TRIBUNAL SUPREM O DE JUSTICIA

     S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 467/2019        

Fecha: 03 de mayo de 2019

Expediente: CH-77-18-S.

Partes: Yessy Vargas Salomón c/ Yusara Vargas Barba.    

Proceso: Nulidad.                                   

Distrito: Chuquisaca.                

VISTOS: El recurso de casación de fs. 575 a 585 vta., interpuesto por Yusara Vargas Barba mediante su representante legal Wilbur Daza Gutiérrez, contra el Auto de Vista Nº SCCI-0287/2018 de 18 de octubre, cursante de fs. 559 a 564, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de nulidad de escritura pública, interpuesto por Yessy Vargas Salomón contra la recurrente; la contestación al recurso de casación cursante de fs. 589 a 590; el Auto de concesión del recurso de 20 de noviembre de 2018 cursante a fs. 591; Auto Supremo de Admisión N° 1155/2018-RA de 26 de noviembre; los antecedentes del proceso; y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Con base en el memorial de demanda de fs. 18 a 21, Yessy Vargas Salomón, inició proceso ordinario de nulidad de escritura pública; acción que fue dirigida contra Yusara Vargas Barba, quien una vez citada, por memorial de fs. 46 a 52, contestó de forma negativa a la demanda principal e interpuso acción reconvencional solicitando: se declare la inexistencia del derecho de propiedad de la demandante inscrito en Derechos Reales, la prescripción del derecho invocado por la demandante, se declare que compró el bien inmueble objeto de litis de quien conforme al registro de Derechos Reales, era el propietario y la legalidad de su escritura pública; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse la Sentencia Nº 78/2018 de 01 de junio, cursante de fs. 444 a 461, donde el Juez Público Civil y Comercial 1º de la ciudad de Sucre, declaró PROBADA la demanda principal presentada por Yessy Vargas Salomón, en consecuencia dispuso: la nulidad del documento de transferencia que dio origen al Testimonio Nº 2296/2014 de 26 de junio; la cancelación del  asiento A-3 con partida Nº 40875 de 2 de julio de 2014 del inmueble con Matrícula computarizada Nº 1.01.199.0066852; la cancelación de la Matrícula Nº 1.01.1.99.0077482 debiendo migrar el registro del asiento A-1 con Partida Nº 3184 de 10 de junio de 1989 al Folio Real con Matrícula Nº 1.01.199.0066852.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Yusara Vargas Barba mediante su representante Wilbur Daza Gutiérrez a través del memorial de fs. 465 a 474 vta., como por Marcelo Vargas Cholima por memorial de fs. 492 a 494; y por José Bruno Vargas Bruening a través del memorial de fs. 500 a 502 vta., dieron lugar a la emisión del  Auto de Vista Nº SCCI-0287/2018 de 18 de octubre cursante de fs. 559 a 564, que CONFIRMÓ la sentencia apelada, con costas y costos; asimismo, confirmó el Auto Nº 92 que corre a fs. 296 vta a 297 de 01 de febrero de 2018, concedido en el efecto diferido. Del mismo modo declaró INADMISIBLE las apelaciones de fs. 492 a 494 y fs. 500 a 502 vta. El fundamento esgrimido es que la actora después de haber cumplido los 18 años, es incomprensible que entre hermanos no se hubiera puesto como tema de conversación la existencia de la cesión de derechos vía anticipo de legítima, más aun si ella vive en el inmueble; los actos de derechos reales no se hubieran inscrito  con las formalidades para su inscripción surte efectos entre los contratantes, es decir, entre el progenitor que cede derechos vía anticipo de legítima a favor de sus 4 hijos, consiguientemente el anticipo de legítima subsiste y tiene valor entre los suscribientes; en relación a la demanda reconvencional, el derecho propietario de la demandante está registrado y cumple con la publicidad prevista en el art. 1538 del CC, pese a la minoridad alegada por la reconviniente en esa fecha, es copropietaria y entonces no ha prescrito el derecho propietario de la demandante, la misma subsistente en tanto no sea declarado nulo vía judicial y con sentencia con calidad de cosa juzgada.

