TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                  S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 455/2019

Fecha: 02 de mayo de 2019.

Expediente: SC-143-18-S

Partes: Diamela Sabrina Strack c/Mario Eduardo Strack.

Proceso: Resolución de contrato.

Distrito: Santa Cruz. 

VISTOS: El recurso de casación de fs. 371 a 384 vta., presentado por Diamela Sabrina Strack por medio de su representante Fernando Ernesto Galindo Canedo, impugnando el Auto de Vista Nº 144/18 el 31 de julio, cursante de fs. 362 a 365, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso ordinario de resolución de contrato, seguido por la recurrente contra Mario Eduardo Strack; Auto de Concesión de 11 de septiembre de fs. 390; el Auto Supremo de Admisión Nº 1133/2018-RA; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Diamela Sabrina Strack  interpuso contra Mario Eduardo Strack de fs. 86 a 92, demanda de resolución de contrato a su turno el demandado contestó negativamente y reconvinó por la validez y eficacia de documentos, tramitándose así el proceso ordinario hasta la emisión de la Sentencia de 18 de abril de 2018, cursante de fs. 333 a 336 vta., que declaró IMPROBADA la demanda de fs. 86 a 92 y PROBADA la demanda reconvencional de validez y eficacia de documentos de fs. 260 a 265, mereciendo la apelación de la parte demandante mediante memorial de fs. 343 a 350 vta.

2. Siendo recurrida la resolución de primera instancia se emitió el Auto de Vista 144/2018 de fs. 362 a 365, que CONFIRMÓ la Sentencia, determinación asumida en función a los siguientes argumentos:

Que por medio del Instrumento Público Nº 1071/2016 de 5 de septiembre, cursante de fs. 20 a 24, en el cual se realiza la protocolización del acta de asamblea de socios de la Sociedad Carpinte Art. Bolivia SRL, se extrae que los socios manifestaron su voluntad para suscribir el mismo, donde la demandante realizó la transferencia total de sus cuotas de capital a favor de Mario Eduardo Strack, y haciendo énfasis en la cláusula Tercera y Cuarta, expresan que la demandante reconoce que todo el capital está totalmente pagado y así lo hace constar por medio de la cláusula séptimo del referido testimonio.

3. Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por Diamela Sabrina Strack, mediante memorial de fs. 371 a 384 vta., recurso que es objeto de análisis

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Recurso de casación en la forma:

a) Acusó que el Tribunal de alzada en contravención al mandato del art. 265. I del Código Procesal Civil omitió pronunciarse sobre lo denunciado en la apelación respecto a las verdaderas pretensiones demandadas, ya que según el Auto de Vista la demanda versaría sobre resolución de contrato por incumplimiento de la obligación de pago cuando la misma es por resolución de contrato por falta de pago, por cuanto el demandado no demostró haber pagado las 5.000 cuotas de capital, pago que debió efectuar posteriormente a la suscripción del contrato.

b) Denunció que el Auto de Vista omitió deliberadamente la obligación imperativa que le impone el art. 213 inc. c) del Código Procesal Civil, a realizar un estudio de los hechos probados y no probados a evaluar la prueba y citar las leyes en que se funda, atentando así al debido proceso, al derecho a la defensa y la seguridad jurídica garantizados por los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, privándole de una autoridad imparcial establecida en el art. 120 Constitucional.   

c) Reclamó que el Auto de Vista se equivocó y parcializó su fallo al no haber tomado en cuenta que toda Sociedad de Responsabilidad Limitada por mandato imperativo del art 195 del Código de comercio, está dividido por cuotas de capital y no por acciones como erróneamente emitió su fallo.

d) Refirió que el Tribunal de apelación omitió pronunciación sobre la valoración parcializada del A quo respecto a que la demandante habría ratificado su voluntad de vender y no entregar ni ceder sus cuotas de capital, lo que implicó el pago del precio, el cual no fue demostrado por el demandante reconvencionista, dadas las características del contrato de compraventa que es bilateral, consensual, no formal, oneroso, conmutativo. En ese sentido el Tribunal de segunda instancia no reparó ni consideró los agravios denunciados. 

