TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A  C I V I L 

       

Auto Supremo: 456/2019

Fecha: 05 de mayo de 2019

Expediente:         LP-135-18-S

Partes: Casto Vargas Echeverría y Catalina Flores de Vargas c/ Gobierno

            Autónomo Municipal de La Paz.

Proceso: Mejor derecho de propietario, acción negatoria y reivindicación.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 581 a 594, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado por German Marcelo Aguilar Usquiano en su calidad de abogado de la unidad de procesos jurisdiccionales, contra el Auto de Vista Nº 172/2018 de 11 de mayo, cursante de fs. 565 a 569, pronunciado por la Sala Civil  Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso ordinario de mejor derecho propietario, acción negatoria y reivindicación, seguido por Casto Vargas Echeverría contra la entidad recurrente; el memorial de contestación al recurso de casación de fs. 600 a 601 y de 603; el Auto Concesión de f8 de octubre de 2018 que cursa a fs. 604; Auto Supremo de Admisión Nº 1136/2018-RA de 13 de noviembre cursante de fs. 608 a 609 vta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Casto Vargas Echeverría y Catalina Flores de Vargas, por memorial de demanda que cursa de fs. 70 a 73, subsanado por memorial en fs. 127 a 129, iniciaron proceso ordinario de mejor derecho propietario, acción reivindicatoria y negatoria; que fue interpuesta contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, entidad que una vez citada, opusó excepciones previas de fs. 134 a 138 y por memorial de fs. 169 a 184, contestó en forma negativa y reconvino por mejor derecho de propiedad, acción negatoria y pago de daños y perjuicios.

Bajo esos antecedentes y tramitada la causa la Juez Público Civil y Comercial Nº 12 de la ciudad de La Paz, pronuncio la Sentencia Nº 297/2017 de 22 de junio, cursante de fs. 484 a 489 vta., que declaró: 1) PROBADA en todas sus partes la demanda principal de mejor derecho propietario; en consecuencia, reconoció el mejor derecho propietario de respecto a lo que alega la entidad demandada sobre el lote de terreno ubicado en Villa Victoria, Avenida República de 670,75 m2 de superficie inscrita bajo el Folio Real Nº 2010990000397. 2) PROBADA en parte la demanda principal que contiene la pretensión de reivindicación, disponiendo en consecuencia que la entidad demandada cese y evite cualquier acto de obstrucción o perturbación en el ejercicio del derecho propietario de los demandantes, salvo aquellas que en ejercicio de sus competencias y funciones deba realizar sin desconocer el derecho propietario declarada en esta resolución. SIN LUGAR a la restitución del bien inmueble por no encontrarse el mismo en posesión o detentación de la parte demandada. 3) IMPROBADA la demanda principal respecto a la pretensión de acción negatoria. 4) IMPROBADA en todas sus partes la demanda reconvencional que contiene las pretensiones de mejor derecho propietario, acción negatoria, daños y perjuicios incoados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Sin costas por ser juicio doble.

De igual forma el juez de la causa ante la solicitud de complementación y enmienda que interpuso la entidad demandada por memorial de fs. 494, pronunció el Auto de fecha 31 de julio de 2017, declarando “No ha lugar” a dicha solicitud.

2. Resoluciones que puestas en conocimiento de los sujetos procesales, dio lugar a que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado por German Marcelo Aguilar Usquiano abogado de la unidad de procesos jurisdiccionales, mediante memorial de fs. 499 a 509 vta., interpusiera recurso de apelación.

3. En mérito a la apelación planteada, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 172/2018 de 11 de mayo cursante de fs. 565 a 569, donde lo Jueces de alzada advertidos de que la mayoría de los reclamos expuestos en apelación repercuten sobre la ubicación del inmueble objeto de litis, señalaron que en el caso de autos se tendrían elementos probatorios que al unísono ratifican la ubicación del inmueble, y prueba clara serían los certificados catastrales que la propia entidad edilicia otorgó, pues esta utilizaría el certificado catastral como una herramienta para procurar y garantizar la ordenación  del espacio geográfico con fines de desarrollo, a través de la adecuada, precisa y oportuna definición de los tres aspectos más relevantes de la propiedad inmobiliaria: descripción física, situación jurídica y valor económico; por lo que resultaría ilógico la postura de la parte demandada, más aun cuando esta no habría acreditado que el inmueble se halle ubicado en otro lugar, pues si bien trató de acreditarlo por un Informe de peritaje técnico, empero, el mismo habría perdido toda credibilidad debido a la petición efectuada por la propia perito que manifestó que se habría producido un error de apreciación, solicitando su desestimación, extremos que inducirían a que el estudio no contendría datos fiables; máxime cuando en todas las determinaciones administrativas siempre se habría reconocido que la ubicación designada del inmueble sería única y real, sin embargo, es evidente que de acuerdo a las atribuciones conferidas a la entidad demandada, pueden anular certificados catastrales como el conferido a la parte actora, empero, no se podría obviar que esa anulación fue unilateral, en uso de su ius imperium, sin considerar los efectos jurídicos y sociales que produjeron dichos certificados durante el tiempo que tuvieron validez; razón por la cual dichos certificados, en virtud al principio de verdad material, consideraron como prueba objetiva los certificados catastrales, aun cuando estos fueron anulados por el ente municipal demandado.

