TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A    C I V I L


Auto Supremo: 457/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sucre: 02 de mayo de 2019

Expediente: LP-149-18-S

Partes: Blanca Leonor Guzman Urquieta c/Alberto Vasquez Caceres.

Proceso: Cumplimiento de contrato, devolución de dineros, pago de intereses y

               pago de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 1311 a 1314, interpuesto por la Sociedad Salesiana Colegio Don Bosco contra el Auto de Vista Nº 654/2018 de 13 de septiembre, cursante de fs. 1307 a 1309, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de Cumplimiento de contrato, devolución de dineros, pago de intereses y pago de daños y perjuicios, seguido por Blanca Leonor Guzman Urquieta contra Alberto Vasquez Caceres, la concesión de fs. 1323, el Auto Supremo de Admisión Nº 1188/2018-RA de 3 de diciembre de fs. 1329 a 1330 vta., los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


El Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 293/2014 de 20 de junio, de fs. 700 a 709 vta., que fue anulada por Auto de Vista Nº S-448/2014 de 30 de diciembre de fs. 747 a 749 vta., por lo que emitió la Sentencia Nº 249/2015 de 25 de mayo de fs. 761 a 771, por la que declaró IMPROBADA la demanda interpuesta por Blanca Leonor Guzman  Urquieta  y Sonia Escarlem Machicado sobre cumplimiento de contrato, devolución de dineros  e intereses y pago de daños  y perjuicios, RECHAZO  la excepción de non  adimpleti contractus y PROBADA la demanda reconvencional planteada por Alberto Vasquez Cáceres por la Sociedad Salesiana en Bolivia representada por Marco Antonio Nina Rodriguez sobre incumplimiento de contrato y pago de daños y perjuicios, en consecuencia ordenó el pago de la suma de Bs. 3.222.943,03 (Tres millones doscientos veintidós mil novecientos cuarenta y tres 00/03 Bolivianos) por concepto de daños y perjuicios que deberá pagar dentro de tercero  día  la actora.

Contra la referida Resolución, Blanca Leonor Guzman Urquieta interpuso recurso de apelación por memorial de fs. 1184 a 1192 vta., resuelto por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien pronunció el Auto de Vista Nº 654/2018 de 13 de septiembre de fs. 1307 a 1309, por el cual ANULO la Sentencia Nº 249/2015 de 25 de mayo, disponiendo que la jueza A quo dicte  un nuevo fallo, bajo los siguientes argumentos:

De la revisión de la parte considerativa de la sentencia, exactamente de los  Considerandos III y IV advirtió que es una reiteración de la Sentencia Nº 293/2014 anulada por Auto de Vista Nº S-448/2014 de fs. 749 vta., concluyendo que la juzgadora se limitó a señalar que la parte demandante no demostró su pretensión y por el contrario se demostró el incumplimiento del convenio, sin que  haya establecido cual es el convenio incumplido, cuando de obrados se evidencia que se demandó el cumplimiento del acuerdo suscrito en el 2010 y la demanda reconvencional no especifico cual el convenio incumplido por la actora, para establecer el cumplimiento o no del mismo, lo cual considera debe ser valorado de acuerdo a derecho y en contraste con otros  medios  de prueba, bajo esa perspectiva el Tribunal Ad quem considera que no se fundamentó  sobre el acuerdo  suscrito de 5 de enero de 2010, cuya  complejidad estaría  en  encontrar  la  interpretación  de su  contenido, por lo que en  atención al principio de verdad material llegue  a desarrollar la fundamentación  que  sirva  de soporte para la conclusión  de que  se habría  dado  cumplimiento  o  no al referido acuerdo. Por dichos motivos señala que la sentencia omitió fundamentar y motivar de manera coherente y clara las razones fácticas y jurídicas que justifiquen por qué se tomó la decisión  de declarar improbada la demanda, ya que la resolución es una decisión de hecho y no de derecho que vulnera el debido proceso en su vertiente  de fundamentación y motivación lo cual señalan les impide a las partes conocer cuáles son las razones que indujeron al juez el fallar de una  manera.

Auto de Vista, contra el que Marco A. Nina Rodriguez apoderado legal de José Ramón Iriarte Aguirrezabal en su condición de Director de la Sucursal Nº 2 Sociedad Salesiana - Colegio Don Bosco planteó recurso de casación mediante memorial de fs. 1311 a 1314, objeto del presente análisis.


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN


En base a una redacción poco clara el recurrente arguyó:


En la forma:

  1. Los argumentos contenidos en el Auto de Vista son poco éticos

La parte recurrente sostiene que es poco ético la aseveración de que la sentencia es una reiteración del fallo anteriormente anulado, pues considera que la A quo lo único que hizo fue dictar una coherente sentencia, basada en los datos del proceso, la prueba aportada y de acuerdo al adjetivo civil.