e) Inculpó vulneración del art. 636.II del Código Civil, porque nunca se realizó el pago por las 5.000 cuotas de capital de su propiedad. Y el demandado aprovechándose de su calidad de padre implementó artimañas y engaños con el fin de apropiarse de las referidas cuotas de capital de la hija (demandante). En ese sentido tampoco el Auto de Vista reparó los errores del inferior, puesto que el contrato de venta tiene como fin inmediato el pago del precio, que en el caso presente no se efectuó.

f) Aseveró que omitieron referirse a la vulneración del art. 510 del Código Civil por el Juez que soslayó dicha norma, generándole así daños y perjuicios.

e) Asimismo, expresó que el Tribunal de alzada omitió referirse a la vulneración del art. 520 del Código Civil, realizada por el A quo que en forma parcializada prescindió aplicarlo, en desatención de los juzgadores al principio de la verdad material prevista en el art. 180 de la CPE, porque de la acta de asamblea de socios protocolizada mediante Testimonio Nº 1070/2016, se tiene que la demandante ratificó su decisión de vender la totalidad de sus cuotas de capital, cosa totalmente distinta al capital social de una empresa, negocio jurídico establecido por el art. 548 del Código Civil, que determina que la venta es un contrato por el que se transfiere una cosa a cambio de un precio en dinero, dinero que jamás fue pagado por el demandado, siendo que el mismo en su calidad de comprador se comprometió a pagar el 23 de diciembre de 2016, lo cual nunca cumplió.

h) Tampoco el Auto de Vista se habría pronunciado sobre la diferencia conceptual entre capital social y pago de cuotas de capital, al tenor de lo previsto por el art. 199 del Código de Comercio, dejándole en indefensión y atentando a su patrimonio protegido por la norma constitucional.

i) Expresó omisión sobre la vulneración expresa del art. 137 núm. 1) con relación al art 156 del Código Procesal Civil,  ya que los hechos admitidos por la parte adversa no requieren prueba porque el demandado en su contestación y reconvención, admitió no haber pagado ni un solo centavo por las 5.000 cuotas de capital.

En ese sentido expresó que el Auto de Vista emitió una resolución infra petita carente de motivación y fundamentación, en sentido que la función jurisdiccional de la doble instancia se ve contenido en la formulación de la apelación realizada por el impugnante y la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto contradice al principio procesal de congruencia. 

Recurso de Casación en el fondo.

1. El Auto de Vista confirmatorio incurrió en vulneración, interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley, es decir, en flagrante error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas. Vulneración de los arts. 115, 119, 120, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado, arts. 510, 519, 520, 568, 636. II, 1287, 1283 y 1289 del Código Civil; arts. 1 núm. 16), 137 núm. 1), 149, 150, 213 inc. c), 190 y 336 núm. 6) del Código Procesal Civil y art. 195 del Código de Comercio.

2. No se percataron los de instancia sobre la pretensión de la demanda porque erradamente acogieron como resolución de contrato por incumplimiento de obligación de pago, siendo la pretensión por resolución de contrato por falta de pago, cuyo reconvencionista no probó en ningún momento haber pagado ni un solo centavo.

3. Reclamó que atentaron contra el debido proceso, seguridad jurídica e igualdad de las partes en juicio, garantizados por los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado porque no realizaron un estudio de los hechos probados y no probados, evaluación de la prueba y tampoco citaron las leyes en que fundan su decisión, de acuerdo al art. 213 inc. c), bajo el argumento ilegal que al encontrarse pagado el capital social, no serían ciertos los agravios fundamentados por la demandante.

4. Mencionó que la dejaron en indefensión y privación de justicia imparcial debido a lo manifestado por las autoridades judiciales que no tomaron en cuenta que toda Sociedad de Responsabilidad Limitada se rige por el art. 195 del Código de Comercio, cuyo fondo común está dividido por cuotas de capital y no por acciones como erróneamente manifestaron.