De igual forma, el citado Tribunal de alzada, ante la solicitud de aclaración, complementación y enmienda interpuesta por Yusara Vargas Barba por memorial que cursa de fs. 567 a 568, emitió los Autos Complementarios de fecha 23 y 25 de octubre de 2018 cursantes a fs. 569 y 572 respectivamente, declarando “no ha lugar” a la solicitud.

3. Fallo de segunda instancia que es recurrido en casación por Yessy Vargas Salomón mediante su representante legal Wilbur Daza Gutiérrez a través del memorial de fs. 575 a 585 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

En la forma.

1. El recurrente acusó violación del 265.I del Código Procesal Civil en relación con la demanda principal, porque confirmó los errores del juez de origen valiéndose de mentiras y omitiendo resolver los puntos apelados, agregó, al respecto, que el juez al dictar la sentencia tenía obligación de resolver la demanda en la forma que le impone el art. 213.I del Código Procesal Civil, relativa a la nulidad.

2. Denunció infracción del art. 265.I y III del Código Procesal Civil con relación a la demanda reconvencional de prescripción.

3. Señaló que Yusara Vargas Barba tiene derecho a obtener una declaración de certeza acusando la infracción del art. 265.I y III del Código Procesal Civil.

En el fondo.

1. Acusó error de hecho en la valoración de la prueba vulnerando los arts. 489, 549 num. 3) del Código Civil al declarar la existencia de causa ilícita, argumentando que se omitió valorar el Testimonio N° 213/1989 de fs. 1 a 5 y el Folio Real N° 1011990066852 de fs. 13, que demostraría que la demandada cuando se otorgó el Poder N° 520 tenía 3 años, cuando se registró en Derechos Reales tenía 4 años, siendo defectuosa la valoración al manifestar que se conocía del anticipo de legítima y luego se actuó de mala fe.

2. Sostuvo violación de los arts. 489 y 549 num. 3) del Código Civil, porque no se demostró la causa ilícita y no se explicó si la conducta de Yusara Vargas fue contraria al orden público, a las buenas costumbres o eludió la aplicación de una norma imperativa.

3. Denunció violación de los arts. 1492, 1493, 1495, 1507 y 1538 del Código Civil por desestimar la prescripción del derecho de propiedad invocado por Yessy Vargas Salomón, manifestando que se violó el régimen de la prescripción ya que se declaró que por estar inscrito el derecho propietario no prescribió, siendo que solo los derechos extrapatrimoniales son imprescriptibles, por ende la falta de ejercicio por 5 años después de la mayoría de edad de la actora llevó  la prescripción de ese derecho.

Concluyó solicitando se anule obrados hasta el Auto de Vista, alternativamente, en caso de ingresar a resolver el recurso de fondo, se case el Auto de Vista de 18 de octubre de 2018 y deliberando en el fondo, declarar improbada la demanda principal y probada la reconvencional.

De la contestación al recurso de casación.

Señaló que no existe violación del art. 265.I del Código Procesal Civil por cuanto el Auto de Vista se circunscribe a los puntos resueltos por el inferior, otra cosa diferente es que no sea del agrado del recurrente, que pretende con argumentos forzados inclinar el criterio del juzgador.

Añadió que su derecho propietario se encuentra debidamente registrado desde 1989 y si se pretendía desconocer su derecho tenía las vías legales para hacerlo, pero no puede invocar una prescripción inexistente.

Relató que su padre primero transfiere en anticipo de legítima a favor de sus cuatro hijos: Yessy y Fuad Vargas Salomón, Yusara y Omar Vargas Barba, el inmueble de la calle Arce N° 593, mediante Escritura Pública N° 213/89 inscrita en Derechos Reales; consecuentemente, su padre transfiere nuevamente el inmueble únicamente a favor de la demandada, transfiriendo propiedad ajena, hecho que es contrario a la buena fe y las costumbres, que se considera causa ilícita.

