TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A    C I V I L



Auto Supremo: 454/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fecha: 02 de mayo de 2019

Expediente: CH-71-18-S.

Partes: Marlene Ballesteros Flores c/Jose Luis Salazar Paniagua y Bentura Salazar Vda. de Mendez

Proceso: Nulidad de escritura pública.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 166 a 167, interpuesto por Marlene Ballesteros Flores contra el Auto de Vista Nº SCCI 0258/2018 de 12 de septiembre, cursante de fs. 157 a 160, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario sobre nulidad de escritura pública, seguido por la recurrente contra Jose Luis Salazar Paniagua y Bentura Salazar Vda. de Mendez, el Auto de concesión de fs. 170, el Auto Supremo de Admisión N° 1028/2018-RA de fs. 175 a 176 vta., los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Público en lo Civil y Comercial Cuarto del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció la Sentencia de 13 de julio de 2018, cursante de fs. 106 a 112, declarando IMPROBADA la demanda principal de nulidad de escritura pública planteada por Marlene Ballesteros, sea con costas, asimismo dictó el Auto de complementación de 13 de julio de 2018 a fs.112 y vta.

Contra la referida resolución, Marlene Ballesteros Flores interpuso recurso de apelación por memorial de fs. 123 a 130 vta., resuelto por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, quien pronunció el Auto de Vista N° SCCI 0258/2018 de 12 de septiembre, cursante de fs. 157 a 160, por el cual CONFIRMÓ la sentencia impugnada, con costas y costos, bajo los siguientes argumentos:

Respecto a la apelación de efecto diferido sobre el rechazo a la prueba a fs. 90, se adecua a las causales de rechazo contenidas en el art. 142 del Código Procesal Civil, advirtiendo que son correctas las razones expuestas, correspondiendo al juez definir esa interpretación jurídica en sentencia como justificativo legal que hace inconducente la prueba y si bien no fue expresamente catalogada por el A quo, expuso con claridad que la prueba no se adecua al Código Procesal Civil, explicando los motivos que hacen a la causal de rechazo, por lo que confirmó el Auto de 14 de junio de 2018.

En cuanto a la apelación en contra de la sentencia, citando el art. 491 num. 2) del Código Civil, sostuvo que debe ser acatado cuando se traten de contratos de hipoteca voluntaria, siendo que el documento base de fs. 3 a 4 en sus cláusulas quinta y séptima establecieron que se trata de un contrato de préstamo de dinero con garantía hipotecaria que por su exigencia de ley debe efectuarse en documento público, correspondiendo a las partes respetar y no omitir la norma legal señalada.

Añade que la apelante no  consideró  que una  minuta  independientemente  este dirigida  o no al Notario de Fe Pública, o alternativamente convertida por acuerdo de partes en instrumento privado, se constituye desde su suscripción en un contrato que surte plenos efectos entre partes  de acuerdo al art. 519 del Código Civil, sin embargo en cuando a su forma el contrato  aunque  no haya  adquirido  la condición de público o privado,  para  adquirir cualquiera de esas categorías además de las partes  y  su  abogado de acuerdo  a los  arts. 1287, 1297 y  1298 del mismo cuerpo legal, interviene obligatoriamente un funcionario Autorizado para dar fe pública quien está encargado de extenderlo con todas las formalidades de ley, en consecuencia resultaría un equívoco de la apelante sostener que solo cuenta la previsión contractual contenida  en la cláusula octava  del  contrato donde realizaron la conversión de la minuta de publica a privada  es decir el contrato ya poseía la calidad de instrumento público antes de la protocolización y no pudo ser contrariada esa voluntad de las partes por la notaria elevándola  a la categoría  de instrumento público, al respecto el Ad quem considera que una minuta independientemente este dirigida al notario de fe pública o alternativamente convertida por acuerdo de partes a instrumento  privado constituye desde su  suscripción un contrato que  surte  efectos entre las partes en  virtud  del art. 519  del Código Civil, en cuanto a su forma  el  contrato  no adquirió la condición de público o privado ya que para ello además de las partes y su abogado en conformidad con los arts. 1287, 1297 y 1298 del Código Civil, debiendo intervenir  obligatoriamente un funcionario  Autorizado  para darle fe pública, quien está  encargado de extenderlo con todas sus formalidades de ley, por lo que la recurrente equivoca concebir  que  con la sola previsión contractual contenida en la clausula octava del contrato adquirió Automáticamente la conversión de público a privado por voluntad de las partes.

