TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 462/2019

Fecha: 2 de mayo de 2019

Expediente: CH-75-18-S

Partes: Carlos Herrera Salinas c/ Jaime Adhemar Rojas Prada.

Proceso: Reivindicación y mejor derecho de propietario.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1064 a 1107 vta., interpuesto por Carlos Herrera Salinas contra el Auto de Vista Nº SCCI - 0274/2018 de 27 de septiembre, cursante de fs. 1051 a 1062 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso de reivindicación y mejor derecho de propietario, seguido por el recurrente contra Jaime Adhemar Rojas Prada; la contestación al recurso de casación de fs. 1110 a 1113 vta., el Auto de Concesión de 5 de noviembre de 2018, cursante de fs. 1114; Auto Supremo de Admisión Nº1134/2018-RA de fs. 1121 a 1222 vta.;los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Carlos Herrera Salinas,  interpuso demanda de reivindicación y mejor derecho propietario sobre el inmueble ubicado en ex fundo “Gallinero” o “Alto Delicias”, lote F-3 con una superficie de 311,41 mts. 2, con registro en Derechos Reales bajo la matricula Nº 1.01.1.99.0021611, mediante memorial de fs. 25 a 35; acción que fue dirigida contra Jaime Adhemar Rojas Prada, quien a través de su representante legal Aldo Clamir Cava Chávez se apersonó y contestó negativamente a la demanda, además de interponer excepciones, planteó demanda reconvencional de acción negatoria y nulidad de documento privado de anticipo de legítima y resarcimiento de daños y perjuicios por escrito de fs. 67 a 72 vta.

2. Desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse la Sentencia Nº 041/2015 de 27 de noviembre, cursante de fs. 618 a 624 vta., emitida por el Juez de Partido Nº 1 en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, que declaró PROBADA en parte la demanda respecto a la acción reivindicatoria, IMPROBADA respecto al reconocimiento de mejor derecho propietario, PROBADAS las excepciones perentorias de falta de acción y derecho, improcedencia de la demanda interpuesta, la validez plena acordada e improcedencia de daños y perjuicios opuesta por el demandante contra la acción reconvencional, IMPROBADA la acción reconvencional e IMPROBADAS las excepciones perentorias innominadas de falta de acción y derecho o falta de legitimación activa en el demandante y falta de acción y derecho o falta de legitimación pasiva en el demandado e innominadas de inaplicabilidad de los preceptos constitucionales y leyes invocados, interpuesto por el demandado a la demanda principal.

3. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Jaime Adhemar Rojas Prada a través de su representante legal, por memorial de fs. 652 a 664; fue resuelta mediante Auto de Vista Nº SCCI - 0274/2018 de 27 de septiembre, cursante de fs. 1051 a 1062 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, REVOCANDO parcialmente la Sentencia Nº 041/2015, declarando IMPROBADA la demanda de reivindicación, IMPROBADAS las excepciones interpuestas por el demandante contra la acción reconvencional, PROBADA la acción reconvencional de acción negatoria y nulidad de documento privado de anticipo de legítima y PROBADAS las excepciones interpuestas por la parte demandada contra la demanda principal. Bajo los siguientes fundamentos:

Respecto a la perdida de competencia por ser de orden público según el art. 5 del CPC, la Sentencia es dictada en vigencia del anterior Código de Procedimiento Civil en su art. 395, relacionado con el  art. 204.II, señala que para dictar Sentencia son 40 días a partir del decreto de autos y no antes, en el presente proceso se dictó dentro los 40 días por lo que el A quo no perdió competencia; por fs. 1, que es propuesta o proyecto de reordenamiento, donde se incluye el lote F-3, con una extensión de 331.41 mts.2, fuera de los limites primigenios de adjudicación por subasta pública de fs. 894, que individualiza los 30.000 m 2, teniendo sustento en el documento de fs. 2 a 4, cláusula tercera donde los terrenos son cedidos en calidad de anticipo de legítima al demandante Carlos Herrera Salinas, teniendo colindancia claramente definidas con los lotes Nº 4 y 6, con proyección de calle sin nombre, lote Nº 3 y 2, de acuerdo al plano de fs. 1, es el  lote F-1, este supuesto derecho propietario tiene origen en el documento de fs. 397 a 398, bajo el título de aclaración de superficie, división, individualización y partición voluntaria en forma unilateral sin participación de terceros, normas invocadas y estipuladas en los arts. 450, 454 y 945 del CC, siendo que para su validez se precisa la concurrencia de otra persona o voluntad, cuando se refiere a las partes, que al no estar Registrado en Derechos Reales, solo surte efectos entre las partes ante la ausencia de otra, por lo que no surtió efecto alguno contra el demandado Jaime Adhemar Rojas Prada, por no intervenir en dicho documento por ende oponible a terceros, cual manda el art. 1538 del Código Civil, por lo que el demandante no habría acreditado su derecho propietario sobre el lote signado como F-3, de 331,44 m2.

4. Fallo de segunda instancia que fue recurrida en casación por Carlos Herrera Salinas mediante memorial de fs. 1064 a 1107 vta., recurso que es objeto de análisis. 

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación, interpuesto por Carlos Herrera Salinas, se desprende que expone como reclamos entre otros los siguientes:     

1. Que la prueba de fs. 1, plano del reordenamiento en el que detalla las aéreas que corresponden a la parte actora, lotes de terreno F-1, F-2 y F-3, prueba debió ser entendida como propuesta y no ser considerada en forma negativa en contra del demandante, afectando el derecho de propiedad del actor con el fallo extra petita.

2. Observó que la parte demandada no alegó nunca acerca de las colindancias del inmueble de la quebrada y carretera, resultando ser un fallo extra petita e incumpliendo el art. 346-2) y 3) y 440.II del CPC, con relación al art. 125-2) y 3), art. 201.I y II de la Ley Nº 439, ya que va contra los principios de pertenencia exhaustividad y objetividad.