Agregó que la prescripción inexistente debe partir desde que la demandada inscribió a su favor la transferencia ilegal y por el tiempo transcurrido no se ha operado ninguna prescripción a su favor.

Concluyó solicitando se declare infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

1. De la causa en los contratos.

Es reiterada la jurisprudencial respecto a la causa en el contrato emitido por el Tribunal Supremo de Justicia que manifestó: “En lo referente, nuestra legislación, conforme la corriente doctrinaria moderna, aceptó a la causa como un elemento constitutivo del contrato, entendiendo a ésta en la función económica-social que el contrato desempeña, tesis defendida por Mazeaud, entre los más destacados, que al exponer sus argumentos de la causa indicaba que ...ésta cumple una función económico- social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las partes(…)

La causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; en contrario sensu, se puede referir un contrato con causa ilícita cuando las partes persigan una finalidad económico- práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral).

Si el contrato es ilícito por ilicitud de causa, forzosamente es ilícito para ambos contratantes, porque la causa es un elemento común, ya que juntas proponen conseguir el fin propio del contrato celebrado, por ello, el motivo- como elemento subjetivo- que instó a alguna de las partes a contratar, no puede supeditar al contrato como ilícito, más aun sabiendo que la parte que concurre al contrato de buena fe lo hace pretendiendo cumplir con una finalidad lícita.

Estableciéndose que para sancionar con nulidad por causa ilícita a un contrato, necesariamente debe probarse en Autos que ambas partes lo celebraron con una finalidad contraria al orden público o las buenas costumbres, o cuando lo hicieron para eludir la aplicación de una norma imperativa, conforme establece el art. 489 del Código Civil” (Autos Supremos N° 512/2012, 518/2014, 479/2018, entre otros).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En la forma.

1. El recurrente acusó la violación del 265.I del Código Procesal Civil en relación a la demanda principal porque se confirmó los errores del juez de origen valiéndose de mentiras y omitiendo resolver los puntos apelados, agregó, al respecto, que el juez al dictar la sentencia tenía obligación de resolver la demanda en la forma que le impone el art. 213.I del Código Procesal Civil, relativa a la nulidad.

Se debe manifestar que la recurrente acusa infracción del art. 265.I del Código adjetivo de la materia, que prevé que el Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación; por lo cual, en el examen de la infracción en la forma acusada, la recurrente mediante recurso de apelación de fs. 465 a 474 vta., planteó en el apartado I de violación de formas procesales, inciso b, el agravio de “Tres (3) violaciones al artículo 213.I del Código Procesal Civil”, argumentando que no se resolvió según lo demandado: “causa ilícita por violar el derecho a la legítima”, tampoco resolvió el petitorio de la demanda: “nulidad de la Escritura Pública Nº 2296/2014” ni mucho menos resolvió la excepción de prescripción en los términos planteados. Con ese antecedente, el Auto de Vista recurrido otorgó respuesta al agravio planteado, en el punto 3 del tercer considerando, cuya explicación cumple con el principio de congruencia, porque expone una respuesta a lo propuesto en las tres supuestas violaciones del art. 213.I del Código Procesal Civil, señalado en el recurso de apelación.

Cabe aclarar que, conforme a lo examinado, al agravio expresado en apelación se otorgó una respuesta en concreto, que satisface el debido proceso en su vertiente de motivación de las resoluciones judiciales, por cuanto abarca el contenido del agravio que permitió a la recurrente cuestionar aquella respuesta brindada; sin embargo, si la repuesta no es de agrado de la impugnante, no puede considerarse, impropiamente,  que el Ad quem se valió de mentiras y omitió resolver los puntos apelados en la forma en que fueron planteados; pues el hecho de recibir respuestas que no coinciden con la opinión del apelante no significa falsedad o falta de respuesta, debiendo rechazarse esa impostura impugnatoria que se aparta del principio de lealtad procesal que debió observar la recurrente en su recurso de casación.

