TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 459/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sucre: 02 de mayo de 2019

Expediente: LP-129-18-S

Partes: Máximo Nina Quispe y otra c/Macario Cortez Larico y otros. 

Proceso: Usucapión extraordinaria.  

Distrito: La Paz. 


VISTOS: El recurso de casación de fs. 254 a 258 vta., interpuesto por Máximo  Nina Quispe y  Juana Yujra de Nina contra el Auto de Vista Nº 140/2018 de 9 de abril cursante  de fs. 238 a 240, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso sobre usucapión  Decenal, seguido por los recurrentes contra Macario Cortez Larico y otros, el Auto de concesión de fs. 310, el Auto Supremo de Admisión N° 1036/2018-RA de fs. 317 a 318 vta., los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


El Juez Público Nº 2 en lo Civil y Comercial de la ciudad de El Alto, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 60/2017 de 24 de febrero cursante de fs. 136 a 138, declarando IMPROBADA la demanda planteada por Máximo Nina Quispe y Juana Yujra de Nina.

Contra esta determinación, los demandantes Máximo Nina Quispe y Juana Yujra de Nina interpusieron recurso de apelación por memorial de fs. 145 a 149 vta., resuelto por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien pronunció el Auto de Vista Nº 140/2018 de 9 de abril, cursante de fs. 238 a 240, por el cual CONFIRMÓ la sentencia impugnada, bajo los siguientes argumentos:

Es evidente que la parte demandante adquirió su derecho propietario por medio del contrato (Escritura Publica Nº 1852/95) por venta de Paulino Cortez Nina  del lote  de terreno Nº 2 del Manzano Nº 61 con una extensión superficial de 288,75 m2, que se halla dentro de la partida Nº 3964 del libro “D” de 1975 hecho que manifiesta como inicio de posesión en  su demanda, que indica que no pudo ser registrada en Derechos Reales por impedimentos de carácter técnico legales como ser la falta de división y partición, por lo que Ad quem considera la no  aplicabilidad del instituto  de la usucapión, que  al no operar la adquisición  por efecto  de los  contratos, la misma excluye la posibilidad de adquirir  la misma  por efecto  de la usucapión, por el principio lógico señalado en regularizar su derecho  a través del presente proceso de usucapión.

Es así que haciendo cita del A.S. Nº 156/2014, advierte la imposibilidad de aplicar la usucapión extraordinaria para regularizar un derecho propietario ya constituido en virtud a que el mismo es una forma típica de constitución del derecho de propiedad.

Añade que comparte el criterio del A quo, por lo que no le causó agravio con la sentencia, sin  embargo de acuerdo  al art. 24 num. 3) de la Ley Nº 439, sobre  los deberes del juez de encausar adecuadamente el proceso señala que el A quo  debió advertir de esa situación al actor a momento de admitir la demanda a fin  de que  encause su  demanda por la vía procesal más adecuada, y  no esperar hasta  la emisión de la sentencia, aspecto que no fue observado por el A quo  y  no esperar hasta  la emisión de la sentencia.

En cuanto a los demás agravios refirió que de acuerdo a los fundamentos expuestos  no sería necesario pasar a su análisis de presupuestos facticos para  la operatoria de la usucapión es decir de situaciones probatorias, ya  que  mal podría  salir  una valoración fáctica de una norma a aplicar descartada.


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN


En la forma:

  1. El auto de vista no aplicó correctamente el art. 265.I de la Ley Nº 439

Los recurrentes denuncian que el Tribunal de Alzada no consideraron los fundamentos de su demanda y de su recurso de apelación, por lo que no se circunscribió a los puntos apelados.

  1. El fallo ahora recurrido vulneró los principios de seguridad jurídica y debido proceso 

Aludiendo al Considerando III.2.1. del Auto de Vista impugnado, los recurrentes aducen que se vulneró los principios establecidos en los arts. 3 num. 4), 30 num. 2)  de la Ley Nº 025 y arts. 115.II, 117.I, 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado, al no haberse pronunciado sobre la violación de la norma del A quo en cuanto al análisis de la Escritura Pública Nº 1852/95 y de la proponibilidad de la pretensión.

  1. El auto de vista carece de fundamentación sobre el art. 138 del Código Civil.

Arguyen que la única vía era la usucapión, donde no necesita  acreditar más que la posesión continuada de acuerdo al art. 138 del Código Civil, porque  si  bien  presento  la Escritura Pública Nº 1852/95 sobre compra venta  de 288.95 m2, no fundamentó que esa superficie era una parte del total y que aún no se encontraba delimitada y no había división y partición, por lo que no pudieron inscribir en Derechos Reales, aspecto que no fundamentaron de acuerdo al art. 218.I del Código Procesal Civil, revocando la sentencia.