3. Denota que a fs. 10, cursa formulario de línea municipal otorgado por la comuna de Sucre, detallando la dimensión, forma y ubicación, prueba que guarda congruencia con él arsenal probatorio presentado por el demandante, estableciendo que cumple con el animus de posesión sobre la superficie de 3076 mts.2, como también los 311,41 mts.2, prueba que cuenta con validez probatoria establecida en los arts. 1287, 1289, 1296, 1287, 1309 y 1311 del CC.

4. Arguye que a fs. 13 (instrumental que acompañan las fs. 11 y 12), se tiene documental consiste en la certificación de 7 de enero de 2014, emitida del Municipio de Sucre, señalando que el inmueble objeto de debate se halla registrado a nombre del demandante con el código catastral Nº 020-0262-813-000, donde acredita la superficie de 331,41 mts.2, de la zona “El gallinero”, incluso el pago de impuestos de la gestiones 2010, 2011 y 2012, ya que estaría cumpliendo a cabalidad con las obligaciones impositivas con el Estado, al contar con la validez probatoria establecida en los arts. 1287, 1289, 1296, 1297, 1309 y 1311 del sustantivo civil.

5. Señaló que el Informe Legal Nº 14/14 de 11 de marzo de 2014, extendió por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre de fs. 19, señala que el demandado Jaime Adhemar Rojas Prada, no cuenta con ningún trámite sobre la superficie de 2.000 mts.2, toda vez que el sistema SACUS, evidenció que no registra datos georeferenciales, demostrando que el demandado no sería propietario de ningún inmueble de la presente disputa.

6. Arguye que el Informe Nº 01/14 de la Alcaldía Municipal de Sucre de fs. 322 a 323, señala que el demandado tiene código catastral 020-0515-412-000, pero no se encuentra graficado en el sistema SACUS, ya que tramite se tiene abandonado -como no presentado- careciendo de contar algún producto urbano aprobado, lo cual vuelve inexistente este derecho de propiedad inmobiliario del demandado.

7. Reveló que la prueba de fs. 377 a 383, del Informe Pericial labrado por el Arq. Javier Lia Serrudo, ejecutado a solicitud de la familia Serrudo Medina dentro del proceso ordinario radicado en el Juzgado Tercero de Partido Civil y Comercial de la capital, delimitando las colindancias y superficie como la extensión de 5.000 m2, mismo que no afecta, ni se extiende en dimisión y amplitud al propiedad del demandante, teniendo validez probatoria establecida en los arts. 1287, 1289, 1296, 1297, 1309 y 1311 del Código Civil.

8. Reclamó inobservancia de la prueba adjuntada -proceso de Nulidad de transferencia de Aniceto Max y Augusto Herrera Salinas (hermanos del demandante) contra Jaime Adhemar Rojas Prada (fs. 384 a 386)-, que en el mismo proceso al ejercer defensa y oponer excepciones, confiesa de manera amplia e irrestricta que el dominio que ostenta no se abarca a la extensión y localización de la familia Herrera, (ahora está constituido como bien objeto de litigio), por ello los 5.001,28 m2 de la familia Rojas Prada, no afecta ni extiende al derecho de propiedad del demandante.

9. Observó que el informe pericial de 18 de mayo de 2015, labrado por el Arq. Edgar L. Torres Vargas, cursante de fs. 531 a 555, en la respuesta a la interrogante del inciso D) señalando que el lote de terreno de 331,41 m2,  no se encuentra dentro del terreno de los 5.001 m2, al igual que el Informe Pericial de fs. 376 a 383, asimismo en su inciso H), se tiene que la distancia aproximada es de 22,04 metros lineales, encontrándose a esa distancia.

10. Alegó que por antecedentes del proceso de mejor derecho propietario radicado en el Juzgado Tercero en lo Civil y Comercial de la Capital de fs. 210, seguido por la familia Herrera Salinas contra Remediana Serrudo Medina, Leoncio Flores Bravo, Eulogio Serrudo Flores y Margarita Medina Condori, las personas demandadas en dicho proceso, fueron ofertados en calidad de testigos en el presente proceso por la parte demandada y que mediante escrito de fs. 445 a 446, fueron tachados (por el demandante), denotando que dejo de lado las declaraciones de los testigos como prueba de descargo cuando se tiene acreditada la imparcialidad de estos por su vínculo de amistad con el demandado.

11. Arguyó que Ana María Rojas Prada, vendió a su hermano la superficie de 2.000 m2, según Testimonio Nº 935/2008 de fs. 43 a 44 vta., cuyo título consignan ser propietarios de 5.001,28 m2, terreno que se encuentra plasmado e identificado en el plano de fs. 384, por lo que se observa que los 2.000 mts.2, transferidos a favor del demandado no se disgrega de los 5.001,28 m2.

12. Observó que según Auto de calificación del proceso de 16 de marzo de 2015, cursante de fs. 435 vta., (apertura para las partes plazo probatorio), omitiendo dicho auto, llegando a valorar la prueba de fs. 488 a 495, siendo que venció el 15 de mayo de 2015, al haber presentado el 21 de mayo de 2015, luego de haber vencido el plazo de 50 días, por lo que no hubo juramento de ley del perito de la parte demandada, incumpliendo los arts. 435 y 444 del CPC..

13. Alegó que el Ad quem por Auto de 4 de enero de 2018 de fs. 746, nombraron perito al Ing. de Ramiro Alejandro Castellón Torrez, quien emitió Informe de fs. 995 a 1008, señaló que el inmueble de 331,41 mts.2, se encuentra dentro los propietarios primigenios Victoriano Herrera y Teófila Salinas, acreditando que el inmueble del demandante se encuentra dentro el límite de los propietarios anteriores, reclamando que el Auto de Vista afecto el derecho propietario del actor al conceder ese derecho al demandado.

14. Denotó que la prueba testifical de cargo de fs. 605 a 607, que defiende el derecho de propiedad del demandante y enerva lo referente al inmueble con superficie de 5.000,28 mts.2, debió cumplir el contenido de los arts. 397, 476 del Código de Procedimiento Civil y los arts. 1328, 1329 y 1330 del CC.

