TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                  S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 468/2019

Fecha: 03 de mayo de 2019

Expediente: PT-16-18-S

Partes: Miriam Rossio Zegarra Castillo c/ Ryder Carlos Chuquimia Chuquimia y Arturo Félix Chuquimia Chuquimia

Proceso: División y partición de bienes gananciales

Distrito: Potosí

VISTOS: El recurso de casación de fs. 305 a 308 vta., interpuesto por Miriam Rossio Zegarra Castillo contra el Auto de Vista Nº 204/2018 de 05 de octubre, cursante de fs. 299 a 303 vta., pronunciado por la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Potosí, dentro el proceso ordinario de división y partición de bienes gananciales, seguido por Miriam Rossio Zegarra Castillo contra Ryder Carlos Chuquimia Chuquimia y Arturo Félix Chuquimia Chuquimia, el Auto de concesión de 13 de noviembre de 2018 cursante a fs. 312, el Auto Supremo de admisión Nº 1179/2018-RA de 03 de diciembre cursante de fs. 317 a 318 vta., los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Planteada la demanda de división y partición de bienes gananciales cursante de fs. 22 a 25, interpuesta por Miriam Rossio Zegarra Castillo contra Ryder Carlos Chuquimia Chuquimia y Arturo Félix Chuquimia Chuquimia, los que previa citación, contestaron de manera negativa a la demanda (fs. 76 a 78 y 79), y a su vez Ryder Carlos Chuquimia Chuquimia ratificó a su contestación a fs. 194 y vta.

Tramitado el proceso el Juez Público de Familia Nº 1 de Llallagua del departamento de Potosí, pronunció la Sentencia Nº 33/2018 de 27 de marzo cursante de fs. 264 a 269, donde declaró IMPROBADA la demanda de división y partición de bienes gananciales.

Resolución de primera instancia que fue apelada por la demandante, mereciendo el pronunciamiento del Auto de Vista Nº 204/2018 de 05 de octubre, cursante de fs. 299 a 303 vta., que REVOCÓ la Sentencia Nº 33/2018 y declaró PROBADA la demanda de división y partición, determinando la ganancialidad del 50% del bien inmueble de 635 m2 ubicado en la localidad de Pairumani de la provincia de Quillacollo del departamento de Cochabamba y no así el valor de la construcción, la ganancialidad de los vehículos con placa de control Nº 1199 LKS y Nº 995 CEF, e IMPROBADA la demanda de división y partición de los bienes respecto al inmueble ubicado en la ciudad de La Paz, de los otros vehículos y respecto al producto de alquileres, argumentando que:

Consideró que la vigencia del matrimonio fue de septiembre de 1991 a febrero de 2005 conforme a la sentencia de divorcio Nº 01/2012.

Detalló que los bienes comprendidos en la vigencia del matrimonio constituyen la comunidad ganancial, estando comprendido dentro de esta comunidad el 50 % del bien inmueble con matrícula Nº 3094010010124 con una superficie de 635 m2 ubicado en la localidad de Pairumani del departamento de Cochabamba, así como dos vehículos con placas de control Nº 1199LKS y 995CEF.

Indicó que la demandante no habría acreditado mediante algún medio probatorio la ganancialidad de un bien inmueble ubicado en la ciudad de La Paz, otros vehículos pretendidos ni la construcción o edificación del bien sito en la localidad de Pairumani con matrícula Nº 3094010010124.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Indicó que la pretensión concreta sería sobre el bien inmueble ubicado en la localidad de Pairumani con matrícula Nº 3094010010124, mas no así sobre un lote de terreno.

2. Acusó que el demandado no objetó en ninguna instancia que el bien inmueble ubicado en la localidad de Vinto Pairumani no sería un bien ganancial, sino refirió sobre la formalidad del registro, por lo que se demostraría que el bien citado habría sido construido dentro del matrimonio.

3. Señalo que el demandado no acreditó mediante ningún medio probatorio que las construcciones realizadas fueran después de la vigencia del matrimonio, por lo que tampoco pretendió, ni planteó la exclusión de la construcción del bien sito en la localidad de Vinto Pairumani.