Advierten que la valoración del Testimonio N° 1301/2015 de fs. 2 a 5, en virtud de los arts. 1287.I, II y 1289 del Código Civil, permiten sostener que el documento carece de vicios de nulidad, que al estar dirigido a un Notario de Fe Pública para su incorporación como documento público en los testimonios notariales y este aspecto como principio de finalidad, fue cumplido, ya que a pesar del error de las partes sobre la inclusión de la cláusula octava no llegó a materializarse, de ser así hubiera existido infracción a la forma según el art. 491 num. 4) del Código Civil, añadiendo que los Autos Supremos Nos. 50/2009 y 754/2014 contienen supuestos  fácticos  diferentes  inaplicables al caso de Autos.

En cuanto a una infracción a la teoría bipartita de las nulidades y de la Autonomía privada de las partes al contratar, señalan que no fue objeto de controversia y no se sustentó la nulidad de las obligaciones contenidas en el contrato sino únicamente su invalidez por causal de nulidad de forma. Añadiendo el Ad quem que la parte apelante y su abogado confunden esas figuras  respecto a la teoría bipartita y la Autonomía privada de las partes al contratar, concluyendo que no son las partes quienes definen la forma de los contratos, considerando  las previsiones del art. 491 num. 2) del Código Civil, señalando también que la Notario elevó a documento público, como garante de la legalidad según el art. 2 inc. 5 de la Ley N° 483, en consecuencia el contrato ostenta la calidad de documento público independientemente de la previsión contractual de convertirla a privada que no fue observada por las partes en la forma establecida por el art. 48 de la Ley del Notariado Plurinacional, advirtiendo que la apelante confundió el alcance de las reglas de interpretación objetiva y subjetiva de los contratos teniendo presente los arts. 510 y 514 del Código Civil, evidenciando por último que no hubo vulneración al principio de igualdad porque no correspondía que valoren la prueba de fs. 90 en sentencia al ser rechazada por Auto de fs. 93 vta., a 94 de obrados.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1) Errónea interpretación del art. 142 del Código Procesal Civil y violación de los arts. 5 y 145 del mismo cuerpo legal.

Arguye que el Tribunal de alzada suplió la deficiencia de la sentencia,  considerando que  el documento  que  ofreció  como  prueba de acuerdo  al art. 112 del Código Procesal Civil, de fecha  posterior  a la demanda se constituye  en  un  documento público según el art. 1289 del Código Civil, al haber sido  extendido por una Notario de Fe Pública y cumple con los requisitos legales para  su admisión, no siendo  evidente que  se encuentre prohibido ya que su  revisión no efectúa valoración jurídica de los hechos demandados, solo realiza una diferencia  entre los documentos que se puede y no protocolizar y las razones, pues conforme señalan los de alzada el Notario de Fe Pública en  virtud del art. 2 inc. 5) de la ley  del Notariado Plurinacional deben  velar por la legalidad, tal cual certificaría en la prueba que considera fue indebidamente rechazada, por lo que le resulta claro y contundente que la certificación ofrecida como prueba no es prohibida por derecho al contrario  debió admitírsela como prueba documental de fecha  posterior a la demanda que  recién debió  valorarse en sentencia, de acuerdo al art. 145 del Código Procesal Civil, reiterando que no es una prueba ilegal ni  inconducente siendo  ofrecida de forma oportuna y correspondía su  introducción  y  una  valoración a fondo  a momento  de dictar la resolución.

