TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 470/2019

Fecha: 03 de mayo de 2019

Expediente: LP 147 18 S

Partes: Eduardo Paco Flores y Martha Chura de Paco. c/ Diego Mamani, Olga

             Mamani, herederos de Nicolás Mamani, Lucía Alí Vda. de Mamani,

             Guadalupe y otros desconocidos.

Proceso: Entrega de bien inmueble y daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 702 a 711, interpuesto por Olga Mamani Quispe, contra el Auto de Vista Nº 341/2018 de 7 de mayo, cursante de fs. 696 a 700, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de entrega de bien inmueble y pago de daños y perjuicios, seguido por Eduardo Paco Flores y Martha Chura de Paco contra Diego Mamani, Olga Mamani, herederos de Nicolás Mamani y otros; la concesión cursante de fs. 734; el Auto Supremo de admisión Nº 1232/2018 RA cursante de fs. 743 a 745, y todo lo inherente;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


1.- Eduardo Paco Flores y Martha Chura de Paco mediante memorial cursante de fs. 36 a 38 vta., subsanado de fs. 41 a 42 vta., formularon demanda de entrega de bien inmueble, pago de daños y perjuicios contra Nicolás Mamani, Olga Mamani, Lucía Alí Vda. de Mamani y Guadalupe Mamani y personas  desconocidas, arguyendo que previamente se llevó a cabo un proceso sobre mejor derecho y entrega de bien inmueble en contra de Olga Mamani Quispe ante el Juzgado Décimo Primero de Instrucción en lo Civil en el que se dictó la Sentencia Nº 118/2008 de 3 de abril, que declaró probada la demanda de mejor derecho reconociéndole su derecho sobre la superficie de 290 m2, en el inmueble ubicado en la zona de Chasquipampa la Trincha Calacoto Alto, pasando por los recursos de apelación y casación. Sin embargo, en cuanto a la demanda de entrega de bien inmueble declaró improbada con el fundamento de que la demanda solo se había dirigido en contra de Olga Mamani Quispe y no así en contra de los otros poseedores actuales de su bien inmueble que ocupan en forma ilegal la superficie de 160 m2.

Efectuadas las citaciones, Olga Mamani Quispe (fs. 171 a 174 vta.) y Lucía Alí Calatayud (fs. 186 a 188 vta.) contestaron negando la demanda y los codemandados Diego Mamani y Guadalupe Mamani no contestaron en el plazo establecido designándose Defensor de Oficio (fs. 58 vta.), tramitándose el proceso hasta la emisión de la Sentencia Nº 04/2017 del 5 de enero, cursante de fs. 648 a 659, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Décimo Séptimo de la ciudad de La Paz, que declaró PROBADA EN PARTE la demanda conminando a Olga Mamani Quispe, Lucía Alí Calatayud, Diego Mamani, Guadalupe Mamani, Herederos de Nicolás Mamani y otros desconocidos ocupantes del inmueble a entregar físicamente los 160 m2, que están ocupando en el bien inmueble ubicado en la Trincha, zona Alto Calacoto, registrado en Derechos Reales bajo la matrícula Nº 2.01.0.99.0100981, conforme al plano de fs. 638, a sus propietarios Eduardo Paco Flores y Martha Chura de Paco en el plazo de diez días de ejecutoriada la sentencia bajo apercibimiento de expedirse mandamiento de desapoderamiento; e IMPROBADA la demanda con relación al pago de daños y perjuicios.

2. Resolución de primera instancia que al ser apelada por Olga Mamani Quispe, mereció el Auto de Vista Nº 341/2018 de 7 de mayo cursante de fs. 696 a 700, que resolvió confirmar la Sentencia Nº 04/2017 de 5 de enero, con costas a la apelante.

El Tribunal Ad quem arguyó que considerar el principio dispositivo es una obligación y un deber de los jueces para fallar conforme a lo alegado por las partes. Por otro lado, al juez le corresponde aplicar la norma legal aun cuando la parte plantee su demanda sin precisar en qué disposición sustenta su pretensión, en el caso de autos se tiene la pretensión formulada por la parte demandante de entrega de inmueble y pago de daños y perjuicios petición que fue reflejado al emitirse la sentencia. Si bien no se demandó la reivindicación del inmueble, empero se demostró el derecho propietario, contando con sentencia ejecutoriada que declara el mejor derecho propietario.

Sostuvo que en tiempo oportuno la recurrente no objetó la pericia, tampoco impugnó las providencias de declaración confesoria ni las audiencias de inspección ocular, por lo que su derecho a precluido. Tampoco se ha dilucidado que las partes cuentan con título preferente al de su contrario, ni la procedencia de la usucapión, los cuales no fueron formulados en la demanda, ni en la reconvención, extremo por el que las pruebas citadas en relación con la posesión de más de 40 años, no fueron objeto de tratamiento.