4. Expresó que existiría mala valoración de prueba, puesto que el demandado mediante confesión provocada a fs. 204 y en la inspección judicial se habría demostrado la existencia del bien inmueble y que la construcción pertenecería a la comunidad ganancial.

5. Manifestó que la desvinculación no fue hasta el año 2005, sino hasta el 18 de enero de 2012, fecha en la que habría dictado el divorcio. 

Por lo que solicitó la casación parcial del Auto de Vista recurrido.

Sin respuesta al recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la comunidad de gananciales.

Al respecto la SCP N° 0695/2016-S1 de 23 de junio, señaló: “En ese contexto, tanto en la normativa vigente, así como en la abrogada, el régimen de la comunidad de gananciales, se considera constituido, por el sólo acto de haberse celebrado el matrimonio; vale decir, es un sistema de sociedad conyugal legal. En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional señaló que los bienes gananciales son divisibles por igual a momento de disolverse el vínculo matrimonial, así la SCP 1998/2013 de 4 de noviembre, expresó que: Para Gonzalo Castellanos Trigo, «Derecho de Familia» (Pag. 135-136), «Se ha creado la comunidad de bienes gananciales o comunes, porque los esposos desde el momento mismo del matrimonio, se constituyen en casi una sola persona que se parece mucho a una sociedad de hecho, donde ambos trabajan, luchan en la vida, educan a los hijos, emprenden negocio, pierden y ganan» se asisten colaboran, acceden a créditos bancarios o particulares, etc.; por lo tanto es justo que se constituya una comunidad de bienes gananciales tanto del activo como del pasivo, que acumulen en la vigencia del matrimonio.

Acertadamente afirma el profesor Belluscio que «son bienes gananciales, en forma general todos los adquiridos en forma onerosa durante la vigencia de la comunidad, como así todos aquellos que no son propios».

Los cónyuges no trabajan para sí egoístamente, sino en beneficio en primer lugar del otro esposo y en definitiva para la familia; por lo tanto, como manifiestan varios estudiosos del derecho, los bienes adquiridos durante la vida en común por el esfuerzo de los cónyuges, por la fortuna, el azar, las rentas, los frutos civiles, y naturales de los bienes propios y comunes, y en forma general todos los bienes que no pertenecen como propios a cualquiera de los esposos'.

Asimismo, el art. 190 del Código de las Familias y del Proceso Familiar describe que: I. Los bienes se presumen comunes, salvo que se pruebe que son propios de la o el cónyuge.

II. El reconocimiento que haga uno de los cónyuges en favor de la o del otro sobre el carácter propio de ciertos bienes surte efecto solamente entre ellos, sin afectar a terceros interesados.

Así también el art. 113 del CF abrg. señala que: En general, los bienes se presumen comunes mientras no se pruebe que son propios del marido o la mujer.

La confesión o reconocimiento que haga uno de los cónyuges a favor del otro sobre el carácter propio de ciertos bienes surte efectos solamente entre ellos, sin afectar a terceros interesados.

De la referida norma legal se razona que, la presunción sobre los bienes gananciales, es una presunción legal que admite prueba en contrario; toda vez que, se encuentra establecida en la ley, conforme lo dispuesto en el art. 1318 del Código Civil (CC), en síntesis, se consideran gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe lo contrario.”

III.2. El orden público y el interés social en el derecho de las familias

Al respecto es menester citar el Auto Supremo Nº 388/2016 de 19 de abril en el que se indicó que: El art. 4 del Código de Familia dispone que: “La familia, el matrimonio y la maternidad gozan de la protección del Estado.

Esa protección se hace efectiva por el presente Código, por disposiciones especiales y por las que proveen a la seguridad y asistencia de la familia o de sus miembros en esferas determinadas. La familia se halla también protegida por las instituciones que se organicen para este fin bajo la vigilancia del Estado”.

En tanto que el art. 5 del mismo compilado familiar preceptúa que: “Las normas del derecho de familia son de orden público y no pueden renunciarse por voluntad de los particulares, bajo pena de nulidad, salvo en los casos expresamente permitidos por ley”.

