TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A    C I V I L



Auto Supremo: 463/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fecha: 02 de mayo de 2019

Expediente: LP-136-18-S

Partes: Fortino Jaime Agramont Botello en representación del Hospital Agramont c/Fernando Antonio Arce Grandchant en representación de Seguros Illimani. 

Proceso: Cumplimiento de obligación.  

Distrito: La Paz  

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1683 a 1705, interpuesto por Fernando Arce en representación de la Empresa Seguros Illimani contra el Auto de Vista N° 434/2017 de 4 de diciembre cursante de fs. 1671 a 1680, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso sobre cumplimiento de obligación, seguido por Fortino Jaime  Agramont Botello en representación del  Hospital Agramont contra la empresa recurrente, el Auto de concesión de fs. 1719, el Auto Supremo de Admisión N° 1140/2018-RA de 20 de noviembre en fs. 1724 a 1725 vta., los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia N° 534/2015 de 31 de diciembre cursante de fs. 1354 a 1359 vta. de obrados, declarando PROBADA EN PARTE la demanda planteada por Fortino Jaime Agramont Botello en representación del Hospital Agramont e IMPROBADA la excepción perentoria de falta de acción y Derecho opuesto por Fernando Arce Grandchant por sí y en representación de Seguros Illimani S.A., con costas, disponiendo que en ejecución de sentencia se cuantifique el monto real a cancelarse por Seguros Illimani S.A. a favor del Hospital Agramont, los intereses que devienen de acuerdo al art. 36  del Decreto  Supremo N° 27900 monto que debe ser establecido durante su legal funcionamiento  hasta el 25 de enero de 2008 y sin lugar al pago de daños y perjuicios al no  haber sido demostrados en la tramitación del proceso.

Asimismo, emitió el Auto de Complementación de 13 de enero de 2016 de fs. 1367 que rechaza la solicitud de aclaración, enmienda y complementación efectuada por la parte demandante.

Contra esta determinación, Fortino Jaime Agramont Botello y Fernando Arce  interpusieron recursos de apelación por memorial de fs. 1463 a 1482 vta. y de fs.1484 a 1495 vta., resueltos por la Sala Civil Tercera, quien pronunció el Auto de Vista N° 434/2017 de 4 de diciembre de fs. 1671 a 1680, por el cual REVOCO PARCIALMENTE la sentencia impugnada y declaró PROBADA la demanda en  cuanto a la indemnización de obligación por contingencia de siniestro de tránsito en favor del Hospital Agramont, por parte de Seguros Illimani por las gestiones 2007 hasta el 29 de diciembre de 2008, así como los intereses emergentes de los  mismos que deberán ser cuantificados en ejecución de sentencia, dejando en todo lo demás firme y subsistente.

Fallo que fue enmendado por el Auto de Complementación de 13 de septiembre de 2018 de fs. 1682, por el cual dispuso: “REVOCA EN PARTE la Sentencia-Resolución N° 534/2015 de fs. 1354-1359, deliberando en el fondo declaró  probada la demanda en cuanto la indemnización de obligación por contingencia  de siniestro de tránsito en favor del Hospital Agramont, por parte de la Aseguradora Seguros Illimani S.A. por las gestiones 2007 hasta el 29 de diciembre de 2008, así como los intereses emergentes de los mismos que deberán ser cuantificados  en ejecución de sentencia, dejando  en todo  lo demás firme y subsistente, quedando  todo lo demás firme y subsistente del referido  Auto de Vista, sea con las formalidades de ley”, bajo los siguientes argumentos:

En cuanto a la apelación interpuesta por Fortino Jaime Agramont Botello, refiere que en el contrato de seguro, existe una obligación no sólo entre el asegurador y el asegurado, sino una obligación recíproca entre la empresa de seguros  Illimani y el beneficiario Hospital Agramont, en el primero se obliga la indemnización de los gastos médicos ocasionados por el siniestro de tránsito y en el segundo la obligación de atención medica emergente por la misma salvo las excepciones previstas en la Ley N° 27295, por lo que al demandarse el cumplimiento de la obligación de indemnización de los casos atendidos por accidentes de tránsito por la parte actora en las gestiones 2007 a 2008, se advierte que corresponde verificar su cumplimiento, es por ello que luego de hacer hincapié en la doctrina y  normativa aplicable, así como de la prueba, señala que el juez A quo no emitió su decisión a cabalidad con relación a la solicitud de cumplimiento de obligación sobre la cobertura del seguro SOAT de las gestiones señaladas hasta  diciembre de 2008, por aquellos gastos erogados por los tratamientos médicos de accidentes de tránsito que fueron atendidos, en consecuencia al disponer simplemente su pago hasta el 26 de enero de 2008 y no hasta diciembre de 2008 a razón de la Resolución Ministerial N° 025/2005, el Hospital Agramont tendría licencia de funcionamiento hasta el 25 de enero de 2008 y toda atención  posterior a ella no tendría validez por falta de licencia de funcionamiento, lo cual el Ad quem  considera que es un argumento sesgado y que en realidad refleja la normativa de acuerdo a los arts. 2, 15, 18 y 39 de la Ley N° 27295, es que ante cualquier contingencia de un hecho de tránsito un centro médico no puede negar atención alguna, menos si se encuentra en funcionamiento como acontecería en el caso de autos, hasta el 29 de diciembre de 2008, al haberse suscitado la  clausura definitiva que no se debe a la falta de licencia de funcionamiento.