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA


De las denuncias expuestas por la recurrente, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen, las siguientes:

1. Acusó que el Tribunal Ad quem no respondió en forma puntual a todos los agravios, debido que procede a agrupar los apartados 1, 1.1, 1.2, 2 y 3 de sus agravios dando una respuesta genérica. Tampoco se ha absuelto los párrafos 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3 y 1.4, no existiendo ninguna referencia del punto 2, al no contar la Sentencia con los hechos probados y los no probados incurriendo en nulidad conforme al art. 213.II de la Ley Nº 439. Por otra parte, en el punto 3, denunció que la sentencia debería enunciar la obligación que tiene para la entrega del terreno y haber definido qué superficie se debe entregar.

Añadió que no se respondió los agravios 5 contenidos en los sus subíndices 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 simplemente se ha suprimido y no tiene respuesta. Asimismo, califica al auto de vista de citra petita y extra petita, debido a que en el numeral 2 refiere que el derecho propietario habría sido dilucidado en la Sentencia Nº 118/2008 cuando no fue objeto de apelación y no se discutió el derecho que corresponde a los codemandados, por lo que se ha vulnerado el art. 265.I de la Ley Nº 439.

2. Denunció violación del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el Tribunal Ad quem no efectuó control al juez A quo, desconociendo el lineamiento dispuesto por el Auto de Vista Nº 405/2015 en el Considerando II numerales 3 y 4 (fs. 560 a 561); manteniendo la incongruencia no contando con una relación contractual con los codemandados, por ello la demanda nació improponible y debió ser declarada improbada. Además, el juez A quo aplicó los arts. 1453 y 1454 del Código Civil bajo el principio de verdad material conminando a los demandados a la reivindicación. Nótese que el juez A quo torna incongruente la sentencia en la cual no solo cambia la pretensión sino la adecuación jurídica.

Asimismo, la sentencia no señala que parte, o los 160 m2, está siendo ocupado por Olga Mamani Quispe y además se demanda a personas que ni siquiera ocupan el inmueble. Asimismo, la Sentencia Nº 515/2015 señalaba que solo Olga Mamani Quispe haga la entrega física, empero la actual sentencia conmina a varias personas sin justificación, nótese que el informe pericial de fs. 625 a 639 no menciona que los codemandados se encuentren en posesión.

3. Alegó el desconocimiento del art. 213.II de la Ley Nº 439, debido a que la Sentencia Nº 04/2017 no respeta el orden, no contiene el estudio de los hechos probados y los no probados, solo señaló en el Considerando V que del análisis de las pruebas establece hechos probados y no probados, empero no señala cuáles son los hechos probados, no probados menos existe análisis que requiere la norma, por ello describió que la sentencia es nula, agravio que no ha sido respondido por el Tribunal de alzada.

4. Arguyó desconocimiento del art. 192 num. 2) del Código de Procedimiento Civil sustentado en que la Sentencia declaró probada la demanda por acción de reivindicación sin cumplir el art. 1453 del Código Civil, no existiendo los puntos de prueba, sin producción probatoria y con audiencias efectuadas fuera del término de prueba. Dichas pruebas fueron valoradas por el juez en desconocimiento de los arts. 67 y 377 del Código de Procedimiento Civil.

El juez A quo no consideró que los demandantes no presentaron prueba ni la ratificaron ya que el actor ofreció prueba de confesión, sustituyendo testigo e inspección ocular que fue diligenciada (fs. 435)

Ante la incongruencia de la sentencia el juez A quo designó perito en virtud del art. 378 del Código de Procedimiento Civil, no siendo notificada la recurrente desconociendo los arts. 431.II y 433 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, el resultado del peritaje fue intrascendente para resolver la divergencia debido a que no establece la porción de 160 m2, ocupada por los demandados, en todos los planos señala a Olga Mamani Quispe, no tomando en cuenta al resto de los codemandados y finalmente, sin tomar en cuenta que podría el faltante estar a la izquierda o derecha de la propiedad.

5. Manifestó violación y desconocimiento del art. 353 del Código de Procedimiento Civil, al contrario de la norma mencionada el Auto de Vista 341/2018 escudándose bajo el principio de iura novit curia permitió que el juez A quo en la sentencia cambie no solo de los hechos de la demanda sino también la pretensión en desmedro del debido proceso, seguridad jurídica dejándole en indefensión, sin cumplir con los presupuestos del art. 1453 del Código Civil.

El Juez A quo hace uso del principio de la verdad material para inferir que la petición de los actores estaría correcta, en cambio en relación con la documentación presentada de fs. 416 a 429 y de fs. 505 a 523, y no obra de la misma forma cuando se trata de considerar su pretensión, soslayando la prueba ofrecida en segunda instancia.

Los actores no demandan reivindicación sino directamente la entrega del bien siendo lo correcto demandar a su vendedor Julio Carlos Patiño de Villegas conforme al art. 614 num. 1) del Código Civil. Por lo que, el Considerando IV de la Sentencia Nº 04/2017 señala que no existe legitimación pasiva, empero en la parte dispositiva declara probada la demanda y obliga la entrega de 160 m2, indeterminado y por reivindicación.