En base a ese contexto refieren que no se examinó los agravios de su apelación,  emitiendo el  auto de vista  sin la debida fundamentación  en virtud del art. 265.I del Código Procesal Civil, resultando ser un fallo incongruente existiendo  contradicciones con el petitorio  del recurso de apelación, extrañando el análisis, pronunciamiento  claro  y concreto de sus fundamentos expresados.

  1. El Tribunal de alzada no integró las pruebas

Los impetrantes, alegan que el Ad quem no examinó, confrontó, ni integró las pruebas unas con otras, aludiendo a la inspección  judicial donde señalan que se evidencio la quieta, pacifica, ininterrumpida, continua de la posesión de la propiedad, además de las declaraciones testificales que sostiene  acreditan  que ejercieron la posesión real, corporal e ininterrumpida por más de diez años  cumpliendo con los requisitos de la usucapión, a cuyo efecto  cita  la jurisprudencia contenida en la GJ Nº 1589, p. 137 y la Sentencia  Constitucional Nº 1917/2014-R de 13 de diciembre, solicitando que en aplicación de los  arts. 106.I, 220.II num. 1) inc. c) del Código Procesal Civil y el art. 17.I de la Ley Nº 025 se dicte  Auto  Supremo  como  corresponde.  

En el fondo

  1. El auto de vista infringió el art. 138 del Código Civil

Denuncian que en virtud al art. 138 del Código Sustantivo, concordante con los  arts. 87 y 88 del mismo cuerpo legal, no era necesario acreditar otro requisito  que el de la posesión  por diez años.

  1. El auto de vista debe ser objeto de nulidad al fallar distinto a lo demandado

Acusan que el fallo recurrido no se refirió a aspectos legales en infracción de la ley y del art. 115.I y II de la Constitución Política del Estado, en resguardo al debido proceso, incumpliendo normas procesales al resolver de forma distinta a lo demandado.

  1. Incurrió en error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba

Reiteran que no era necesario documento alguno, para demostrar  la procedencia de la usucapión, más que la posesión continuada durante  diez años de acuerdo al art. 138 del Código Civil y a la fundamentación contemplada en el Auto  Supremo Nº 435/2017 de 2 de mayo, y si  bien cuenta con una Escritura Pública que no pudo inscribir en Derechos Reales, advirtiendo que demostró la posesión de forma ininterrumpida mediante la inspección judicial al inmueble y las declaraciones testificales, los cuales fueron omitidos de forma incongruente en el Auto de Vista, el cual corresponde sea casado.

No obstante de ello aseveran que el auto de vista confirmó la sentencia incongruente que no consideró en el fondo la valoración de las pruebas apreciadas en  su real dimensión, incurriendo en un error de hecho y de derecho, apartándose de los datos del proceso y las normas que rigen la materia; y, si  bien  el juez goza de la facultad  privativa  de apreciar las pruebas el Tribunal de casación  puede analizarlas cuando  se presenta  error de hecho  establecido  con documentos como  los  que  cursan en obrados  de acuerdo al art. 253 num. 3)  del Procesal Civil y más aun cuando concurre incongruencia entre la parte considerativa y dispositiva según el Auto Supremo Nº 39 de 18 de febrero de 1981.

  1. Hubo interpretación errónea e infracción de las leyes sustantivas  dando una aplicación indebida

Refieren que en base a lo anteriormente señalado se deduce que la incorrecta  aplicación de preceptos legales, interpretación  errónea, infracción de las leyes sustantivas dándoles un sentido equivocado y aplicación indebida, existiendo  contradicción en la parte  dispositiva de la sentencia con sus pretensiones, sin que  haya pronunciamiento  sobre los  puntos reclamados.

  1. El auto de vista conculco los principios procesales de seguridad jurídica, legalidad, verdad material y debido proceso.

Al amparo de los arts. 3 num. 4) y 30 num. 6), 11) y 12) de la Ley Nº 025, argumentan que el auto de vista vulneró los principios procesales de seguridad jurídica, legalidad, verdad material, correspondiendo casar el auto de vista y se proceda a la revisión de la sentencia por infracción de normas procesales y ante la falta de fundamentación.

  1. El auto de vista se apartó del principio de congruencia

Los recurrentes arguyen que el fallo ahora recurrido se apartó del principio de congruencia, olvidando la concordancia que debe existir entre la parte  considerativa y dispositiva en base a un razonamiento integral y armonizado en los considerandos y razonamientos emitidos en la resolución  que debe mantener una correspondencia entre la pretensión, lo considerado y lo resuelto, con la cita  de disposiciones legales que apoyan su razonamiento para llegar a la determinación asumida, en base a criterios que sustenten el fallo motivado,  congruente y pertinente, los  cuales aseguran fueron  incumplidos.