15. Observó que el Folio Real de fs. 826 a 827, hace referencia de la superficie de 5.000,28 mts.2, siendo único antecedente dominial que tiene primer asiento (Angélica Prada de Rojas), demostrando la inexistencia de otros antecedentes dominiales que representen en favor del demandado un mejor derecho propietario sobre el inmueble.

16. Reclamó la inobservancia de la prueba documental de planos adjuntados del proceso de reivindicación (Néstor Prada contra Victoriano Herrera y Teófila Salinas en el año 1973) de fs. 893 y 894, donde delimita la propiedad de los esposos Herrera, por lo que se debe ponderar la valoración avalada de fs. 894, donde se mantiene y es confirmado por el Auto definitivo de fs. 932 (desestimando planos de fs. 893 y 900).

17. Acusó que la ampliación del Informe Pericial del Ing. Ramiro Alejandro Castellón Torres de fs. 995 a 1008, delimita la superficie de los padres del demandante, pero debió consolidar y valorarse los planos de fs. 894, fs. 939 y fs. 965, ya que a través de ese plano se hace la delimitación del derecho de propiedad de la familia Herrera.

18. Denunció que el Auto de Vista no respondió los puntos de apelación en efecto diferido, ya que resulta ser un fallo citra e infra petita al omitir los reclamos, vulnerando los principios de pertinencia y exhaustividad.

Petitorio.

Solicitó emitir Auto Supremo conforme a los arts. 220.IV y 271 de la Ley Nº 439, casando el Auto de Vista.

Contestación de recurso de casación de fs. 1110 a 1113 vta.

Manifestó que el recurso de casación no cumple con el numeral 3 del art. 274 del CPC, respecto a la acción principal de la reivindicación y reconocimiento de mejor derecho de propiedad sobre el bien inmueble, de la revisión de obrados la parte actora durante el desarrollo del proceso, nunca reclamó a los juzgadores de instancia sobre la valoración de toda la prueba ofrecida dentro el proceso, haciendo mención de que se hubiera valorado de manera errónea, hecho que es totalmente sin asidero legal y menos con lógica jurídica por lo que tuvo tiempo oportuno para realizar dichas observaciones, ya que el presente recurso solo debe avocarse a motivaciones concretas que acrediten mala interpretación o indebida aplicación de las leyes en el Auto de Vista recurrido; por la incongruencia del fallo alegada por el recurrente sobre la apelación en el efecto diferido, consecuentemente el Ad quem en conformidad al art. 265.I del CPC, resolvió cada uno de los agravios manifestados por ambas partes; denota que el recurso de casación aparte de ser ampuloso se encuentra en discriminación entre la forma y el fondo, existiendo reconocimiento expreso de las pretensiones de ambas partes como confesiones espontáneas en ese mismo sentido; siendo la resolución de segunda instancia correcta y legal, por lo que, los reclamos expuestos en el recurso de casación son vacíos y sin sustento legal debiendo ser infundados.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA  APLICABLE AL CASO

III.1. De la congruencia en las resoluciones.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

Al respecto, este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014, 254/2016), ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales tiene su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La Jurisprudencia Constitucional, ha desarrollado asimismo, el principio de congruencia, según la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el  Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

En este entendido, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016, que citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de 16 de febrero, señala: “Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso.”.

III.2. De la valoración de la prueba.

En el Auto Supremo Nº 1054/2017 de 5 de octubre 2017, respecto a la valoración de la prueba se indicó que: “José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 397 del Código de Procedimiento Civil.   

En este marco y en relación a lo dispuesto por el art. 1330 del Código Civil, respecto a la valoración de la prueba testifical este Supremo Tribunal en el Auto Supremo N° 703/2014 ha orientado que: “…al respecto debemos señalar que la prueba testifical constituye un medio probatorio por el cual una persona ajena al proceso realiza declaraciones sobre determinados hechos de los que tenga conocimiento, siendo el objeto de dicha prueba la demostración de las pretensiones formuladas ya sea en la demanda o en la contestación a la misma, estas atestaciones, versarán sobre hechos ocurridos con anterioridad a la demanda o contestación a la misma, pues el testigo emitirá un juicio de valor sobre la existencia, inexistencia o la manera en cómo se produjeron los hechos, de esta manera es que el art. 1327 del Código Civil prevé su admisibilidad, al igual que su eficacia probatoria que conforme lo establece el art. 1330 de la norma ya citada, esta se encuentra reservada al Juez quien deberá apreciar la misma considerando la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficacia probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar, por lo que se deduce que este medio de prueba en lo que respecta a su apreciación y valoración se encuentra inmerso en las reglas de la sana critica”.

Orientado por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia en el Auto Supremo N° 240/2015, que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

III.3. Sobre la primacía del principio de verdad material sobre la verdad formal en la valoración de la prueba.

Sobre este punto este Tribunal desarrollando los alcances del principio de verdad material en cuanto a la valoración de los medios probatorios, en el A.S Nº 730/2015 L de 27 de agosto 2015, ha orientado que : “  Sobre lo explanado en la parte in fine de lo anteriormente expuesto sobre el tema conforme orienta el art. 190 del Código de procedimiento civil, -la sentencia pone fin al proceso y recae sobre la cosa demandada conforme a la verdad que evidencie la prueba producida en la causa-, es decir dicho articulado  postulaba el principio de verdad material, mismo que conforme a un nuevo modelo constitucional ha sido incorporado su aplicación a todos los jueces ordinarios, como principio fundamental del derecho, mismo que se encuentra consagrado en el art. 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, en el mismo sentido la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional  contenida en la SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0609/2015-S2 sobre el tema ha señalado:“ Resulta necesario precisar entonces que, de acuerdo a la previsión contenida en el art. 180.I de la Ley Fundamental, que consagra los principios de la jurisdicción ordinaria, se halla contemplado el de verdad material, que comprende la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que concierne a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro, o de definir sus derechos y obligaciones, arribando a una decisión injusta que no corresponda a los principios, valores y valores éticos instituidos en la Ley Fundamental y a los que todas las autoridades de todos los órganos de poder, están compelidos a cumplir; en ese sentido, es lógico que a fin de efectivizar una impartición de justicia menos formalista y procesalista, dando lugar a una material y efectiva que respete los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, …(SIC)