6. Reclamó incumplimiento de los arts. 1283 del Código Civil y 375 del Código de Procedimiento Civil, porque la actora no cumplió con la carga probatoria por el hecho de no haber solicitado su ratificación dentro el término de los 20 días, no cumplió con los puntos de prueba.

Las pruebas de inspección ocular y confesión provocada ambas son extemporáneas por disposición del art. 377 del Código de Procedimiento Civil, no demostrando por ningún medio la exigencia de la entrega de inmueble a su vendedor.

La prueba del Testimonio Nº 3298/2005 y los formularios de pago de impuestos de las gestiones 97 a 2003 a nombre de Julio Patiño de Villegas (fs. 27 a 35), identifican el inmueble en la Calle 52 de Calacoto, es decir una calle más allá del objeto de litigio. Además los demandantes no han presentado certificado de catastro que acredite la ubicación del predio, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria de conocimiento mediante la acción de mejor derecho propietario.

7. Señaló el incumplimiento del art. 1453 del Código Civil, debido a que el Auto de Vista modifica los hechos de la demanda y valida a título de iura novit curia la acción reivindicatoria y sus efectos, sin cumplir con ninguno de sus presupuestos. Por ello que el actor debe demostrar que ha sido eyeccionado, que hubiera perdido la posesión que tenía. Los actores no acreditaron ser propietarios del bien inmueble Nº 100, ubicado en la Calle 51 de la zona de Chasquipampa, limitándose a presentar: folio real (fs. 3), Plano (fs. 2), y Testimonio Nº 3298/2005 (fs. 4 a 5), señalando una superficie de 517,45 m2 y que fue transferida seguidamente la superficie de 290 m2 a Martha Chura de Paco y Eduardo Paco Flores.

La Sentencia Nº 118/2008 pronunciada por el Juzgado 11avo de Instrucción en lo Civil (fs. 6 a 11), declaró improbada la demanda de la entrega de bien inmueble porque no se pudo establecer físicamente qué parte del inmueble estaría ocupando su persona, pues existen dos familias que están viviendo en el inmueble. Esta situación no ha cambiado ya que no se ha demostrado qué parte del inmueble ocupa la recurrente debía declararse improbada la demanda y menos disponerse su reivindicación.


Petitorio.

Solicitó casar el auto de vista y fallar en el fondo declarando improbada la demanda de entrega de bien inmueble y daños y perjuicios.

Respuesta al recurso de casación de parte de los demandantes.

El Tribunal Ad quem contestó y absolvió cada uno de los puntos de acuerdo al Considerando III describiéndolos numéricamente los agravios. Por consiguiente, se elaboró un plano con la finalidad de tener una correcta ubicación del lote de terreno.

El Auto de Vista recurrido efectúa una explicación correcta del principio iura novit curia, en ese sentido dio solución a las cuestiones pretendidas sin alterar la solicitud de entrega del bien inmueble restante de 160 m2.

En cuanto a los puntos carentes de respuesta, no describió que es cierta la afirmación de la recurrente ya que se ha producido la respectiva respuesta a sus agravios y además conforme a los hechos se cumplen con los presupuestos del art. 1453 del Código Civil.

En cuanto a la prueba pericial, esta fue de conocimiento de todas las partes empero la recurrente pretende observar dicho peritaje cuando el art. 410 del Código de Procedimiento Civil le facultaba observar dentro de los tres días de su notificación.

Con referencia a los puntos 8, 9 y 10, el Tribunal de apelación llegó a la conclusión que sus causídicos llevaron mal el caso mucho más cuando inclusive se le dio posibilidades de conciliación.

Solicitó declarar improcedente o alternativamente infundado el recurso de casación.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE


III.1. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014, Nº 0704/2014, entre otros.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); en este entendido, este Tribunal Supremo de Justicia orientó a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señaló: “Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el Tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se orientó que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa”.

III.2. Del principio iura novit curia.

Conforme a la materia debe precisarse que rigen ciertos principios aplicables, los cuales orientan el ámbito de la administración de justicia, entre ellos el principio iura novit curia, principio que según el tratadista Hugo Alsina: “…no significa la obligación de indicar por su nombre técnico la acción que se deduce (editio actionis) ni si quiera la de citar las disposiciones legales en que se funda la pretensión, pues la primera resultará de la exposición de los hechos y lo segundo lo hará el magistrado con prescindencia de la calificación hecha por el actor (iuria novit curia), de modo que el silencio o el error de éste no tiene ninguna consecuencia jurídica”, asimismo José W. Peyrano señala que el iura novit curia: “…se traduce en la necesaria libertad con que debe contar el sentenciante para subsumir los hechos alegados y probados por las partes, dentro de las previsiones normativas que rijan al caso.