Por lo que solicita se verifique las irregularidades del proceso y se anule obrados para que el Tribunal Ad quem se pronuncie sobre lo solicitado. 

  

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN.

De la revisión de obrados se establece que corrido en traslado el recurso de casación, fue respondido por Macario y Ventura Cortez Larico, por memorial de fs. 279 a 283, manifestando que el recurso planteado es inconsistente, impreciso  y  reiterativo, pretendiendo sorprender a la verdad, ya que de la revisión del auto  de vista recurrido indica que extrae y analiza los argumentos y fundamentos de interposición de la apelación, habiendo determinado  que  la demanda no  cuenta con una base fáctica y jurídica que permita establecer cual su objetivo y la pertinencia de la prueba, conllevando a cuestionar si  la Escritura Pública Nº 1852/95 da origen a la posesión o reconoce el titulo adquisitivo de la propiedad o si bien tiene título adquisitivo porque requieren un reconocimiento de una posesión para pretender el reconocimiento de derecho propietario  que  ya  fue reconocido, lo cual refiere es confuso siendo tramitada la causa de forma errónea como usucapión siendo valorada y  no pudo  haberse dejado pasar al  existir  una línea jurisprudencial.

Advierte que la prueba presentada es intrascendente e impertinente pues  no  fue  capaz de demostrar  los  hechos  demandados,  haciendo  referencia  a la prueba testifical, inspección judicial y documental, prueba  que  no  demostró la posesión del bien a usucapir tampoco el abandono del titular, que lo único que ha  demostrado  es la posesión clandestina, consideran que al no existir agravio el  no pronunciarse sobre extremos o argumentos que serían secundarios  en la fundamentación, no podrían inferir en la decisión de forma que pueda variar el resultado en favor del recurrente y/o conforme sus incorrectas pretensiones, aseveraciones y erróneas interpretación de la normativa concerniente al presente proceso, que de hacer caso a los extremos alegados por el recurrente se incurriría en emitir un criterio inapropiado que iría en contra del Auto Supremo Nº 156/2014 observando que la finalidad de los  impetrantes es el de desnaturalizar el recurso de casación sobre el cual cita la Sentencia Constitucional Nº 1468/2004-R, resaltando que el auto de vista se encuentra enmarcado en la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo se observa que Julia Cortez de Gutiérrez y Lidia Cortez Apaza se apersonaron al proceso en su calidad de herederos de Dionicio Cortez Larico y se adhirieron a la contestación  formulada por Macario y Ventura Cortez Larico mediante  memorial de fs. 299 vta., siendo concedido el recurso planteado por Auto de fs. 310.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO


III.1. Del documento de transferencia para efectos de cómputo del plazo de la usucapión decenal o extraordinaria.

Para un mejor entendimiento de este punto, corresponde citar, entre otros, el Auto Supremo Nº 115/2015 de 13 de febrero, emitido por este Tribunal Supremo de Justicia, que al respecto fundamentó lo siguiente: “Del contenido del Auto de Vista Nº SCCFI-472 de 09 de septiembre de 2014, se puede advertir que el Tribunal Ad Quem entendió que la demandante siendo propietaria de los terrenos en cuestión pretendería el reconocimiento de su condición de propietaria del inmueble vía usucapión cuando ya ostentaría los terrenos por derecho de compra, pretendiendo perfeccionar su derecho propietario, por lo que a criterio de los de Alzada la demanda sería subsumible de “improponibilidad manifiesta”. Según la interpretación del Tribunal de Alzada es querer titularizar esa compra; sin embargo del contenido de la demanda claramente se advierte que la actora no pretende regularizar su derecho propietario de la compra que refiere; simplemente la manifiesta como antecedente para justificar el inicio de su posesión sobre el inmueble que pretende usucapir, por lo que con este último análisis, la misma resultaría siendo perfectamente proponible. 

Del contenido de la demanda, se puede entender que la recurrente funda su demanda de usucapión en una transacción que jamás se llegó a concretar, pues se entiende que fue de esa manera que ingresó al inmueble para poseerlo pacífica y continuamente por el tiempo que establece la ley, vale decir que la recurrente no pretende el reconocimiento a su derecho propietario de la compra que refiere, sino el reconocimiento de la posesión que ejerce sobre los tres lotes de terreno que pretende usucapir; el presupuesto generador de la demanda no es otro que la posesión de la usucapiente y que a efectos de demostrar que esta tuvo un inicio pacífico y libre de violencia, la actora trajo simplemente como antecedente esa compra, aspecto que de ninguna manera puede ser confundido o atribuirse como sustento de la pretensión, sino como una referencia del antecedente de posesión y que en definitiva es esta última (posesión) la que constituye el verdadero sustento real de la pretensión.