Al respecto el antecedente dominial de los sujetos procesales, evidenciaron de forma clara y contundente que la parte actora tiene mejor derecho propietario frente al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, habida cuenta que los demandantes registraron su derecho propietario el 25 de octubre de 1995, en cambio el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, habría registrado su derecho propietario el 20 de noviembre de 2009; además que el antecedente dominial de la parte demandante se remontaría al 18 de junio 1911, fecha en la cual se ha registrado el primer asiento, extremo que les habría permitido inferir que la entidad demandada registró su derecho propietario cuando el inmueble ya tenía propietario debidamente inscrito en Derechos Reales. En ese entendido y toda vez que la entidad apelante no puede desconocer unilateralmente, sin que medie el debido proceso, derechos inscritos en los registros públicos, y tomando en cuenta que los interdictos no producen efectos de cosa juzgada como tampoco los planos generan derecho propietario, es que decidieron CONFIRMAR la Sentencia apelada. Sin costas ni costos por ser la parte demandada una entidad estatal.

4. Fallo de segunda instancia que puesto en conocimiento de ambos sujetos procesales, ameritó que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado por German Marcelo Aguilar Usquiano abogado de la unidad de procesos jurisdiccionales, interpusiera recurso de casación, el cual se pasa a analizar.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACION.

1. Acusó que el Tribunal de alzada habría aprobado y confirmado disposiciones que no podrían ser resueltas en la vía jurisdiccional al ser competencia exclusiva de la vía administrativa; arguyendo en ese sentido que, sin competencia alguna sobre facultades inexistentes, no estaría permitido modificar, revocar o ratificar actos administrativos, como la anulación de un código catastral, siendo este acto atribución exclusiva del GAMLP. De esta manera y haciendo cita a normativas referidas a los actos administrativos, señalan que el GAMLP tendría la potestad, a través de sus diferentes unidades organizacionales, mediante actos administrativos, disponer la otorgación y cancelación de registros catastrales, por lo que no podría ningún juez considerar como fundamento de su sentencia para identificar la ubicación de un predio, como habría acontecido en el caso de autos.

2. Denunció la violación del art. 85 del Código Civil, art. 31 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y art. 339.II de la C.P.E., pues considera que, al ser los bienes municipales como las áreas verdes, bienes patrimonio del Estado, es que se encontrarían revestidos de carácter inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable, por lo que no podría declararse sobre ellos preeminencia de un derecho propietario solo porque existe un registro anterior en Derechos Reales de un particular, pues a dichos bienes no les regularía normas del Código Civil, sino leyes especiales, por lo que no podría declararse mejor derecho de propiedad sobre un bien de dominio público. En ese entendido, aduce que las normas citadas habrían sido quebrantadas por el Tribunal de alzada que habría sobrepuesto el interés de particulares frente a los intereses de la comunidad.

3. Arguye que el tribunal Ad quem no se habría pronunciado sobre todas las pretensiones deducidas en apelación, por lo que refiere que existiría falta de valoración sobre la fundamentación legal y las leyes invocadas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, toda vez que habría probado técnicamente que el predio pretendido por la parte actora no sería el mismo que se halla ubicado en el lugar donde convenientemente habría emplazado el demandante, que es un área verde declarada como tal y donde se habría llevado a cabo la inspección judicial.

Aducen también que no se habría considerado que el pago de impuestos a la propiedad que realiza la parte actora es sobre una superficie de 820,75 m2, extremo que no coincidiría con la pretensión demandada donde demandan el mejor derecho de propiedad de una superficie de 670,75 m2.