Añadiendo que no pueden discrecionalmente rechazar su prueba ofrecida, en resguardo de los principios de seguridad jurídica, objetividad y equidad, teniendo presente además que de conformidad con el art. 147.III del adjetivo civil, cumplió con los requisitos establecidos para su presentación, en consecuencia, no existió razón para su rechazo más aún si conforme el art. 136.I la carga de la prueba le correspondía a su persona.

2) El Tribunal de alzada y de primera instancia omitieron valorar su prueba ofrecida.

La recurrente alega que tanto el A quo como el Ad quem  independientemente del criterio que hayan tenido, debieron valorar su prueba, aplicando la norma  procesal contenida en el art. 112 de la Ley N° 439, considerando que las normas procesales son de orden público y de complimiento obligatorio de acuerdo al art. 5 del adjetivo civil, por lo que no correspondía basarse en argumentos  carentes de asidero legal, al tratarse de una prueba fundamental y enmarcada en el art. 145.I del Código Procesal Civil.

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión de obrados se establece que corrido en traslado el recurso de casación, no fue respondido.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la procedencia del recurso de casación de la apelación en efecto diferido:

Sobre este tema, de inicio acudiremos a los criterios expuestos en la doctrina referente al caso, en ese entendido tenemos que el Autor Armando Córdova Saavedra, en su obra “MANUAL PRÁCTICO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL” pág. 138 y 141 expresa, que: El Recurso de casación, constituye por su naturaleza un medio impugnatorio de carácter extraordinario y procede en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a que el máximo Tribunal Supremo, la revise con el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento in judicando o in procedendo que en ella se han cometido…”, en esa misma lógica el profesor Adolfo Armando Rivas en el texto “CURSO SOBRE EL CODIGO PROCESAL CIVIL” pág. 320, señala; “El recurso de casación procede para impugnar Autos de vista dictados en proceso ordinarios y en los casos expresamente señalados por ley…”, criterio concordante con lo establecido por el art. 270 de la Ley N° 439 “Código Procesal Civil”.

De lo expuesto, se puede inferir que el recurso de casación tiene como una de sus características esenciales, que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.

A ese efecto el Auto Supremo N° 678/2017 de 19 de junio, en cuanto a las resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación, estableció; “Sobre el tema el art. 250-I del Código Procesal Civil señala: “I.- Las resoluciones judiciales son impugnables salvo, disposición expresa en contrario” norma que otorga un criterio generalizado para el tema de recursos, orientando en sentido de que las resolución judiciales son impugnables, salvo que la norma lo prohíba en contrario, ahora en consonancia con lo referido de la última parte de la norma citada, tratándose del recurso de casación el art. 270.I del Código Procesal Civil es claro al establecer: “El recurso de casación procede para impugnar Autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”, la norma en cuestión en cuanto al recurso de casación establece de forma explícita su procedencia para dos casos, 1.- Contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios y 2.- En los casos expresamente establecidos por Ley (…) Partiendo de dicho argumento, se debe entender que cuando el Legislador ha establecido la procedencia del recurso de casación contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios, su intencionalidad ha sido, que este Máximo Tribunal de Justicia uniforme Jurisprudencia de acuerdo a las atribuciones establecidas en el art. 42 núm. 3) de la Ley N° 025, es decir, específicamente para aquellos casos de trascendencia a nivel Nacional, entonces bajo esa directriz, el recurso de casación únicamente procederá contra Autos de Vista que resolvieren un Auto definitivo, Autos de Vista que resolvieren sentencias y en los casos expresamente establecidos por Ley, siendo viable únicamente dentro de un proceso ordinario y no así para otros casos...”

En ese marco, en lo que respecta a la procedencia del recurso de casación contra resoluciones que resuelven una apelación en el efecto diferido el A.S. Nº 1082/2015L de fecha 18 de noviembre, señaló lo siguiente: “Conforme de antecedentes se desprende el agravio, se encuentra vinculado al Auto de fs. 74 el cual, rechaza el incidente de nulidad de obrados planteado a fs. 71, resolución que fue objeto de apelación a fs.102, misma que fue diferida en su concesión por Auto de fs. 103,  y al momento de plantear recurso de apelación contra la Sentencia el ahora recurrente en su otrosí 1, fundamenta nuevamente la apelación diferida, misma que es resuelta por el Tribunal de Apelación. Conforme a los antecedentes expuestos corresponde reiterar que la apelación en el efecto diferido tiene por fin que la tramitación de la causa no sea suspendida, disponiendo que esa apelación sea diferida hasta una eventual apelación de la Sentencia, conforme establecen los arts. 24 y 25 de la Ley 1760, por lo que, la misma no admite recurso de casación conforme a la regla de precedencia del Art. 255 del Código de Procedimiento Civil (…) Teniendo presente lo expuesto la resolución motivo del recurso de casación en la forma, al ser la misma como emergencia de un recurso de apelación en el efecto diferido, no se encuentra inmersa dentro de las causales establecidas en el art. 255 del C.P.C., deviniendo en improcedente su recurso de casación en la forma.”.

Entonces, tomando en cuenta que el recurso de casación es considerado un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estricta y taxativamente determinados por ley, dirigido a lograr que el Tribunal de casación case o anule las resoluciones expedidas en apelación, pues cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, por errores in iudicando, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el art. 220.IV del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución, unificando la jurisprudencia e interpretando las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia; en tanto que si se plantea en la forma por errores de procedimiento, deberá circunscribirse a los presupuestos del art. 220.III de la misma norma, cuya finalidad será la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley, entonces, a partir de esta esencia el recurso de casación, justifica su carácter formal y no constituye una tercera instancia, puesto que solo procede en determinados casos y contra resoluciones de carácter definitivo que cortan todo procedimiento ulterior, impidiendo la prosecución de la causa y haciendo que el juzgador pierda competencia que cortan todo procedimiento ulterior del juicio (con las salvedades establecidas en la Ley), en cuyo entendido no procede contra un Auto de Vista que confirma un Auto que fue concedido en el efecto diferido, bajo la óptica de que esa resolución no tiene carácter definitivo, conforme lo establecido en el art. 211.I del Código Procesal Civil y más bien se encuentran sujetas a lo dispuesto en el art. 260.III del mismo Código y tomando en cuenta además, que la apelación diferida al igual que la apelación en el efecto devolutivo, no suspenden la ejecución de Autos, tampoco interrumpen la continuidad del desarrollo del proceso judicial y solo adquieren eficacia jurídica.

A mayor ilustración y a los efectos de tener un entendimiento certero sobre lo que debe entenderse por Auto definitivo, acudiremos a los razonamientos vertidos por la S.C. N° 0092/2010-R que señaló lo siguiente: “La distinción entre Autos interlocutorios simples o propiamente dichos y Autos interlocutorios definitivos (Canedo, Couture), radica principalmente en que “los últimos difieren de los primeros en que, teniendo la forma interlocutoria, cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible, de hecho y de derecho, la prosecución del proceso. Causan estado, como se dice en el estilo forense, tal cual las sentencias” y conforme orienta el art. 211 de la Ley N° 439 -son aquellos que ponen fin al proceso-, de lo que se puede inferir que el Auto Definitivo es aquella resolución que corta todo procedimiento ulterior, impidiendo la prosecución de la causa y haciendo que el juzgador pierda competencia, concluyéndose que para una resolución como ser Auto Interlocutorio sea catalogado como definitivo, debe contener uno de esos presupuestos, entonces se deberá analizar la naturaleza de la resolución...”.

III.2. De la prueba y su valoración.

José Deker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil Comentado y Concordado, Pág. 240, nos menciona respecto de la prueba al profesor Hugo Alsina, quien nos dice: “En su acepción lógica, probar es demostrar la verdad de una proposición, pero en su significado corriente, expresa una operación mental de comparación. Desde ese punto de Vista la prueba judicial es la confrontación de la versión de cada parte con los medios producidos para abonarla”.
Los hechos y los actos jurídicos dice Couture son objetos de afirmación o negación en el proceso. Pero como el juez es normalmente ajeno a esos hechos sobres los cuales debe pronunciase, no pueden sentenciar teniendo en cuenta las simples manifestaciones de las partes; entonces debe disponer de medios para verificar la exactitud de esas proposiciones”, al respecto es menester comprobar la verdad o falsedad de ellas, con el objeto de formarse convicción a su respecto. Siendo estas definiciones generales de la prueba.

Sin embargo a nosotros nos interesa ubicar a la prueba en el sentido procesal; en tal sentido diremos que la prueba es: “un medio de verificación de las proposiciones que formulan los litigantes durante la substanciación del proceso”.

Asimismo debemos tener en cuenta ciertos principios referidas a las pruebas, entre las cuales tenemos el “principio de la unidad de la prueba”.- significa; que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad, y como tal debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, documentales, testificales y otras, señalando sus concordancias y discordancias, y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme.

El Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, señaló que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del Código adjetivo de la materia”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1) Errónea interpretación del art. 142 del Código Procesal Civil y violación de los arts. 5 y 145 del mismo cuerpo legal.

Con relación a este reclamo corresponde remitirnos a los argumentos expresados en el acápite III.1 de la doctrina aplicable, donde, este Tribunal partiendo de la naturaleza formal del recurso de casación, señaló que contra los Autos de Vista que confirmen apelaciones de Autos o resoluciones concedidas en el efecto diferido no es procedente el recurso de casación, en ese punto concretamente al no constituir una resolución de carácter definitivo, conforme lo establecido por el art. 211.I de la Ley N° 439;  en consecuencia, tomando en cuenta que el Auto a fs. 90 resuelve el  rechazo a la presentación de una prueba documental y que fuere confirmada por el Auto de Vista recurrido, no corresponde ingresar al análisis de los argumentos expuestos en su recurso de casación, al no enmarcarse los mismos dentro los parámetros de procedencia que establece el art. 270 del Código Procesal Civil, máxime si este no ataca lo sustancial del proceso, al margen de ello y en el marco de congruencia que merece toda resolución judicial, podemos referir que, de la revisión del Auto de Vista, se constatan las razones del decisorio recurrido, con la suficiente claridad, y si bien no expone argumentos ampulosos y constreñidos a los puntos del recurso de apelación, sí realiza un análisis de cada uno de los asuntos traídos a consideración, sin que se adviertan las insuficiencias, resultando las afirmaciones del recurrente inconsistentes.

2) El Tribunal de alzada y de primera instancia no valoraron la prueba ofrecida.

En cuanto a la denuncia por la que la recurrente arguye que el A quo y Ad quem no valoraron su prueba, en base a argumentos sin asidero legal, omitiendo cumplir con el art. 112 del Código Procesal Civil e inobservando que según el art. 5 del mismo cuerpo legal, las normas procesales son de orden público; conforme se tiene señalado líneas arriba, la prueba ofrecida a fs. 90 consistente en una certificación emitida por una Notaria de Fe Pública, no fue admitida en calidad de prueba conforme se desprende del acta de audiencia preliminar de fs. 91 a 94  vta., que recurrida en apelación en efecto diferido, esta determinación fue confirmada mediante el Auto de Vista recurrido, razones por las que independientemente de las facultades con las que cuentan los juzgadores de apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, se encontraban imposibilitados de proceder a la valoración de una prueba que fue rechazada por consiguiente al no haber procedido a su examen no han vulnerado norma procesal alguna, por el contrario sus actuaciones se hallan conforme a procedimiento de lo contrario, no sólo vulnerarían el art. 5 y siguientes del procesal civil, sino también quebrantarían los principios de seguridad jurídica y debido proceso apartándose de los antecedentes del proceso y la norma adjetiva civil que  rigen en la causa.

Razones por las que al haberse advertido que el Auto de Vista responde congruentemente a los puntos objeto de apelación, de forma fundamentada, sin que se haya vulnerado norma legal, ni derecho alguno que asiste a las partes, corresponde emitir resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 166 a 167, interpuesto por Marlene Ballesteros Flores contra el Auto de Vista Nº SCCI 0258/2018 de 12 de septiembre, cursante de fs. 157 a 160, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.