TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 464/2019

Fecha: 02 de mayo de 2019

Expediente: CH-76-18-S

Partes: Guadalupe Pallares Espada y otro c/ Roxana, Jenny Reisa, Maykon

            Remmy, José Luis y Ariel Saavedra Pallares; Silverio Pallares Chumacero,

            Juan Carlos Colque Calvimontes y María Janeth Quinteros Pallares.

Proceso: Acción de anulabilidad de documentos y nulidad de documento

Distrito: Chuquisaca    

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1171 a 1173 vta., planteado por Guadalupe Pallares Espada., contra el Auto de Vista Nº SCCI - 0281/2018 de 09 de octubre, cursante de fs. 1162 a 1165, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de anulabilidad de documentos y otro, seguido por Guadalupe Pallares Espada y otro, contra los recurrentes y otros, el Auto de concesión de 13 de noviembre de 2018 cursante a fs. 1176, el Auto Supremo de admisión Nº 1137/2018-RA de fs. 1180 a 1182 vta., los antecedentes procesales; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

a. Planteada la acción de acción de anulabilidad de documentos y nulidad de documento de fs. 59 a 62 vta, subsanada a fs. 66 vta., por Edmundo Pallares Espada y Guadalupe Pallares Espada en contra de Roxana, Jenny Reisa, Maykon Remmy, José Luis y Ariel Saavedra Pallares; Silverio Pallares Chumacero, Juan Carlos Colque Calvimontes y María Janeth Quinteros Pallares.

Roxana Saavedra e Isidora Pallares esta última y en representación de Ariel Saavedra, negaron los extremos de la demanda, oponiendo excepción perentoria de prescripción bajo el argumento de que la minuta de venta se encuentra prescrita y reconvinieron demandando la entrega del inmueble (fs. 94-95 vta., y 160-161 vta.).

Silverio Pallares Chumacero, contestó negativamente la demanda, oponiendo excepciones de prescripción, cosa juzgada y transacción y reconvino la demanda exigiendo la entrega del inmueble (fs. 114 a 115 vta.).

Juan Carlos Colque Calvimontes y maría Janeth Quinteros Pallares, son declarados rebeldes (fs. 310).

Jose  Luis, Maycon Remmy y Jenny Raisa Saavedra Pallares, no contestaron la demanda y se les designó defensor de oficio, quien planteó excepción perentoria de prescripción (fs. 323 vta.).

b. Tramitado el proceso, la Juez Público en materia Civil y Comercial  Nº 7 de la ciudad de Sucre, pronunció la Sentencia Nº 36/2017 del 12 de mayo cursante de fs. 1068 a 1075 vta., donde declaro IMPROBADA la demanda planteada por los hermanos Edmundo y Guadalupe Pallares Espada; IMPROBADA la demanda reconvencional de entrega de bien inmueble por Silverio Pallares Chumacero e IMPROBADAS sus excepciones perentorias de cosa juzgada y transacción; PROBADA la excepción de falta de acción y derecho por la reconvenida Guadalupe Pallares Espada; PROBADA la excepción de prescripción; IMPROBADA la demanda reconvencional de entrega de bien inmueble. Sin costas por ser juicio doble, en consecuencia dispuso no haber lugar a la anulabilidad, ni nulidad de los documentos referidos supra, como tampoco a la entrega de inmueble.

c. Resolución de primera instancia que fue apelada por la demandante a través del memorial de fs. 1084 a 1086 vta., que mereció el pronunciamiento del Auto de Vista Nº SCCI - 0281/2018 de 09 de octubre, cursante de fs. 1162 a 1165, que CONFIRMÓ la sentencia N° 36/2017, sin costas ni costos, argumentando lo siguiente:

1. Indicó que no existió incongruencia en la sentencia, puesto que no fue necesario analizar la demanda de anulabilidad de documento en virtud a que ya se declaró probada la excepción de prescripción.

2. Manifestó que la sentencia fue clara al indicar que la demanda de nulidad quedó supedita a la demanda de anulabilidad, misma que no fue estimada en razón de haberse declarado probada la excepción de prescripción, por lo tanto no se pudo haber acreditado las causales del art. 549 num. 1) y 3) del Código Civil.

3. Consideró que la demandante condicionó la demanda de nulidad de la minuta de transferencia de 23 de enero de 2001 a la acción de anulabilidad de los documentos de 09 de junio de 1991 y de 10 de agosto de 1992, las cuales por efectos de la prescripción es que la sentencia no acogió la acción de nulidad, por lo tanto no se acreditó la demanda de nulidad conforme a los art. 549 num. 1) y 3).

4. Apreció que al estar vigentes los documentos de 09 de junio de 1991 y de 10 de agosto de 1992, entonces el contrato de 23 de enero de 2001 se encontraría vigente, por lo que no sería evidente la falta de objeto, ni la causa ni motivo ilícito.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Acusó que tuvo conocimiento de la falsificación de los documentos tras el fallecimiento de su madre de 02 de abril de 2011, por tal motivo habría planteado juntamente con su hermano la improcedencia la excepción perentoria de prescripción, ello en aplicación del art. 556.II del Código Civil y por lo tanto debe existir un fallo judicial por el que resuelva la improcedencia de la excepción de prescripción.

2. Indicó que el Tribunal de casación al emitir el Auto Supremo Nº 824/2018 de 31 de agosto de 2018 ignora el art. 213 num. 3) y 4) del Código Procesal Civil, puesto que el fallo debe entenderse como la parte dispositiva de una sentencia y no la parte considerativa.

3. Enfatizó que la improcedencia de la excepción de prescripción planteada ya fue objeto de resolución de fs. 230 a 231 y al no ser objeto de impugnación adquirió la calidad de cosa juzgada, motivo por el que se planteó su improcedencia y la cual debe constar en la parte dispositiva del fallo y no solo en la parte considerativa.

Por lo acusado solicitó que se anule obrados hasta fs. 1162, o se case el Auto de Vista recurrido y se declare probada la improcedencia de la excepción de prescripción.

Sin respuesta al recurso


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. La falsificación de documentos y sus efectos jurídicos.

Al respeto se debe citar el Auto Supremo Nº 275/2014 de 02 de junio, donde se desarrolló que: “La falsificación de instrumentos privados o públicos se considera una forma especial de engaño que como tal entra en pugna con los principios y valores ético morales en que se sostiene el Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora bien los efectos jurídicos que devienen de un hecho ilícito deben tener en relación al actor eminentemente efectos de reproche a la conducta ilícita, y por ningún motivo debe significar la consolidación de derechos favorables al actor que incurrió en el acto ilícito. En consecuencia un hecho ilícito debe generar para el autor efectos de reproche, no de consolidación de un derecho adquirido por un ilícito, que conciba efectos benignos para el autor, como el que podría darse en el caso de Autos, si se reconoce validez a una transferencia que deviene de una falsificación.”

CONSIDERANDO IV:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, a continuación corresponde considerar los reclamos acusados en el recurso de casación.

La acusación de la recurrente versa sobre la improcedencia de la excepción de prescripción que fue declarada probada en sentencia, alegando que tuvo conocimiento el 2 de abril de 2011 de una supuesta falsificación de firma de sus padres (Eloy Pallares y Pascula Espada), y que al plantear la demanda el 2013, habrían estado en plazo oportuno para interponer la demanda anulabilidad, por lo que la recurrente mencionó que las pruebas de fs. 172 a 302 darían cuenta de lo manifestado.

a. Para dar respuesta al agravio, previamente, debemos aclarar que el presente proceso fue tramitado con el Código de Procedimiento Civil abrogado, por lo que la excepción perentoria propuesta se resolvía al mismo tiempo de la sentencia, conforme el art. 343.I. de la referida norma. Por lo cual, la excepción de prescripción de la acción de anulabilidad propuesta por la parte demandada, fue apreciada en sentencia, declarándola probada y, por consecuencia, sin resolver y analizar la pretensión de la parte actora, declaró también improbada la demanda. En tal mérito, corresponde establecer, que conforme la estructura normativa del régimen procesal abrogado, si se apreciaba una excepción perentoria, como de la prescripción, se dejaba imprejuzgada las pretensiones de fondo, por el acaecimiento de la excepción, aunque se declaraba improbada también la demanda.

Señalada aquella referencia, debemos incidir también en que, anterior al año 2012 era línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia que los documentos públicos o privados en que los que hubiere existido falsificación, la forma de obtener su invalidez era vía anulabilidad y no de nulidad; cambiado esa percepción a partir del Auto Supremo Nº 275/2014 de 02 de junio, habiendo el Tribunal Supremo de Justicia estimando que los documentos acusados de invalidez por falsificación deben ser  resueltos mediante nulidad y no por anulabilidad, razonando que: “Siendo una característica del acto anulable la posibilidad de operar su confirmación, resulta también inaceptable que esta característica del acto anulable opere respecto a un acto ilícito de falsedad, como en el presente caso que se evidenció un documento de transferencia en el que intervendría una persona fallecida años antes de su celebración, consiguientemente podemos concluir que la falsedad de un acto no habilita su invalidación por vía de anulabilidad sino por vía de nulidad por su manifiesta ilicitud. Este razonamiento modula el entendimiento asumido por la Extinta Corte Suprema de Justicia y de este Tribunal Supremo de Justicia, en función a los postulados antes expuestos”.

Ahora bien, es de rigor considerar que la demanda fue presentada el 15 de abril de 2013, cuando la línea jurisprudencial sentada por entonces reitera que la invalidez de los documentos falsificados debia ser vía anulabilidad y no nulidad, por lo cual la demanda estableció como hecho la falsificación de la minuta de 10 de agosto de 1992 y de la minuta de 9 de junio de 1991, habiendo postulado como pretensión la anulabilidad de ese documento concordante con la línea jurisprudencial citada.

Dispuesta de esa manera la pretensión, los demandados Roxana Saavedra Pallares, Isidora Pallares en representación de Ariel Avelino Saavedra Pallares Silverio Pallares Chumacero y el defensor de oficio de José Luis, Maycon Remmy y Jenny Raisa, todos Saavedra Pallares opusieron excepción perentoria de prescripción de la acción de anulabilidad, bajo el entendido que los actores tuvieron conocimiento de aquel documento acusado de anulabilidad más de 5 años atrás; argumento de la excepción que fue acogido en Sentencia Nº 36/2017 a fs. 1074, y dejó imprejuzgado la pretensión de fondo, donde la juez indicó que: “…por lo expuesto en autos se tiene acreditada la excepción de prescripción formulado de contrario, por lo que ya no corresponde ingresar al análisis de fondo de la anulabilidad demandada al encontrarse prescrita la pretensión de los actores principales”, en el mismo sentido razonó el Tribunal Ad quem, al indicar que a fs. 1163 vta. que “No resulta evidente existir incongruencia en la Sentencia por no haber analizado si es evidente o no la causal de anulabilidad demandada, pues el efecto de haberse declarado probada la excepción de prescripción respecto de ésta, eximió a la juez de valorar el aspecto observado…”, por lo tanto es evidente que al haber sido declarada probada la excepción de prescripción no se ingresó al fondo del litigio, aspecto que debe ser enmendado, debido que de comprobarse la falsificación de firmas no puede operar su confirmación mediante el instituto de prescripción.

En ese sentido, habiéndose fundado los hechos de la demanda en la falsificación de la minuta de 10 de agosto de 1992 y la minuta de 09 de junio de 1991, no podía realizarse un cómputo del plazo de cinco años descritos en el art. 556.I del Código Civil, por cuanto al haber postulado en los hechos de la demanda la falsificación de la minuta referida, debió comprenderse que la calificación de anulabilidad fue efectuada por los usuarios de justicia, cuando se trataba de invalidez por falsificación, era por requerimiento de la jurisprudencia imperante entonces, debiendo haberse considerado la invalidez no como anulabilidad sino como nulidad. Se debe comprender además que una de las razones fundamentales para cambiar la línea jurisprudencial anterior, era que al ser una característica del acto anulable la posibilidad de operar su confirmación, resulta también inaceptable que esta característica del acto anulable opere respecto a un acto ilícito de falsedad; lo que ocurrió en el presente caso, pues el hacer operar la prescripción respecto a un acto acusado de falsificación no es acorde a los postulados constitucionales toda vez que el autor de la falsedad resultaría beneficiado lo que es inaceptable en un Estado Constitucional.

En ese orden, este Tribunal Supremo de Justicia no puede convalidar que, bajo la lógica de la anulabilidad, que tiene carácter de confirmatorio, opere la prescripción de la acción de un documento acusado de falsificación, pues generaría una inseguridad jurídica, y supondría que un documento ilícito surta efectos jurídicos discordantes en el régimen jurídico actual; a lo cual por aplicación del art. 6 del Código Procesal Civil, al interpretar la ley procesal se debe considerar la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, por lo que al contener como acierto fáctico la existencia de falsificación de las minutas de 10 de agosto de 1992 y de 09 de junio de 1991 se debe considerar la pretensión de invalidez como de nulidad y no como anulabilidad; en consecuencia atendiendo la excepción de prescripción postulada corresponde rechazar la misma, por cuanto la nulidad es imprescriptible conforme señala el art. 552 del Código Civil, declarando improbada la excepción citada, cabe además desestimar la excepción de falta de acción y derecho que fue declara probada por consecuencia de la prescripción sin un argumento autónomo. 

Por la decisión asumida, siendo que en oportunidad de la sentencia se dictó determinación mixta, de las excepciones perentorias y las pretensiones de demanda y reconvención, pero sin ingresar al fondo de la pretensión de invalidez  por estimar la prescripción de la acción, el juez de origen prescindiendo de las excepciones debe dictar nueva sentencia y en su emergencia considerar las pretensiones de fondo propuestas en demanda así como los argumentos de defensa, asumiendo una decisión respecto a la controversia traída, más aun cuando concluyó el periodo de prueba, en atención al anterior régimen procesal y por tener todos los elementos probatorios para asumir esa decisión. Se aclara que la excepción de falta de acción y derecho fue desestimada en la parte de la  fundamentación de la sentencia, considerando aquella para fines procesales.   

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en; y aplicación de lo previsto por el art. 220.IV del adjetivo de la materia CASA el Auto de Vista Nº SCCI - 0281/2018 de 09 de octubre, cursante de fs. 1162 a 1165, declarando IMPROBADA la excepción de prescripción, manteniendo incólume la decisión de las excepciones de cosa juzgada y transacción, respecto a la falta de acción y derecho deberá estarse a la  desestimación de la fundamentación en sentencia, y se determina que el juez de origen dicte sentencia sobre las pretensiones propuestas por las partes.

Sin responsabilidad por ser excusable

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.