5. Los de instancia al analizar la Escritura Pública Nº 1071/2016, no se percataron que en dicho instrumento público se encuentra inserta el acta de asamblea de socios donde la demandante al hacer uso de la palabra manifestó su deseo de vender la totalidad de sus cuotas de capital, a lo que el socio demandado manifestó su voluntad de adquirir las mismas, exteriorización de vender implicando un pago del precio, donde los de instancia tenían la obligación de declarar probada la demanda.

6.  Acusó vulneración al art. 636.II del Código Civil, al tenor de lo dispuesto por los arts. 1287 y 1289 del Código Civil, concordante con los arts. 149 y 150 del Código Procesal Civil, que demuestran que la demandante en su calidad de propietaria de 5.000 cuotas de capital de la sociedad comercial denominada CARPINTE ART BOLIVIA S.R.L. vendió las mismas a Mario Eduardo Strack (su padre), quien nunca dudo del cumplimiento de un compromiso verbal a ser pagado el 23 de diciembre de 2016, sin embargo éste aprovechó su calidad de progenitor y jamás realizó dicho pago al que se encontraba obligado y por el contrario el único fin del comprador fue de apropiarse de las cuotas de capital de forma ilegal.

7. Demandó vulneración a lo dispuesto en el art. 510 del Código Civil, disposición legal que obliga a los jueces a averiguar la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras, debiendo analizar que el negocio jurídico de la venta conlleva como consecuencia directa el pago del precio, siendo que jamás fue pagado por el demandante dando como resultado la resolución del contrato por falta de pago en el precio, dado que el bien no se pactó en el contrato sino de forma verbal.

8. Expresó vulneración a lo dispuesto por el art. 520 del Código Civil, en un atentado al debido proceso, garantizado por el art. 115 Constitucional, porque el contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no solo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la Ley, o a falta de ésta según usos y la equidad, así el acta de asamblea de socios debió ser interpretada con todo el valor probatorio asignado por los arts. 1287 y 1289 del Código Civil concordante con los arts. 149 y 150 del Código Procesal Civil, donde se acreditó que el Instrumento Público de transferencia de cuotas de capital Nº 1071/2016 de 5 de septiembre, es un contrato de ventas de cuotas de capital, establecido en el art. 548 del Código Civil, cuya transferencia de la propiedad de una cosa está sujeta al pago de un precio de dinero, aspecto que no ocurrió en el presente contrato.

9. Inculpó errónea aplicación de lo dispuesto en el art. 199 del Código de Comercio porque confundió la diferencia conceptual de cuotas de capital de la sociedad que estén totalmente pagadas, aspecto completamente diferente al pago del precio al que está obligado el comprador por la transferencia o venta de cuotas efectuada por la demandante en favor del demandado.

10. Se quejó que los de instancia, vulneraron lo dispuesto por el art. 137 núm. 1) del Código Procesal Civil, porque los hechos admitidos por la parte adversa no requieren de prueba, siendo que el demandado en su contestación y reconvención admitió no haber pagado ni un solo centavo por las 5000 cuotas de capital de propiedad de la demandante, bajo el temerario argumento que no puede pagar por algo que es de su propiedad, confesión que se encuentra en los alcances del art. 156 del adjetivo civil referido a la verdad material, y siendo que el contrato debió ser ejecutado de buena fe al tenor de lo dispuesto en el art. 520 del Código Civil, obligando entre otras cosas a realizar el pago del precio como lo estipula el art. 636 del Código Civil, concordante con el art. 639 del mismo cuerpo legal.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1.- Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es necesario en primer lugar resolver los reclamos de forma.

Sobre este punto, corresponde señalar lo expresado en la doctrina aplicable contenida en el Auto Supremo Nº 203/2016 de 11 de marzo, que de forma clara, orienta: “En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; norma que posee un contenido análogo con lo que establecía el  art. 258 num. 2) del Código de procedimiento Civil, tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspectos inherentes a la forma de la tramitación de la causa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esta notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, puesto que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y no corresponderá realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso”.

III.2.- El debido proceso en sus vertientes congruencia y una debida fundamentación y motivación de las decisiones.

Conforme refiere la SCP Nº 0235/2 015-S1 de 26 de febrero, el debido proceso, entre otras acepciones, fue concebido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se encuentren en una situación similar; en este sentido y tratando de demarcar su ámbito de aplicación, se ha determinado una estructura interna de este derecho que a su vez se compone de otros tantos que, aun cuando poseen la misma calidad jurídica como derechos -por ende son autónomos en su ejercicio-, se interrelacionan cuando de las reglas procesales se trata; así, la SS.CC 0531/2011-R de 25 de abril, señaló algunos de aquellos derechos: “…derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; el principio del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones…”.

En ese orden de ideas, la fundamentación y motivación como vertientes del debido proceso, deben ser entendidas como aquellas garantía del sujeto procesal, donde el juzgador ha momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición; en consecuencia, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que respaldan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino también que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SSCC 1369/2001-R).

Asimismo, en lo que respecta a la congruencia de las resoluciones, la SC No. 2218/2012 de 08 de noviembre, remitiéndose a la SC 0486/2010-R de 5 de julio, manifestó: “…De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia del contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.”

A tal efecto, el Auto Supremo Nº 651/2014 de 06 de noviembre, señaló: “… la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, lo relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y. segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”.

Fundamentos estos, que motivan a concluir que la congruencia en definitiva marca el ámbito del contenido de la resolución orientando a que ésta deba dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formulada por las partes, además de velar que la resolución no contenga criterios ni afirmaciones que se contradigan entre sí, constituyendo el primer aspecto a considerarse la congruencia externa y el segundo como la interna.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Del estudio minucioso del recurso de casación se denota varios reclamos tanto de forma como de fondo, en consecuencia, aplicando el entendimiento asumido en el punto III.1 de la doctrina, corresponde de inicio absolver los reclamos vinculados a la forma, pues al ser un problema jurídico incidental ligado al trámite de la causa de ser evidente su contenido la determinación asumida será una de carácter anulatorio, impidiendo un examen de los tópicos relacionados al fondo del proceso.

En ese entendido, de la revisión prolija de dicha impugnación, se advierte que la recurrente de manera reiterativa acusa la falta de motivación y fundamentación respecto a su recurso de apelación, para mayor precisión podemos citar el relacionado a la - vulneración  del art. 137 núm. 1) en relación al art 156 del Código Procesal Civil, ya que los hechos admitidos por la parte adversa no requieren prueba, porque el demandado en su contestación y reconvención admitió no haber pagado ni un solo centavo por las 5.000 cuotas de capital y la inherente  los arts. 510 y 520 ambos del Código Civil donde alegan que el Juez a quo de forma parcializada prescindió aplicarlo-, en esa lógica concluye su alegación manifestando que el  Auto de Vista emitió una resolución infra petita carente de motivación y fundamentación.

Sobre el particular corresponde manifestar que la aplicación de las nulidades procesales en este Estado Constitucional de Derecho, no operan ante el simple alejamiento o desviación del acto procesal de las formas previstas por Ley, sino sólo cuando este hecho ocasiona un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin perjuicio; es por eso que, previamente a declarar la nulidad, se debe tener presente que el perjuicio ocasionado al justiciable sea real y lesivo al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos, de tal manera que quede el sujeto procesal en una situación de indefensión material, pues lo contrario obviamente implicaría declarar una nulidad irrelevante e innecesaria.

En ese entendido y como bien lo señaló el tratadista Eduardo J. Couture1, al referirse al principio de trascendencia que: “no hay nulidad de forma, si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa de juicio, es así que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de debate cada vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes.” (Las negrillas nos pertenecen); criterio que se ve reflejado en la Jurisprudencia emitida  por el Tribunal Constitucional2 que señaló, lo siguiente: “… las nulidades de los actos procesalesserán procedentes cuando se constate irregularidades, infracciones o vulneraciones de normas procesales que se presenten en el marco de un proceso,siempre que éstas a través de la invalidación de los actos procesales, aseguren a las partes del proceso los derechos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva, caso contrario, si no garantizan esos derechos, entonces, la invalidación del acto procesal en cuestión a través de una nulidad procesal no tienen relevancia constitucional. Un razonamiento jurídico distinto, esto es, entender que las nulidades procesales pueden hacer ineficaces e inválidos los actos procesales con la mera constatación de la vulneración de los requisitos y formas que expresa la ley procesalsin ninguna conexitud con la lesión o no a derechos fundamentales o garantías constitucionales, es retornar a la concepción del modelo Estado legislativo de Derecho ya sepultado.”. De lo expuesto, se infiere que al momento de analizar el vicio que podría generar una nulidad de obrados, corresponde previamente determinar la trascendencia y/o relevancia del mismo; es decir, se debe constatar si se provocó una lesión evidente al derecho al debido proceso, así como la incidencia que podría tener en la decisión de fondo de la causa, máxime cuando ningún vicio procesal es absoluto para generar una nulidad, en tanto no se vulnere el derecho a la defensa.

Consiguientemente, al ser la motivación y fundamentación, así como la congruencia, elementos que constituyen el debido proceso, entendida esta última principio de congruencia- como la estricta correspondencia que debe existir en toda resolución entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, estableciéndose de esta manera que en el caso de la sentencia de primera instancia debe ser pronunciada en concordancia con las pretensiones demandadas, la contestación formulada y las acciones reconvenidas, que para segunda instancia encuentra su principio derivativo denominado pertinencia-, determinando los parámetros o limites de competencia de los Tribunales superiores, los cuales se encuentran ligados a los reclamos formulados en su respectivos recursos, caso contrario nos encontramos a lo que en doctrina se denomina como una resolución ultra, extra, citra o infra petita, vulneración que al ser considerado un vicio que ofende al debido proceso, son sancionados con nulidad, empero aplicando parámetros progresivos en derecho y de proporcionalidad se ha determinado que no todo defecto es causal o motivo de nulidad, sino aquellos que generan trascendencia o relevancia al proceso, es decir los que han de repercutir en el fondo de la causa. En ese contexto, corresponde a continuación verificar si lo acusado por la recurrente es o no evidente, por lo que corresponde realizar las siguientes consideraciones:

- Por memoriales de fs. 86 a 92 y de 122 a 128 vta., Dimelsa Sabrina Strack a través de su representante, interpuso demanda ordinaria de resolución de contrato por incumplimiento de la obligación de pago, expresando de manera concreta que hasta la fecha no se ha efectivizado el pago por el 22 % de las cuotas de capital transferidas, identificando como sujeto pasivo a Mario Eduardo Strack.

- Citado el demandado, Mario Eduardo Strack, por memorial que cursa de fs. 260 a 265, contestó negativamente y planteo demanda reconvencional.

- Tramitada la causa, el juez A quo pronunció Sentencia el 18 de abril de 2018 cursante de fs. 333 a 336 vta., declarando Improbada la demanda principal y Probada la demanda reconvencional.

- Determinación impugnada por la demandante, quien alegó entre otros puntos que la Sentencia desconoce lo establecido en el art. 137 inc. 1) del procesal civil, inherente a los hechos que no requieren prueba, por existir confesión del demandado en su contestación de no haber pagado ni un solo centavo.

- Por  Auto de Vista de fs. 362 a 365, se Confirma la Sentencia, argumentando esencialmente que por medio del Instrumento Público 1071/2016  de 5 de septiembre, cursante de fs. 20 a 24,  en el cual se realizó  la protocolización del acta de asamblea de socios de la Sociedad Carpinte Art. Bolivia SRL, se extrae que la demandante realiza la transferencia total de las cuotas de capital a favor del ahora demandado, y haciendo énfasis a la Cláusula Tercera y Cuarta, expresan que la demandante reconoce que todo el capital está totalmente pagado y así lo hace constar por medio de la Cláusula Séptima del referido testimonio.