Añade que si bien es cierto que no hizo alusión al Convenio de Cooperación  Interinstitucional de 5 de enero de 2010, no es menos cierto que la actora adjuntó prueba del documento, y se limitó a acompañar un Convenio Interinstitucional de 15 de agosto de 2001 según se desprende de fs. 3 a 4, en contradicción con el principio general del derecho como es el “onus probando incumbit actori, reus in  excipiendo  fit  actor, el trabajo de probar  corresponde al actor y el demandado  para probar su excepción es actor” (sic), arguyendo que en el numeral dos de hechos probados de la Sentencia Nº 249/2015 de 25 de mayo, respecto a la fotocopia legalizada de fs. 694 a 695 fue presentada por la demandante consistente en un Convenio Interinstitucional de 15 de agosto de 2011 suscrito por el Rev. P. Arcangel Calovi S.D.B. como Director General del Colegio Don Bosco y la Prof. Blanca Guzman.

Cuestiona que en el hipotético caso de que la parte demandante hubiere presentado el Convenio de Cooperación Interinstitucional de 5 de enero de 2010, la juzgadora hubiere declarado improbada la demanda y probada la demanda reconvencional; y, el Tribunal Ad quem hubieran anulado el fallo, advertiría que existe algún interés de por medio.


En el fondo:

  1. El Tribunal Ad quem  no revisó exhaustivamente la sentencia

El recurrente aduce que el Tribunal de alzada no revisó que la sentencia es el reflejo de los datos del proceso.

Así también extraña que el fallo recurrido no se refiere a aspectos legales, en  infracción del art. 115.I y II de la Constitución Política del Estado, omitiendo normas procesales de orden público y de cumplimiento obligatorio, al no haber  confirmado el fallo de primera instancia, por el contrario procedió a anularlo sin la fundamentación  adecuada, lo cual influyó negativamente, sin considerar los arts. 5, 58, 61, 90, 190, 192, 372 a 374, 375, 377, 390, 394, 397, 398, 399, 404, 405, 424, 444 del Código de Procedimiento Civil, ahora arts. 1 nums. 16) y 17), arts. 25 num. 1), 134, 135, 136, 144, 145, 150 de la Ley Nº 439 y los arts. 16  y 17 de la Ley Nº 025, reiterando que la juez A quo emitió la Sentencia Nº 249/2015  de forma fundamentada, motivada y coherente, situación que no fue considerada por el Ad quem al limitarse infundadamente a solicitar de forma extemporánea un acuerdo y/o Convenio de Cooperación Interinstitucional de 5 de enero de 2010 que debió ser presentada oportunamente y que al no haberlo la parte actora, no  vulnera los arts. 372-379 y 397 del adjetivo civil, concordante con el art. 1286  del Código Civil.

Por lo que solicita se declare fundado el recurso de casación y se revoque el auto de vista impugnado y  se confirme la sentencia emitida por el A quo

    

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión de obrados se establece que corrido en traslado el recurso de casación, fue respondido por Blanca Leonor  Guzman  Urquieta por memorial de fs. 1318 a 1321 vta., señalando que el recurso de casación incumple las previsiones de los arts. 271 y 274 del Código Procesal Civil, careciendo de explicación  y  fundamentación valedera al no especificar qué norma fue violado  o erróneamente interpretado, ni como fue indebidamente aplicada, es así que considera que el auto de vista recurrido efectuó  un análisis  de la sentencia que no tomo en cuenta que en la demanda de fs. 7 a 11 así como en la reconvención  tienen  como  base el Convenio de Cooperación Interinstitucional de 5 de enero de 2010, que al haber declarado probada la demanda reconvencional no analizo la pretensión de los daños y perjuicios para determinar el monto, estableciendo una suma astronómica, razones por las que considera que el recurso de casación es inconsistente y debería declararse su improcedencia.

Adicionalmente sobre el fondo del recurso, manifiesta que si bien el recurrente enumeró algunos artículos correspondientes a normas adjetivas; sin embargo no precisa la ley o leyes infringidas en el fondo, es decir la errónea aplicación o  interpretación de la ley, así  como la apreciación injusta de los medios de prueba o las leyes que violaron el debido proceso, resultando sobre fondo, también improcedente.

Posteriormente el recurso de casación fue concedido por auto de fs. 1323, remitidos los antecedentes este Tribunal dictó el Auto Supremo de Admisión 1188/2018-RA de 3 de diciembre de fs. 1329 a 1330 vta.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO


III.1. De la nulidad procesal en segunda instancia

Sobre el tema el art. 108 del Código Procesal Civil señala: “I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente Código.

II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a Ley.”, de la norma en cuestión se establece que el Tribunal de segunda instancia al momento de aplicar esta medida de anular obrados, deberá advertir si ha sido reclamada en el recurso de apelación, para en su caso ser resuelta con prioridad a los reclamos de fondo, empero ese análisis de los reclamos de forma deberá será bajo un juicio de juridicidad en apego a los principios que hacen al régimen del instituto de la nulidad procesal(convalidación, legalidad, trascendencia, finalidad, protección del acto, etc.), pues como se expuso es viable adoptar esta medida, cuando se trate de un hecho que por su trascendencia vulnere el debido proceso con incidencia al derecho a la defensa.