El Tribunal Ad-quem al haber procedido a anular el proceso bajo el fundamento de ser improponible la demanda de usucapión, no ha realizado un análisis de los hechos en su verdadero alcance incurriendo de esta manera en un concepto equivocado, correspondiendo en todo caso ser enmendado por este Tribunal disponiendo la nulidad de la Resolución recurrida.” 

En ese mismo orden de ideas el Auto Supremo Nº 162/2012 de 17 de agosto, orientó: “…Siendo esa la pretensión de la actora, corresponde en principio considerar las previsiones que la ley establece como requisitos para demandar la propiedad de un inmueble de propiedad privada por usucapión decenal o extraordinaria establecida en el artículo 138 del Código Civil, el cual dice: "la propiedad de un inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años", del contenido de la norma glosada se establece que el requisito central para la procedencia de la acción de usucapión extraordinaria es la posesión continuada del inmueble susceptible de usucapión por el tiempo establecido en la ley. En el caso concreto, no resulta un factor objetivo de improponibilidad de la demanda para excluir la posibilidad de tutela jurídica de la pretensión planteada, el hecho de que la actora haya reconocido expresamente que el inmueble lo posee desde que lo adquirió a título de compra y venta, tomando en cuenta que en muchos casos, por alguna razón administrativa o de otra naturaleza en algunos casos insubsanables el vendedor de inmueble no haya podido regularizar la documentación que avale su derecho propietario una vez efectuado el acto traslativo de su propiedad, alcanzando esta imposibilidad por lógica consecuencia a la compradora del inmueble, quien en ejercicio de su autonomía de voluntad y a los fines de consolidar su derecho propietario y su posterior registro propietario en Derechos Reales, puede optar ya sea por la demanda de usucapión quinquenal u ordinaria en base a su título propietario, o en su defecto por la demanda de usucapión decenal u extraordinaria en base sólo a la posesión del bien por el plazo establecido por ley, al no existir óbice legal para optar por dicha decisión por parte de la actora y menos para el operador de justicia para conocer la causa al no resultar la misma contraria al orden público o a las leyes, de ahí que, la decisión del tribunal de apelación de revocar la sentencia sólo por el hecho de haber la demandante declarado que dicho inmueble lo adquirió en calidad de compra y venta, resulta ilegal e inadecuada…”

III.2. Sobre los presupuestos de la usucapión decenal o extraordinaria.

La usucapión es un modo de adquirir la propiedad por haberla poseído durante el tiempo previsto y con apego a las condiciones determinadas por ley, en general, sea que se trate de usucapión ordinaria o extraordinaria, tres son los presupuestos de este instituto, a saber: 1) un bien susceptible de ser usucapido; 2) la posesión; 3) transcurso de un plazo.

En ese orden, en lo referente a la usucapión decenal o extraordinaria, respecto al primer presupuesto diremos que, por regla general, los bienes susceptibles de usucapión son aquellos que se encuentran dentro del comercio humano, sólo recae sobre aquellos que están en la esfera del dominio privado, estando excluidos todos aquellos bienes que están fuera del comercio y aquellos que son de dominio público del Estado, pues se debe comprender que la usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual la usucapión sólo es posible respecto de bienes que se encuentran registrados a nombre de un anterior propietario contra quien se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión, por ello para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure, en el Registro de Derechos Reales, como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, sólo así la sentencia que declare la usucapión producirá válidamente ese doble efecto.

Ahora bien en cuanto al segundo presupuesto, se tiene que el elemento esencial en este tipo de acción es la posesión, criterio que se encuentra en consonancia con el aforismo "sine possesione usucapio contingere non potest" el cual significa "sin la posesión no puede tener lugar usucapión alguna", a cuyo efecto el art. 87 del citado Código, señala que la posesión consiste en el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad, empero, a través de la doctrina y la jurisprudencia se ha establecido que para la procedencia de la posesión es necesario entre otros la existencia de dos elementos constitutivos, uno objetivo, el otro subjetivo: a) el corpus possessionis, es decir, el poder de hecho del sujeto sobre la cosa, el elemento material de la posesión, b) el ánimus possidendi o intención de actuar por su propia cuenta o de alegar para sí un derecho real sobre la cosa.

Finalmente, en el caso de que se acredite que existe posesión, en sus dos elementos, esta debe ser continuada durante 10 años (para la usucapión decenal), lo que implica que la posesión durante ese tiempo se ha ejercido ininterrumpidamente, de forma pacífica, sin perturbaciones ni alteraciones que signifiquen reclamos por parte del propietario o por un tercero, y de manera pública porque se ha efectuado según la naturaleza del bien sin ocultar a quien tiene derecho a él, reunidos esos caracteres o propiamente requisitos, entonces, se habrá cumplido lo que señala el art. 138 del Código Civil.