En consecuencia, no se advierte infracción al art. 265.I del Código Procesal Civil.

2. Del mismo modo, sobre la denuncia de infracción del art. 265.I y III del Código Procesal Civil en relación con la demanda reconvencional de prescripción, se otorgó repuesta en concreto por parte del Tribunal de alzada, cuyo argumento está en el punto 3 del tercer considerando del Auto de Vista, además de haber ahondado en base a la explicación respeto a la demanda reconvencional en lo demás de la determinación. No obstante, sostiene el reclamo por falta de resolución de la demanda reconvencional en los términos en que fue planteada, a lo que se debe aclarar a la recurrente que al haber planteado una pretensión reconvencional de prescripción obtuvo determinación en sentencia en función a la pretensión propuesta los hechos establecidos, y la prueba producida; pues, si se planteó una situación de prescripción lógicamente el juez de origen tuvo que analizar los elementos de ese instituto, tiempo y falta de ejercicio del derecho, y emitir una decisión al respecto; por lo que, en la forma, pretende obtener respuesta a la medida del interés propio no supone infracción de ninguna manera del art. 213.I del Código Procesal Civil, como propone la recurrente; en tal medida no se evidencia vicio en el Auto de Vista.

3. En relación a que Yusara Vargas Barba tiene derecho a obtener una declaración de certeza acusando infracción del art. 265.I y III del Código Procesal Civil. La parte recurrente omite distinguir su situación de demandada, respecto a una pretensión de nulidad de un acto jurídico; en tal circunstancia, no puede pretender una resolución favorable a su pretensión en el que declare que adquirió ese inmueble cuando falló asumiendo la nulidad su título, situación que hubiese sido aclarada si oportunamente hubiera exigido la aclaración y complementación respectiva.

Conforme lo desarrollado, no se verifica vicios procesales de forma que pueda merecer la nulidad de las determinaciones judiciales emitidas, debiendo desestimarse las denuncias expresadas.

En el fondo.

1.  Acusó error de hecho en la valoración de la prueba con violación de los arts. 489, 549 num. 3) del Código Civil al declarar la existencia de causa ilícita, argumentando que se omitió valorar el Testimonio N° 213/1989 de fs. 1 a 5 y el folio real de fs. 13, que demostraría que la demandada cuando se otorgó el Poder N° 520 tenía 3 años, cuando se registró en Derechos Reales 4 años, siendo defectuosa la valoración al manifestar que se conocía del anticipo de legítima y luego se actuó de mala fe.

A efectos de otorgar respuesta al agravio, debemos precisar que el Auto de Vista señaló que en el obrar de Yusara Vargas ha incurrido la mala fe y conducta dolosa porque, en relación a que por su edad no conocía del anticipo de legítima, después de haber cumplido 18 años, es incomprensible que entre hermanos no se hubiera puesto como tema de conversación la existencia de la cesión de derechos vía anticipó de legítima, más aún si ella vive en el inmueble. En tal medida, debemos verificar si es evidente el error de hecho en la prueba aludida acusado al Ad quem.

Conforme antecedentes, se tiene que Manuel Marcelo Vargas Sandoval el 28 de julio de 1988 extendió el Poder N° 520, en la ciudad de Trinidad, a favor de Clemencia Vargas de Gutiérrez que contiene la instrucción de: “…c) Acepta el conferente la casa de la calle Aniceto Arce N° 593, en su totalidad.- d) Al mismo tiempo hace renuncia de sus derechos sobre la casa antes mencionada (calle Aniceto Arce N° 593) a favor de sus hijos menores Fuad Vargas Salomón, Yessy Vargas Salomón, Omar Vargas Barba y Yusara Vargas Barba.- e) De esta manera en la escritura pública de Anticipo de Legítima los hijos del conferente Fuad Vargas Salomón, Yessy Vargas Salomón, Omar Vargas Barba y Yusara Vargas Barba, figurarán como nuevos y legítimos propietarios…