4. Reitera que, en los títulos de propiedad de la parte actora, no existiría ubicación precisa del lugar, toda vez que la EE.PP. lo ubicaría entre la Avenida República y la Avenida Naciones Unidas, esta última muy alejada de la Av. Quintanilla Suazo; en cambio, la tarjeta de propiedad, informe de Derechos Reales y el Folio Real referirían únicamente Villa Victoria Av. República.

5. Refiere que las resoluciones de instancia no considerarían como relevante y fundamental el informe pericial adjunto en el expediente cuando el mismo señalaría que se habría consignado una ubicación diferente, porque evidentemente, cierta e indubitablemente, la zona “Cusicancha” se encontraría en un lugar diferente a la zona Villa Victoria confluencia de las Avenidas Naciones Unidas y República.

6. Finalmente señalan que en segunda instancia habrían presentado medios probatorios consistentes en: Informe DATC-UACT Nº 1920/2017 de 21 de agosto; informe complementario de peritaje Informe PDPM Nº 03/2017 de 24 de agosto; y el Informe ATM/UR/SI Nº 888/2017 de 14 de septiembre. Sin embargo, el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista recurrido, no se habría pronunciado sobre las mismas.

Por los fundamentos expuestos solicitó se anule el Auto de Vista y se ordene al Tribunal de alzada la emisión de una nueva resolución, paralelamente solicitó se case la resolución recurrida y deliberando en el fondo, declare Improbada la demanda principal interpuesta por la parte actora y probadas las acciones reconvencionales interpuestas por la entidad municipal.

De la respuesta al recurso de casación.

De la revisión de obrados se advierte que por memorial de fs. 600 a 601, Casto Vargas Echeverría contestó al recurso de casación de la parte demandada, actuado al cual por memorial que cursa a fs. 603, se adhirió la codemandante Catalina Flores de Vargas, bajo los siguientes fundamentos:

- Que los fundamentos expuestos en el recurso de casación no serían claros y objetivos pues solo repetirían los términos del recurso de apelación, sin fundamento legal alguno a más de mencionar algunos Autos Supremos y Sentencias Constitucionales que no se adecuarían al presente proceso.

- Indicaron que a lo largo del recurso no se demostraría las supuestas vulneraciones, falsedades y errores en que hubiese incurrido el Tribunal de Alzada, ya que solo se habrían limitado a señalar que el ben inmueble objeto de litis tendría otra ubicación, cuando los jueces de Alzada con absoluta y plena claridad en hecho y derecho, señalaron que con respecto a la ubicación de su bien inmueble, el propio GAMLP certificaría y confirmaría que es la misma ubicación donde se encuentra su terreno.

-Refieren también, que la entidad recurrente pretendería hacer valer la certificación de un perito que sobre el mismo bien inmueble, habría emitido dos informes totalmente contradictorios, quien además señalo que se produjo un error de apreciación y pidió expresamente se desestime el informe.

- Refieren que su derecho propietario frente al aducido por la entidad demandada, tendría prevalencia en cuanto al registro en Derechos Reales, por lo que la decisión del Tribunal de alzada de confirmar la Sentencia de primer grado sería correcta.

Por lo expuesto solicitaron se declare infundado el recurso de casación de la parte demandada.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1.- Del Principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…"(las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado por el  Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); en este entendido, este Tribunal Supremo de Justicia, ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de 16 de febrero, señala: Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014, se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”

III.2.- De la necesidad de agotar la facultad de complementación ante la omisión de una pretensión.

Sobre el tópico es menester previamente enfatizar, que la omisión de pronunciamiento o en lo que en doctrina, es reconocida como una resolución citra petita, es una causal del recurso de casación que se encontraba taxativamente expresada en la norma (art. 254-4) del CPC), empero, la misma no resulta aplicable de forma directa o inmediata ante la evidencia de una omisión, sino que esta causal contenida en la normativa citada, resulta aplicable dentro de los marcos exigidos en dicha normativa, por lo que a los efectos de seguir dilucidando el presente punto, corresponde analizar la normativa antes citada, la cual de forma textual, señala: “procederá el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales de proceso, cuando la sentencia o auto recurrido hubiere sido dictado...4) Otorgando más de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores.”  Art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil (el subrayado es nuestro), de la última parte de esta causal del recurso de casación en la forma, se advierte que la viabilidad del supuesto hipotético, es decir, de la nulidad procesal por omisión de una pretensión0, la misma debe ser reclamada oportunamente ante los tribunales inferiores, normativa que en su contenido encuentra concordancia con lo determinado por el art. 258-3) del mismo compilado legal que expresaba: “III. La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.”, con la aclaración que la omisión es un aspecto de forma (debido a que es una causal del recurso de casación en la forma y no en fondo), el cual tiene por finalidad anular obrados, por lo que, también a esta causal se aplica la regla contenida en el art. 17.III de la Ley Nº 025, criterio que se halla en consonancia con el nuevo Código Procesal Civil.