Carlos Morales Guillen en su obra “Código de Familia, Concordado y Anotado”, al realizar el análisis del art. 5 del Código de Familia, concreta: “…se entiende por norma de orden público aquella que tiene relación con la protección y el aseguramiento del interés general inmediatamente y del interés particular mediatamente, a diferencia de las reglas del derecho privado (el civil particularmente, por ejemplo) que protege en forma inmediata el interés privado y sólo de una manera mediata mira al interés público (Bielsa). O, como dice Chiovenda (Instituciones de Derecho procesal civil), son normas que regulan la vida de relación teniendo en mira el interés de todos (bien público).

Su nota característica es que no puede renunciarse ni modificarse ni transigirse sobre ellas, en convenciones particulares.

Ha de hacerse lo que mandan y como ellas mandan”.

Félix C. Paz Espinoza en su Libro “Derecho de Familia y sus Instituciones”, segunda edición, Edit. Gráfica “Gonzáles”, La Paz-Bolivia, 2002, pág. 17, al conceptualizar el Derecho de Familia refiere: “El derecho de Familia, como instituto jurídico especial, se ocupa de regir las relaciones jurídicas entre personas unidas por vínculos del parentesco, de donde viene a constituirse en el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones familiares.

Sus normas son imperativas porque pertenecen al ámbito del orden público”.

Por lo que se debe destacar que el Código de las Familias y del Proceso Familiar mantiene la esencia de la anterior ley, ya que en su art. 7 manifiesta que: “Las instituciones reguladas en éste Código son de orden público y de interés social…”, de manera que el orden público restringe la autonomía de la voluntad haciendo prevalecer la protección de los miembros del núcleo familiar y dicho con palabras de Julián GÜITRÓN “el orden público tiene una función normativa estricta, que restringe la libertad individual, considerando la importancia y las funciones sociales de cada institución regulada. Tiene un sentido de equidad, que rebasa los intereses particulares, privados, individuales, porque en realidad, el orden público, representa el núcleo íntegro de la sociedad, vinculado al futuro para lograr un ideal de justicia; en ese sentido, el orden público en el derecho familiar mexicano, está plenamente justificado, porque está dirigido a la protección de la familia, sus miembros y todos los vínculos y relaciones derivados del mismo.”1

III.3. En relación a la valoración de la prueba.

El Auto Supremo Nº 146/2015 de 06 de marzo, señaló que: “…se ha establecido por este Alto Tribunal que la valoración de la prueba en general compete privativamente a los Jueces de grado, siendo soberanos en su valoración con facultad incensurable en casación para decidir la causa, tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas, tal como se infiere de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento”.

Respecto a lo anterior el Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, concretó que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia”.

Por otra parte el Auto Supremo Nº 184/2015 de 11 de marzo, al referirse a los principios generales que rigen a las pruebas judiciales ha especificado que: “…el principio de la unidad de la prueba”, que establece que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y como tal, debe ser examinado y merituado por el Órgano Jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, señalar sus concordancias, discordancias y concluir sobre el convencimiento global que se forme de ellas, es decir; que las pruebas deben ser apreciadas en forma conjunta de acuerdo al valor que les asigna la ley o a las reglas de la sana critica. “Principio de la comunidad de la prueba”, establece que la prueba no pertenece a quien la suministra, es inadmisible pretender que esta favorezca a la parte que la allega al proceso, una vez incorporada legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario”.

CONSIDERANDO IV:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Sobre el particular diremos  que conforme a lo establecido en la doctrina aplicable en el apartado III.1 se puede establecer que el Código de las Familias y del Proceso Familiar establece en su art. 176 prescribe que la comunidad de gananciales opera desde el momento de la unión de los cónyuges, en tal sentido la recurrente a tiempo de plantear su demanda de división y partición de bienes gananciales adjuntó e hizo referencia a la Sentencia Nº 1/2012 para justificar su legitimidad al plantear esta acción, asimismo detalló que la referida sentencia tiene la firmeza de cosa juzgada, de modo que de la sentencia aludida se extrae a fs. 11 vta. que: “…el presente matrimonio tuvo una vigencia de 14 años aproximadamente, tomando en cuenta que de forma concreta se tiene la celebración del Matrimonio en septiembre de 1991 y separación se produjo en febrero de 2005”, por lo tanto el reclamo en el apartado 5 es impreciso, ya que la recurrente no impugnó ni reclamó la vigencia matrimonial que estableció la sentencia de fs. 10 a 12 vta.