Mandato que permitió a la apoderada, Clemencia Vargas de Gutiérrez, a nombre de Manuel Vargas Sandoval, celebrar el contrato de 15 de septiembre de 1988 de anticipo de legítima de derechos y acciones, inserto en la Escritura Pública N° 213/1988 cursante de fs. 1 a 5, por el que Manuel Vargas Medina, conjuntamente Clemencia y Lucia Vargas Sandoval, otorgan el inmueble de la calle Aniceto Arce N° 593 a su hijo y hermano Manuel Vargas Sandoval, respectivamente conforme señala la cláusula tercera del contrato. Más adelante, la cláusula séptima describe que la apoderada acepta la cesión manifestando: “…acepto la cesión que hace nuestro padre, Manuel Vargas Medina, de sus derechos en la casa N° 593 de la calle Aniceto Arce de esta ciudad, a favor de mi poderdante, haciendo notar que esta aceptación la hago, para los hijos de mi instituyente, llamados FUAD VARGAS SALOMÓN, YESSY VARGAS SALOMÓN, OMAR VARGAS BARBA Y YUSARA VARGAS BARBA, en vista que así me ha facultado el padre de estos menores, en el poder ya mencionado”.

Ahora bien, ciertamente al tiempo que Manuel Marcelo Vargas Sandoval emitió el Poder N° 520 y celebró el contrato inserto en la Escritura Pública N° 213/1988 mediante su apoderada, la recurrente Yusara Vargas Barba era menor de edad tenía tres años conforme el certificado de nacimiento de fs. 464- al igual que Fuad Vargas Salomón, Yessy Vargas Salomón y Omar Vargas Barba, minoridad descrita por el mismo  mandato y contrato aludido, razón en la que, por la incapacidad, no se podría estimar conducta  fraudulenta. Sin embargo, la conducta de mala fe y dolosa, descrita por el Auto de Vista, debe ser examinada a tiempo de la suscripción del contrato contenido en la Escritura Pública N° 2296/2014 de 18 de diciembre, requerida de nulidad.

En ese orden, verificamos que la Escritura Pública N° 213/1988 fue registrada en derechos reales el 10 de junio de 1989 bajo la Partida N° 250, Folio N° 239 del Libro de Propiedad Capital N° 4, conforme describe certificado de propiedad de fs. 125, lo que establece que por el efecto de la publicidad tal como establece en el art. 1538 del Código Civil, entonces, ese acto de transferencia (contenido en la Escritura Pública N° 2296/2014 de 18 de diciembre), era de conocimiento público, lo que hace oponible ese derecho real frente a terceros y, claro está, de conocimiento de Yusara Vargas Salomón que a ese tiempo concebía mayoría de edad; en tal lógica, si bien la recurrente al ser incapaz desconocía que se le transfirió el derecho propietario sobre el inmueble objeto de litis, al obtener su mayoría de edad, por el efecto publicitario del registro, tuvo conocimiento de ese acto jurídico, añadiendo la apreciación del Ad quem que es incompresible que entre hermanos no hubieran conversado sobre la existencia de la cesión de derechos vía anticipo de legítima; entonces, a tiempo de suscribir el contrato de transferencia sobre el inmueble, mediante el contrato inserto en la Escritura Pública N° 2296/2014, ambos celebrantes conocían que ese inmueble era de propiedad de la recurrente y de sus hermanos Fuad Vargas Salomón, Yessy Vargas Salomón y Omar Vargas Barba; conocimiento que fue calificado de mala fe y dolosa por el Ad quem, por lo cual el hecho que la recurrente hubiera sido menor de edad cuando se le transfirió el inmueble no  merma en absoluto que, por efecto de la ley, conocía a tiempo de suscribir la Escritura Pública N° 2296/2014, conjuntamente su vendedor, que ella y sus hermanos eran copropietarios del inmueble, por lo cual no existe error de hecho en la apreciación de las pruebas examinadas supra por parte del Tribunal de segunda instancia.

2. Sobre los hechos descritos anteriormente, la recurrente acusó violación de los arts. 489 y 549 num. 3) del Código Civil, porque no se demostró la causa ilícita y no se explicó si la conducta de Yusara Vargas fue contraria al orden público, a las buenas costumbres o eludió la aplicación de una norma imperativa.

En consideración al agravio expresado, el art. 549 num. 3) del Código Civil establece sanción de nulidad por causa ilícita que es concordante con el art. 489 del mismo compilado legal que manifiesta: “La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa”.

En función a esa base normativa, el Tribunal Supremo de Justicia sentó base jurisprudencial respecto a la causa en el contrato, que se manifestó: “En lo referente, nuestra legislación, conforme la corriente doctrinaria moderna, aceptó a la causa como un elemento constitutivo del contrato, entendiendo a ésta en la función económica-social que el contrato desempeña, tesis defendida por Mazeaud, entre los más destacados, que al exponer sus argumentos de la causa indicaba que ...ésta cumple una función económico- social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las parte (…)

La causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; en contrario sensu, se puede referir un contrato con causa ilícita cuando las partes persigan una finalidad económico- práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral).

Si el contrato es ilícito por ilicitud de causa, forzosamente es ilícito para ambos contratantes, porque la causa es un elemento común, ya que juntas proponen conseguir el fin propio del contrato celebrado, por ello, el motivo- como elemento subjetivo- que instó a alguna de las partes a contratar, no puede supeditar al contrato como ilícito, más aún sabiendo que la parte que concurre al contrato de buena fe lo hace pretendiendo cumplir con una finalidad lícita. Estableciéndose que, para sancionar con nulidad por causa ilícita a un contrato, necesariamente debe probarse en Autos que ambas partes lo celebraron con una finalidad contraria al orden público o las buenas costumbres, o cuando lo hicieron para eludir la aplicación de una norma imperativa, conforme establece el art. 489 del Código Civil” (Autos Supremos N° 512/2012, 518/2014, 479/2018, entre otros).

Línea jurisprudencial que disgregó a la causa en una concepción objetiva, de ahí la aceptación que la causa se define como la función económica social del contrato; empero, estableció la ilicitud de la causa ponderando el elemento subjetivo. Esta concepción es explicada didácticamente por Lizardo Taboada Córdova, en su obra “La Causa del Negocio Jurídico”, 1999, pág. 559, que dice: “La causa sin embargo, tiene dos aspectos: el objetivo y el subjetivo. Bajo el aspecto objetivo la causa se define como la función jurídica en base a una función socialmente razonable. Pero es necesario también para construir el aspecto subjetivo de la causa conformado por el propósito de las partes de obtener la función jurídica y también, de ser el caso, por el propósito de alcanzar una determinada función o finalidad concreta, en la medida que se trate de la base o razón única y determinante de la celebración del negocio jurídico. El aspecto subjetivo nos permitirá descubrir si la causa es ilícita o no y el aspecto objetivo si el negocio jurídico tiene una causa o no”. Es decir, cuando se pretende establecer si la causa es ilícita se debe verificar el propósito práctico como razón esencial del contrato que tuvieron las partes al celebrarlo. 

En ese entendido, si analizamos el contrato inserto en la Escritura Pública N° 2296/2014, para establecer si existió causa ilícita en su celebración, debemos observar que anterior a su celebración, el vendedor Manuel Marcelo Vargas Sandoval, mediante su apoderada Clemencia Vargas de Gutiérrez, celebró el contrato de 15 de septiembre de 1988 de anticipo de legítima de derechos y acciones, inserto en la Escritura Pública N° 213/1988 (fs. 1 a 5), por el cual aceptó la cesión de derechos de su padre, Manuel Vargas Medina, aunado al derecho cedido por sus hermanas Clemencia y Lucia Vargas Sandoval, empero a favor de sus hijos Fuad Vargas Salomón, Yessy Vargas Salomón, Omar Vargas Barba y Yusara Vargas Barba, siendo ellos los propietarios del inmueble ubicado en la calle Arce N° 593, cuyo registro recaló en la partida N° 250, Folio 239 del libro de propiedad de la capital 4 de 10 de junio de 1989. Sin embargo, pese a esa cesión ocurrida, posteriormente, Manuel Marcelo Vargas Sandoval se hizo declarar heredero de su madre y registró ese derecho en fecha 04 de noviembre de 1988, figurando él, erróneamente, como único propietario del inmueble, creándose además un registro alterno al de la cesión. Posteriormente, mediante contrato contenido en la Escritura Pública N° 2296/2014, Manuel Marcelo Vargas Sandoval transfirió el inmueble a favor de Yusara Vargas Barba, acto jurídico que se acusa de nulo por causa ilícita.

Bajo ese antecedente, se ha dicho que, para sancionar con nulidad por causa ilícita a un contrato necesariamente debe probarse en autos que ambas partes lo celebraron con una finalidad ilícita, en ese mérito, a tiempo de la suscripción del contrato de transferencia del inmueble de la calle Arce N° 593, Manuel Marcelo Vargas Sandoval y Yusara Vargas Barba suscribieron el contrato insertó en la Escritura Pública N° 2296/2014 para afectar el derecho propietario de Fuad Vargas Salomón, Yessy Vargas Salomón y Omar Vargas Barba, en su calidad de copropietarios del inmueble descrito, pues ese derecho propietario registrado con anterioridad era de conocimiento de ambos contratantes,  por la extensión de mandato y el contrato de cesión por uno y por el efecto de publicidad que irradió el registro del inmueble para la otra, consideración que no puede ser discutida por el efecto que nace de la ley, que si es oponible a terceros mucho más al propio beneficiado con la publicidad de su propiedad.

Ahora bien, esa transferencia tenía una finalidad contraria al orden público porque generó una desestabilización a la armonía jurídica y social que debe reinar en la sociedad, atentó contra el ordenamiento jurídico y los intereses que se protege , contrastando con la protección de la propiedad establecido en el art. 56 de la norma constitucional y el enriquecimiento sin causa que pregona el art. 961 del Código Civil; además ese contrato con propósito ilícito era contrario a las buenas costumbres porque aquel actuar no es ético socialmente, ya que no podrían beneficiarse patrimonialmente los celebrantes a costa del patrimonio de sus hijos y hermanos. 

Además, nuestro Estado se rige por principios ético morales situados en el art. 8 de la Constitución Política del Estado, al respecto la SCP N° 0015/2012 de 16 de marzo, señaló: “De acuerdo al nuevo orden constitucional, el art. 8.I de la CPE, dentro de los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como de carácter ético morales de la sociedad plural, el ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón); máximas milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral de toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de la vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuanto afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa”, jurisprudencia constitucional que establece la observancia de los principios éticos desde dos perspectivas, desde la situación de juzgador y desde las partes en conflicto, para el primero ser diligente y probo en la administración de justicia; para las partes, el comportamiento moral que debe tener toda persona natural o jurídica en la práctica de sus actividades; en tal sentido, verificamos que aquella transferencia ocurrida, que emerge del contrato acusado, en menoscabo del derecho de propiedad de los otros copropietarios, hiere los principios éticos morales que sustenta el Estado boliviano, por lo cual se debe declarar su nulidad por ser la finalidad contraria a estos principios normativos, que trasuntada a la norma civil significa causa ilícita por contrariar el orden público y las buenas costumbres.

3. En relación a la denuncia de violación de los arts. 1492, 1493, 1495, 1507 y 1538 del Código Civil por desestimar la prescripción del derecho de propiedad invocado por Yessy Vargas Salomón, manifestando que se violó el régimen de la prescripción ya que se declaró que por estar inscrito el derecho propietario no prescribió, siendo que solo los derechos extrapatrimoniales son imprescriptibles, por ende la falta de ejercicio por 5 años después de la mayoría de edad de la actora llevó  la prescripción de ese derecho.

En el examen del agravio cabe realizar una división básica de los derechos subjetivos, tal es que los derechos se dividen en patrimoniales y extrapatrimoniales. A la vez, los derechos patrimoniales, que nos interesa, se dividen en derechos reales y derechos personales. Los derechos personales son los que se originan de la relación entre personas (relación personapersona), en cambio los derechos reales son los creados de una relación entre la persona y la cosa (relación personacosa).

En ese orden, nuestra normativa jurídica estableció plazos de prescripción según la naturaleza del derecho o la acción, por lo cual el art. 1507 del Código Civil que se acusa de infringido, manifiesta: “Los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de cinco años, a menos que la ley disponga otra cosa”, en tal circunstancia, no todos los derechos patrimoniales están sujetos a ese plazo de prescripción, por ello la norma estableció en su nomen juris de disposición general, precisando  la salvedad que “a menos que se disponga otra cosa”, por lo cual, se debe comprender que cuando un derecho o acción no tenga un plazo de prescripción establecido se debe recurrir a esta regla general de prescripción, siendo la norma de aplicación no absoluta. Bajo esa razón, los derechos reales, parte de los derechos patrimoniales, tienen su propia regla de prescripción, véase que el derecho de propiedad inmueble prescribe, conforme el art. 134 al 138 del Código Civil, a los 5 o 10 años, respectivamente, según sea las circunstancias de posesión del inmueble, es por ello que la doctrina la denomina prescripción adquisitiva y nuestro ordenamiento jurídico usucapión; así tenemos la acción de reivindicación que es imprescriptible por imperio del art. 1454 del Código precitado; existiendo plazos para otros institutos de ese orden en nuestra normativa civil, debiendo precisar, además que en el caso de los derechos reales la hermenéutica de prescripción es adquisitiva que difiere de los derechos personales que es prescripción liberatoria, por el vínculo que se tiene entre personas.  

Por lo explicado, la recurrente equívocamente entiende que el plazo de 5 años descrito en el art. 1507 del sustantivo civil es absoluto a todos los derechos patrimoniales, sin considerar que el derecho de propiedad de Yessy Vargas Salomón, derecho real por antonomasia, tiene plazos de prescripción establecidos en preciso y no se rige por la norma general establecida en el art. 1507 del sustantivo de la materia, bajo esa misma lógica el Tribunal de apelación manifestó que no prescribió el derecho de propiedad de la actora, siendo correcta la interpretación brindada; por tales motivos, se determina que no es evidente la infracción de los arts. 1492, 1493, 1495, 1507 del Código Civil. De otro lado, respecto al art. 1538 del Código Civil relativo a la publicidad de los derechos reales, se debe comprender que esa publicidad no excluye a derechos reales de la prescripción, pero permite conocer, por el efecto erga omnes, del derecho real que tiene una persona sobre un determinado bien inmueble, siendo esa lógica que tuvo el Tribunal de apelación para hacer alusión al registro del inmueble, por lo cual resulta insustancial otro examen, por el desvanecimiento argumentativo de la prescripción planteado por la parte recurrente. 

Por lo manifestado, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 575 a 585 vta., interpuesto por Yusara Vargas Barba mediante su representante legal Wilbur Daza Gutiérrez en representación de contra el Auto de Vista Nº SCCI-0287/2018 de 18 de octubre, cursante de fs. 559 a 564, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos.

Se regula el honorario del abogado de la parte demandante en la suma de Bs. 1000. 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.