Libertad que subsiste aún en la hipótesis de que los litigantes hubieran invocado la aplicabilidad de otras disposiciones, tesis reiteradamente mentada en el plano jurisdiccional”,  
El empleo del referido principio supone que el Juez es quien debe conocer el derecho y debe aplicarlo libremente sin que se encuentre constreñido al encuadre normativo alegado por las partes, lo que de ninguna manera supone permisión en sentido de alejarse del principio de congruencia, toda vez que el principio iura novit curia supone que en la Sentencia se aplicará el derecho que el Tribunal considere corresponder para la solución de las cuestiones pretendidas, pero sin alterar ni sustituir las pretensiones deducidas ni los hechos en que las partes fundan las mismas, ello en aras de resguardar el principio dispositivo en virtud al cual el Juez no puede de oficio suplir las pretensiones demandas por las partes.

Es este mismo entendido este Supremo Tribunal de Justicia señaló a través del Auto Supremo Nº 464/2015: “…el Auto Supremo Nº 735 de 9 de diciembre de 2014, ha modulado así: “…no debemos perder de vista que conforme el principio dispositivo la congruencia a la que los jueces están reatados se refiere a los hechos expuestos por las partes y a la pretensión que persiguen, sin que estos (hechos y pretensiones) puedan ser cambiados o modificados por el juzgador, empero, la calificación jurídica es un aspecto que corresponde privativamente al juzgador quien no se encuentra reatado a la calificación jurídica que las partes efectúan; pues es el Juez, sobre la base de los hechos expuestos por las partes quien califica las pretensiones demandadas, sin que ello suponga vulnerar el principio dispositivo ni el de congruencia, sino más bien hacer efectivo el principio iura novit curia, y con ello el principio de justicia material”.

En virtud del principio iura novit curia el propósito de los procesos es llegar a establecer la verdad jurídica de los hechos y otorgar la protección jurisdiccional que corresponda, de manera que aplicando dicho principio, corresponde al juzgador aplicar la norma legal aun cuando la parte plantee su demanda sin precisar en qué disposición sustenta su pretensión; en autos, la pretensión demandada es la nulidad de la transferencia del inmueble de los actores por faltar su consentimiento en la celebración del contrato y por faltar objeto en el mismo, por lo que en aplicación de dicho principio no es requisito indispensable que las partes tengan que utilizar necesariamente el tecnicismo jurídico, bastando la claridad en la exposición de los hechos, en base a los cuales el Juez debe aplicar el derecho…. ha transferido un inmueble que no le pertenecía y sin autorización de los titulares del mismo, en base a un Poder falso (Nº 233/96 de 15 de agosto de 1996), llegándose de esa manera a demostrar la nulidad del contrato por falta de consentimiento y por falta de objeto lícito y posible en el mismo, y que en esas condiciones, se tiene que el acto es inexistente, nunca nació a la vida jurídica por lo que se prevé la sanción de nulidad, concluyéndose que los de instancia han obrado efectuando una correcta aplicación y calificación de la norma y del principio jurídico iura novit curia”.

III.3. La reivindicación no requiere de la perdida física de la cosa.

El Auto Supremo N° 207/2016 de 11 de marzo, ha determinado que no se requiere la posesión física de cosa para la procedencia de la reivindicación en los siguientes términos:

Como otro tópico expresa que no se puede pedir reivindicación de algo que nunca se ha estado en posesión, sobre este tema como se ha expuesto en el punto III.2 doctrina legal aplicable, el requisito de la posesión corporal no es necesario en este tipo de acción real, en vista de que el derecho propietario, por su naturaleza, conlleva la "posesión" emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la "posesión Civil" que está integrada en sus elementos "corpus y animus", quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible y puede ser aplicada en cualquier momento, por cuanto no es evidente lo alegado”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN



1. A continuación, se absuelven los agravios consignados con los numerales 1 y 3, cuyo reclamo indica que el Tribunal Ad quem no respondió en forma puntual uno a uno todos los agravios, además de proceder a agrupar los apartados 1, 1.1, 1.2, 2 y 3 de sus reclamos dando una respuesta genérica. Tampoco los párrafos 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3 y 1.4, no existiendo ninguna referencia del punto 2, al no contar la Sentencia con los hechos probados y los no probados incurriendo en nulidad conforme establece el art. 213.II de la Ley Nº 439. Por otra parte, en el punto 3, denuncia que la sentencia omite enunciar cuál la obligación que tiene para la entrega del terreno y definido la superficie que debe entregar.

Además, indica que no se ha respondido los agravios contenidos en  los sus subíndices 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, no contando con respuesta. Asimismo, califica el auto de vista de citra petita y extra petita, debido a que en el numeral 2, el derecho propietario habría sido dilucidado en la Sentencia Nº 118/2008 cuando no fue objeto de apelación y no se ha discutido el derecho que corresponde a los codemandados vulnerándose el art. 265.I de la Ley Nº 439.