Teniendo presente lo expresado en sentido de que a través del principio de progresividad se ha establecido la preeminencia del principio de verdad material, sobre los aspectos formales, por cuanto el hecho de quitar valor probatorio  a estos medios de pruebas por cuestiones netamente formales y no por su contenido, resulta una actitud totalmente formalista que va en desmedro de principios que actualmente rigen la administración de justicia, otorgados por una nueva estructura constitucional, que tiene como fuente principios orientadores de una verdad material…”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuesta como está la doctrina aplicable al caso, corresponde manifestar que de una prolija revisión del contenido ampuloso del recurso de casación, se advierte que el recurrente, con una notoria falta de técnica recursiva realiza observaciones generales a varios puntos que no condicen con la argumentación expresada en el Auto de Vista, pues no se precisa ni se determina cual resulta el reclamo en sí, empero tomando en cuenta que el nuevo diseño constitucional que garantiza el principio de impugnación, se ha procedido a analizar todo el contexto del referido recurso, del cual se ha rescatado los argumentos que en criterio de este Tribunal constituyen los reclamos formulados por la recurrente, respecto a los cuales se emitirán las debidas consideraciones con su respectiva conclusión de la presente causa, en principio los de forma.

Sobre los puntos 2 y 19, manifiesta que la parte demandada no reclamó acerca de las colindancias del inmueble, la quebrada y carretera, resultando un fallo extra petita e incumpliendo los arts. 346 núm. 2) y 3) y 440.II del CPC, con relación a los arts. 125 núm. 2) y 3), 201.I y II de la Ley Nº 439, que va contra los principios de pertenencia e xhaustividad y objetividad, además acusa de no haber respondido los puntos de apelación en efecto diferido, ya que resultaría ser un fallo citra e infra petita al omitir de forma objetiva, vulnerando los principios de pertinencia y exhaustividad.

Sobre el particular conforme se ha orientado en el punto III.1 el recurso de apelación tiene su límite competencial conforme al marco de congruencia definido en el recurso de apelación, en otros términos el Auto de Vista, se encuentra vinculado a los agravios acusados en apelación conforme determina el art. 265 del Código Procesal Civil, caso contrario de no respetar ese parámetro la resolución a emitirse peca de incongruente, ya sea, ultra, extra o citra petita.

Partiendo en ese entendimiento de lo expuesto, se tiene que el Auto de Vista en aplicación del art. 265 de adjetivo civil, que tiene la facultad de resolver la controversia sobre ambas pretensiones al igual que el Juez de primera instancia siempre que sea reclamado y en caso de autos el recurso de apelación observó el tema de fondo, tomando en cuenta que se trata de una pretensión de mejor derecho propietario y el Ad quem, necesariamente debió realizar un examen de las colindancias, lo cual no implica un análisis extra petita, sino una consecuencia del estudio del fondo y por lo fundamentado supra, respecto al otro punto con revisión del Auto de Vista y recurso de apelación no se advierte que el tribunal Ad quem, hubiese omitido tales reclamos en cuanto a la apelación diferida, pues se ha referido en el punto II, de la resolución de vista sobre este punto“… frente a la objeción correcta el A quo, debe pronunciarse en forma inmediata y el resultado o resolución de la objeción es impugnable vía de apelación devolutiva, no vía reposición, al no haber activado un medio de impugnación diferente la parte ha dejado precluir su derecho a objetar la proposición de la prueba de contario correspondiendo desestimar en la parte resolutiva.”, del contexto de lo citado se ha logrado aclarar que existe una contestación por parte del Tribunal de apelación, quienes de forma clara y coherente han expresado que existe una fundamentación especifica respecto a la apelación diferida planteada, lo que es inviable su procedibilidad, fundamento que demuestra que no ha existido vulneración alguna, concluyendo que el Tribunal Ad quem no incurrió en incongruencia, toda vez que la resolución emitida en segunda instancia Auto de Vista-, si responde a la expresión de tales agravios formulado en el recurso de apelación, de ambas partes por lo tanto reúne la coherencia procesal necesaria instituida en el art. 265.I del Código Procesal Civil y conforme a la doctrina aplicable al caso del punto III.1, de manera que resulta infundado los reclamos.

Antes de ingresar al estudio de los tópicos vinculados al fondo es necesario enfatizar los presupuestos que requiere este tipo de acción, de acuerdo a lo vertido en el punto III.2 y III.3 de la doctrina aplicable, donde claramente se estableció que la valoración probatoria es una actividad intelectiva realizada de todo el universo probatorio en aplicación del principio de unidad y comunidad probatoria, contrastando todos los elementos probatorios para determinar cuáles resultan trascendentales y esenciales, es así que la determinación asumida por los de instancia no puede ser modificada en base a simples alegaciones sin sustento objetivo, para llegar a la verdad material de la prueba se desarrollara en cada punto y se concluirá con las pruebas más transcendentales para la emisión del fallo:

El punto 1 desprendido del recurso de casación, observa la prueba de fs. 1, plano del reordenamiento, en el que detalla las aéreas que corresponden a la parte actora lotes de terreno F-1, F-2 y F-3, que a su criterio dicha prueba debió ser entendida como propuesta y no debió ser considerada en forma negativa en contra del demandante, afectando el derecho de propiedad del actor con el fallo extra petita.