De lo que se concluye cuando se alegue en amparo de esta causal art. 254-4) del (Código de Procedimiento Civil), la falta u omisión de pronunciamiento en segunda instancia, corresponde al afectado previamente a utilizar el recurso de  casación, utilizar o reclamar oportunamente dicha omisión ante los Tribunales inferiores, a través de los mecanismos correspondientes a los efectos de -suplir omisión de pretensión- conforme determina la parte in fine del art. 254-4) del citado código, para lo cual, se deberá hacer uso de la facultad establecida en el art. 196-2) del Código de Procedimiento Civil, aplicable a segunda instancia por expresa determinación del art. 239 de la misma normativa, artículo que de manera clara preceptúa que con esta facultad se puede: ”…  suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.”, facultad que permite subsanar la falta de pronunciamiento por los Tribunales de instancia, caso contrario en aplicación del principio de convalidación, al no utilizar el mecanismo para su corrección, implica una aceptación tácita de la omisión acusada dotando de plena eficacia jurídica lo actuado, precluyendo por simple consecuencia su derecho de reclamar aspectos de nulidad no reclamados en su oportunidad cuando se contaba con los mecanismos que establece la Ley.

Entendimiento orientado por este Supremo Tribunal en diversos fallos entre ellos el Auto Supremo Nº 32/2015, que señaló: “Respecto a la falta de pronunciamiento del segundo punto apelado, se debe indicar que, el Ad quem, de forma genérica arribó a la conclusión de que el Auto de 10 de junio de 2003 que resolvió las excepciones no se las puede revisar en vía del recurso de apelación porque dicha resolución hubiera causado ejecutoria, esa es una respuesta de forma general a las acusaciones relativas a la forma de resolución de las excepciones formuladas por los recurrentes.

Ahora si dicha respuesta, no satisfacía las expectativas deducidas por los recurrentes debieron formular la petición de complementación y aclaración en base al art. 239 del Código de Procedimiento Civil, el no haberlo hecho implica que los recurrentes no agotaron el mecanismo de protección oportuno para la satisfacción del reclamo que ahora se traen en casación, consiguientemente se advierte no haberse dado cumplimiento a la premisa establecida en el art. 17 parágrafo III de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial”.

III.3.- Respecto al mejor derecho propietario.

Al respecto, corresponde señalar que el art. 1545 del Código Civil, dispone que: “Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título”.

La línea jurisprudencial asumida por este Tribunal Supremo de Justicia si bien estipulaba que para la procedencia de la acción de mejor derecho propietario respecto a bienes sujeto a registro, se requerían de tres condiciones o requisitos a ser cumplidos, que son: 1) Que el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien que ostenta su derecho propietario con anterioridad a la inscripción del título de dominio que tuvieren otros adquirentes del mismo bien; 2) Que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen o propietario, y 3. La identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad.

Sin embargo, abocándonos en el segundo requisito, para el caso en que existan dos propietarios sobre un mismo bien inmueble, cuyos derechos fueron adquiridos de distintos vendedores, éste Tribunal Supremo de Justicia, en el Auto Supremo Nº 89/2012 de 25 de abril, emitió el siguiente razonamiento: “…una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas…”, la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquirido de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez, para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)”. (Las negrillas y subrayado pertenecen a esta resolución).

De esta manera, para resolver sobre una pretensión de mejor derecho de propiedad el presupuesto es que existan dos títulos de propiedad válidos sobre un mismo inmueble, en cuyo mérito corresponde al juzgador definir cuál de los titulares debe ser preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial.; por lo cual, no se podría negar una pretensión de mejor derecho propietario por el simple hecho de que los títulos propietarios de las partes no devienen de un vendedor común, manteniendo un análisis restringido de la norma que no condice con el principio de eficacia de la justicia ordinaria ni resuelve el conflicto de partes, que es el fin esencial del Estado; por lo que en el caso de que no concurra el presupuesto de que un mismo vendedor hubiese transferido la propiedad tanto al actor como al demandado, la dilucidación del mejor derecho propietario no basta resolver siguiendo el principio de prelación del registro, sin antes hacer un minucioso estudio de la tradición de dominio que existió en ambos títulos y establecer mediante el análisis de ésta cadena de hechos si en sus antecedentes de dominio existe un causante común que habría transmitido la propiedad a distintos propietarios que constituyan a su vez el antecedente dominial del demandante y del demandado y establecer mediante el análisis de esta cadena de hechos a quien le corresponde el mejor derecho propietario.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los fundamentos doctrinarios que han de sustentar la presente resolución, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos expuestos por la entidad demandada.