Al respecto corresponde señalar que el punto 1 del recurso de apelación fue resuelto en el numeral (2) del auto de vista recurrido, cuando el Tribunal de alzada procede a considerar que el derecho propietario que corresponde a los demandantes es de 290 m2, asimismo debemos remitirnos al primer párrafo de fs. 699, donde se indica sobre las sentencias anuladas como también de los autos de vista, entre esto el Auto de Vista N° 05/2017 de fs. 648 a 659, que dispone de manera clara que la restitución deberá ser de 160 m2 conforme al plano de fs. 638, por lo que no se puede argüir como no absuelto por la falta de precisión para su posterior ejecución, aspecto cumplido con el peritaje que dio como resultado el plano para que se efectivice la restitución de la restante superficie de propiedad de los demandantes.

El hecho de agrupar los agravios es una facultad del juzgador a efectos de evitar la reiteración de los argumentos, lo cual no implica que no se esté absolviendo los reclamos planteados.

Con referencia a que no se han absuelto los puntos 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 1.4, de la apelación de acuerdo a la revisión efectuada en el auto de vista recurrido se hizo mención a los puntos 1.2.2 y 1.4. El resto de los puntos aludidos han sido respondidos en el punto 1 del auto de vista recurrido donde se manifiesta la determinación del juez A quo, en defecto si la parte recurrente advirtió omisión de otros puntos debió plantear complementación del auto de vista recurrido en conformidad con el art. 226.III del Código Procesal Civil.

En lo pertinente a la falta de pronunciamiento del punto 2 de la apelación, relativo a la descripción de derechos probados y no probados, el Auto de Vista N° 341/2018 recurrido en la foja 699 hace una explicación de haberse demostrado el derecho de propiedad del actor, que resultó ser el punto neurálgico para la pretensión del demandante, cabe reiterar que si la recurrente consideraba insuficiente la respuesta, en su oportunidad no planteó la solicitud de       complementación dejando pasar la oportunidad. Pese a dicha situación, revisado el contenido de la Sentencia Nº 04/2017, en la parte del Considerando V efectúa la relación de los puntos probados y no probados complementada con el Considerando VI donde también se detallan los fundamentos para definir la decisión en la presente causa habiendo cumplido la sentencia con el art. 192 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

En ese sentido, revisada la decisión de primera instancia se advierte que el juez A quo hizo el análisis correspondiente tomando en cuenta el Código de Procedimiento Civil abrogado conforme a la Disposición Transitoria Cuarta y Quinta del Código Procesal Civil, no siendo sustentable el reclamo planteado.

En relación a que en el punto 3 del recurso de apelación se habría denunciado cuál la obligación para la entrega del terreno y qué superficie debe entregar, al respecto en el numeral 2 del Considerando III del auto de vista (fs. 699), el Ad que determinó la superficie de 290 m2., que corresponde al demandante y en el numeral 1 del Considerando III se efectúa el examen de la pretensión de los demandantes aplicando del principio iura novit curia y finalmente indica la extensión de 160 m2,  que restituirán los demandados, resultando la acusación en este punto infundada.

También señala que el agravio 5 con todos sus subíndices 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 postulado en apelación no tiene respuesta en el auto de vista, al respecto efectuada la revisión del decisorio de alzada en el Considerando III numeral 1 se encuentra la respuesta a los puntos apelados en su integridad aludiendo a la acción reivindicatoria, que fue aplicada con base al principio iura novoit curia, pese a que la causa se inició con el nombre de entrega del bien y otros aspectos que fueron motivo de explicación por el Tribunal Ad quem no dejando ninguno de los subíndices sin respuesta, por lo que no es cierto que no habría pronunciamiento.

Consiguientemente el auto de vista resulta ser congruente no siendo evidente que tuviera vicio de citra petita y extra petita, al haber respondido a los agravios planteados en el recurso de apelación.

2.- Seguidamente se procede a resolver de manera conjunta a los agravios 2 y 7, que consisten en la infracción de los arts. 190 del Código de Procedimiento Civil y el art. 1453 del Código Civil, por cuanto el Tribunal Ad quem no habría efectuado control al juez A quo desconociendo el lineamiento dispuesto por el Auto de Vista Nº 405/2015 en el Considerando II numerales 3 y 4 (fs. 560 a 561), manteniendo la incongruencia observada, no contando con una relación contractual con los codemandados, siendo la demanda improponible y debió ser declarada improbada. Además, el Juez A quo aplica los arts. 1453 y 1454 del Código Civil, que torna incongruente la sentencia en la cual no solo cambia la pretensión sino la adecuación jurídica.

Asimismo, indica la recurrente que la sentencia no señala qué parte está siendo ocupada por Olga Mamani Quispe y además se demanda a personas que ni siquiera ocupan el inmueble. También, la Sentencia Nº 515/2015 señalaba que solo Olga Mamani Quispe haga la entrega física, empero la actual sentencia conmina a varias personas sin justificación, nótese que el informe pericial de fs. 625 a 639 no menciona que los codemandados se encuentren en posesión.