III.3. De la valoración de la prueba.

En el Auto Supremo Nº 37/2017 de 4 de enero, se ha desarrollado la doctrina respecto a la valoración de la prueba que señala lo siguiente:

“José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”. 

Con relación a la valoración de la prueba se ha indicado en el Auto Supremo N° 240/2015 que : “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

III.4. Respecto al error de derecho y error de hecho en la valoración de la prueba.

En el Auto Supremo Nº 629/2014 de 31 de octubre, como línea jurisprudencial se ha concreta que: “…la apreciación de los elementos probatorios es una actividad autónoma de los jueces de grado, sin que en casación pueda censurarse esa actividad deliberativa, salvo que existiese error de hecho o error de derecho que se haya cometido al realizar la misma, conforme estipula el art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil…”.

Asimismo, en el Auto Supremo Nº 1115/2015 de 04 de diciembre, al referirse al error de hecho se ha razonado que: “Al respecto, corresponde referir que entre los requisitos intrínsecos del recurso de casación en el fondo, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa y están expresamente previstos en los incisos 1), 2) y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, cuando indica que procederá el recurso de casación en el fondo en los siguientes casos:…3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos, debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causales que establece el citado art. 253 del Código de Procedimiento Civil en sus tres ordinales…”. 

III.5. De la incongruencia omisiva.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, el Tribunal de casación a momento de realizar el análisis sobre los reclamos de incongruencia omisiva en que habría incurrido el Tribunal de alzada respecto a los puntos acusados en apelación, debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma como es la incongruencia omisiva que afecta la estructura de la resolución, el análisis de este máximo tribunal solamente debe limitarse a contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión, tal cual lo ha orientado el Tribunal Constitucional Plurinacional que en la SCP Nº 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, señalando: “…cabe recalcar que, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el planteamiento de un recurso de casación en la forma, debe limitar sus consideraciones a las causales establecidas en el art. 254 del CPC. En el presente caso, al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso” (las negrillas y subrayado son nuestras).


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


Con relación a las denuncias efectuadas por la parte recurrente se tiene:

En la forma:

En cuanto a las denuncias contenidas en los numerales:

1) y 3), referidos a que el auto de vista no aplicó correctamente el art. 265.I de la Ley Nº 439 y que carece de fundamentación sobre el art. 138 del Código Civil, en inobservancia del art. 218.I del adjetivo civil.

Se observa que los recurrentes no precisan, ni identifican que puntos de su apelación no fueron objeto de pronunciamiento por el Tribunal Ad quem, tampoco justifican que a causa de ello se haya infringido el art. 265 del procesal civil, en cuyo caso de advertir tal situación pudieron haber solicitado la complementación de la resolución, sin embargo no lo hicieron, pues pronunciado el Auto de Vista Nº 140/2018 de 9 de abril de fs. 238 a 240, ninguna de las partes hizo  uso  de esa facultad, al no haberlo hecho dejó precluir su derecho, no pudiendo pretender que  este  defecto que  pudo ser reclamado  de forma oportuna, sea subsanado a través de un recurso de casación, pues ante  la advertencia de ausencia  de la debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada, la parte agraviada deberá precisar qué aspecto de su recurso de apelación, no mereció  fundamentación o sobre qué cuestión se incurrió en omisión de respuesta,  identificando el error y omisión, además de explicar la relevancia de dicha falencia en el fallo recurrido, para su verificación de la acusación formulada, lo  cual no ser factible en caso de tratarse de simples denuncias genéricas que  solo  denotan disconformidad con el fallo recurrido,  como aconteció en la motivo de análisis por lo  que deviene en infundado.

Ahora bien, respecto al cumplimiento o no de los requisitos contemplados en el art. 138 del Código Civil, al constituir un aspecto de fondo que hacen a la causa en sí, por lo que será objeto de análisis cuando se proceda a resolver las cuestiones de fondo planteadas.

  1. El fallo ahora recurrido vulneró los principios de seguridad jurídica, oralidad y debido proceso 

Respecto a esta denuncia de que en el Considerando III.2.1. del auto de vista recurrido, al proceder a analizar la Escritura Pública Nº 1852/95 y la proponibilidad de la pretensión, el Tribunal Ad quem habría vulnerado, los principios de seguridad jurídica, oralidad y  debido proceso;  de la revisión del  fallo impugnado  se tiene  que  dada la naturaleza del proceso, el Tribunal de alzada procedió a efectuar un  análisis  de las razones legales y jurisprudenciales que le servirían  de fundamento y  sustento para la  determinación asumida, situación que  no demuestra una  vulneración a los principios  aludidos, pues si bien corresponde verificar si  en esa labor el Tribunal Ad quem ha quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso; no es menos cierto que los  recurrentes al  momento de acusar este quebrantamiento no  solo deben limitarse a invocar la violación, sino  también deben fundamentar cuáles fueron y  en que  han  consistido tales infracciones, ya que no expresan con precisión las razones que sustentan esta denuncia, tampoco identificó con claridad qué criterios correspondían ser los  empleados por los  de instancia, deviniendo el motivo también en  infundado.