Advierten que si bien el Hospital Agramont por Resolución Administrativa N° 012/2006 de 25 de enero de fs. 445, obtuvo su renovación de apertura y funcionamiento de la R.A. N°119/05  con vigencia de dos años es decir hasta el 25 de enero de 2008,  en virtud del art. 37.XIX del Reglamento General de Hospitales, no implica que  su funcionamiento haya cesado, más aún si se considera lo previsto en el art. 38.IV de ese cuerpo legal, por lo que previa a la renovación de habilitación o licencia de funcionamiento, cualquier Centro Médico debe volver a solicitar su  reacreditación, por lo que no fue objeto de clausura por falta de licencia, según la Resolución Administrativa N° 36/2008 de 29 de diciembre, sino recién por la Resolución Nº 17/2009 de 29 de junio que es objeto de clausura por no contar  con licencia  de funcionamiento. Lo cual habría sido objeto de análisis por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros misma que se ocupa del cumplimiento de los seguros, de la empresa aseguradora en favor del beneficiario.

El Tribunal de alzada refi rió que le llamo la atención de que la aseguradora no quiso cumplir con la obligación de SOAT, bajo el fundamento de no tener licencia  cuando ése contrato fue objeto de reconducción tácita por la demandada,  habiéndose dado continuidad al contrato de seguro del SOAT al no haber dado  aviso al Hospital Agramont para que deje de continuar con la atención por no estar autorizado; sin embargo por notas enviadas al mencionado hospital,  Seguros Illimani  honraba el pago de indemnización, lo cual es corroborado por la documentación de fs. 1230 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, razones por las que considera que se ha  reconducido el contrato de forma tácita  dando valía no sólo a las atenciones médicas del año 2007, sino también del  2008, por lo que la parte demandante habría cumplido con la obligación del seguro SOAT, no así la parte demandada, quien debe proceder a la indemnización considerando además por el peritaje de oficio de fs. 902 a 904.

Asimismo considera que corresponde el pago de intereses, por la naturaleza compensatoria del contrato de seguro que ante su incumplimiento devenga el pago de intereses, no así los daños y perjuicios, teniendo presente el pago de intereses referido.

Respecto a la apelación  formulada por la parte demandada, indico  que  el juez a quo al declarar probada en parte la demanda sobre el cumplimiento de la indemnización no ha realizado una revisión  prolija  de las pruebas las que  demostrarían el cumplimiento de la obligación  del Hospital Agramont como  consecuencia  de siniestro  de tránsito  y  no así  el cumplimiento de parte de la aseguradora, quien además confeso de forma espontánea que no dió  cumplimiento al mismo en razón  a que el  hospital Agramont no tendría  licencia  de funcionamiento sin tener presente  que  para  intentar una nueva  renovación  no  solo  basta el transcurrir los dos años, pues esta supeditada a una nueva acreditación, que no tiene tiempo definido como tal, no puede señalar como  fecha cierta el 28 de enero de 2008 como el fin de su funcionamiento, adicionalmente  refiere  que tampoco demostró que el hospital Agramont actuó de forma ilegal, pues solicitó el pago de indemnización pretendida en demanda es hasta la fecha de clausura del mismo, sin solicitar más allá de su  funcionamiento. Adicionalmente manifiesta que la aseguradora permitió que el Hospital siga atendiendo los siniestros de transito dando así continuidad al contrato de forma tácita.     

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

En la forma:

  1. El Auto de Vista carece de motivación 

El recurrente arguye que el Auto de Vista omitió valorar las normas anteriormente señaladas, resaltando que las normas de carácter general deben  ser aplicadas insoslayadamente así no sean invocadas por las partes, por lo que  carece del principio de objetividad y cita las Sentencias Constitucionales Nos. 0561/2007-R de 3 de julio, 0905/2006-R de 18 de septiembre y 2785/2010-R de 10 de diciembre, referidas a la  motivación y fundamentación de las resoluciones.

2)   Omisión de valoración de la prueba

Alega que no fueron valoradas certificaciones, reglamentos y otros documentos  antes referidos, los cuales señala fueron omitidos y soslayados, con el fin de forzar una decisión  favorable a la parte adversa.


En el fondo:

  1. El Auto de Vista incurrió en interpretación errónea de la ley.

El Reglamento General de Hospitales aprobado por el Ministerio de Salud y  mediante Resolución Ministerial No. 025 de 14 de enero de 2005, que  en  su art. 10 inc. j) determina la habilitación que deberá ser renovada cada dos años  después de su proceso de acreditación, y advierte que el Hospital Agramont tuvo  su última autorización fue a través de la Resolución Administrativa RACH No. 012/2006 de 25 de enero, de la Prefectura del Departamento de La Paz, que  autoriza la renovación  de apertura y funcionamiento la cual tuvo una  vigencia  de dos años  es decir  hasta el 25 de enero de 2008;  sin  embargo el Auto de Vista  recurrido se pronuncia de forma distinta a esa disposición legal, omitiendo  y  soslayándola, al considerar que la parte actora podía prestar sus servicios  hasta la clausura definitiva, sin tener presente que no contaba con autorización,  otorgándole derechos.

Bajo ese parámetro, cita el art. 9 inc. b) del Reglamento de Cobros por Atención en los Establecimientos de Salud para pacientes del SOAT, resaltando que éstos deben contar con la respectiva autorización de funcionamiento emitida por el SEDES de su jurisdicción.

Acusa también que el Auto de Vista invocó erradamente los arts. 568.I y 450 del Código Civil,  y  el art. 979 del Código de Comercio, cuando el SOAT  tiene  un tratamiento distinto.

Asimismo añade que en este proceso  únicamente se podría considerar derechos inherentes a la empresa unipersonal del Hospital Agramont; y, que los conceptos de farmacia y atención medica corresponden a otras  personas naturales y no a la actora, no obstante la Sentencia sólo vincula a las partes que intervinieron, aspecto  no subsanado por el Auto de Vista en virtud del art. 229 del Código Procesal Civil, debiendo descartar los  gastos de farmacia, radiología, servicios de asistencia profesional y servicios complementarios que no corresponderían ser acogidos, los cuales tampoco habrían sido acreditados.

  1. El Auto de Vista carece de fundamentación respecto a las excepciones de falta de acción y derecho, obscuridad en la demanda; y, prescripción.

El recurrente observa que con relación a la excepción de falta de acción y derecho que planteó a la fecha desconoce el razonamiento legal del ad quem, lesionando el deber de fundamentación debida, por cuanto aduce que el demandante planteo la demanda cuando ya no tenida la calidad de Hospital, por lo que el actor no era titular de la relación jurídica substancial en que funda su pretensión, reiterando que dicho centro médico operaba en forma clandestina, pretendiendo hacer incurrir en error a las autoridades  jurisdiccionales,  al no encontrarse legalmente  autorizado para su funcionamiento.

En cuanto a la excepción de obscuridad en la demanda, señala que los de alzada soslayaron fundamentación, pese a que observaron que en la demanda no se ha  identificado la cosa demandada con precisión, al demandar la suma de Bs. 1.544.625,72 sin señalar porque conceptos indicando únicamente que  corresponden  a servicios  de asistencia  profesional.

Similar denuncia efectúa sobre la excepción de prescripción, al señalar que fue  resuelta sin fundamentación, arguyendo que se pretende se pague por concepto  de servicios de asistencia profesional de las gestiones 2007 y 2008, sin tener mandato de los profesionales a quienes no representa, en ese sentido sostiene  que  fue citado con la demanda el 26 de noviembre de 2009, cuando lo pretendido por la parte actora, habría prescrito.

  1. Advierte que hubo error de derecho en la apreciación de la prueba

Arguye que fueron erróneamente valoradas la Resolución Administrativa DIR-SEDES La Paz No. 036/2008  de la Prefectura del Departamento de La Paz, que  clausura por la fuerza y definitivamente el Hospital Agramont el 29 de diciembre de 2008 ante irregularidades y por un funcionamiento clandestino desde el 25  de enero de 2008, sin embargo el Auto de Vista recurrido sostuvo que debe  efectivizarse hasta el 29 de diciembre de 2008, en base a argumentos inexistentes que contravienen sin fundamentación o explicación jurídica la Resolución Administrativa RACH No. 012/2006 de 25 de enero de la Prefectura del Departamento de La Paz, que autoriza la renovación de apertura y  funcionamiento  del Hospital Agramont, la cual establecía la vigencia de dos  años es decir hasta el 25 de enero de 2008 y el Reglamento Único del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT  contenido en el Decreto Supremo No. 27295 modificado por el Decreto  Supremo  No. 27900 establece que se entiende por centro médico aquel legalmente autorizado, que al no tener esa calidad el Hospital Agramont carecería  de la capacidad e idoneidad legal para poder operar o reclamar dinero, no obstante el Auto de Vista impugnado no habría observado este aspecto.

También extraña la valoración de la certificación adjunta al memorial de 30  de octubre  de 2014 y de 23 de octubre de 2014, consistente  en  una certificación emitida por el Gobierno Autónomo  Departamental de la paz que  señalo  respecto  al Hospital Agramont que  mediante Resolución Administrativa RACH No. 031/06 de 27 de enero de 2006 autorizó la renovación de clasificación  de tercer  nivel del Hospital Agramont cuya  vigencia  es de un  años  calendario  hasta  el 27 de enero de 2007  fecha  a partir  de la cual el  recurrente considera no podía prestar servicios  de salud, que  habría  funcionado  de forma ilegal las gestiones 2007  y  2008. 