Corresponde señalar que el art. 190 del Código de Procedimiento Civil indica: “La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso; en ella se absolverá o condenará al demandado”. (Subrayado es nuestro)

En ese contexto, la demanda planteada por Eduardo Paco Flores y Martha Chura de Paco de fs. 36 a 38 vta., en su petitorio demandan la entrega del bien inmueble, dependencias y pago de daños y perjuicios; con el contenido de la demanda fueron notificados Diego Mamani, los herederos de Nicolás Mamani, Olga Mamani, Lucía Alí Vda. de Mamani y Guadalupe Mamani y otros desconocidos. Citados las demandadas Olga Mamani Quispe y Lucía Alí Calatayud cada cual por memorial separado de fs. 171 a 174 vta. y de fs. 186 a 188 vta., respectivamente, contestan negando los extremos de la demanda, no plantean excepciones, tampoco demandan reconvención alguna.

Después del desarrollo del proceso se dicta Sentencia N° 04/2017 que declara probada en parte la demanda planteada, conminando a los demandados a reivindicar y entregar del lote de terreno en la superficie de 160 m2, que están ocupando conforme el plano de fs. 638, el juez fundamenta en lo más relevante que los demandantes son titulares del bien inmueble (lote de terreno de 260 m2), y que los demandados son poseedores o detentadores de una parte, sin un derecho oponible. También sustento su fallo en sentido que anteriormente tramito otro juicio por mejor derecho en el que se pronunció la Sentencia N° 118/2008 que declara probada la demanda de mejor derecho propietario de los ahora demandantes sobre 160 m2. En el caso de autos existe la certeza del derecho propietario, además de la verificación in sito del bien inmueble conforme a los datos del plano de fs. 638, donde se aprecia los 160 m2 (franja de color rosado) estando determinada la ubicación y la superficie a ser entregada por los demandados en la presente causa.

En este contexto, el Juez A quo apoyado en el principio de verdad material y con base de los presupuestos de la acción reivindicatoria descrita en el Auto Supremo N° 1141/2015 de 8 de diciembre, acogió correctamente la demanda principal.

Por los fundamentos explanados tanto en primera y segunda instancia que han resuelto la presente causa aplicando el art. 1453 del Código Civil cuyo punto esencial de la procedencia de la reivindicación inmobiliaria. En este entendimiento, analizados los hechos presentados por los demandantes y confrontados con las pruebas producidas en el desarrollo del proceso se adecuan al instituto de la reivindicación que es conforme a la doctrina aplicable desarrollada en el punto III.3, no siendo necesario que el propietario estuviera en posesión del bien inmueble, para poder reivindicarlo. Asimismo, analizados los documentos de la parte demandada no cumple con lo establecido por el art. 1538 del Código Civil.

En conclusión, se establece que la sentencia se enmarca dentro de lo permitido en la aplicación de principio de la iura novit curia y el art. 190 del Código de Procedimiento Civil.

Al margen de lo señalado, para la emisión de la nueva Sentencia N° 04/2017 de 5 de enero, se toma en cuenta los mandatos tanto del Auto de Vista N° 405/2015 (fs. 560 a 561 vta.) como del Auto de Vista N° 38/2016 de 05 de febrero (fs. 602 a 605), en primer lugar precisó en la parte dispositiva la entrega del bien inmueble sea más objetiva, y por otro lado, devueltos que fueron los antecedentes al juzgado de primera instancia mediante providencia de 24 de junio de 2016 (fs. 616 y vta.), el Juez determina designar un perito a ese efecto cita al Colegio de Arquitectos para remitir una terna de profesionales designando al arquitecto Rodolfo P. Amurrio Tórrez, quien presenta su Informe el 30 de septiembre de 2016 fs. 625 a 639. Esta designación no fue objetada por las demandadas que fueron notificadas con la nota del Colegio de Arquitectos en fecha 5 de agosto de 2016 (fs. 618 a 619), tampoco observaron el informe pericial referido por lo que ha convalidado con la forma de designación y con el dictamen elaborado, no habiendo vulnerado el derecho a la defensa de los demandados, que dejaron concluir con todos los actuados del peritaje, no pudiendo en apelación efectuar la protesta conforme señala el art. 16.I y II de la Ley N° 025.

3. Con relación al agravio 4, que trata según la recurrente de la vulneración del art. 192 num. 2) del Código de Procedimiento Civil sosteniendo que la sentencia declaró probada la demanda por acción de reivindicación sin cumplir el art. 1453 del Código Civil, no existiendo los puntos de prueba, sin la generación de prueba y audiencias efectuadas fuera del término de prueba. Dichas pruebas fueron valoradas por el Juez en desconocimiento de los arts. 67 y 377 del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, reclama la recurrente que el juez A quo no consideró que los demandantes no presentaron prueba ni la ratificaron ya que el actor ofreció prueba de confesión, sustituyendo testigo e inspección ocular que fue diligenciada (fs. 435).