4) El Tribunal de alzada no integró las pruebas

Sobre este reclamo, si  bien es evidente que el Tribunal Ad quem no procedió al análisis  de los presupuestos  facticos y las “situaciones probatorias” (sic), en la parte concluyente del auto de vista recurrido justificó las razones por las que no lo hizo aduciendo de que mal podría salir una valoración fáctica de una norma a aplicar ya descartada, por cuanto los recurrentes deben tener en cuenta que el auto de vista respondió a una lógica de no admitir la procedencia  de la acción de usucapión, resultándole innecesario efectuar mayor análisis de las pruebas presentadas en el proceso, por lo que al no haberse incurrido en causal de nulidad alguna prevista por ley, no corresponde la aplicación de los arts. 106.I, 220.II num. 1) inc. c) del Código Procesal Civil, ni el art. 17.I de la Ley Nº 025 como sugiere la parte recurrente; no obstante se aclara que este hecho no implica una aceptación de su argumento en el fondo,  el cual será analizado al momento  de absolver el fondo.  

En el fondo

Con relación a las denuncias de fondo contenidas en los  numerales del: 1) al 6), concernientes a que el auto de vista infringió el art. 138 del Código Civil, que debe ser objeto de nulidad al fallar distinto a lo demandado, que se incurrió en error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, que hubo interpretación errónea e infracción de las leyes sustantivas dando una aplicación indebida, además de conculcar los principios procesales de seguridad jurídica, legalidad, verdad material y debido proceso,  apartándose del principio de congruencia.

De la revisión de antecedentes se constata que por memorial de demanda de fs. 29 a 31 vta., subsanada de fs. 34 a 35, Máximo Nina Quispe y Juana Yujra de Nina, plantearon acción de usucapión, manifestando que adquirieron el inmueble objeto de litis (Lote Nº 2 del manzano 61 de la Urbanización  Bautista Saavedra actual Unidad Vecinal CH de la ciudad de El Alto con  una superficie de 288.75 m2, con registro en Derechos Reales bajo la Partida Nº 3964, Fojas 3964, Libro “D” de 1975 actualizada a la matricula Nº 2.01.3.01.0010964) mediante Escritura Publica Nº 1852/95 de 11 de octubre, de Paulino Cortez Nina; sin embargo, refieren que no pudieron registrar en Derechos Reales por  impedimentos de carácter técnicos legales como ser la falta de la división  y partición atribuibles al anterior propietario quien tenía una superficie mayor registrada en forma  global, sin que  hayan  podido sanear y registrar su derecho propietario, resaltando que el ultimo propietario  quien les transfirió el inmueble, falleció y que desconocen a sus descendientes; no obstante, afirman que desde la suscripción del mencionado documento de compra venta han ejercido posesión del inmueble de forma continua e ininterrumpida hasta el presente, es decir hasta la interposición de la demanda de 22 de marzo de 2016, por lo que pide se declare operada la usucapión decenal y  en  ejecución  de sentencia se disponga  que  por  ante el juez registrador de derechos  reales de El Alto  se proceda a la inscripción  de la sentencia  que  reconozca la constitución  del derecho  objeto  de su  demanda y la generación de nueva matricula; admitida la misma y corrida en traslado a los demandados Macario Cortez Larico y los posibles herederos de Paulino Cortez Nina, fue ampliada la demanda en contra de Pedro, Martina, Dionicio y Ventura Cortez Larico por memorial de fs. 40.

Es así que, el codemandado Macario Cortez Larico respondió a la acción por escrito de fs. 54 a 55, por el que niega que alguien vivía en dicho terreno hace cinco años y que por sucesión hereditaria estaría a su nombre y demás herederos encontrándose en posición de dicho inmueble, empero los demandantes de forma abrupta habrían amurallado el terreno sin autorización ingresando a sus  predios, a cuya consecuencia no cumplirían con los requisitos que hacen a la usucapión. Asimismo para los demás codemandados fue designado como defensor de oficio al  abogado Ivan Vera Lozano  quien  se apersono  y acepto  su designación por memorial de fs. 66 vta.