III.2. De la nulidad en segunda instancia por incongruencia en la sentencia

En principio corresponde precisar que en su sentido restringido  la  congruencia es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto conforme orientaba el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y actualmente en lo contenido en el art. 213.I del Código Procesal Civil,  y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra o citra petita, y en su sentido amplio  la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí. 

Tomando como parámetro lo referido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente que hubiese sido reclamada oportunamente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero, debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, en aplicación del principios de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto,  no resultando viable disponer una nulidad de obrados por este motivo.

Lo expuesto tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico y como apoyo normativo  la Ley Nº 439 en el art. 218.III que de forma textual determina: “ Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”, criterio que ya ha sido exteriorizado en el AS Nº 304/2016 de fecha 06 de abril 2016 donde se ha delineado en sentido que: “los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley 439 la falta de congruencia, (ultra, extra o citra petita) no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de Primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico”.


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCION


Del análisis del recurso de casación se desprende que todos sus fundamentos están abocados a observar que la nulidad de la sentencia dispuesta en segunda instancia aduciendo que los argumentos contenidos en el auto de vista son poco éticos, que se violó preceptos legales y que por el contrario la sentencia habría sido coherentemente dictada en atención a los datos del proceso  y a normas adjetivas civiles, por lo que el Tribunal Ad quem no habría revisado exhaustivamente la sentencia, limitándose infundadamente a solicitar de forma extemporánea un Convenio de Cooperación Interinstitucional de 5 de enero de 2010 que debió ser presentada oportunamente.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         En ese entendido tomando en cuenta que todos los reclamos se encuentran vinculados a observar la nulidad dispuesta en segunda instancia, corresponde analizar el auto de vista para determinar si los fundamentos vertidos resultan correctos o no, a ese efecto se advierte que en el caso de autos, la entonces  apelante cuestionó la sentencia pidiendo su revocatoria; sin embargo el Tribunal de alzada advirtió que la Juzgadora no fundamentó sobre el acuerdo  suscrito de 5 de enero de 2010, que de soporte para la conclusión de su cumplimiento o no.


Bajo ese contexto se debe tener presente el Tribunal de Ad quem soslayó considerar el principio de economía procesal, celeridad y de una justicia pronta y oportuna, que como Tribunal de segunda instancia conforme a lo delineado en el punto III.2 de la doctrina aplicable al caso, la falta de congruencia o ausencia de motivación y fundamentación en la sentencia, actualmente no es considerada como una causal de nulidad en la sentencia o de obrados, ya que esos presupuestos al ser reclamados oportunamente por expresa determinación de los arts. 218.III y 265.III de la Ley Nº 439 establecen la obligación del Tribunal de apelación de fallar y resolver en el fondo tal incongruencia u omisión. Las citadas normas conforme a una interpretación sistemática desde y conforme a la Constitución Política del Estado tienen por esencia que el proceso por su carácter teleológico alcance el fin esperado que es la solución al conflicto jurídico, máxime si el Tribunal de apelación al ser otra instancia y poseer las mismas facultades y prerrogativas que el juez de la causa puede resolver en el fondo de ese tema de incongruencia o en su caso fundamentar en defecto del juez de primera instancia en caso de considerar que sea insuficiente la motivación o fundamentación, sin necesidad de acudir a la nulidad procesal que es una medida de ultima ratio.

En ese sentido conviene recordar que si para el Tribunal de segunda instancia era insuficiente el análisis (operación lógica-jurídica) y fundamentos de la juez A quo, pudo suplir dicha fundamentación y no anular obrados por aspectos que como expresamos pudieron ser absueltos en apego de sus facultades y prerrogativas, en atención al principio de verdad material y de comunidad de la prueba tiene la potestad de revaluar los hechos y las pruebas, e incluso en caso de considerar que existiese omisión en la valoración de la prueba, tiene la posibilidad de enmendar ello, revaluar de manera razonada, así como el de disponer la producción de prueba, revocar el fallo y emitir nuevo en el fondo con el criterio que corresponda, pero en ningún caso y sin sustento legal concluir por anular obrados, solo para efectos de que sea necesariamente la juez de primera instancia quien deba rever diligencias de la prueba, como sucedió en el presente proceso, al disponer la anulación de la sentencia, aspecto que incumbe una total inobservancia del principio de eficacia, consecuentemente en una correcta administración de justicia corresponderá al Tribunal Ad quem emitir criterio de fondo de la causa, conforme ha observado en el fallo recurrido; todo ello atendiendo al principio de verdad material, por lo que la resolución que dicha autoridad emita será basado en cumplimiento al compromiso que este tiene con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material.

En tal entendido, en función a los fundamentos expuestos supra, los argumentos esgrimidos en el memorial de respuesta tampoco resultan evidentes.

Por las razones expuestas corresponde emitir fallo conforme a lo previsto en los arts. 106.I y 220.III del Código Procesal Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 654/2018 de 13 de septiembre, cursante de fs. 1307 a 1309, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y dispone que la misma Sala, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el art. 265.I del Código Procesal Civil.

Siendo excusable el error en que han incurrido los Vocales de la Sala Civil primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no se les impone multa.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.