La nota CITE: GADLP/SEDESLP/EXT/UAJ/No. 286/2014 de 20 de octubre de 2014 dirigida por el SEDES La Paz, a Seguros Illimani S.A. y original de la certificación de 15 de octubre de 2014, así como el Reglamento  de Acreditación SEDES La Paz de la Unidad de Gestión de Calidad y Servicios Hospitalarios  Área de Acreditación,  que indica fueron soslayados advirtiendo que en la Resolución administrativa RAHC No. 031/06 de 27 de enero de 2006 se autorizó la renovación  de clasificación de tercer nivel del Hospital Agramont cuya vigencia  es de un  año  calendario  es decir  hasta  el 27 de enero de 2007, fecha a partir de la cual señala no podía  prestar servicios de salud, es decir  que  la  única instancia  del Estado  encargada de acreditar centros de salud y  hospitales señala que  dicha  entidad no existe desde el 2007 hecho irrefutable que  además guarda relación  de conformidad con  los  argumentos que de su parte  habrían  opuesto en el proceso, a fin de que  una  institución pueda reclamar pago  alguno  por servicios SOAT debe ser un centro de salud u hospital legalmente  autorizado  y el autodenominado, sin embargo el Hospital Agramont no lo es, lo que en términos legales no habilita a cobro alguno, habiendo solicitado que se considere el Decreto Supremo No. 27295 modificado por Decreto Supremo No. 27900 que  comprende como centro médico a aquel que se encuentre  legalmente  autorizado, así también cita el art. 9 del Reglamento de Cobros por atención en los establecimientos de salud para pacientes del SOAT respecto a la clasificación de los establecimientos de salud, para la prestación de atención médica a los  pacientes del SOAT y que según los niveles de resolución deben contar con la respectiva autorización de funcionamiento emitida por el SEDES de su jurisdicción, refiriendo además el art. 39.I de la Constitución Política del Estado, que reconoce la actividad medica privada pero que es regulada y  supervisada con el fin de garantizar su calidad,  reiterando  que  el Hospital Agramont no existe y no pudo prestar servicios médicos, ni atender seguros como es el SOAT, haciendo referencia a la competencia de los  Gobiernos departamentales autónomos  sobre el ejercicio de rectoría  en salud conforme se desprendería del art. 81.III de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, que el Auto de Vista desconoció.

Denuncia  también  de que  no  se tomo  en cuenta la  Certificación  de 15 de octubre de 2014  emitida por el SEDES que señalaría que  al  no haber sido  renovada la licencia  de funcionamiento ni la categorización  del nivel del hospital la razón  social de hospital Agramont funcionaba  de forma  ilegal durante las gestiones 2007  y  2008  y  que   la Resolución  Administrativa RAHC  No. 031/06 de 27 de  enero  de 2006  se autorizó  la renovación  del Hospital Agramont  hasta el 27 de enero  de 2007  a partir  de esa fecha  de acuerdo a la normativa  legal y  no pudo prestar  servicios  de salud,  normativa  que refiere no  habría  sido  adecuadamente  compulsada  ni  valorada por cuanto si  estuvo  vigente  hasta  el 25 de enero de 2008, no comprende bajo que razonamiento el Auto de Vista le otorga validez jurídica.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Doctrina de los actos propios.

El art. 520 de Código Civil describe lo siguiente: “(Ejecución de buena fe e integración del contrato) El contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no sólo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley, o a falta de ésta según los usos y la equidad”, la norma describe la buena fe en la ejecución del contrato y no solo obliga a lo expresado en el acto contractual, sino a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, la cual puede identificarse con el inicio de la ejecución de las prestaciones, la que debe desarrollarse de buena fe y se ha generado situaciones jurídicas que dieron consecuencias en el contrato, ellas deben ser concluidas, no siendo aceptable retroceder sobre la ejecución de la prestación iniciada.

El Auto Supremo Nº 658/2014 de fecha 06 de noviembre, respecto a la teoría de los actos propios ha señala: “…no resulta coherente que ahora pretenda negar sus propios actos contrariando sus propias declaraciones, actitud que atenta la buena fe y la lealtad que se deben quienes suscriben contratos con prestaciones recíprocas, o quienes participan en un litigio, para mejor entendimiento, resulta pertinente referirnos a la teoría de los actos propios, definida la misma por los doctrinarios como: “La doctrina de los actos propios es un principio general del derecho, fundado en la buena fe, que impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto, evitando así la agresión a un interés ajeno y el daño consiguiente”, cuyo fundamento reposa en el hecho de que resulta inadmisible que un litigante o contratante sostenga su postura invocando hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud opuesta a la tomada anteriormente en otro acto. La teoría de los actos propios prohíbe la sorpresa, la volubilidad en el actuar de las partes preservando el ámbito del litigio judicial, pero también el de las relaciones contractuales, de los cambios bruscos de conducta, sean estos culposos o malintencionados; el Dr. Marcelo J. López Mesa en su obra: “la doctrina de los actos propios: esencia y requisitos de aplicación”, refiere: “Se ha resuelto que la doctrina de los propios actos importa una barrera opuesta a la pretensión judicial, por la cual se impide el obrar incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone a los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas, pues no es posible permitir que se asuman pautas que suscitan expectativas y luego se auto contradigan al efectuar un reclamo judicial”.

III.2. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen  puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

Principios que rigen en materia civil y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 397 del Código de Procedimiento Civil.   

En este marco y en relación a lo dispuesto por el art. 1330 del Código Civil, respecto a la valoración de la prueba testifical este Supremo Tribunal en el Auto Supremo N° 703/2014 ha orientado que: “…al respecto debemos señalar que la prueba testifical constituye un medio probatorio por el cual una persona ajena al proceso realiza declaraciones sobre determinados hechos de los que tenga conocimiento, siendo el objeto de dicha prueba la demostración de las pretensiones formuladas ya sea en la demanda o en la contestación a la misma, estas atestaciones, versarán sobre hechos ocurridos con anterioridad a la demanda o contestación a la misma, pues el testigo emitirá un juicio de valor sobre la existencia, inexistencia o la manera en cómo se produjeron los hechos, de esta manera es que el art. 1327 del Código Civil prevé su admisibilidad, al igual que su eficacia probatoria que conforme lo establece el art. 1330 de la norma ya citada, esta se encuentra reservada al Juez quien deberá apreciar la misma considerando la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficacia probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar, por lo que se deduce que este medio de prueba en lo que respecta a su apreciación y valoración se encuentra inmerso en las reglas de la sana critica”.

Por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia el Auto Supremo N° 240/2015 orienta que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Esta Tarea encomendada al juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

III.3.- Respecto al error de derecho y error de hecho en la valoración de la prueba.-

En el Auto Supremo Nº 629/2014 de 31 de octubre como línea jurisprudencial se ha concreta que: “…la apreciación de los elementos probatorios es una actividad autónoma de los jueces de grado, sin que en casación pueda censurarse esa actividad deliberativa, salvo que existiese error de hecho o error de derecho que se haya cometido al realizar la misma, conforme estipula el art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil…”.

Asimismo, en el Auto Supremo Nº 1115/2015 de 04 de diciembre, al referirse al error de hecho se ha razonado que: “Al respecto, corresponde referir que entre los requisitos intrínsecos del recurso de casación en el fondo, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa y están expresamente previstos en los incisos 1), 2) y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, cuando indica que procederá el recurso de casación en el fondo en los siguientes casos:…3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos, debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causales que establece el citado art. 253 del Código de Procedimiento Civil en sus tres ordinales…”. 

III.4.-  Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre este particular, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, ha razonado: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

A ese respecto la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre también estableció: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…. (El resaltado nos corresponde)

En ese mismo entendido, en la SCP Nº 0903/2012 de 22 de agosto, se ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.

Finalmente la SCP 0075/2016-S3 de 8 de enero, sobre este tema ha sintetizado señalando: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”.

Por lo expuesto se puede colegir, que para el cumplimiento del debido proceso en sus elementos debida fundamentación y motivación, la estructura de la resolución en la forma y el fondo, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas de su Resolución,  y que respondan a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones de los sujetos procesales, cumplido este extremo se tiene por realizada la motivación de una Resolución.

III.5.- De la procedencia del recurso de casación de la apelación en efecto diferido:

Sobre este tema, de inicio acudiremos a los criterios expuestos en la doctrina referente al caso, en ese entendido tenemos que el autor Armando Córdova Saavedra, en su obra “MANUAL PRÁCTICO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL” pág. 138 y 141 expresa, que: El Recurso de casación, constituye por su naturaleza un medio impugnatorio de carácter extraordinario y procede en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a que el máximo Tribunal Supremo, la revise con el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento in judicando o in procedendo que en ella se han cometido…”, en esa misma lógica el profesor Adolfo Armando Rivas en el texto “CURSO SOBRE EL CODIGO PROCESAL CIVIL” pág. 320, señala; “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en proceso ordinarios y en los casos expresamente señalados por ley…”, criterio concordante con lo establecido por el art. 270 de la Ley 439 “Código Procesal Civil”.

De lo expuesto, se puede inferir que el recurso de casación tiene como una de sus características esenciales, que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.

A ese efecto el Auto Supremo No. 678/2017 de 19 de junio, en cuanto a las resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación, estableció; “Sobre el tema el art. 250-I del Código Procesal Civil señala: “I.- Las resoluciones judiciales son impugnables salvo, disposición expresa en contrario” norma que otorga un criterio generalizado para el tema de recursos, orientando en sentido de que las resolución judiciales son impugnables, salvo que la norma lo prohíba en contrario, ahora en consonancia con lo referido de la última parte de la norma citada, tratándose del recurso de casación el art. 270-I del Código Procesal Civil es claro al establecer: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”, la norma en cuestión en cuanto al recurso de casación establece de forma explícita su procedencia para dos casos, 1.- Contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios y 2.- En los casos expresamente establecidos por Ley (…) Partiendo de dicho argumento, se debe entender que cuando el Legislador ha establecido la procedencia del recurso de casación contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios, su intencionalidad ha sido, que este Máximo Tribunal de Justicia uniforme Jurisprudencia de acuerdo a las atribuciones establecidas en el art. 42 núm. 3) de la Ley 025, es decir, específicamente para aquellos casos de trascendencia a nivel Nacional, entonces bajo esa directriz, el recurso de casación únicamente procederá contra Autos de Vista que resolvieren un Auto definitivo, Autos de Vista que resolvieren sentencias y en los casos expresamente establecidos por Ley, siendo viable únicamente dentro de un proceso ordinario y no así para otros casos...”

En ese marco, en lo que respecta a la procedencia del recurso de casación contra resoluciones que resuelven una apelación en el efecto diferido el A.S. Nº 1082/2015L de fecha 18 de noviembre, ha señalado lo siguiente: “Conforme de antecedentes se desprende el agravio, se encuentra vinculado al auto de fs. 74 el cual, rechaza el incidente de nulidad de obrados planteado a fs. 71, resolución que fue objeto de apelación a fs.102, misma que fue diferida en su concesión por auto de fs. 103,  y al momento de plantear recurso de apelación contra la Sentencia el ahora recurrente en su otrosí 1, fundamenta nuevamente la apelación diferida, misma que es resuelta por el Tribunal de Apelación. Conforme a los antecedentes expuestos corresponde reiterar que la apelación en el efecto diferido tiene por fin que la tramitación de la causa no sea suspendida, disponiendo que esa apelación sea diferida hasta una eventual apelación de la Sentencia, conforme establecen los arts. 24 y 25 de la Ley 1760, por lo que, la misma no admite recurso de casación conforme a la regla de precedencia del Art. 255 del Código de Procedimiento Civil (…) Teniendo presente lo expuesto la resolución motivo del recurso de casación en la forma, al ser la misma como emergencia de un recurso de apelación en el efecto diferido, no se encuentra inmersa dentro de las causales establecidas en el art. 255 del C.P.C., deviniendo en improcedente su recurso de casación en la forma.”.

Entonces, tomando en cuenta que el recurso de casación es considerado un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estricta y taxativamente determinados por ley, dirigido a lograr que el Tribunal de Casación case o anule las resoluciones expedidas en apelación, pues cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, por errores in iudicando, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el art. 220.IV del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución, unificando la jurisprudencia e interpretando las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia; en tanto que si se plantea en la forma por errores de procedimiento, deberá circunscribirse a los presupuestos del art. 220.III de la misma norma, cuya finalidad será la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley, entonces, a partir de esta esencia el recurso de casación, justifica su carácter formal y no constituye una tercera instancia, puesto que solo procede en determinados casos y contra resoluciones de carácter definitivo que cortan todo procedimiento ulterior, impidiendo la prosecución de la causa y haciendo que el juzgador pierda competencia que cortan todo procedimiento ulterior del juicio (con las salvedades establecidas en la Ley), en cuyo entendido no procede contra un Auto de Vista que confirma un auto que fue concedido en el efecto diferido, bajo la óptica de que esa resolución no tiene carácter definitivo, conforme lo establecido en el art. 211.I del Código Procesal Civil y más bien se encuentran sujetas a lo dispuesto en el art. 260.III del mismo Código y tomando en cuenta además, que la apelación diferida al igual que la apelación en el efecto devolutivo, no suspenden la ejecución de autos, tampoco interrumpen la continuidad del desarrollo del proceso judicial y solo adquieren eficacia jurídica.

A mayor ilustración y a los efectos de tener un entendimiento certero sobre lo que debe entenderse por Auto de Definitivo, acudiremos a los razonamientos vertidos por la S.C. 0092/2010-R que ha señalado lo siguiente: “La distinción entre autos interlocutorios simples o propiamente dichos y autos interlocutorios definitivos (Canedo, Couture), radica principalmente en que “los últimos difieren de los primeros en que, teniendo la forma interlocutoria, cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible, de hecho y de derecho, la prosecución del proceso. Causan estado, como se dice en el estilo forense, tal cual las sentencias” y conforme orienta el art. 211 de la Ley 439 -son aquellos que ponen fin al proceso-, de lo que se puede inferir que el Auto Definitivo es aquella resolución que corta todo procedimiento ulterior, impidiendo la prosecución de la causa y haciendo que el juzgador pierda competencia, concluyéndose que para una resolución como ser Auto Interlocutorio sea catalogado como definitivo, debe contener uno de esos presupuestos, entonces se deberá analizar la naturaleza de la Resolución...”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Con relación a las denuncias efectuadas por la parte recurrente se tiene:

En la forma:

  1. El Auto de Vista carece de motivación

Sobre este reclamo el recurrente sostiene que el fallo ahora recurrido omitió considerar las normas anteriormente citadas que al ser de carácter general deberían ser aplicadas aun no fueron invocadas.

Conforme se desprende de obrados y considerando lo anteriormente señalado por este Tribunal, de acuerdo a los arts. 10 y 38 del Reglamento General de Hospitales aprobado mediante Resolución Ministerial No. 025 de 14 de enero de 2005, la vigencia de la habilitación es de dos años, normas especiales cuya aplicación fue debidamente interpretada por el Tribunal ad quem al presente proceso, normativa que fue remitida por el Ministerio de Salud a solicitud del  juez a quo,  aspecto ampliamente desarrollado en el Auto de Vista recurrido, por lo que la no es evidente que este fallo carezca de fundamentación por cuanto el recurrente no desarrolla una relación de causalidad con el fallo apelado, tampoco especifican  donde se encuentran estas falencias o de qué forma se alejó de los principios  y normas en los que sustenta.

Asimismo de acuerdo a la doctrina desarrollada en el acápite III.4 del presente fallo, la motivación y fundamentación de las resoluciones constituyen elementos del debido proceso, consistentes en el contenido obligatorio de cada resolución  de exponer  los motivos que sustenten la decisión asumida,  a efectos de lograr un  convencimiento de las partes en conflicto sobre la misma, situación que aconteció en el caso de autos, tal cual se ha detallado a través de los párrafos que anteceden, donde se observa como el Tribunal de segunda instancia, procedió a dar respuesta a cada uno de los agravios formulados en etapa de apelación, explicando no solo el hecho fáctico sino también amparó su decisión en la normativa aplicable a la disyuntiva planteada, consecuentemente no se observó que carezca de motivación ni fundamentación, mucho menos que no se haya  pronunciado sobre cada denuncia formulada, en consecuencia aunque de forma concreta el auto de vista recurrido cuenta con la debida fundamentación y motivación, la cual no debe ser necesariamente ampulosa o extensa en sus argumentos, pues bastara dar a conocerlos y que estos sean acordes a los datos del proceso y las normas que rigen la materia al caso concreto, para tener por cumplido este elemento parte del derecho al debido proceso, por lo que no se ha demostrado la infracción a los arts. 115.II y 119 de la Constitución Política del Estado.

  1. Omisión de valoración de la prueba

En cuanto a la acusación de que no fueron valoradas las certificaciones, reglamentos y “otros” documentos, sin precisarlos, remitiéndose a los detallados en los motivos de fondo, limitándose a su simple manifestación de disconformidad, será a momento de resolver los motivos de fondo, donde se emitirá el pronunciamiento respectivo, conforme se haya formulado el reclamo y la identificación de cada documento para proceder a su correspondiente verificación y análisis,  no obstante de ello, la parte recurrente debe tener en cuenta que es facultad del juzgador la apreciación de la prueba en forma  conjunta, sin que esto comprometa las reglas establecidas para dicho efecto.

En el fondo

  1. El Auto de Vista incurrió en interpretación errónea de la ley

Sobre este reclamo por el que el recurrente denuncia que el Auto de Vista fue  emitido de forma contraria y omisiva al Reglamento General de Hospitales aprobado mediante Resolución Ministerial No. 025 de 14 de enero de 2005 y la Resolución Administrativa RAHC No. 12/2006 de 25 de enero, de la Prefectura del Departamento de La Paz, autorización de funcionamiento con la que deberían contar los establecimientos de salud de acuerdo al art. 9 inc. b) del Reglamento de Cobros por Atención en los Establecimientos de Salud; de la revisión del fallo recurrido  se constata que por el contrario a lo afirmado por el recurrente, si bien  mediante Resolución Administrativa RAHC No. 0112/06 de 25 de enero de 2006 de fs. 11, la Unidad Jurídica del Servicio Departamental de Salud de la Prefectura del Departamento de La Paz, a solicitud de Jaime Agramont Botello propietario y responsable médico del Hospital Agramont, autorizó la renovación de apertura y funcionamiento a partir de la fecha de su emisión.

Ahora bien, considerando que el art. 10.XIX del Reglamento General de Hospitales aprobado mediante Resolución Ministerial 025 de 14 de enero de 2005, dispone que: “La  habilitación deberá  ser renovada cada dos años después de su proceso de acreditación”, por lo que haciendo una interpretación taxativa de dicha  norma legal, el tribunal ad quem considero que la “vigencia” de la habilitación otorgada por la Resolución Administrativa RAHC No. 12/2006  de 25 de enero, es de dos años, norma legal que es concordante  con el art. 38.IV del mismo  cuerpo  normativo, que sobre la acreditación, determina lo siguiente: “La acreditación tiene  un tiempo de duración de dos años”, motivos por los que  no se advierte el tribunal de alzada haya efectuado una interpretación soslayada mucho menos errada de la ley, ni de las normas y resolución administrativa indicada.

Sobre la cita de los arts. 450 y 568.I del código civil referidos a la noción de  contrato y la resolución por incumplimiento de contratos  con prestaciones reciprocas; y, el art. 979 del código de comercio, en cuanto al concepto de los contratos de seguro, si bien no son atinentes al caso  de autos, la determinación asumida por el tribunal de alzada no fueron plenamente  fundamentados sobre dichas normas, por lo que el reclamo resulta intrascendente con la problemática planteada.

Con relación a la observación de que el Auto de Vista no subsano el fallo de primera instancia sin descartar los gastos de farmacia, radiología, servicios  de asistencia profesional y servicios complementarios; conforme se desprende de obrados, la parte actora mediante memorial de demanda pidió el cumplimiento de obligaciones pendientes de Seguros Illimani por el servicio médico prestado tras los siniestros de transito como emergencia de la aplicación del SOAT, estos servicios contemplan todos los gastos por los conceptos cuya exclusión pide el recurrente, por consiguiente el impetrante debe tener presente que su cuantificación deberá ser determinada recién en ejecución de fallos, previa acreditación de los gastos efectuados por cada uno de los  conceptos.

  1. El Auto de Vista carece de fundamentación respecto a las excepciones de falta de acción y derecho, obscuridad en la demanda; y, prescripción.

En cuanto a este reclamo referido a las apelaciones de efecto diferido, corresponde remitirnos a los argumentos expresados en el acápite III.5 de la doctrina aplicable, donde, este Tribunal partiendo de la naturaleza formal del recurso de casación, ha señalado que contra los Autos de Vista que confirmen apelaciones de autos o resoluciones concedidas en el efecto diferido, no es procedente el recurso de casación en ese punto concretamente al no constituir una resolución de carácter definitivo, conforme lo establecido por el art. 211.I de la Ley 439, entonces, tomando en cuenta que se resuelven las excepciones de falta de acción y derecho, obscuridad en la demanda; y, prescripción, planteadas por el recurrente y que fueron confirmadas por el Auto de Vista recurrido, no corresponde ingresar al análisis de los argumentos expuestos en su recurso de casación, al no enmarcarse los mismos dentro los parámetros de procedencia que establece el art. 270 del Código Procesal Civil, máxime si este no ataca lo sustancial del proceso;  sin perjuicio de lo anteriormente señalado en el marco de congruencia que merece toda resolución judicial, podemos referir que, de la revisión del Auto de Vista, si se constatan las razones del decisorio recurrido, ya que tiene la suficiente claridad y cuenta con una motivación y fundamentación que la sustenta, pues si bien no expone argumentos ampulosos y constreñidos a los puntos del recurso de apelación, si realiza un análisis de cada uno de los asuntos traídos a consideración, sin que se adviertan las insuficiencias que reclama el recurrente, por lo que dicho fallo cumple con las exigencias establecidas en el apartado del punto III.4 de la doctrina aplicable, en cuyo entendido las afirmaciones del recurrente resultan ser inconsistentes.

  1. Existencia de error de derecho en la apreciación de la prueba

El recurrente, denuncia la comisión de error de derecho en la valoración de la prueba de la Resolución Administrativa DIR-SEDES La Paz No. 036/2008 de 29 de diciembre emitida por la Prefectura del Departamento de La Paz, la certificación adjunta al memorial de 30 y 23 de octubre de 2014, la nota CITE: GADLP/SEDESLP/EXT/UAJ/No. 286/2014 de 20 de octubre y la certificación de 15 de octubre de 2014 del SEDES.

De la revisión de antecedentes se desprende que si bien es evidente que mediante la Certificación del Director Técnico del SEDES de 15 de octubre de 2014, sostiene que la autorización otorgada mediante Resolución Administrativa RAHC No. 012/06 de 25 de enero, fue  por  un año calendario y que al no haber sido renovada su licencia de funcionamiento ni la categorización del nivel del hospital, funcionaba de forma ilegal durante las gestiones 2007 y 2008, esta afirmación es contraria a la Nota de solicitud de informe sobre pago de indemnización por concepto de SOAT sobre Servicios Médicos prestados por el Hospital Agramont de 29 de junio de 2009 del Asesor Legal de SEDES La Paz al Presidente Ejecutivo de Seguros Illimani S.A. de fs. 36, donde señala: “(…) del análisis y la valoración jurídico legal de los antecedentes y la aplicación e interpretación de la norma, la misma  que es irretroactiva, correspondería a Seguros Illimani S.A., proceder con la cancelación por todos los servicios prestados a los aseguradores con cobertura del SOAT de Seguros Illimani S.A. de las gestiones anteriores (2007 y 2008) a la fecha 5 de enero  de 2009, fecha de clausura provisional de Hospital Agramont. Toda vez que estos pagos deberían ser cancelados por ser deudas anteriores a la clausura” (sic), pruebas documentales emitidas por funcionarios del mismo Servicio Departamental de Salud (SEDES La Paz), con criterios diferentes y  contradictorios entre sí.

Circunstancia que si bien no es señalada en el Auto de Vista recurrido, no perjudica el resultado del proceso, donde se ha procedido a la correcta valoración de la prueba en resguardo de los principios de la verdad material y el debido proceso. ya que el juzgador ejerciendo su labor privativa de apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y en resguardo del principio de la unidad de la prueba, ha procedido a confrontar las pruebas producidas en el caso de autos, de las cuales ha formado convicción sobre los hechos acontecidos, que han conllevado a la determinación asumida, respecto a la demanda sobre cumplimiento de obligación.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado e independientemente de los criterios emitidos por el SEDES, no puede pasar por alto que Seguros Illimani en ningún momento hizo conocer de forma expresa al Hospital Agramont, su intención dar termino a su relación y se suspenda la prestación de servicios médicos a los portadores del seguro, denotando con tal actitud una aceptación tácita a la prosecución del servicio médico suministrado durante las gestiones que ahora cuestiona la parte demandada, al respecto, conforme se ha establecido en la doctrina legal aplicable contenida en el acápite III.1 del presente fallo, referida a los actos propios, resulta inadmisible que el demandado niegue sus propios actos cuando ha consentido la continuación de la relación con el Hospital Agramont, pretendiendo negar el efecto jurídico que conllevaba sus actos.

Asimismo cabe señalar que ocasionalmente suele confundirse los efectos de las obligaciones con los de los contratos, cuando por los contratos se entienden que  buscan producir, transferir y modificar obligaciones y crear derechos, sin embargo los efectos de las obligaciones consisten en provocar la necesidad de su cumplimiento, donde se halla inmiscuido el principio de la “buena fe” que en materia  obligacional cada una de las partes debe ser fiel a la palabra acordada sin incurrir en un abuso de confianza, que en el caso de autos  conforme observo el Tribunal ad quem, la parte demandada no dió aviso a la parte actora para que deje de proveer la atención medica durante las gestiones por las cuales ahora debe cancelar la indemnización.

Es así que debido a esa circunstancia, el Hospital Agramont prosiguió con la atención medica ante la comisión de algún siniestro de tránsito, dando cumplimiento de su parte con sus obligaciones, sin embargo Seguros Illimani, pretende desconocer extrañando una habilitación de funcionamiento del centro medico, cuando este aspecto es ajeno al cumplimiento de las obligaciones contraídas por ambas partes, más aun si consideramos que el demandado contradictoriamente de forma paralela inicialmente fue cumpliendo según se evidencia a fs. 1230.  

Por cuyos  motivos la parte recurrente al no haber especificado que medios de prueba demuestran  que el tribunal ad quem  no haya otorgado el valor que la ley le asigna a alguna prueba extrañada, tampoco señaló el yerro manifiesto incurrido en la apreciación de las mismas de forma fundada, se advierte que el impetrante no ha argumentado el supuesto error de derecho ni de hecho en la apreciación de la prueba en que  habría incurrido el tribunal de alzada, por lo que el presente motivo resulta  también  infundado.

Razones por las que al haberse advertido que el Auto de Vista responde congruentemente a los puntos objeto de apelación, de forma fundamentada, sin que se haya vulnerado norma legal, ni derecho alguno que asiste a las partes, corresponde emitir resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 1683 a 1705, interpuesto por Fernando Arce en representación de la Empresa Seguros Illimani contra el Auto de Vista No. 434/2017 de 4 de diciembre de fs. 1671 a 1680, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.


ZG