Siendo que el reclamo se dirige a observar de la prueba del plano de la propuesta de reordenamiento de Carlos Herrera Salinas de fs. 1, de lo referido y con la revisión de obrados, se pudo evidenciar que dicha prueba no es tomada en cuenta por el Juez de primera instancia, sin embargo, sí por los de segunda instancia quienes hicieron referencia a que el derecho propietario del demandante emergió por documento de anticipo de legítima, donde los terrenos signados como F-1, F-2 y F-3, suman una superficie de 3076 mts.2, ahora con relación el lote F-3 en litigio, con una superficie de 331,41 mts.2, donde el recurrente argumenta que dicha prueba debió ser considerada como propuesta, pero como autoridad competente de la causa tiene el deber de valorar toda prueba conducente para llegar a la verdad material, es así que los de segunda instancia dieron respuesta debido a que la superficie de 311,41 mts.2, se encontraría fuera de los limites primigenios correspondiente a la adjudicación de fs. 894, existiendo una individualización de superficie de 30.000 mts.2, (superficie de sus progenitores o familia Herrera), con sustento del documento de fs. 2 a 4 en su cláusula tercera del anticipo de legítima, donde sus progenitores cedieron tal superficie, a su vez el demandante realizó un documento de aclaración de superficie, división, individualización y partición voluntaria en forma unilateral del terreno de fs. 397 a 398, para que emerja la superficie del lote F-3 con superficie de 331,41 mts.2, prueba que será considerada y razonada en contraste con las demás pruebas líneas, más adelante de la presente resolución.

Del recurso de casación se tiene en el punto 3, donde expresa que a fs. 10, cursa el formulario de línea municipal otorgado por la comuna de Sucre, detallando la dimensión, forma y ubicación, prueba que guarda congruencia con él arsenal probatorio presentado por el demandante, cumpliendo con el animus de posesión sobre la superficie de 3076 mts.2, como también los 311,41 mts.2, prueba que cuenta con validez probatoria, establecida en los arts. 1287, 1289, 1309 y 1311 del CC.

Del plano adjuntado por el recurrente, expresa que fue emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, demostrando las colindancias y la superficie de 331,41 mts.2, sin embargo prueba referida no resultaría ser transcendental debido a que no se sobrepone a la ubicación primigenia de sus progenitores (cedidas por el documento de anticipo de legítima por testimonio a 655/1990 de 18 de octubre de fs. 2 a 4), y fue contrastado con el informe pericial de fs. 867 a 894 y aclarado 994 a 1008, por lo que el presente punto por el vínculo con las demás literales, solo mencionaría estar registrado mediante el documento de anticipo de legitima, empero dicho contexto será fundamentado en otro punto por la semejanza del conjunto probatorio que existe respecto a la ubicación del inmueble en litis.

Del punto 4, arguye que la prueba de fs. 13 (instrumental que acompañan de fs. 11 y 12), consistente en la certificación de 7 de enero de 2014, emitida por el Municipio de Sucre, señala que el inmueble objeto de debate se halla registrado a nombre del demandante con el código catastral Nº 020-0262-813-00, donde acredita la superficie de 331,41 mts.2, de la zona “El gallinero”, incluso el pago de impuestos de la gestiones 2010, 2011 y 2012, ya que estaría cumpliendo a cabalidad con las obligaciones impositivas con el Estado, con la validez probatoria establecida en los arts. 1287, 1289, 1309 y 1311 del sustantivo civil.

De las documentales presentadas por el recurrente de fs. 11, 12 y 13, se demuestra la función realizada del demandante en la propiedad de la superficie de 311,41 mts.2, que cuenta con catastro Nº 020-0262-813-000, sin embargo al igual que al anterior punto se tiene que la presente prueba no resultaría ser  trascendental, debido a que existe un informe pericial producido en segunda instancia que cursa a fs. 867 a 894 y aclarado 994 a 1008, demostrando que el inmueble con superficie de 331,41 mts.2, se encuentra fuera de la extensión del antecedente primigenio donde nació el derecho propietario del actor, por lo que no amerita mayor respuesta de las documentaciones adjuntadas en obrados.

En los puntos 5 y 6, señala que en el Informe Legal Nº 14/14 de 11 de marzo de 2014 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre de fs. 19, el demandado Jaime Adhemar Rojas Prada, no contaría con ningún trámite sobre la superficie de 2.000 mts.2, toda vez que el sistema SACUS, demostró que el demandado no sería propietario de ningún inmueble de la presente disputa y a su vez por informe Nº 01/14 de la Alcaldía Municipal de Sucre de fs. 322 a 323, refiere que el demandado tiene código catastral 020-0515-412-000, y que el trámite se encuentra abandonado -como no presentado- careciendo de algún producto urbano aprobado, lo cual vuelve inexistente este derecho de propiedad inmobiliario demandado.

De lo referido en obrados resulta cierto que parte demandada no está registrado en el sistema de SACUS “Sistema Automatizado de Catastro Urbano Sucre” de la Alcaldía municipal y no evidenciaría algún registro de propiedad de la superficie de 2.000 mts.2, sin embargo en el mismo recurso de casación se sostiene que el demandado tendría inicio de registro catastral en Gobierno Municipal, teniendo dicho trámite como abandonado, pero esta prueba carecería de valor para la presente causa, debido al contraste con las demás pruebas ajuntadas en el transcurso del proceso, haciendo referencia del informe pericial producido en segunda instancia y anteriores procesos vinculados a los antecedentes propietarios de ambas partes, acreditarían el derecho de propiedad del demandado en el presente litigio, entendimiento que será ampliado más adelante.

Los puntos 7 y 8, señalan que la prueba de fs. 377 a 383, informe pericial labrado por el Arq. Javier Lia Serrudo, a solicitud de la familia Serrudo Medina dentro del proceso ordinario radicado en el Juzgado Tercero de Partido Civil y Comercial de la capital, así como la inobservancia de prueba adjuntada -proceso de Nulidad de transferencia Aniceto Max y Augusto Herrera Salina (hermanos del demandante) contra el Jaime Adhemar Rojas Prada- de fs. 384 a 386, que en el mismo proceso al ejercer defensa y oponer excepciones, confiesa de manera amplia e irrestricta que el dominio que ostenta no abarca a la extensión y localización de la familia Herrera., delimitando las colindancias y superficie como la extensión de 5.000 mts.2, mismo que no afecta, ni se extiende a la propiedad del demandante, teniendo validez probatoria establecida en los arts. 1287, 1289,1309 y 1311 del Código Civil.