1. Como primer reclamo el ente municipal aduce que no podría haberse considerado para identificar la ubicación del predio objeto de litis, registros catastrales que de acuerdo a la potestad que tienen los Gobiernos Autónomos Municipales habrían sido cancelados, toda vez que no sería tuición de autoridades jurisdiccionales modificar, revocar o ratificar actos administrativos.

Sobre el particular, y con la finalidad de establecer si el reclamo acusado es o no evidente y si el mismo resulta trascendental como para modificar la decisión asumida por el Tribunal de alzada, corresponde remitirnos a los fundamentos expuestos en el Auto de Vista impugnado, resolución de la cual se observa que si bien es cierto que los jueces de Alzada con la finalidad de determinar la ubicación precisa del bien inmueble objeto de litis, consideraron como prueba la Certificación de Registro Catastral Nº 03459/97 de 19 de septiembre de 1997 que reconoce el Código Catastral Nº 018-0003-0029, el cual habría sido anulado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; sin embargo, no menos cierto es el hecho que, revisados los fundamentos expuestos en el acápite II.2.1 y II.2.2, el código catastral que se consignó al bien inmueble de propiedad de los demandantes y que posteriormente fue anulado unilateralmente por la entidad recurrente, no fue el único medio probatorio en el que se sustentó el Tribunal de alzada para determinar la ubicación precisa del inmueble, pues consideró como medios probatorios objetivos para acreditar la ubicación del predio objeto de litis, además del citado código catastral, el plano legalizado de fs. 267 y 473, el Acta de inspección Judicial y las placas fotográficas, cursantes de fs. 397 a 400; de igual forma como elementos confirmatorios de la información que se otorgó sobre la ubicación del inmueble, consideraron el Formulario Único Nº 671843 de fs. 17, Formulario de Edificaciones Nº 41108 de fs.18, Pago de Impuestos cursante de fs. 19 a 35, Informe Técnico y Plano Georeferenciado de fs. 90 a 125; medios probatorios que de manera uniforme habrían otorgado plena fe de que el inmueble se encuentra emplazado actualmente en la zona de Villa Victoria entre Avenida Quintanilla Suazo y Avenida República de la ciudad de La Paz, que originalmente tenía la superficie de 820.75 m2.

De estas apreciaciones, se infiere que si bien es cierto que el Tribunal de alzada consideró al Certificado Catastral que actualmente se encuentra anulado por el ente municipal como elemento probatorio para determinar la ubicación precisa del bien inmueble objeto de litis, empero, la exclusión de esta prueba del universo probatorio, como pretende la parte demandada, ahora recurrente conforme se señaló supra, en nada modificará la decisión asumida por el Tribunal de alzada, ya que dicha prueba no fue considerada como la única o la determinante para acreditar la ubicación precisa del predio, toda vez que durante la tramitación del proceso, ambos sujetos procesales presentaron medios probatorios documentales como las determinaciones administrativas de la entidad municipal (Resoluciones, informes, ordenanzas, etc.), donde se reconoce que el bien inmueble del cual refieren ser propietarios los demandantes, se encuentra ubicado en el lugar designado por ellos, es decir en la zona Villa Victoria entre Avenida Quintanilla Suazo y Avenida República, extremo que al haber sido corroborado en la inspección judicial de visu, donde ambos sujetos procesales reconocieron y aceptaron la ubicación del inmueble, es que se concluye que el reclamo acusado sobre este punto, al ser irrelevante e intrascendente, deviene en infundado, máxime cuando en obrados no cursa medio probatorio idóneo que demuestre que el inmueble objeto del presente proceso se encuentra ubicado en otro lugar, ya que el Informe Pericial de descargo cursante de fs. 381 a 383, perdió toda credibilidad y valor probatorio por la petición de desestimación realizada por la misma perito que cursa a fs. 396, haciendo conocer que en el informe que presentó contendría errores de apreciación.