También la recurrente protesta sobre la incongruencia de la sentencia, cuando el juez A quo designó perito en virtud del art. 378 del Código de Procedimiento Civil, no siendo notificada la recurrente desconociendo los arts. 431.II y 433 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, el resultado del peritaje fue intrascendente para resolver la divergencia debido a que no establece la porción de 160 m2., ocupada por los demandados, en todos los planos señala a Olga Mamani Quispe, no tomando en cuenta al resto de los codemandados y finalmente, sin tomar en cuenta que podría el faltante estar a la izquierda o derecha de la propiedad.

En cuanto a la vulneración del art. 192 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, tratándose de la forma de la sentencia indica que: “La parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, análisis y evaluación fundamentada de la prueba, y cita de las leyes en que se funda”. Revisada la Sentencia N° 04/2017 cumple con los elementos señalados ya que cuenta con la parte de la descripción de los hechos y además efectúa el análisis y evaluación de las pretensiones de la parte demandante como también describe los antecedentes del proceso, los puntos de hecho a probar, se hace el análisis de las pruebas presentadas y la valoración de las mismas para resolver con la cita de leyes para definir la causa.

En ese entendido, la resolución de primera instancia cumple con la forma establecida por ley, por lo que no se aprecia ninguna vulneración de forma ya que la parte recurrente al conocer el auto de vista advirtiendo la omisión que señala tenía la posibilidad de presentar complementación conforme señala el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, al no formular dicha petición dejó pasar reclamó generando la preclusión de su derecho, máxime que al tratarse de un aspecto de forma la misma no resulta trascendente.

La parte recurrente insiste en señalar que en cuanto a los arts. 67 y 377 del Código de Procedimiento Civil, con referencia a la falta de ratificación de prueba, la producción de pruebas fuera del término y la valoración efectuada, además del ofrecimiento de prueba de confesión, sustitución de testigo e inspección judicial, estas pruebas que fueron diligenciadas a fs. 435.

Respecto al punto que antecede, se debe establecer que, se ha procedido a la calificación del proceso como sumario de hecho de fs. 412 a fs. 491, no se encuentra objeción ni oposición y mucho menos recursos planteados con relación a la producción de pruebas de la parte demandada, por lo que se convalidó todos los actos procesales efectuados. En lo referente a la designación del perito se ha explicado en el punto 2 de los fundamentos de la presente resolución. 

4. Con relación al agravio 5, que trata sobre la vulneración del art. 353 del Código de Procedimiento Civil, en sentido de que el Auto de Vista Nº 341/2018, escudándose bajo el principio de iura novit curia, permite que el juez A quo en la sentencia efectúe el cambio no solo de los hechos de la demanda sino cambie la pretensión en desmedro del debido proceso, seguridad jurídica dejándole en indefensión, sin cumplir con los presupuestos del art. 1453 del Código Civil.

Así también, que el juez A quo hace uso del principio de la verdad material para inferir que la petición de los actores estaría correcta, en cambio en relación con la documentación presentada de fs. 416 a 429 y de fs. 505 a 523, no obra de la misma forma cuando se trata de considerar su pretensión, la prueba ofrecida en segunda instancia.

Que, los actores no demandan reivindicación sino directamente la entrega del bien, siendo lo correcto demandar a su vendedor Julio Carlos Patiño de Villegas conforme al art. 614 num. 1) del Código Civil. Por lo que, el Considerando IV de la Sentencia Nº 04/2017 señala que no existe legitimación pasiva, empero en la parte dispositiva declara probada la demanda y obliga la entrega de 160 m2 indeterminado y por reivindicación.

Respecto a la vulneración del art. 353 del Código de Procedimiento Civil, esta norma señala: “Presentados los escritos de demanda, reconvención y respuesta de ambas, quedará establecida la relación procesal que no podrá ser modificada posteriormente”, en la presente causa se aplica del principio iuri novit curia como fundamento para dictar sentencia, respetando los hechos planteados tanto en la demanda como en la contestación, no habiendo alteración en cuanto al elemento fáctico, ni respecto al elemento objetivo de la pretensión de la entrega de bien inmueble teniendo como antecedente la existencia de una Sentencia ejecutoriada de mejor derecho propietario, por lo que para tomar la decisión se parte del contenido fáctico de la demanda como la contestación sin alterar ni sustituir las pretensiones formuladas tal cual señala el art. 353 del Código adjetivo civil, por consiguiente como el juzgador conoce el derecho también debe aplicarlo sin que se encuentre limitación en el encuadre normativo sin alejarse del principio de congruencia, tomando en cuenta los elementos de la acción reivindicatoria al haber demostrado la parte demandante su derecho propietario (fs. 3, 6 a 16) siendo correcto efectuar la entrega de la superficie de 160 m2, que ocupan los demandados. Dicha restitución no vulnera el debido proceso ni la seguridad jurídica.