Ahora bien, conforme se desprende de la documentación adjunta a la demanda se advierte que presentó en calidad de prueba la Escritura Publica Nº 1852/05 de 11 de octubre, de fs. 5 a 6 vta., de compra venta del lote de terreno, fecha a partir de la cual se presume que los demandantes han tomado posesión del inmueble, en conformidad a lo dispuesto por el art. 88.III del Código Civil que señala: “La posesión actual no hace presumir la posesión anterior; pero  si  hay  título  que  fundamente la posesión, se presume  que  se ha poseído en forma continua desde la fecha del título, salva la prueba contraria”, por  consiguiente computando desde la fecha de dicha prueba documental 11 de octubre de 1995, hasta la interposición de la demanda de fecha 22 de marzo de 2016, habrían transcurrido más de los 10 años de posesión sobre el inmueble.

Circunstancia que es corroborada por la Certificación emitida por el Presidente de la Unidad Vecinal “CH” de la Urbanización Bautista Saavedra de la ciudad de El Alto de fs. 15, donde indica que los demandantes se encuentran en posesión del bien inmueble objeto de la litis de manera regular y continúa desde el año 1996, que ambos son reconocidos por el vecindario como vecinos.

Adicionalmente entre la prueba documental cursan facturas por servicios de agua y luz a fs. 7 a 12, extendidas por la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (EPSAS) y la Distribuidora de Electricidad La Paz (DELAPAZ) SA respectivamente, además de las certificaciones de dichas empresas cursantes a fs. 70 y 71 donde señalan que dichos servicios se encuentran a nombre de la codemandante Juana Yujra de Nina con quien tiene registrado un contrato de suministro de energía eléctrica suscrito el 8 de abril de 2015 y la solicitud de agua de 1 de julio de 2013.

También cursa en antecedentes las facturas por pago de impuestos sobre el inmueble de la litis, efectuado por el co demandante Máximo Nina Quispe desde la gestión 1994 según consta de fs. 17 a 25.

Añadir que en Audiencia de Inspección Judicial cuya acta cursa de fs. 116 a 117 vta., el juez A quo ha constatado que el inmueble se encuentra en Av. Buenos Aires de la zona  Bautista  Saavedra, Unidad Vecinal CH, que se encuentra  amurallado,  cuya data de las construcciones, sostuvo serán corroboradas por la demás prueba presentada en el proceso, asimismo consta por las fotografías adjuntas al proceso de fs. 16, 79, 114, 115 y lo señalado en dicho acto, que el inmueble contiene construcciones de adobe que por las inclemencias del tiempo tuvieron que reestructurar,  contando  inclusive  con sembradíos de diferentes productos  y  que  cuenta  con los  servicios  básicos. 

En cuanto a las declaraciones testificales de Patricio Acarapi Calle y de Cecilio Llanque Catari de fs. 97 y 98, éstos si bien inicialmente señalan que conocen al codemandante Máximo Nina hace diez años atrás y que el inmueble antes se encontraba amurallado con adobe y luego se hicieron construcciones con ladrillo, reconocen vivir a tres y dos cuadras del inmueble respectivamente; similar situación acontece con otros dos vecinos de nombres Pedro Yujra Callisaya y Feliciano Jesús Larico Cortez, cuyas declaraciones fueron recepcionadas a momento de efectuarse la inspección  judicial, quienes niegan conocer a la parte actora, empero indican que viven a tres y dos cuadras del lugar de la litis respectivamente, por lo que se desprende que dada la lejanía de sus viviendas con el inmueble de la litis, no les consta el periodo exacto de posesión del inmueble por los actores; aspecto que no fue objeto de observación por los  jueces de instancia de conformidad a los arts. 145 y 186 del Código Procesal Civil, teniendo presente que de acuerdo a las reglas de la lógica y la sana critica, aplicando los criterios de razonabilidad, las versiones de que conocen o  no a los actores y que viven hace años en el lugar, sin precisar la fecha exacta del  inicio de la posesión sobre el inmueble y la antigüedad de sus construcciones, resultan ser poco veraces, al tratarse de personas que tienen su domicilio de dos a tres cuadras del lugar de donde se ubica el inmueble, por lo que mal podrían dar fe de los hechos al no haber percibido con sus sentidos de forma presencial lo que vagamente sostienen, es decir sus declaraciones no constituyen una real eficacia probatoria, considerando también que frente a ésas declaraciones cursa en antecedentes la certificación emitida por el Presidente de la Unidad Vecinal “CH” de la Urbanización Bautista Saavedra de la ciudad de El Alto de fs. 15, que acredita la posesión de los actores sobre el inmueble desde el año 1996,  tal cual se precisó líneas arriba.

No obstante de ello, considerando toda la prueba documental además de la inspección judicial practicada, se establece que la acción de usucapión no busca el reconocimiento del  documento de compra venta contenido en la Escritura Publica Nº 1852/95 de 11 de octubre; sino solicita la tutela de una  situación de hecho, como es la posesión de los actores sobre el inmueble pretendido, pues debe entenderse que el referido documento simplemente sirve de referencia para  acreditar el momento a partir del cual ingresaron en posesión del bien objeto de litis, lo  cual es admisible de acuerdo a lo estipulado en la doctrina  contenida en el epígrafe III.1 de la presente resolución, pues se amplió los criterios de admisibilidad de la usucapión  decenal de tal forma que  quienes pretendan adquirir el derecho propietario a través de esta  acción,  pueden realizarlo en  base a un documento público o prueba de transferencia  como  ocurre en el caso de autos (título de propiedad), que por diferentes  circunstancias no hayan podido  ser inscriptas en el registro público de la propiedad, sin embargo  dicha permisión será para establecer la  fecha a partir de la cual los actores se encuentran  en posesión del inmueble a efectos de realizar el computo respectivo establecido por la ley  de diez años, pues debe considerarse que con el planteamiento de la acción de usucapión, implícitamente los  demandantes renuncian al derecho  adquirido a través de su título, sino la demostración  de una situación  de hecho  que se traduce en la posesión  sobre el inmueble pretendido, para  acreditar la concurrencia de los presupuestos  exigidos por el instituto  de la usucapión conforme se ha detallado en el acápite  III.2 de este fallo, es así que según se tiene ampliamente precisado los  demandantes han  cumplido  con los  presupuestos estipulados,  sin que la parte demandada los  haya  desvirtuado.

Situación que enerva los argumentos contemplados en el auto de vista recurrido donde el Tribunal de alzada bajo un contexto totalmente sesgado y en base a una jurisprudencia ajena al caso concreto, arguye que los demandantes al haber adquirido el derecho propietario por efecto del contrato hace inaplicable el instituto de la usucapión, y que los demandantes pretenderían regularizar su  derecho a través del presente proceso, lo cual no  es evidente, como  ya  se tiene  señalado, llegando a constituir una especulación alejada de los hechos fácticos referidos en la demanda y la pretensión requerida por los actores.


Advirtiéndose en consecuencia, que el Tribunal Ad quem a momento de emitir el auto de vista impugnado incurrió en interpretación errónea del instituto de la usucapión contenido en el art. 138 del Código Civil, procediendo incongruentemente a confirmar la sentencia de primera instancia, sin ejercer su labor de control y verificación tanto de los antecedentes del proceso, como de la correcta valoración de la prueba adjunta al mismo, provocando una inseguridad jurídica a las partes en conflicto, al alejarse de los principios de legalidad, verdad material y debido proceso, al efectuar una malinterpretación de los  alcances de la verdadera pretensión de la parte demandante, tal cual lo ha  ido denunciando la parte ahora recurrente.


DE LA CONTESTACION A LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN.

Corresponde señalar que el recurso de casación fue admitido mediante el Auto Supremo Nº 1036/2018-RA de fs. 317 a 318 vta., por lo que se desestima las alegaciones de una posible inconsistencia del mismo.

Asimismo, en relación al planteamiento de una demanda confusa y el  cuestionamiento de la prueba presentada, calificándola de intrascendente e impertinente para demostrar los hechos, este Tribunal ha procedido a la revisión de la acción como de los elementos probatorios presentados por las partes, llegando a concluir en base a una correcta interpretación de la norma y la aplicación de la doctrina legal vigente que se demostró la posesión continua por diez años sobre el inmueble objeto de la Litis, operando así la demanda de usucapión interpuesta, conforme ampliamente se ha detallado a momento de resolver el recurso de casación objeto de análisis.

Correspondiendo en ese sentido emitir resolución conforme lo establece el art. 220.IV del Código Procesal Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.IV del Código de Procesal Civil, declara INFUNDADO en la forma, el recurso de casación de fs. 254 a 258  vta., interpuesto por Máximo Nina Quispe y Juana  Yujra de Nina; y, en el fondo CASA el Auto de Vista Nº 140/2018 de 9 de abril cursante de fs. 238 a 240, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y deliberando en el fondo, declara PROBADA la demanda de usucapión en todas sus partes, y en ejecución de sentencia se dispone la inscripción en Derechos Reales del Lote Nº 2 del Manzano 61 de la Urbanización  Bautista Saavedra actual Unidad Vecinal CH de la ciudad de El Alto con  una superficie de 288.75 m2, con registro en Derechos Reales bajo la Partida Nº 3964, Fojas 3964, Libro D de 1975, mediante la correspondiente provisión ejecutorial.


Siendo excusable el error no se impone multa a las autoridades suscribientes del Auto de Vista.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.