2. Denunció que al ser el bien inmueble objeto de litis patrimonio del Estado, no podría declararse sobre éste preeminencia de un derecho propietario solo porque existiría un registro anterior en Derechos Reales de un particular, por lo que aduce la violación del art. 85 del Código Civil, art. 31 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y art. 339.II de la C.P.E.

Al respecto es menester señalar que la acción real de mejor derecho propietario, regulada por el art. 1545 del sustantivo civil, está referida a la declaración y reconocimiento de prevalencia y eficacia jurídica de un derecho de propiedad sobre otro derecho de propiedad, respecto a un mismo bien inmueble, teniendo por finalidad precisamente la obtención de una sentencia que declare y reconozca la prevalencia y eficacia jurídica de un derecho de propiedad sobre otro; en ese entendido, los jueces que tramiten dicha causa, previamente a resolver y determinar a quién corresponde el mejor derecho propietario, deben cerciorarse que ambos derechos de propiedad se refieren al mismo bien inmueble y posteriormente confrontar ambos títulos de propiedad o todo el antecedente dominial, según sea el caso para así determinar que título es preferente y prevalente en derecho.

Ahora bien, la autoridad competente para conocer y resolver esta acción real, conforme lo estipula expresamente el art. 69 de la Ley Nº 025-Ley del Órgano Judicial, es la Juez público en materia civil y comercial, autoridad jurisdiccional a la cual ambos sujetos procesales, mediante demanda principal y reconvencional se sometieron con la finalidad de obtener una sentencia declarativa que establezca quien tendría mejor derecho propietario; consiguientemente, debe tener presente que en virtud precisamente a la competencia conferida por la misma ley, las autoridades jurisdiccionales que tramitaron la presente causa, se encuentran plenamente autorizados para declarar que sujeto procesal tiene prelación de derecho propietario, decisión que emerge de la valoración de todo el universo probatorio, por tanto el suponer que con las resoluciones dictadas en una demanda de mejor derecho propietario se estaría vulnerando derechos de dominio público no resulta evidente, pues con las resoluciones de primera  y segunda instancia, en ningún momento se asignó derechos de propiedad a la parte actora, como erradamente señala la entidad municipal recurrente pues lo único que se hizo fue contrastar ambos derechos propietarios, para declarar quién tendría prelación de derecho propietario, razón por la cual la vulneración de las normas citadas supra carecen de total sustento.

3. Otro reclamo que trae a casación el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es que el tribunal Ad quem no se habría pronunciado sobre todas las pretensiones deducidas en apelación, toda vez que se habría probado técnicamente que el predio pretendido por la parte actora no sería el mismo que se halla ubicado en el lugar donde convenientemente habría emplazado el demandante, que es un área verde declarada como tal y donde se habría llevado a cabo la inspección judicial.

Al constituirse el presente reclamo en uno que atinge a la estructura formal de la resolución, este Tribunal Supremo de Justicia, conforme lo estipula la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1083/2014 de 10 de junio, se encuentra limitado a verificar si dicha acusación resulta o no evidente, pues  lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación de fondo; en ese entendido, remitiéndonos a los fundamentos inmersos en el Auto de Vista Nº 172/2018 de 11 de mayo, que cursa de fs. 565 a 569, se advierte que los jueces de segunda instancia en el Considerando I, después de referirse a los antecedentes del proceso, en el numeral 2 de dicho apartado, procedieron a resumir los fundamentos y argumentos en los cuales se sustentó el recurso de apelación, para posteriormente, en el Considerando II, proceder a dar respuesta a los agravios denunciados.

En ese entendido, ahondando en la omisión de consideración acusada en esta etapa casación, de la revisión minuciosa de los apartados II.2.1 y II.2.2. del Considerando II, se advierte que el Tribunal de alzada, procedió a dar respuesta a todos aquellos reclamos referidos a la ubicación del inmueble objeto de litis, explicando de manera clara, precisa y sustentada en medios probatorios, las razones por las cuales consideró que el predio se encuentra emplazado en la zona Villa Victoria entre Avenida Quintanilla Suazo y Avenida República de la ciudad de La Paz; fundamentos que nos permiten inferir que el Tribunal de alzada no incurrió en omisión alguna sobre los reclamos referidos a la ubicación del predio demandado, como erradamente alega la entidad demandada.