Al margen de lo señalado, sobre la aplicación del principio de verdad material en cuanto a los documentos presentados por la recurrente en segunda instancia de fs. 416 a 429 y de fs. 505 a 523, se establece que el auto de vista recurrido se refiere a la prueba del derecho propietario de los demandantes y la medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas del documento de compra venta de un lote de terreno de Francisca Mamani de Zenteno y Tomás Zenteno (esposo) en favor de Eduardo Paco Flores y Martha Chura de Paco, de una superficie de 150 m2.

En ese contexto respecto al derecho propietario de los demandados se tiene como antecedente el proceso de mejor derecho con sentencia ejecutoriada de fs. 6 a 16 vta., y el Informe del Registro de Derechos Reales de fs. 417 el cual indica con relación a la inscripción de su derecho propietario lo siguiente: “Registro fue anotado preventivamente debido a que el derecho de propiedad del vendedor se encontraba cancelado, encontrándose el lote dentro del radio urbano deberá efectuar su trámite de prescripción adquisitiva”. Este informe señala que la inscripción del bien inmueble de los demandados fue de manera preventiva y no definitiva, en consecuencia, no llega a tener un registro consolidado tal como establece el art. 1538 del Código Civil.

La compra venta del lote de terreno de 150 m2, de Francisca Mamani en favor de los actores no es motivo del debate de entrega de la superficie del lote de terreno. Estos documentos no influyen en la decisión del fondo de la causa.

Los recurrentes indican que el demandante debió solicitar la entrega su vendedor Julio Carlos Patiño de Villegas conforme al art. 614 num. 1) del Código Civil, empero se establece que la obligación con los demandados proviene como efecto de la ley (obligación erga omnes) establecida en los arts. 105, 1453 y 1538 del Código Civil. Al tener identificados y citados a los demandados siendo que se ha producido la relación procesal cuenta con la legitimidad pasiva desde el inicio del proceso y consiguiente obligación que surge de la ley, por lo que su acusación no tiene asidero legal.

5. En cuanto al agravio 6 que trata del incumplimiento de los arts. 1283 del Código Civil y 375 del Código de Procedimiento Civil, porque la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba por el hecho de no haber ratificado su prueba dentro el término de los 20 días, no cumplió con los puntos de prueba, además, indica que las pruebas de inspección ocular y confesión provocada ambas son extemporáneas por disposición del art. 377 del Código de Procedimiento Civil, no demostrando por ningún medio la exigencia de entrega del inmueble a su vendedor.

La recurrente expresa en su agravio que el Testimonio Nº 3298/2005 y los formularios de pago de impuestos a nombre de Julio Patiño de Villegas (fs. 27 a 35), de las gestiones 97 a 2003, identifican al inmueble en la Calle 52 de Calacoto, es decir una calle más allá del objeto de litigio. Además, los demandantes no han presentado catastro que acredite la ubicación del predio, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria de conocimiento mediante la acción de mejor derecho propietario.

En el presente proceso se han producido pruebas sin la objeción de ninguna de las partes que han convalidando los actos durante toda la etapa probatoria, habiendo el juez aplicado la facultad conferida para ordenar prueba necesaria y pertinente conforme señala el art. 378 del Código de Procedimiento Civil. No siendo correcto afirmar que no cumplió con la carga de la prueba ya que los plazos se han extendido debido a las nulidades decretadas que han retrasado la culminación regular del proceso.

En cuanto a las pruebas de inspección ocular y confesión se reitera el argumento anterior, por cuanto en el caso concreto por memorial de fs. 435 el actor ofrece prueba y mediante decreto de 28 de julio de 2014 de fs. 435 vta. Amparándose el juez en el art. 378 del compilado procesal civil dispone la producción de prueba y sustituye testigos sin que la hoy recurrente hubiera observado tal disposición, en consecuencia, no se advierte irregularidad en cuanto al extemporaneidad del ofrecimiento de prueba, por lo que se denota que no se ha vulnerado el art. 377 del mismo cuerpo legal citado.

Con relación a las pruebas sobre el inmueble objeto cuya ubicación se identifica en la calle 52 conforme al Testimonio N° 3298/2005 y los formularios de pago de impuestos, tratar este reclamo resulta sustancial porque no se planteó en su oportunidad una pretensión que cuestione la legalidad de los documentos de propiedad y más aún cuando existe como antecedente sentencia ejecutoriada de mejor derecho propietario donde ya se ha dilucidado sobre el lote de terreno motivo de litis.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 702 a 711, interpuesto por Olga Mamani Quispe contra el Auto de Vista Nº 341/2008 de 7 de mayo, cursante de fs. 696 a 700, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional al abogado de la parte demandante que contestó el recurso en la suma de Bs. 1000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco E. Jaimes Molina.