Bajo ese contexto y con la revisión de obrados donde se encuentran los planos que demuestran que la superficie de 5.001,28 mts.2 del demandado, el cual no se aproximaría a la superficie del demandante en lo referente de la superficie 331,41 mts.2, que ahora está en litigio, empero por pruebas adjuntadas en el proceso por la parte actora y en examen con la demás pruebas probatorias que contiene el presente cuaderno jurisdiccional se hace mención del informe pericial de fs. 867 a 894 y aclarado 994 a 1008, además que en el caso de autos se quiere demostrar cuál de las partes litigantes tiene el mejor derecho propietario del inmueble en litis, por lo que tal controversia será fundamentada en otro punto.

Sobre el punto 9, observa que el Informe Pericial de 18 de mayo de 2015, labrado por el Arq. Edgar L. Torres Vargas de fs. 531 a 555, en la respuesta a la interrogante del inciso D) señala que el lote de terreno de 331,41 mts.2,  no se encuentra dentro del terreno de los 5.001 mts.2, al igual que el Informe Pericial de fs. 376 a 383, asimismo en su inciso H) que la distancia aproximada es de 22,04 metros lineales, encontrándose a esa distancia.

De la revisión del cuaderno procesal sobre el informe pericial de fs. 531 a 555, se evidencia que dicho actuado se presentó fuera de plazo tal cual señala el proveído de 24 de junio de 2015 de fs. 555 vta., que señala “el informe pericial de cargo se rechaza al haberse presentado fuera de la estación probatoria, es decir, por su manifiesta extemporaneidad”, bajo ese contexto dicho actuado fue rechazado por A quo. Del otro punto respecto al informe técnico de 376 a 383, que se refiere sobre la superficie de 5.001,28 mts.2 de Jaime Adhemar Rojas Prada no se aproximaría a la superficie de la parte actora en lo referente de los 331,41 mts.2 -ahora está en disputa-, en contraste con las pruebas adjuntadas en el proceso por la parte actora y el análisis con las distintas literales contenidas en obrados, así como el informe pericial producido en segunda instancia de fs. 867 a 894 y aclarado 994 a 1008, como la síntesis del recurso de casación se refiere que no se aproximaría a la extensión del demandante ni la de su familia Herrera, en el que guarda analogía con informe pericial mencionado, alcanzando a realizar el examen respectivo del mejor derecho de propiedad por ambas partes sobre esta controversia, por lo que tal debate será argumentado en otro punto de la resolución.

El punto 10, argumenta que por antecedentes del proceso de mejor derecho propietario radicado en el Juzgado Tercero en lo Civil y Comercial de la Capital de fs. 210, seguido familia Herrera Salinas contra Remediana Serrudo Medina, Leoncio Flores Bravo, Eulogio Serrudo Flores y Margarita Medina Condori, las personas demandadas en dicho proceso, fueron ofertados en calidad de testigos el presente proceso por la parte demandada y que mediante escrito de fs. 445 a 446, fueron tachados (por el demandante), denotando que dejo de lado las declaraciones de los testigos como prueba de descargo cuando se tiene acreditada la imparcialidad de estos por su vínculo de amistad con el demandado.

Reclamo que trae el recurrente a casación sobre la producción de los testigos Remediana Serrudo Medina, Leoncio Flores Bravo, Eulogio Serrudo Flores y Margarita Medina Condori, que fue producida en la etapa de la audiencia testifical de descargo cursante a fs. 605 a 607, sin embargo dicha prueba no es un elemento relevante debido al examen de valoración realizado por los de segunda instancia que no hacen mención a esta prueba producida, es así que este Tribunal de casación en conformidad al principio de la comunidad de la prueba que tiene la finalidad de perseguir la verdad real de los hechos y que el juzgador tiene la obligación de verificar según su sana critica la eficacia probatoria acorde al art. 1330 de CC, por lo que prueba testifical de descargo y el de cargo no resultan ser transcendentales debido que la controversia sigue el mejor derecho propietario y se tiene que acreditar con prueba documental adjuntada al proceso, deviniendo por infundado el presente reclamo del recurso de casación.

Del punto 11, arguye que Ana María Rojas Prada, vendió a su hermano la superficie de 2.000 mts.2 (testimonio Nº 935/2008 de fs. 43 a 44), cuyo título consignan ser propietarios de 5.001,28 mts.2, terreno que se encuentra plasmado e identificado en el plano de fs. 384, por lo que observa que los 2.000 mts.2, transferidos a favor del demandado no se disgrega de los 5.001,28 mts.2.

Del presente punto y según lo obrado se tiene a bien mencionar el folio real Nº 1.01.1.99.0002904 de fs. 826 a 827, así como el certificado treintañal de fs. 828 a 829 y testimonio de fs. Nº 935/2008 de fs. 43 a 44, que demuestra la transferencia de Angélica Prada Anivarro de Rojas a Jaime Adhemar Rojas Prada (demandado) y Ana María Rojas Prada, que en lo posterior se realizó una transferencia como lo demuestra folio real mencionado de Ana María Rojas Prada a su hermano -actual demandado-, quien adquiere en su totalidad la superficie de 5001,28 mts.2, bajo ese contexto se señalaría que la superficie de 2.000 mts.2, sí se desprende de los 5.001,28 mts.2, por lo que el reclamo carece de sustento declarándolo infundado el respectivo punto.

El punto 12, observa que según Auto de calificación del proceso de 16 de marzo de 2015, cursante de fs. 435 (apertura para las partes plazo probatorio), omitiendo dicho auto, llegando a valorar la prueba de fs. 488 a 495, siendo que venció el 15 de mayo de 2015, al haber presentado en fecha 21 de mayo de 2015, luego de haber vencido el plazo de los 50 días, por lo que no hubo juramento de ley del perito del demandado, incumpliendo los arts. 435 y 444 del CPC.

Siendo evidente tal observación traída a casación y de la revisión de los actuados procesales se tiene que en la Sentencia del juez A quo, evidenció que tal informe pericial de fs. 488 a 495, fue presentado sin previo juramento de ley por el perito ante la autoridad de la causa disponiendo -por no presentado-, por otro lado del examen por este Tribunal de casación se llegó a observar que la apertura probatoria con Auto 16 de marzo de 2015 y respectiva notificación de 19 de marzo de 2015 a ambas partes y que el actuado pericial fue presentado el 21 de mayo de 2015, superando el cómputo probatorio debiendo declararse por rechazada este elemento probatorio.

En el punto 13, alega que el Ad quem por Auto de 4 de enero de 2018 de fs. 746, nombraron perito al ingeniero de Ramiro Alejandro Castellón Torrez, quien emitió informe de fs. 995 a 1008, señaló que el inmueble de 331,41 mts.2, se encuentra dentro los propietarios primigenios Victoriano Herrera y Teófila Salinas, acreditando que el inmueble del demandante se encuentra dentro el límite de los propietarios anteriores, reclamando que el Auto de Vista afecto el derecho propietario del actor a conceder ese derecho al demandado.

Teniendo presente lo manifestado por la parte demandante sobre la afectación en su derecho propietario, sin embargo se debe tener en cuenta que la función de la autoridad judicial para un mejor proveer en su resolución es la producción de prueba de oficio cuando exista duda de la controversia, quien realizó la respectiva producción de informe pericial de fs. 867 a 894 y aclarado 994 a 1008 en segunda instancia, llegando a la convicción que el derecho propietario con una superficie de 331,41 mts.2, correspondiente al demandante no se encuentra dentro de la superficie primigenia, tal cual argumenta en la demanda de mejor derecho y reivindicación, que se desprendería dicha superficie de los 30.000 mts.2, perteneciente a sus padres, cediéndole de en una parte mediante documento de anticipo de legitima una superficie 3076 mts.2 y para que se generara superficie de 311,41 mts.2, se elaboró un Testimonio Nº 1941/2012 de aclaración de superficie, división, individualización y partición voluntaria en forma unilateral del terreno de fs. 397 a 398, superficie que no se demuestra que estuviera en la extensión cedida a favor del demandante por sus progenitores, por lo que prueba producida por los de segunda instancia tiene valor probatorio para encaminar a la verdad material.

Del punto 14, observa que la prueba testifical de cargo de fs. 605 a 607, que defiende el derecho de propiedad del demandante y enerva lo referente al inmueble con superficie de 5.000,28 mts.2, que debió cumplir el contenido de los arts. 397, 476 del Código de Procedimiento Civil y los arts. 1328, 1329 y 1330 del CC.

En ese contexto se tiene que la prueba testifical de cargo de fs. 605 a 607, fue producido en su momento procesal, pero no condice como elemento de convicción transcendental para la presente litis, debido a la revisión y contraste con las demás pruebas, se demuestra la existencia de dicha propiedad en litigio, por lo que se quiere demostrar quien tiene mejor derecho sobre el predio, resultando que esta prueba carecería de valor probatorio para llegar a una verdad de los hechos, conforme a las pretensiones de la demanda y reconvención, el cual no merece mayor respuesta.

En el punto 15, señala que el folio real de fs. 826 a 827, hace referencia de la superficie de 5.000,28 mts.2, siendo único antecedente dominal que tiene primer asiento (Angélica Prada de Rojas), demostrando la inexistencia de otros antecedentes dominales que representen en favor del demandado un mejor derecho propietario sobre el inmueble.

Bajo ese argumento tenemos que referirnos al folio real con matricula Nº 1.01.1.99.0002904 de fs. 826 a 827, pues de revisión de obrado se tiene estrecha vinculación con otra prueba adjuntada de fs. 498 (folio real con Nº de matrícula 1.01.1.99.0061438), que está registrado en el primer asiento la declaratoria de herederos Néstor Prada Miranda con relación a la causante (madre) Dolores Miranda, en el segundo asiento figura Angélica Prada Rojas se instituye heredera al fallecimiento de Néstor Prada Miranda, posteriormente en el tercer asiento se encuentra registrado Jaime Adhemar Rojas Prada a la muerte a Angélica Prada Anivarro (madre del demandado), teniendo estrecha relación dicha sucesión con el proceso de reivindicación que sustento Néstor Prada Miranda con Victoriano Herrera Romero y Teófila Salinas (padres de demandante), por lo que se demuestra con la comunidad probatoria de no ser el único antecedente de derecho propietario del demandado, sin embargo tal folio real de fs. 826 a 827, acredita el sustento legal por estar inscrito y registrado en Derechos Reales tal se demuestra en obrados.

Del punto 16 y 17 del recurso de casación, acusa la inobservancia de la prueba documental de planos adjuntados del proceso de reivindicación (Néstor Prada contra Victoriano Herrera y Teófila Salinas en el año 1973) de fs. 893 y 894, donde delimita la propiedad de los esposos Herrera, por lo que se debe ponderar la valoración avalada a fs. 894, donde se mantiene y el cual es confirmado por el Auto definitivo de fs. 932 (desestimando planos de fs. 893 y 900), y de la ampliación del informe pericial del Ing. Ramiro Alejandro Castellón Torres de fs. 995 a 1008, delimita la superficie de los padres del demandante, pero debió consolidar y valorarse los planos de fs. 894, fs. 939 y fs. 965, ya que atreves de ese plano se hace la delimitación del derecho de propiedad de la familia Herrera.

Del presente punto se llega a la misma convicción sustentado en el Auto de Vista, porque de acuerdo a la comunidad probatoria se tiene que tomar todos las pruebas transcendentales para encaminase a la verdad material de la controversia, que como antecedente del proceso adjuntado (Néstor Prada contra Victoriano Herrera y Teófila Salinas, proceso de reivindicación donde se adjudicaron los demandados una superficie de 30.000 mts.2), asimismo, se tiene dentro de ese proceso un informe de oficio para mejor proveer de fs. 921, que acredita que terrenos de Néstor Prada Miranda cuentan con una extensión de 15.1705 has., y corroborado con el plano de fs. 940, de los cuales llegaron a la conclusión de las 3 has o 30.000 mts.2, donde identifica la extensión de los propietarios Victoriano Herrera y esposa, por lo que el demandante Carlos Herrera Salinas con una superficie 3076 mts.2, emergió su derecho de propiedad con  documento de anticipo de legitima de fs. 2 a 4, y por otro lado el derecho propietario de la superficie de 331,41 mts.2 tiene originarse por el documento adjuntado por el actor (Testimonio Nº 1941/2012 de 8 de noviembre de aclaración de superficie, división, partición voluntaria de inmueble) de fs. 397 a 398,  y se encuentra en armonía con los informes periciales de fs. 867 a 894 y ampliado a fs. 994 a 1008, resultando que la parte actora no acreditaría el derecho propietario sobre el lote de terreno signado como lote F-3 de 331 mts.2, debido a que superficie se encontraría fuera de la extensión primigenia, debido a que tal derecho propiedad emergería por documento reiteradamente mencionado a su favor por sus progenitores, por lo que deviene en infundado los reclamos expuestos en el recurso de casación.

De manera conclusiva para la respectiva resolución llegamos a englobar los puntos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 12, porque todos observan la valoración probatoria.

Del análisis de la prueba de fs. 1, se observa que es un propuesta o proyecto de reordenamiento en donde se incluye los lotes F-1, F-2 y F-3 con una de extensión de 3.076 mts.2, del cual se desprendió una superficie de 331,41 mts.2, signado como F-3, denotando estar fuera del plano primigenio demostrado en el informe pericial de fs. 867 a 894, que tiene sustento con la el documento adjuntado de fs. 2 a 4 del testimonio de Nº 655/1990 de anticipo de legítima a favor de Carlos Herrera Salinas, refiriendo sus colindancias claramente definidos con lotes Nº 4, 6, 3, 2 y con proyección a una calle sin nombre de acuerdo al plano de fs. 1, siendo que este supuesto derecho propietario de la superficie de 331,41 mts.2, tiene origen de un documento (Testimonio Nº 1941/2012 de 8 de noviembre de aclaración de superficie, división, partición voluntaria de inmueble) de fs. 397 a 398, que es observada por los Jueces de grado y es compartida por este Tribunal, donde señala “…bajo título de aclaración de superficie, división individualización y partición voluntaria, en forma unilateral sin participación de un tercero, que por las norma invocadas como son los Arts. 450, 454 y 945 del Código Civil, para su validez precisa la concurrencia de otra persona o voluntad, cuando refiere a las partes, que al no estar registrado en Derecho Reales, solo surte efecto entre partes, ante la ausencia  de otra parte, no surte efecto alguno contra el demandado Jaime Adhemar Rojas Prada, por no intervenir en dicho documento por ende no oponible a terceros cual manda el Art. 1538 del CC…”, fundamento de segunda instancia que está en lo correcto.

Por otro lado el derecho propietario de la parte demandada se generó por Escritura Pública Nº 935/2008 de 30 de septiembre, cursante de fs. 43 a 45, transferencia realizada por Ana María Rojas Prada (hermana del demandado) a favor del demandado, obteniendo su derecho propietario de una superficie de 5.001,28 mts.2, registrado el 1 de octubre de 2008 en Derechos Reales, bajo la matricula Nº 1011990002904, además por prueba aportada de fs. 498 y vta., (folio real 1011990061438, registrado en el asiento 3) Jaime Adhemar Rojas Prada, que se encuentra registrado con declaratoria de heredero de Néstor Prada Miranda (familiar del demandado), a su vez esta sucesión hereditaria tiene vínculo con el proceso de reivindicación mencionado supra, proceso que tiene un informe de fs. 921, donde acreditó que los terrenos de Néstor Prada tienen una extensión de superficie de  15.1705 has., este mismo es corroborado con el plano de fs. 940 y el plano de fs. 939, resultando que el demandado goza de una sucesión hereditaria acreditada con folio real de fs. 498 y vta., confirmando su derecho propietario del inmueble en litigio.

Concluyendo que ambos derechos propietarios emergieron con diferentes transferencias, en el caso del demandante surgió su derecho de propiedad mediante el anticipo de legitima suscrito por sus padres a favor de sus hijos, a diferencia del demandado que emergió su derecho de propiedad inicialmente como co propietario con su hermana de la superficie de 5001.28 mts.2, según testimonio de transferencia de 16 de abril de 1998, cursante de fs. 402 a 404, realizado por Angélica Parada Anivarro (madre del demandado), a favor de Jaime Adhemar Rojas Prada y Ana María Rojas Prada, que posteriormente la hermana del demandado transfiere su alícuota parte a Jaime Adhemar Rojas Prada, derecho propietario que se encuentra registrado en Derechos Reales de fs. 45 y vta., y fs. 826 a 827, por lo que se tiene cotejado la pruebas transcendentales con su valoración respectiva para haber logrado llegar a la verdad material, a lo que el Ad quem, emitió una resolución de vista correcta al revocar la Sentencia, pues se produjo prueba para un mejor proveer, donde se observó los hechos de la pretensiones de ambas partes, donde se encuentran expuestos el cómo se generó el derecho propietario de cada uno sobre el inmueble en litis, dando cumplimiento al principio de verdad material de las pretensiones contrastadas con las documentales de todo lo obrado, constituyendo prueba plena al tenor de los arts. 1286 y 1289 del sustantivo civil,  por lo que deviene en infundado los reclamos de su recurso de casación de la parte actora.

Consiguientemente y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan evidentes, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución, conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 1064 a 1107 vta., interpuesto por Carlos Herrera Salinas contra el Auto de Vista Nº SCCI - 0274/2018 de 27 de septiembre, cursante de fs. 1051 a 1062 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costa y costos.

Se regula horario profesional en la suma de Bs.1.000, para el abogado que respondió al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berríos Albizú.