Ahora bien, en el caso de autos, de la contestación a la demanda y en concreto respecto al bien inmueble ubicado en la localidad de Pairumani con matrícula Nº 3094010010124, que es objeto en el presente recurso de casación, se conoce que Ryder Carlos Chuquimia Chuquimia a fs. 77 vta. solo indicó que el bien inmueble no se encontraría a nombre de su ex cónyuge, asimismo a fs. 79 Arturo Félix Chuquimia Chuquimia declaró que no tendría relación con la demandante, elementos que guardan compatibilidad con lo acusado en los apartados 2 y 3 del recurso, y a su vez lo argumentado por los demandados no fueron los idóneos, por lo que el Tribunal Ad quem determinó la ganancialidad del 50% bien inmueble sito en la localidad de Pairumani, sin embargo dispuso que no pertenecería a la comunidad ganancial las construcciones efectuadas en el susodicho inmueble, bajo un enfoque contrario al art. 190 del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

Por otro lado, conforme a la doctrina aplicable III.2, el Código de Familia abrogado tenía entre sus disposiciones en los arts. 4 y 5 el deber de resguardar el interés superior de la familia y los miembros que la integran, ello por su nota característica de normas de orden público, criterio que mantiene su esencia en los art. 4, 6 inc. a) y 7 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, por cuanto al momento de la unión de los cónyuges se erige la comunidad de gananciales, debiendo observarse que su desvinculación trae como resultado una división en partes iguales de los bienes gananciales, beneficios u obligaciones contraídos durante su vigencia, en tal sentido si bien el Tribunal Ad quem determinó la ganancialidad solo del 50 % de la superficie de lote de terreno ubicado en la avenida Simón Patiño de la Localidad de Pairumani con matrícula Nº 3094010010124, por cuanto se habría inscrito el año 2000, sin embargo incurrió en una errónea valoración probatoria, ya que no menciona ni sustenta con algún medio de prueba el motivo por el que excluye de la comunidad ganancial la construcción realizada en el referido bien inmueble.

Con ese antecedente, conforme al principio de comunidad de la prueba se conoce la inspección judicial realizada en la localidad de Pairumani Vinto del departamento de Cochabamba de fs. 259 a 260 vta., en que se pudo establecer la existencia del bien inmueble, asimismo la pericia de fs. 213 a 219 da cuenta que la construcción del inmueble señaló recurrido data del año 2001, de tal modo que se enmarca y está dentro de la vigencia del matrimonio Chuquimia y Zegarra, por lo que es atendible el reclamo de la recurrente, en tanto que corresponde enmendar lo acusado respecto a la ganancialidad del valor de la construcción efectuada en el bien inmueble ubicado en la Av. Simón I. Patiño de la localidad de Pairumani, Provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba con Matrícula Nº 3094010010124.

Por los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 401.I inc. d) del Código de las Familias y del Proceso Familiar

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts.  41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 401.I inc. d) del Código de las Familias  y del Proceso Familiar, CASA en parte el Auto de Vista Nº 204/2018 de 05 de octubre, cursante de fs. 299 a 303 vta., y revoca la decisión asumida respecto a la construcción del inmueble con Matrícula Nº 3094010010124, declarando la ganancialidad del 50 % de las construcciones edificadas en el inmueble referido en favor de la demandante, manteniendo en lo demás incólumes las decisiones adoptadas. Sin costas por la casación parcial.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.


GA




1 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Panorama Internacional de Derecho de Familia. 1ra ed. México: Enach, 2006. 19 p.