la declaración de interdicción de una persona.
  2. Consideró que el proceso de interdicción citado supra, así como las pruebas detalladas en el mismo, no fueron valoradas adecuadamente por el Tribunal Ad quem, desconociendo el principio de unidad y comunidad de la prueba, así como los arts. 1287, 1289, 1309 del Código Civil, por no haberse dado valor alguno a la sentencia pronunciada en dicho proceso.

La parte demandante solicita se case el auto de vista recurrido y en su efecto se declare probada la demanda principal e improbada la demanda reconvencional.

De la respuesta al recurso de casación.

La parte demandante en cumplimiento al art. 276.II del Código Procesal Civil solicitó se conceda el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, cuyas autoridades, previa revisión y análisis de los antecedentes del caso, pruebas aportadas, recurso defectuosamente interpuesto, determinar su improcedencia o en su caso, declarar infundado. 

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. De la incapacidad.

Luis Diez Picazo y Antonio Gullón en su texto “Sistema de Derecho Civil” págs. 301 y 302, sobre la incapacidad señalan: “Es un estado civil de la persona física que se declara judicialmente cuando en ella concurre alguna de las causas tipificadas legalmente y que tiene como efecto principal la limitación de su capacidad de obrar y, en consecuencia, la sumisión a la tutela.

El mismo término de “incapacitación” nos suscita la idea de que la restricción de la capacidad es algo externo a la misma persona, algo que proviene de afuera. En efecto, el estado civil antedicho no se adquiere más que cuando existe una declaración judicial al efecto, que es el procedimiento motivado porque la persona se encuentra en algunas de las causas tipificadas por el ordenamiento jurídico como de incapacitación. El loco, por ejemplo, sigue siendo loco, aunque no haya declaración judicial de incapacidad; pero la constatación jurídica, por razones de prudencia y seguridad, exige seguir un procedimiento cuyo fin podrá ser la resolución jurisdiccional de incapacitación.”


Asimismo, Guillermo A. Borda, en su libro Tratado de Derecho Civil en su Parte General pág. 471 explicó sobre los requisitos de la declaración judicial. “Ninguna persona será habida por demente, (…), sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por juez competente.


Los términos de este artículo son demasiado amplios y pueden inducir a error. Lo que el codificador ha querido significar es que nadie puede estar sometido a interdicción y bajo la representación necesaria de un curador sin verificación previa de la insania por el juez competente. Pero ello no quiere decir, sin embargo, que la demencia de hecho, es decir, la no declarada judicialmente, no produzca ningún efecto: los actos celebrados en este estado son anulables.”


En nuestra normativa sustantiva civil el art. 554 num. 3) refiere: “Porque una de las partes, aun sin haber sido declarada interdicta, era incapaz de querer o entender en el momento de celebrarse el contrato, siempre que resulte mala fe en la otra parte, apreciada por el perjuicio que se ocasione a la primera según la naturaleza del acto o por otra circunstancia.”


Disposición normativa concordante con el art. 484 del Código Civil que versa: “(Incapaces). I. Son incapaces de contratar los menores de edad, los interdictos y en general aquellos a quienes la ley prohíbe celebrar ciertos contratos.

II. El contrato realizado por persona no sujeta a interdicción, pero incapaz de querer o entender en el momento de la celebración, se considera hecho por persona incapaz si de dicho contrato resulta grave perjuicio para el autor y hay mala fe del otro contratante.” 


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. La parte recurrente reclama que los arts. 554 num. 3), 555 y 556.II del Código Civil, fueron erróneamente interpretados por los de instancia, además inadecuada valoración de las pruebas aportadas por la parte actora, toda vez que en primera instancia habría aportado pruebas idóneas que no recibieron valor legal alguno por el Juez A quo, como la declaratoria de interdicción que se sustanció en el Juzgado Quinto Familiar de La Paz, proceso en el cual produjo suficiente prueba que acreditaría la incapacidad plena de Fernando Luis López Quiroga, como la pericial que es considerada como prueba esencial para la declaración de interdicción de una persona. Desconociendo el principio de unidad y comunidad de la prueba, así como los arts. 134, 136 y 145 del Código Procesal Civil, concordante con los arts. 1287, 1289, 1309 del Código Civil.