De estas precisiones se advierte que la ahora recurrente, evidentemente al momento de impugnar la Sentencia, puntualizó como agravio la vulneración del art. 137 del Código Procesal Civil, por la existencia de confesión en la contestación a la demanda; sin embargo, de la revisión exhaustiva de los Considerados que conforman el Auto de Vista, tal y como lo acusa la recurrente, se observa una total ausencia de fundamentación y motivación respecto a dicho  agravio, ya que al margen de señalar o reiterar lo sostenido en la sentencia omite atender los fundamentos de la impugnación; situación que nos permite inferir que la resolución de alzada es citra petita, lo que conlleva lógicamente a la transgresión del principio de congruencia y pertinencia.

Lo expuesto, permite concluir que en el caso de Autos el Tribunal Ad quem, al haber emitido una resolución donde omitió el análisis de los reclamos en apelación citados en el punto anterior, ciertamente se evidencia un quebrantamiento al debido proceso, en sus elementos debida motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia; ahora cabe ingresar al estudio de la relevancia o no de este tópico, pues como se dijo es elemental y esencial para la viabilidad de la nulidad procesal determinar que dicha omisión es gravitante a la causa y ha de repercutir en el fondo de la litis.

Al respecto la norma acusada de omitida es la contenida en el núm. 1 del art. 137 del código ritual de la materia que en su contenido alude: “No requieren prueba:1. Los hechos admitidos por la parte adversa, salvo las limitaciones señaladas por Ley.”, sobre el particular si bien nuestro ordenamiento jurídico impone una carga de la prueba, tanto al demandante como al demandado, sin embargo y siguiendo el criterio de la citada normativa, existen casos o hechos que están exentos de carga probatoria, al respecto diferentes autores como  Julio Sigüenza López, han precisado que -La razón de dicha exención se encuentra en que, en nuestro sistema, en los procesos regidos por el principio dispositivo, y como manifestación de éste, se confía en los sujetos procesales la tarea de alegar y probar los hechos que les interesen. De donde se deduce que, si una parte admite como ciertos hechos alegados por la contraria, así deben ser tenidos por el tribunal3-, bajo ese panorama debemos tener en claro que la carga de la prueba se encuentra vinculada a demostrar hechos de carácter controversial quedando exentos de probanza aquellos que fueren admitidos por los sujetos procesales, para ser más precisos no requieren demostración los hechos aceptados por no conllevar litigiosidad. Entonces siguiendo esta lógica en el caso de autos la omisión reclamada al estar vinculada a un tema de dispensa probatoria por ser en palabras del recurrente -un hecho admitido por el demandado en su contestación-, el mismo -per se- es trascedente y podría incidir en el fondo de la pretensión, situación que amerita que este Tribunal, apreciando su relevancia acoja la nulidad pretendida, con la finalidad que las omisiones acusadas sean debidamente atendidas por el Tribunal de segunda instancia, ya sea de forma positiva o negativa en cumplimiento del art. 265.I del Código Procesal Civil. 

Por las razones expuestas, y toda vez que lo acusado en casación resulta evidente, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme a lo previsto en el art. 220.III del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art.220.III núm. 1 inc. c) del Código Procesal Civil, ANULA obrados hasta fs. 362, es decir, el Auto de Vista Nº 144/18 de 31 de julio, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y se dispone que sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución de forma pertinente.

Siendo excusable el error en que han incurrido los Vocales del Tribunal de segunda instancia signatarios del Auto de Vista impugnado, no se les impone multa.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, comuníquese la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizu



1 Libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil

2 Sentencia Constitucional Plurinacional 0427/2013 de 3 de abril

3 FUNDAMENTOS DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA Julio Sigüenza López