De igual forma, respecto a que no se habría considerado que el pago de impuestos a la propiedad que realiza la parte actora es sobre una superficie de 820,75 m2, extremo que no coincidiría con la pretensión demandada donde demandan el mejor derecho de propiedad de una superficie de 670,75 m2. Sobre este reclamo debemos señalar que cuando los demandantes interpusieron la presente acción de mejor derecho propietario, acción negatoria y reivindicación, adujeron que el objeto de su demanda versaba sobre un bien inmueble ubicado en la Avenida República s/n, zona Villa Victoria de la ciudad de La Paz, con una superficie de 670,75 m2., aclarando que si bien inicialmente habrían adquirido 820,75m2., sin embargo, el año 1997 mediante EE.PP Nº 35/97 habrían transferido la extensión de 150 m2. a Humberto Tadeo Quispe y a Carmen Rosa Huaylla de Tadeo, razón por la cual su propiedad se vio reducida a 670,75 m2., extremo que se encuentra plenamente corroborado por las certificaciones treintañales expedidas por Derechos Reales de la ciudad de La Paz, que cursan a fs. 63 y de 517 a 518 vta., medios probatorios que gozan de plena fe probatoria conforme lo estipula el art. 1287 del sustantivo civil. Ahora bien, si bien los formularios de pago de impuestos que presentó la parte actora en calidad de prueba documental, señalan que el impuesto tributario a la propiedad lo hacían sobre una superficie de 820,75 m2., empero, estas pruebas documentales, al no constituirse en prueba plena para acreditar titularidad de dominio o interrupción de prescripción, siendo que solo constituyen actos mediante los cuales se cumplen las obligaciones tributarias sobre un bien inmueble ubicado en un determinado lugar; es que el hecho de que no exista pronunciamiento expreso por parte del Tribunal de alzada sobre la no coincidencia de superficie entre lo demandado y lo referido en los formularios de pago de impuestos, carece de relevancia, ya que la superficie demandada y sobre la cual acreditó ser titular la parte actora, se encuentra plenamente respaldada con documentos idóneos que sí demuestran la titularidad de dominio, que es uno de los requisitos de procedencia de la acción de mejor derecho de propiedad, por lo tanto la presente incongruencia omisiva carece de total trascendencia, por lo que no amerita declarar la nulidad de obrados, toda vez que la decisión asumida no será modificada por el simple hecho de que en dichos formularios se haya consignado una superficie diferente a la pretendida, pues en obrados existe prueba suficiente que acredita que la superficie demandada y de la cual son propietarios los demandantes es 670,75 m2.

No obstante, al margen de lo ya expuesto, debemos señalar que si el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en su calidad de entidad demandada, una vez que asumió conocimiento de la resolución de segunda instancia, advirtió que el Tribunal de alzada habría incurrido en una incongruencia omisiva, dicha entidad, conforme a lo establecido por el art. 226.III del Código Procesal Civil, tenía la facultad de solicitar dentro del plazo establecido en la norma citada, la aclaración, complementación y/o enmienda del supuesto vicio procesal, pues el no hacerlo, conforme a los principios que rigen las nulidades procesales, implica la convalidación de dicho actuado y por ende la preclusión de reclamar en instancias procesales posteriores, ya que la nulidad de obrados, opera ante reclamos denunciados o advertidos oportunamente como es el caso de incongruencia omisiva. 

4. En este numeral, la entidad municipal recurrente observa nuevamente la ubicación del bien inmueble objeto de litis, arguyendo que la Tarjeta de Propiedad, Informe de Derechos Reales y el Folio Real referirían únicamente zona Villa Victoria Avenida República, en cambio su Escritura Pública lo ubicaría entre la Avenida República y la Avenida Naciones Unidas.

Con relación a este reclamo, y con la finalidad de evitar reiteraciones innecesarias que lo único que harían es tornar de redundante a la presente resolución, corresponde remitirnos a los fundamentos ampliamente expuestos en el numeral 1. del presente considerando, toda vez que en dicho apartado ya se consideró y analizó el tema referido a la ubicación del bien inmueble objeto de controversia, donde se concluyó que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, como parte demandada, no demostró con medio probatorio alguno que el bien inmueble objeto de litis se encuentre en un lugar diferente al referido por los demandantes, quienes cumplieron con la carga probatoria y acreditaron con prueba suficiente (plano, placas fotográficas, formulario de edificaciones, pago de impuestos, inspección judicial, determinaciones administrativas emanadas por la propia entidad edil), que el predio se encuentra ubicado en la zona Villa Victoria, entre avenida Quintanilla Suazo y Avenida República de la ciudad de La Paz.