Planteados así los agravios, se tiene que la parte demandante, ahora recurrente, en la acción deducida contra Marco Antonio Albarracín Rocha y Griselda Trigo de Albarracín, pretenden la anulabilidad de Escrituras Públicas, cancelación de matrículas y reposición de partida en Derechos Reales, bajo el siguiente argumento:

Que aprovechando los antecedentes físicos y psicológicos (retraso mental grave) del demandante Fernando Luis López Quiroga, los ahora demandados, ex inquilinos esposos Albarracín, en contra de la ley, la moral, las buenas costumbres y de mala fe, le hicieron suscribir dos documentos de compra venta para adquirir la totalidad del único inmueble que poseía en la Zona Villa la Merced, calle Palos Blancos N° 1257 de la ciudad de La Paz. Por otro lado, también le hicieron firmar el documento de venta de la línea telefónica con número de contrato 21004352. De los cuales no recibió dinero por dichas transferencias, motivo por el cual todos los actos de disposición realizados son anulables de pleno derecho.

De la relación precedente y los agravios planteados, se evidencian dos extremos a verificar: a) Si Fernando Luis López Quiroga era incapaz al momento de suscribir las Escrituras Públicas demandadas de anulabilidad y b) si se vulneraron los arts.  554 num. 3), 555 y 556.II del Código Civil, además de los arts. 134, 136 y 145 del Código Procesal Civil.

Entrando a resolver el recurso de casación, se dirá que Luis Diez Picazo y Antonio Gullón en su texto “Sistema de Derecho Civil” págs. 301 y 302, sobre la incapacidad señalan: “Es un estado civil de la persona física que se declara judicialmente cuando en ella concurre alguna de las causas tipificadas legalmente y que tiene como efecto principal la limitación de su capacidad de obrar y, en consecuencia, la sumisión a la tutela.

El mismo término de “incapacitación” nos suscita la idea de que la restricción de la capacidad es algo externo a la misma persona, algo que proviene de afuera. En efecto, el estado civil antedicho no se adquiere más que cuando existe una declaración judicial al efecto, que es el procedimiento motivado porque la persona se encuentra en algunas de las causas tipificadas por el ordenamiento jurídico como de incapacitación. El loco, por ejemplo, sigue siendo loco, aunque no haya declaración judicial de incapacidad; pero la constatación jurídica, por razones de prudencia y seguridad, exige seguir un procedimiento cuyo fin podrá ser la resolución jurisdiccional de incapacitación.”


Asimismo, Guillermo A. Borda, en su libro Tratado de Derecho Civil en su Parte General pág. 471 explicó sobre los requisitos de la declaración judicial. “Ninguna persona será habida por demente, (…), sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por juez competente.


Los términos de este artículo son demasiado amplios y pueden inducir a error. Lo que el codificador ha querido significar es que nadie puede estar sometido a interdicción y bajo la representación necesaria de un curador sin verificación previa de la insania por el juez competente. Pero ello no quiere decir, sin embargo, que la demencia de hecho, es decir, la no declarada judicialmente, no produzca ningún efecto: los actos celebrados en este estado son anulables.”

Esta postura doctrinal concuerda con lo que establece el art. 554 num. 3) de la norma sustantiva de la materia que de manera literal indica: “Porque una de las partes, aun sin haber sido declarada interdicta, era incapaz de querer o entender en el momento de celebrarse el contrato, siempre que resulte mala fe en la otra parte, apreciada por el perjuicio que se ocasione a la primera según la naturaleza del acto o por otra circunstancia.”


Disposición normativa concordante con el art. 484 de la norma sustantiva civil que versa: “(Incapaces). I. Son incapaces de contratar los menores de edad, los interdictos y en general aquellos a quienes la ley prohíbe celebrar ciertos contratos.


II. El contrato realizado por persona no sujeta a interdicción, pero incapaz de querer o entender en el momento de la celebración, se considera hecho por persona incapaz si de dicho contrato resulta grave perjuicio para el autor y hay mala fe del otro contratante.”  


Conforme la comunidad de la prueba de fs. 1 a 8 vta., se desprende algunas piezas en original dentro del proceso de interdicción, donde Luis Fernando López Quiroga es declarado interdicto mediante resolución N° 685/2015 de 15 de septiembre por el Juez Quinto de Partido de Familia de la ciudad de La Paz, nombrando como tutora a su tía política Beltina Menacho Vda. de Quiroga, dicha sentencia fue consentida por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.


Por otro lado, de fs. 18 a 20 cursa informe de evaluación neuropsicología elaborado por la Lic. María Terán Quiroga, Psicóloga en Neuropsicología de 28 de febrero de 2014; concluyendo que el paciente sufre de déficit cognitivo grave, en funciones de memoria, atención y lenguaje.


A fs. 25, se observa informe médico evacuado por la Dra. Teresa Quiroga Morales Psiquiatra del Hospital de Clínicas Universitario de 16 de abril de 2015 concluyendo que el paciente Luis Fernando López Quiroga padece de retraso mental moderado a grave.


De fs. 26 a 36, cursa informe médico de psiquiatría del Hospital de Clínicas Universitario de 16 de abril de 2015 realizado por el Lic. Luis Ramos Castro, que concluyó que el paciente obtuvo un cociente intelectual de 48, lo que refleja un bajo nivel de funcionamiento intelectual. 


Asimismo, se tiene el informe pericial de fs. 61 a 77, evacuado por la médico psiquiatra forense Dra. Libertad Pacheco que en sus conclusiones refiere: “el examinado Fernando Luis López Quiroga, presenta un retraso mental moderado, lo cual supone un C.I. aproximado que se encuentra en el rango de 35-49 (en adultos con una edad mental se seis a nueve años), sin embargo, las dificultades en la conducta adaptativa le hacen encuadrable en una categoría superior (retraso mental grave). Es decir, a pesar de haber adquirido una comunicación adecuada, no es independiente en el cuidado personal y vida doméstica (lo que supone que no es capaz en áreas adaptativas, precisando un permanente entorno de protección), además, presenta déficit en la actividad adaptativa en áreas como habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad. En este sentido más que hablar de un Retraso Mental Moderado, dadas las deficiencias adaptativas, creemos que el examinado Sr. FERNANDO LUIS LOPEZ QUIROGA sería encuadrable dentro de retraso mental Grave y en ese contexto deben entenderse los hechos de trascendencia jurídica que han motivado su Evaluación Pericial.


La etiología (causa) es orgánica, padece el cuadro de déficit cognitivo desde la etapa perinatal (presente desde el nacimiento), con las complicaciones físicas mencionadas en el informe.


La enfermedad es persistente y el curso y pronóstico de dicha deficiencia no admite reversibilidad por mejoría, aunque tampoco progresará hacia un mayor déficit, a excepción de que se agraven en el futuro las patologías concurrentes que padece.


Y el diagnóstico psiquiátrico forense determinó: “el examinado Sr. FERNANDO LUIS LOPEZ QUIROGA para el momento del hecho impugnado, no tenía aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes por causa de inmadurez psicológica, en el contexto de una falta de maduración global, de severidad suficiente y perfectamente instaurada en varias áreas de la personalidad del examinado y que explícitamente impidió, en el momento de su acción, obrar con pleno conocimiento de causa y con libre capacidad de autodeterminación.

Por último, debe subrayarse el hecho de que el examinado FERNANDO LUIS LOPEZ QUIROGA por su propio desarrollo y su personalidad. Puede ser fácilmente estafado, robado, acepta con prontitud sin dudar de la honestidad del ofrecimiento, factores que. Indudablemente, requieren de protección civil, por lo que en beneficio del presunto incapaz, nos pronunciamos por una supervisión en la figura de un tutor.”  (Las negrillas nos corresponden).


Asimismo, de las testificales evacuadas por Darlin Deidania Noe Brus que fuera en otra inquilina del demandante en el inmueble ahora objeto de litis cursante de fs. 343 a 345, se desprende que Luis Fernando López Quiroga dependía siempre de otra persona, que no era independiente y era fácilmente manipulable y la declaración testifical de Benita Esperanza Poma Morales de fs. 345 a 347 la misma indicó que conoció al demandante cuando estaba mal de la mente, que no se valía por sí mismo, sino que dependía de don Rubén y doña Cristina.

De todo lo expresado supra se puede entender meridianamente que Luis Fernando López Quiroga padece de un retraso mental desde la etapa perinatal, es decir, desde la infancia.


Lo que ahora corresponde a este Tribunal Supremo es realizar el examen del art. 554 num. 3) del Código Civil, y de la interpretación teleológica del aludido artículo se entiende claramente que no es necesario la declaración de interdicto, ya que aun así no hubiese sido declarado incapaz anteriormente la parte actora, no le resta importancia de que al momento de celebrarse el contrato Luis Fernando López Quiroga fuere incapaz para suscribir los contratos demandados de anulabilidad. Presupuesto que protege la nombrada norma sustantiva de la materia.


Conforme la prueba, se demuestra en forma manifiesta que Luis Fernando López Quiroga se encontraba en estado de incapacidad absoluta al momento de suscribir las Escrituras Públicas N° 040/2008 y 041/2008 ambas de 24 de marzo, así como de la transferencia de la acción telefónica con número de contrato 21004352 plasmado en la Escritura Pública N° 91/2209 de 8 de septiembre, ya que si bien la parte actora suscribió los contratos de transferencia tanto del bien inmueble como la acción telefónica, de acuerdo a las evaluaciones realizadas por los profesionales que diagnosticaron al demandante se llegó a establecer que el mismo cuenta con un cociente intelectual de 35 a 49 y una edad mental de 6 a 9 años,  el cual se encuentra clasificado en un rango de retraso mental de moderado a grave, en tal razón el CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades), ponderó que los individuos incluidos en esta categoría presentan una lentitud en el desarrollo de la comprensión y del uso del lenguaje y alcanzan en esta área un dominio limitado. La adquisición de la capacidad de cuidado personal y de las funciones motrices también están retrasadas, de tal manera que los afectados necesitan una supervisión permanente.


Por otro lado, el "Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales" y la OMS; sobre el sujeto que obtiene un cociente intelectual entre 35 a 49, el mismo está privado de discernimiento, por lo tanto es un incapaz absoluto, en ese entendimiento se puede establecer de manera clara que el ahora recurrente, si bien suscribió los contratos de transferencia del bien inmueble y la acción telefónica, su capacidad de entender y de querer estaba totalmente ausente, situación que se configura, cuando falta, la denominada incapacidad natural, por lo que se hace anulable el contrato, aun cuando no resulte de especial comprobación como la interdicción conforme versa el art. 484.II del Código Civil.

Por lo que el análisis que debieron realizar los Tribunales de instancia es a partir de la capacidad que tenía el demandante al momento de la suscripción de los contratos de transferencias y no a la declarativa de interdicción.


Con relación a que el Tribunal Ad quem hizo mención que el recurrente prestó declaración ante la FELCC, donde afirmó que está sano y no enfermo, que no es atrasado mental, ratificó la venta de la casa, que efectuó declaratoria de herederos a la muerte de su mamá sin que en dicha oportunidad hubiere intervenido a través de algún apoderado, sin embargo no podía formular como fundamento estos actos, ya que como se explicó ampliamente en la presente resolución la deficiencia cognitiva del actor es perinatal, es decir, desde su nacimiento, a este efecto lo que pretende el Tribunal de segunda instancia es tratar de encontrar en actos anteriores lapsus de lucidez de un sujeto que no tiene esa posibilidad mental; pues si se le hubiera preguntado que no es retrasado mental, posiblemente hubiera manifestado que no, pero no se puede entender que la opinión de un incapaz sea más sostenible que una evaluación psiquiátrica forense evacuada por una profesional en la materia.


Asimismo, si bien Fernando Luis López Quiroga realizó la declaratoria de herederos, se debe aclarar que esa manifestación deviene del mismo efecto de la ley, y si no lo realizó mediante su apoderado, no se podría comparar ese acto con la transferencia que afecta el patrimonio de una persona incapaz.


Finalmente respecto a la mala fe que hacen alusión los arts. 554 num. 3) y 484 del Código Civil, la cercanía de los demandados con el recurrente al ser inquilinos por cuatro años antes de suscribir la transferencia del inmueble, los mismos no pueden aducir que desconocían la incapacidad cognitiva del ahora recurrente, ya que de la declaración testifical de fs. 345 vta. y 346, evacuado por Benita Esperanza Poma Morales en su calidad de anterior inquilina con respecto a la pregunta cinco y seis, respondió: “…algunas veces me visitaba a mi entonces él se quedaba en la casa hasta muy tarde, se quedaba en mi cuarto, a él no le gustaba la soledad, entonces todo lo que él me charlaba me decía uno que había sido policía, que era seguridad, que inclusive había sido panadero siempre me daba muchos oficios que él había hecho en su juventud, según él, pero don Rubén me dijo que nunca había trabajado, que él siempre dependía de él. (…) Si como le digo el me hacía mucha charla muchas veces, yo tengo mi hijita, entonces el venia me decía que quería ser el papá de mi hija, él me decía yo puedo ser el papá de tu hija, se parece mucho a mi me decía, entonces en toda charla que uno le hacía a él, si yo le decía que sea el papá de mi hija podía haber sido, el inclusive me decía puedes venir a vivir a mi casa porque yo quiero que ella sea mi hijita, puedo ser el papá, así miraba y decía que se parecía mucho, entonces yo pienso que si era una persona manipulable”, de lo relatado se puede observar rasgos de comportamiento de la deficiencia cognitiva del recurrente que no podían ser desapercibidos por la parte demandada.


Lo que prueba de manera irrefutable que el actuar de los esposos Albarracín sea de mala fe.


Consiguientemente al razonar de manera equívoca los Tribunales de grado infringieron la tutela judicial efectiva, siendo este un derecho fundamental establecido en el art. 115.I de la norma suprema, que consagra la protección efectiva y oportuna que deben brindar los operadores de justicia a todos los sujetos procesales en el ejercicio de sus derechos o pretensiones, derecho que efectivamente fue restringido a la parte demandante por las resoluciones equivocadas de los jueces de instancia.


Correspondiendo a este Tribunal Supremo enmendar el yerro incurrido por los de instancia, revocando el auto de vista y declarar probada la demanda de anulabilidad de las Escrituras Públicas Nros. 0040/2008, 0041/2008 y 71/2012; La cancelación de las matrículas Nros. 2.01.0.99.0123312; 2.01.0.99.0121561 y 2.01.0.99.0173085 y cancelación de registro en las oficinas de COTEL. Disponiendo la reposición de la partida primigenia N° 01418879 en derechos Reales y COTEL.


De la respuesta al Recurso de Casación.

Este Tribunal Supremo al observar la errónea valoración de los arts. 145 del Código Procesal Civil y 554 num. 3) del Código Civil, por los Tribunales de grado, casa el Auto de Vista con la fundamentación y motivación contenida en los fundamentos de la presente resolución contenidos en el considerando IV. 

Por todas las consideraciones realizadas, corresponde a este Tribunal resolver conforme lo estipulado en el art. 220.IV del Código Procesal Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en 220.IV del Código Procesal Civil, CASA EN PARTE el Auto de Vista Nº 727/2018 de 26 de octubre, cursante de fs. 582 a 584 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y resolviendo en el fondo, declara PROBADA la demanda con relación a la anulabilidad de Escrituras Públicas Nros. 0040/2008, 0041/2008 y 71/2012; la cancelación de las matrículas Nros. 2.01.0.99.0123312; 2.01.0.99.0121561 y 2.01.0.99.0173085 y cancelación de registro en las oficinas de COTEL. Disponiendo la reposición de la partida primigenia N° 01418879 en Derechos Reales y la línea telefónica con número de contrato 21004352 en COTEL, manteniendo la decisión de no otorgar lugar a la acción reconvencional de usucapión quinquenal.

Sin responsabilidad por ser el error excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.             

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.