5. Observó que las resoluciones de instancia no considerarían como relevante y fundamental el informe pericial adjunto al expediente, cuando el mismo señalaría que se habría consignado una ubicación diferente porque evidentemente la zona “Cusicancha” se encontraría en un lugar diferente a la zona Villa Victoria.

Para considerar este reclamo debemos señalar que la prueba pericial, conforme lo estipula el Código Procesal Civil, es admisible cuando la apreciación de los hechos que interesan al proceso requieren de conocimientos especializados; por esta razón, la fuerza probatoria de los dictámenes periciales, son considerados por la autoridad judicial en consideración a la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofreciere. Sin embargo, el art. 1333 del Código Civil, concordante con la última parte del art. 202 del adjetivo civil, establece que la autoridad judicial no está obligado a seguir el criterio del perito pudiendo apartarse del dictamen mediante resolución fundada.

De lo expuesto se colige que la autoridad judicial no se encuentra obligada a seguir el criterio del perito, pudiendo apartarse del mismo de manera fundada y explicando sus propias conclusiones en base a las reglas de la sana crítica y prudente criterio, tomando en cuenta el elenco probatorio admitido en el desarrollo del proceso (principio de unidad de la prueba). En ese entendido, en el caso de autos, se advierte que el Tribunal de alzada en el último párrafo del apartado II.2.1., en atribución a la facultad conferida por las citadas normas, de manera clara y precisa, procedió a explicar las razones por las cuales se alejaba del informe emitido por la perito de descargo, fundando sus propias conclusiones amparado en los medios probatorios producidos y presentados en el proceso. Por lo tanto, el reclamo de la parte recurrente en sentido de que la autoridad jurisdiccional tenía la obligación de considerar el dictamen pericial, carece de sustento, pues es la misma Ley, que faculta a dicha autoridad a apartarse del dictamen mediante resolución fundada, tal y como ocurrió en el caso de autos.

6. Finalmente, sobre la falta de pronunciamiento de los informes presentados en segunda instancia, debemos señalar que evidentemente por memorial que cursa de fs. 549 a 551, la entidad demandada presentó los Informes DATC-UACT Nº 1920/2017 de 21 de agosto, Informe Complementario de Peritaje, Informe PDPM Nº 03/2017 de 24 de agosto, y el Informe ATM/UR/SI Nº 888/2017 de 14 de septiembre; empero, no menos cierto es el hecho de que el Tribunal de alzada mediante decretó de 17 de enero de 2018, cursante de fs. 552, señaló que dichas pruebas serían consideradas si el caso lo ameritaba. Consiguientemente, si nos remitimos a los fundamentos expuestos en el considerando II del Auto de Vista recurrido, se podrá advertir que los jueces de Alzada, después de haber valorado todo el universo probatorio, contrastando unas pruebas con otras, lo que obviamente implica la valoración de las pruebas a las cuales hace alusión la parte demandada, procedieron a individualizar cuales le ayudaron a formar convicción para confirmar la Sentencia de primera instancia, situación que demuestra que las informes presentados en segunda instancia si fueron valorados pero no considerados como prueba suficiente para revocar la Sentencia, razón por la cual el presente reclamo deviene en infundado.

No obstante, una vez desvirtuados los reclamos traídos a casación por la entidad demandada, es pertinente aclarar que el reconocimiento del derecho propietario de la parte actora como preeminente frente al derecho propietario que alega el GAMLP, por haber publicitado con anterioridad su derecho de dominio sobre el bien inmueble objeto de litis en los registros públicos, no implica la asignación de derecho propietario alguno, sino, dada la naturaleza de la acción real de mejor derecho propietario, implica simplemente la declaración y reconocimiento de prevalencia y eficacia jurídica de un derecho de propiedad sobre otro; por lo tanto, el pronunciamiento de la presente resolución no implica que la parte actora desconozca los informes técnico administrativos emanados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz sobre la calificación actual de uso de suelo del predio en cuestión, como tampoco implica que la entidad demandada no deba seguir los pr ocedimientos administrativos respectivos para que, respetando el derecho propietario de la parte actora, proceda, si el caso lo amerita, a la expropiación del bien inmueble.

Por las razones expuestas, corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 581 a 594, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado por German Marcelo Aguilar Usquiano en su calidad de abogado de la unidad de procesos jurisdiccionales, contra el Auto de Vista Nº 172/2018 de 11 de mayo, cursante de fs. 565 a 569, pronunciado por la Sala Civil  Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin costas ni costos, por ser una entidad Estatal.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizu