TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A  C I V I L 

       

Auto Supremo: 453/2019

Fecha: 02 de mayo de 2019

Expediente:        CH-81-18-S.

Partes: Severina Peñaranda Torres Vda. de Jiménez c/ María Nela Jiménez

           Velásquez.

Proceso: Nulidad de partida de nacimiento.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 173 a 182 vta., interpuesto por Severina Peñaranda Torres Vda. de Jiménez, contra el Auto de Vista SFNA Nº 264/2018 de fecha 23 de octubre, cursante de fs. 165 a 171, pronunciado por la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso ordinario de nulidad de partida de nacimiento, seguido por la recurrente contra María Nela Jiménez Velásquez; el Auto interlocutorio de concesión del recurso de fecha 30 de noviembre de 2018 que cursa a fs. 185; el Auto Supremo de admisión del recurso de casación Nº 1187/2018-RA de 03 de diciembre de fs. 189 a 190 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Severina Peñaranda Torres Vda. de Jiménez, por memorial que cursa de fs. 41 a 44, aclarado a fs. 46, interpuso demanda ordinaria de nulidad de partida de nacimiento; acción dirigida contra María Nela Jiménez Velásquez, quien una vez citada, por memorial de fs. 82 a 83 vta., contestó a la demanda de forma negativa, sin embargo esta no fue considerada por haber sido presentada de forma extemporánea.

Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, la Juez Público Segundo de Familia de la ciudad de Sucre, mediante Sentencia Nº 162/2018 de fecha 25 de julio, cursante de fs. 131 a 135, declaró IMPROBADA la demanda, con costas.

2. Resolución que puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Severina Peñaranda Torres Vda. de Jiménez, mediante memorial de fs. 139 a 147 interpusiera recurso de apelación.

3. En mérito a esos antecedentes la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció el Auto de Vista SFNA Nº 264/2018 de fecha 23 de octubre que cursa de fs. 165 a 171, donde los Jueces de Alzada en lo más sobresaliente de dicha resolución señalaron que  una vez efectuado el análisis correspondiente sobre los agravios señalados por la apelante, constataron que estos no serían evidentes, pues no existiría falta de valoración de la prueba argüida, ni incongruencia en la resolución y tampoco falta de aplicación de la normativa señalada o inaplicación de principios ante los vacíos de la ley; al contrario, habrían evidenciado que la Juez A quo efectuó una interpretación de la ley desde y conforme a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad, efectuando una interpretación integral tomando en cuenta a su vez el Código de Familia de 1973, vigente en el momento del asentamiento de la partida de nacimiento, como en los principios en que se asienta la materia familiar.

En ese entendido señalaron que al constituirse el instituto de la filiación en uno de los más importantes y fundamentales derechos del ser humano, y teniendo en cuenta que ya en la legislación de 1973 se reconocía la filiación por indicación solo de la madre o del padre, recogido actualmente este aspecto en el art. 15 del Código de las Familias actual, es que considerando que el registro de la demandada habría sido realizado hace más de 27 años, época en la cual, acorde a la realidad social, se daba la inscripción por parte de uno solo de los padres, consignando el nombre del otro progenitor y/o el reconocimiento implícito, realidad que habría sido reconocida a través de la previsión constitucional consignada en el art. 65, concordante con el art. 14 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, no solo instituye la obligación del padre o de la madre o ambos al establecer la filiación de sus hijos, sino el derecho que tiene el hijo o hija, a la filiación paterna, materna o a ambas y la obligación del Estado de garantizar la misma, que en el caso de Autos no fue cuestionada por el principal interesado cuando estaba vivo, además de que no sería suficiente haber probado de que en el asentamiento de la partida de nacimiento no estaría consignada la firma del progenitor, ni de los testigos, para disponer la nulidad de una partida que lo único que conllevaría sería la afectación de la filiación de la persona y a una infinidad de derechos, más aun cuando no se habría demostrado la existencia de error, dolo o violencia en el momento del asentamiento de la partida de nacimiento; razones por las cuales consideraron que la Juez A quo habría imprimido correctamente el proceso ordinario al amparo de lo previsto en el art. 420.II de la Ley Nº 603 y del bloque de constitucionalidad y art. 195 del anterior Código de las Familias que asignaba distintas formas de establecer la filiación; por ello, al conllevar la presente demanda la afectación a la filiación de una persona por el solo hecho de no llevar la firma del progenitor ni de los testigos, no podría ser considerada como razón suficiente para declarar la nulidad de la partida, ya que dicho extremo generaría una inseguridad jurídica con relación a aquellas personas que presentan alguna omisión en sus partidas de nacimiento y se trate de asentamientos de menores de edad o de cuando eran menores de edad, máxime cuando en vida el padre o la madre consignado en la partida no ejerció las acciones legales consignadas en la legislación vigente en ese momento.

Por lo tanto, conforme a la certificación emitida por el SERECI que cursa a fs. 55, consideraron que la partida de nacimiento que tiene una vigencia de 29 años, toda vez que la fecha de su asentamiento data del 6 de julio de 1988, se habría consolidado con los datos allí consignados a la existencia de trámites administrativos de la gestión 2006 y 2015, tratándose de un caso de reconocimiento tácito a momento de la inscripción por cuanto existirían otras maneras reconocidas por ley, incluso la implícita para realizar el reconocimiento de hijos, observando que el señor Francisco Jiménez Calizaya no hubiera realizado algún tipo de demanda observando esta situación o desconociendo la filiación que tiene la demandada. Fundamentos por los cuales el citado Tribunal de Alzada CONFIRMÓ totalmente la sentencia apelada, con costas y costos.

4. Fallo de segunda instancia, que puestos en conocimiento de ambos sujetos procesales, ameritó que Severina Peñaranda Torres Vda. de Jiménez interpusiera recurso de casación, el cual se pasa a analizar:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Acusa que el Tribunal de Alzada además de omitir el agravio referido a la falta de consideración de los principios familiares, se habría limitado simple y llanamente a confirmar los argumentos de la juez A quo sin mayor fundamentación y motivación, pues no habría mayor aporte de porque habría decidido confirmar la sentencia, retrotrayendo el proceso como si la demandada fuera menor de edad.

2. Denuncia también que reclamó en apelación aspectos de vital importancia como el hecho de que como habría aparecido asentada la partida de nacimiento en el libro de la Oficialía de Registro Civil, o porque la misma no lleva sello, ni firma del oficial de Registro Civil o como es que la persona que asentó dicha partida sabía que el esposo de la recurrente era el progenitor de la demandada; extremos sobre los cuales no existiría pronunciamiento.

3. Denuncia la violación e interpretación errónea de los arts. 13.II, 14.I.II y art. 420 del Código de las Familias, art. 180.I de la C.P.E. con relación a los arts. 218. III, 220 inc. c) y e), art. 65  de la C.P.E. y arts. 14 y 20 de la Ley N° 603 y art. 1526 del Código Civil, toda vez que el Tribunal de Alzada al confirmar la sentencia le habría denegado el derecho de acceso a la justicia, seguridad jurídica y debido proceso, pues el presente caso no se adecuaría a ninguna de las formas de filiación, ni del anterior Código de Familia, ni del actual, pues este no habría sido realizado por voluntad conjunta de los progenitores y menos por resolución judicial, al contrario habría sido asentada por una persona completamente extraña, y como el art. 20 del Código de las Familias y del Proceso Familiar establece que cualquier persona que se siente afectada puede impugnar la filiación, es que la recurrente en su calidad de heredera de Francisco Jiménez se encontraría completamente legitimada.

4. Observa que el Tribunal de Alzada debió aplicar los principios que rigen la materia familiar a efectos de dar tutela efectiva del derecho material en base al principio de verdad material y a la prueba documentada a fs. 36 y 55 en las que se señala que Francisco Jiménez Calizaya no reconoció expresamente a la demandada y que menos compareció a suscribir la partida de nacimiento, como tampoco habría existido la voluntad de reconocer,  por lo que no se podría establecer la filiación sin la existencia o comparecencia del obligado y del Oficial de Registro Civil, tal cual prevé los arts. 13, 17, 19, 29, 30, 32 y 40 de la Ley del Registro Civil, normas que acusa como transgredidas, máxime cuando su esposo se encontraba impedido biológicamente de procrear.

5. Arguye que el Tribunal de Alzada, caería en una total contradicción e incongruencia en cuanto a la valoración de los hechos probados y no probados, pues no habrían revisado si la Juez A quo valoró correctamente la prueba documental de fs. 36 y 55, pues solo se habría limitado a señalar que no sería suficiente para declarar la nulidad porque se afectaría la filiación de más de 29 años.

6. Acusa que en el Auto de Vista no se establecería en base a que medio probatorio se mantiene subsistente la partida de nacimiento, como tampoco habrían señalado cual el medio probatorio determinante para declarar improbada la pretensión principal.

7. Asimismo, acusa que la prueba documental a fs. 36 y 55 no habría sido valorada conforme al valor que les otorga el art. 332 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, manteniendo la validez de la partida de nacimiento en franca transgresión del principio de verdad material.

8. Denuncia que el Tribunal de Alzada incurriría en incongruencia y contradicción cuando procede a confirmar la sentencia de primera instancia, toda vez que no habría reparado que la juzgadora pese a haber señalado que se encontraría probada que en la partida de nacimiento no figura la firma del progenitor como tampoco del Oficial de Registro Civil, ni de los testigos, empero en el acápite referido a los hechos no probados sostendrían que el esposo de la recurrente no realizó y tampoco prestó reconocimiento expreso; conclusiones que pese a haber sido reclamadas en apelación, al no haber sido consideradas por el Tribunal de Alzada, se mantendría vigente la contradicción y falta de logicidad.

9. Finalmente acusa que el Tribunal de Alzada incurrió en errónea y falta de valoración en la prueba documental, confesión judicial y testifical de cargo en franca vulneración del art. 332 del Código de las Familias, de las reglas de la sana crítica y el deber de motivación y fundamentación previsto en el art. 117 de la C.P.E.; pues si bien admitirían que el esposo de la recurrente no habría reconocido a la demandada y que en la partida de nacimiento se habría incumplido requisitos formales, empero de manera contradictoria señalarían que no ameritaría declarar la nulidad porque ocasionarían un caos jurídico, olvidando que el presente proceso es justamente para resolver pretensiones que no están contempladas en la Ley N° 603.

Por lo expuesto, solicita se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare probada la demanda innominada de nulidad de partida de nacimiento.

De la respuesta al recurso de casación.

De la revisión de obrados se advierte que pese a que la demandada María Nela Jiménez Velásquez fue notificada con el recurso de casación en fecha 15 de noviembre de 2018, tal como consta de la papeleta de notificación de fs. 184, ésta no presentó memorial alguno contestando a dicha impugnación, por lo que no corresponde realizar consideración alguna en este acápite. En razón a dichos antecedentes diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. Del principio de congruencia y el art. 385 del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 385 de la Ley Nº 603-Código de las Familias y del Proceso Familiar, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve constreñido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde se razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…"(las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); en este entendido, es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley N° 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.

III.2. De la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales en materia familia.

El art. 362.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar dispone que la sentencia contendrá la parte narrativa con exposición sucinta de las consideraciones de hecho y de derecho, además de una parte motivadora con la correspondiente valoración probatoria y análisis de las normas aplicables; ahora bien, aparentemente tal disposición legal solo se aplicaría al fallo de primera instancia, porque se refiere en forma expresa al contenido de la sentencia, empero, ello no es evidente, toda vez que el espíritu o razón de ser de esa norma, en lo concerniente a la necesaria motivación y fundamentación que debe contener toda resolución jurisdiccional, se aplica también a la resolución de segunda instancia.

Sin embargo, como es lógico, la fundamentación de la resolución de Alzada debe circunscribirse a los agravios expuestos en el recurso de apelación, ya que al Tribunal Ad quem no le es exigible realizar una motivación respecto a todo lo debatido y controvertido en el proceso, sino únicamente respecto a aquellos motivos apelados; tampoco le es exigible una revalorización total de la prueba, sino solo de aquella que el apelante acusa de indebidamente valorada u omitida (Art. 385 Ley Nº 603).

La Sentencia Constitucional N° 0012/2006-R de 4 de enero, respecto a la motivación de las resoluciones se razonó que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

De igual manera la Sentencia Constitucional N° 2023/2010-R de 9 de noviembre estableció que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…”, criterio reiterada por la SC N° 1054/2011-R de 1 de julio”.

Por otra parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, se señaló que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. 

III.3. De la necesidad de agotar la facultad de complementación ante cualquier omisión advertida.

Sobre el tópico es menester enfatizar previamente que la omisión de consideración sobre alguna pretensión o extremo alegado, suceso que es reconocido en la doctrina como resolución citra petita, se constituye en un aspecto de forma que tiene por finalidad anular obrados, toda vez que esta atinge estrictamente a la estructura formal de la resolución; sin embargo, la finalidad que persigue esta causal nulidad-, no resulta aplicable de forma directa o inmediata ante la evidencia de la omisión acusada, sino que esta resulta aplicable dentro de los lineamientos exigidos en el Art. 17.III de la Ley N° 025, criterio que se halla en consonancia con el art. 394.I y II del Código de las Familias y del Proceso Familiar, que señalan de manera uniforme que la nulidad de obrados por omisión de consideración sobre algún extremo alegado o pretensión, para que sea procedente debe ser reclamado oportunamente, es decir, si dichos vicios procesales no fueron observados en el momento del saneamiento procesal, serán rechazados.

En ese entendido se concluye que cuando se recurre en casación por la comisión de un vicio procesal como es la falta u omisión de pronunciamiento, previamente a impugnar por este medio, se debe reclamar oportunamente dicha omisión ante los Tribunales inferiores a través de los mecanismos correspondientes a los efectos de suplir la omisión de pretensión, tal como lo determina el art. 394.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar, lo que implica que previamente a recurrir en casación, deberá hacerse uso de la facultad de solicitar complementación y enmienda, que se encuentra establecida en el art. 362.III del mismo cuerpo legal, que de manera clara preceptúa que: “Procederá la enmienda y complementación a solicitud de parte sobre algún concepto oscuro, corrección de cualquier error material o subsanación de omisión en que se hubiere recurrido en las resoluciones mencionadas en el párrafo I del presente Artículo.”. De esta manera se tiene que la falta de pronunciamiento incurrida por los Tribunales de instancia deberá ser reclamada oportunamente, es decir dentro de los plazos establecidos en el art. 363 del citado cuerpo normativo, caso contrario, en aplicación del principio de convalidación, al no utilizar el mecanismo para su corrección complementación y enmienda-, implica una aceptación tácita de la omisión acusada dotando de plena eficacia jurídica lo actuado, precluyendo por simple consecuencia el derecho de reclamar aspectos de nulidad no reclamados en su oportunidad cuando se contaba con los mecanismos que establece la ley.

III.4. De la valoración probatoria.

En el Auto Supremo Nº 37/2017 de 4 de enero, se desarrolló la doctrina respecto a la valoración de la prueba que señala lo siguiente: “José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”. 

Con relación a la valoración de la prueba se indicó en el Auto Supremo N° 240/2015 que : “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

III.5. Sobre el principio de comunidad de la prueba.

Con relación al principio de comunidad de la prueba el Auto Supremo Nº 184/2015 de 11 de marzo, al referirse a los principios generales que rigen a las pruebas judiciales ha señalado que: “…el principio de la unidad de la prueba”, que establece que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y como tal, debe ser examinado y merituado por el Órgano Jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, señalar sus concordancias, discordancias y concluir sobre el convencimiento global que se forme de ellas, es decir; que las pruebas deben ser apreciadas en forma conjunta de acuerdo al valor que les asigna la ley o a las reglas de la sana critica. “Principio de la comunidad de la prueba”, establece que la prueba no pertenece a quien la suministra, es inadmisible pretender que esta favorezca a la parte que la alega al proceso, una vez incorporada legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso al adversario”.

III.6. De la presunción de filiación.

Sobre el caso en particular es pertinente referirnos a lo desarrollado en el Auto Supremo N° 51/2013 de fecha 21 de febrero 2013, donde se estableció que: “…el legislador constituyente, introdujo en el art. 65 de la Constitución Política del Estado del 2009 la presunción de filiación que establece: "En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación". Normativa revolucionaria en derecho de familia, ya que cambia radicalmente el régimen de la filiación de padre y madre…”, este mismo Auto Supremo líneas más adelante complementa “…la presunción legal, es una afirmación de certeza que la ley (o la Constitución) establece, otorgando a un determinado hecho o acontecimiento su aserción por tener el presupuesto para ello; unas no admiten prueba en contrario (juris et de jure), en cambio, otras si admiten prueba en su contra (juris tantum); a esta última, que es el caso, Cabanellas explica: "La que resulta del propio Derecho positivo, la afirmación o conjetura legal que puede ser desvirtuada por prueba en contrario... (sic.)…Este género de presunciones surte efecto mientras no se pruebe su falsedad o inexactitud; ya que la verdad establecida es únicamente provisional. En lo procesal se ésta sencillamente ante una dispensa de la carga de la prueba.". Es así, que su primer efecto es de desplazar la carga de la prueba al contrario, pues la verdad formal presumida deberá ser destruida aportando prueba idónea en contra por quien sostenga otra verdad a la presumida, o sea, se libera de la carga de prueba a quien se ve favorecido con la presunción, siendo obligación desvirtuarla probatoriamente por el otro contendiente; así lo norma el art. 1318 parágrafo IV del Código Civil que prevé "La presunción legal dispensa de toda prueba a la parte a quien aprovecha."; dicha resolución finalmente concluye indicando “…se puede afirmar que la presunción de filiación establecida en el art. 65 de la Constitución Política del Estado, es una presunción legal de tipo constitucional, juris tantum, que admite prueba en contrario; por lo que en proceso, al increpar la sola demanda contra determinada persona, llena el presupuesto de indicar el padre o la madre de a quien se le atribuye la maternidad o paternidad de un niño; por lo que el efecto de la presunción invierte la carga de la prueba al sujeto pasivo, quién está en la obligación de desvirtuar la presunción mediante prueba idónea, si afirma lo contrario; de atención judicial incuestionable por el sometimiento constitucional y la primacía de aplicación que impera conforme dicta el art. 410 parágrafos I y II de la Constitución Política.”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Conforme a los fundamentos expuestos supra, los cuales han de sustentar la presente resolución, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación de la parte actora.

1. Con relación a que el Tribunal de Alzada habría incurrido en falta de fundamentación y motivación, toda vez que no habría realizado mayor aporte de las razones por las cuales habría decidido confirmar la sentencia de primera instancia. Al respecto, y toda vez que lo denunciado deviene en un vicio de forma que atinge netamente a la estructura formal de la resolución, corresponde previamente señalar que para que una resolución sea considerada como debidamente motivada o fundamentada no implica que esta deba contener una exposición ampulosa de consideraciones o citas legales, sino que en su estructura contenga una exposición de forma y fondo, que si bien puede ser concisa, pero si es clara y satisface todos los puntos demandados, este extremo será considerado como perfectamente cumplido.

En ese contexto, y con la finalidad de verificar si lo acusado en este numeral resulta o no evidente, corresponde remitirnos a la resolución recurrida, es decir al Auto de Vista Nº 264/2018 de 23 de octubre que cursa de fs. 165 a 171, del cual se advierte que los jueces de Alzada, después de referirse a los antecedentes procesales y a los hechos que motivan dicha resolución, ya en el Considerando III titulado como “Fundamentación jurídica y motivación de la resolución”, al cual nos remitimos, procedieron a explicar de manera por demás clara y precisa, las razones de hecho y de derecho por las cuales decidieron confirmar la sentencia de primera instancia, lo que implica que la falta de motivación o fundamentación alegada no resulta evidente, máxime cuando la exposición alegada contiene consideraciones concretas y citas de normas constitucionales y legales. Consiguientemente y toda vez que el Tribunal de Alzada si bien  hizo conocer las razones por las cuales confirmó la resolución apelada, el presente reclamo deviene en infundado; sin embargo, si la parte recurrente no estaba de acuerdo con dicha decisión, contrariamente al acusar una omisión o insuficiencia de motivación o fundamentaciónque por lo expuesto supra no es evidente-, debió orientar sus reclamos a cuestionar aspectos de fondo con la finalidad de que se modifique dicha decisión y no errar su reclamo al denunciar aspectos estrictamente formales.

2. Como otro reclamo de forma, la recurrente denuncia la falta de pronunciamiento sobre ciertos aspectos que fueron observados en su recurso apelación como el hecho de cómo es que habría aparecido asentada la partida de nacimiento en el libro de la Oficialía de Registro Civil o porque la misma no llevaría sello, ni firma del oficial de Registro Civil, o como es que la persona que asentó dicha partida sabía que el esposo de la recurrente era el progenitor de la demandada.

Al respecto, y como acontece con todos los reclamos de forma, corresponde previamente constatar si el vicio procesal acusado es, o no evidente, por lo tanto remitiéndonos una vez más a los fundamentos en los cuales se sustenta el Auto de Vista recurrido se observa que los jueces de Alzada en el Considerando III de dicha resolución señalaron, después de realizar una amplia fundamentación de consideraciones sustentada en citas legales como constitucionales y en medios probatorios, señalaron: “No encontrando por ello este tribunal los agravios reclamados por la apelante como la incongruencia en la sentencia reclamada, por cual la juzgadora efectuó la fundamentación del porqué de que si bien se declaró probado que en la partida de nacimiento de María Nela Jiménez Velásquez  no figura la firma del progenitor Francisco Jiménez Calizaya, testigos y del Oficial de Registro Civil; sin embargo, se tiene como no probados que el señor Francisco Jiménez Calizaya no realizó el reconocimiento respecto de su hija María Nela Jiménez Velásquez, como tampoco que no prestó consentimiento alguno a efecto de asignar filiación a favor de María Nela Jiménez Velásquez; por lo que no es suficiente lo probado para determinar la procedencia de la nulidad de la partida de nacimiento correspondiente a la demandada, que en realidad se constituyó en el objeto del proceso y/o problema jurídico del caso de Autos; que al no haber probado la procedencia y viabilidad de la nulidad de la partida de nacimiento primigénea, asentada hace más de 25 años cuando estaba vigente el Código de Familia de 1973, que conlleve la invalidez de la filiación paterna que tiene la demanda desde ello, más aun, (reiteramos) cuando el principal interesado no ejerció ninguna observación o demanda respecto a ello…” (Las negrillas nos pertenecen).

De lo expuesto se colige que la omisión de pronunciamiento denunciado en este numeral no resulta evidente, toda vez que el Tribunal de segunda instancia, para llegar a la conclusión de confirmar la sentencia pronunciada por el Juez A quo, tomó en cuenta todos los reclamos acusados en apelación, principalmente la falta de firmas en la partida de nacimiento objeto de litis de Francisco Jiménez Calizaya, de los testigos y del Oficial de Registro Civil, extremos que fueron considerados como insuficientes para declarar la nulidad del reconocimiento que se efectuó en favor de María Nela Jiménez Velásquez. Sin embargo, al margen de lo ya expuesto es menester señalar que si los fundamentos expuestos en el considerando III del Auto de Vista no resultan suficientes, la recurrente con la finalidad de enmendar o subsanar cualquier omisión advertida en el Auto de Vista, dentro del plazo establecido en el art. 363 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, podía haber hecho uso de la facultad de solicitar la complementación respectiva, tal como lo establece el art. 362.III del citado cuerpo normativo, toda vez que la nulidad de obrados solo procede ante vicios procesales reclamados oportunamente, tal como se desarrolló en el punto III.3 de la doctrina aplicable al caso de autos.

3. Como siguiente reclamo aduce que el Tribunal de Alzada habría denegado el derecho de acceso a la justicia, seguridad jurídica y debido proceso, pues el presente caso no se adecuaría a ninguna de las formas de filiación, ni del anterior Código de Familia, ni del actual, pues este no habría sido realizado por voluntad conjunta de los progenitores y menos por resolución judicial, al contrario habría sido asentada por una persona completamente extraña.

En virtud a lo acusado en el presente numeral, y conforme a la revisión de la sentencia de primera instancia como del Auto de Vista recurrido que confirmó dicha resolución, corresponde aclarar previamente, que los jueces de instancia decidieron denegar la pretensión demandada, porque la falta de firmas de Francisco Jiménez Calizaya, de los testigos y del Oficial de Registro Civil en la partida de nacimiento de María Nela Jiménez Velásquez resultaba insuficiente para declarar la nulidad de dicho documento, esto en razón a que la legislación familiar anterior, vigente al momento del asentamiento de la partida de reconocimiento, preveía entre las formas en que se podía reconocer a un hijo al reconocimiento implícito, por lo que lo demostrado por la parte actora no sería motivo suficiente para afectar la filiación paterna de la demandada que tiene desde que era una niña.

Bajo ese entendimiento, y ya abocándonos al extremo reclamado en casación se tiene  que el anterior Código de Familia, si bien establecía entre las formas de reconocimiento de hijos de padre y madre no casados entre sí, a la forma expresa (art. 195), donde señalaba que esta podía hacerse de las siguientes maneras: 1) En la partida de nacimiento del registrador o en el libro parroquial, ante el oficial o el párroco, respectivamente, con la asistencia de dos testigos, ya sea en el momento de la inscripción o en cualquier otro tiempo; 2)  En instrumento público o testamento así como en declaración formulada ante Juez de Familia; y 3) En documento privado reconocido y otorgado ante dos testigos; casos a los cuales si bien no se adecua el reconocimiento realizado por Francisco Jiménez Calizaya, no obstante, no se puede ignorar, como correctamente lo señalaron los jueces de instancia, que el reconocimiento expreso no se constituía en ese entonces, ni se constituye ahora, como la única forma de reconocer a los hijos para efectos de filiación.

De estas precisiones, y ya en el caso de Autos, se tiene que si bien en la partida de nacimiento de la demandada María Nela Jiménez Velásquez, cuyo asentamiento data de fecha 6 de julio de 1988, no se encuentran consignadas las firmas ni las impresiones digitales de Francisco Jiménez Calizaya como progenitor, ni de los testigos y tampoco del Oficial de Registro Civil a cargo; sin embargo, no menos cierto es que en dicha partida se encuentra consignado nominativamente como progenitor y compareciente a Francisco Jiménez Calizaya, extremo que hace presumir su comparecencia en dicho acto, operando de esta manera el ya expuesto reconocimiento tácito, tal como lo aseveró el SERECI Chuquisaca a través de la certificación de fecha 30 de noviembre de 2017 que fue remitida a la juez de primera instancia y que cursa a fs. 55 y vta. de obrados, donde además se informó que dicha partida, que tendría una vigencia mayor a 29 años, habría quedado consolidada con los datos allí consignados, debido a la existencia de trámites administrativos de la gestión 2006 y 2015. De esta manera, lo acusado por la recurrente de que la forma de reconocimiento que señalaron los jueces de instancia no se adecuaría a ninguna de las formas de filiación ni del anterior Código de Familia, ni del actual, resulta infundado, pues la demandante simplemente se limitó a demostrar la ausencia de requisitos formales que se debe cumplir al momento de reconocer expresamente a un hijo, cuando en realidad, al no ser esa forma de reconocimiento la única que establece la normativa familiar vigente al momento del reconocimiento, ésta la recurrente-, para que se dé curso a su pretensión de nulidad de partida de nacimiento, debió desvirtuar con prueba suficiente, todas las formas de reconocimiento por las cuales Francisco Jiménez Calizaya pudo haber otorgado filiación a la demandada María Nela Jiménez Velásquez y no limitarse a alegar, sin prueba alguna, que una persona totalmente extraña al Oficial de Registro Civil y a Francisco Jiménez Calizaya hubiera realizado el asentamiento de la partida de nacimiento.

Sin perjuicio de lo ya expuesto, corresponde señalar que independientemente de que en el caso de autos no hubiese otorgado Francisco Jiménez Calizaya su consentimiento expreso para reconocer como hija a la demandada, sin embargo, no se puede ignorar que, dada nuestra realidad social y cultural, las partidas de nacimiento eran inscritas únicamente por un progenitor, consignándose a simple enunciación el nombre del otro, sin que haya sido necesaria su concurrencia a dicho acto, realidad material que fue reconocida por el art. 65 de la actual Constitución Política del Estado y por el art. 15 del actual Código de las Familias y del Proceso Familiar-Ley Nº 603, normativas que, precautelando el derecho a la identidad del cual goza todo ser humano, reconocieron la figura de la filiación por indicación, estableciendo en ese sentido que la madre o el padre puede realizar el registro de filiación  de su hija o hijo, por simple indicación de la maternidad o paternidad del otro progenitor, el cual debe ser plenamente identificado, situación que acontece cuando este no realiza voluntariamente o porque se encuentre impedido o imposibilitado de hacerlo. De esta manera, la presunción de filiación será considerada como válida, salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación, razón por la cual, el primer efecto que genera esta forma de filiación (por indicación), es el de desplazar la carga de la prueba al contrario, toda vez que la verdad formal presumida deberá ser destruida aportando prueba idónea en contra por quien sostenga otra verdad a la presumida, o sea, se libera de la carga de prueba a quien se ve favorecido con la presunción de filiación, siendo obligación desvirtuarla probatoriamente por el otro contendiente; por lo tanto, la voluntad conjunta de los progenitores, a la cual se refiere la recurrente, no se constituye en una exigencia para otorgar validez al registro de filiación de la demandada, máxime cuando ya se dijo supra, no existe prueba de cargo que niegue la filiación  de la parte demandada, por lo que la violación e interpretación errónea de los arts. 13.II, 14.I.II y art. 420 del Código de las Familias, art. 180.I de la C.P.E. con relación a los arts. 218. III, 220 inc. c) y e), art. 65 de la C.P.E., arts. 14 y 20 de la Ley N° 603 y art. 1526 del Código Civil, no resultan evidentes.

4. Con relación a que el Tribunal de Alzada debió aplicar los principios que rigen la materia familiar en base al principio de verdad material y a la prueba documentada a fs. 36 y 55 en el que se señalaría que Francisco Jiménez Calizaya no reconoció expresamente a la demandada y que menos compareció a suscribir la partida de nacimiento, como tampoco habría existido la voluntad de reconocer,  por lo que no se podría establecer la filiación sin la existencia o comparecencia del obligado y del Oficial de Registro Civil, tal cual prevé los arts. 13, 17, 19, 29, 30, 32 y 40 de la Ley del Registro Civil.

Conforme a lo acusado en el presente numeral, empezaremos señalando que el razonamiento del Tribunal de Alzada plasmado en el Auto de Vista ahora recurrido donde se confirmó la sentencia de primera instancia, fue efectuado conforme a la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad, los principios y valores del derecho de familia; aspectos que permitieron inferir a dichas autoridades que las observaciones realizadas por la parte actora sobre la partida de nacimiento de la demandada no se constituyen en motivo suficiente para afectar la filiación de ésta, por cuanto existen otras maneras de reconocimiento como la implícita.

Continuando, debemos señalar que la decisión de los jueces de instancia, además de los principios de familia en los cuales se sustentó, se encuentra plenamente respaldada en la certificación emitida por el SERECI Chuquisaca que cursa a fs. 36 y 55 y vta., donde si bien se advierte la tantas veces citada falta de firmas de Francisco Jiménez Calizaya, de los testigos y del Oficial de Registro Civil en la partida de nacimiento de María Nela Jiménez Velásquez, empero este hecho, como correctamente lo señalaron los jueces de instancia, no se constituye en prueba suficiente para declarar la nulidad de dicha partida, toda vez que el ordenamiento familiar que se encontraba vigente en el momento del asentamiento de dicha partida, además del reconocimiento expreso también regulaba otras formas de reconocimiento, por lo tanto el hecho de que las certificaciones a fs. 36 y 55 emitidas por el SERECI Chuquisaca no demuestren que el reconocimiento asentado en la referida partida de nacimiento haya sido realizado de forma expresa, como ya se dijo supra, no implica que Francisco Jiménez Calizaya no haya comparecido o que no haya expresado su voluntad de reconocer a la demandada, ya que al estar consignado nominativamente como progenitor y compareciente se presume su asistencia, por lo tanto la vulneración de los arts. 13, 17, 19, 29, 30, 32 y 40 de la Ley del Registro Civil, no resultan evidentes en virtud precisamente a las distintas formas de reconocimiento de hijos que existen, entre ellos la filiación por indicación que se encuentra consagrada en nuestra norma suprema.

5. Respecto al hecho de que el Tribunal de Alzada, caería en una total contradicción e incongruencia en cuanto a la valoración de los hechos probados y no probados, pues no habrían revisado si la Juez A quo valoró correctamente la prueba documental a fs. 36 y 55, pues solo se habría limitado a señalar que no sería suficiente para declarar la nulidad porque se afectaría una filiación de más de 29 años.

Sobre el particular debemos señalar que el Tribunal de segunda instancia, para arribar a la conclusión de que las certificaciones emitidas por el SERECI Chuquisaca que cursan a fs. 36, 55 y vta., no serían prueba suficiente para determinar la nulidad de la partida de nacimiento de María Nela Jiménez Velásquez, analizaron no solo el contenido o lo aseverado en dichos medios probatorios, sino que también contrastaron dicha información con principios que rigen el derecho de Familia, normas constitucionales y legales, como lo estipulado en el anterior Código de Familia que se encontraba vigente al momento del asentamiento de la citada Partida, extremos que permitieron inferir que el reconocimiento expreso al cual hace alusión la recurrente no era ni es el único medio de establecer la filiación de los hijos. De esta manera, lo acusado en este punto de que el Tribunal de Alzada solo se habría limitado a señalar que la prueba documental de fs. 36 y 55,  no sería prueba suficiente para declarar la nulidad de la partida de nacimiento, no resulta evidente, pues si nos remitimos a los fundamentos ampliamente expuestos en el Considerando III del Auto de Vista, se colige que los Vocales suscriptores de dicha resolución expusieron de manera extensa y entendible las razones por las cuales compartían la decisión asumida en primera instancia.

6. Continuando con los reclamos expuestos en casación corresponde referirnos a la denuncia de que el Tribunal Ad quem no habría referido en base a que medio probatorio o cual la razón determinante para mantener improbada la pretensión.

Previamente a considerar este reclamo, debemos señalar que el art. 328 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, de manera clara estipula que la carga de la prueba corresponde a las partes procesales conforme a sus alegaciones; bajo esa premisa, la demandante Severina Peñaranda Torres Vda. de Jiménez, con la finalidad de acreditar los extremos alegados en su demanda y que estos se constituyen en causa suficiente para declarar la nulidad de la partida de nacimiento de María Nela Jiménez Velásquez, debió valerse de todos los medios probatorios para demostrar que Francisco Jiménez Calizaya no reconoció expresa, ni implícitamente y menos por indicación, a la demandada, y no limitarse a señalar que por el solo hecho de no estar consignada la firma de Francisco Jiménez Calizaya, este no haya comparecido o no haya expresado su voluntad de reconocer como hija a la demandada, pues como se señaló tantas veces  a lo largo de la presente resolución, la forma expresa no es la única manera por la cual se pueda reconocer a un hijo, tal y como lo señalaron los jueces de Alzada al momento de pronunciar el Auto de Vista, siendo esta la razón determinante para no acoger favorablemente la pretensión demandada, pues quien niega la filiación o pretende en este caso, declarar la nulidad de la partida de reconocimiento con la cual se afectaría la filiación de la demandada, tiene la obligación de demostrar con prueba idónea y legal, que no operó el reconocimiento por ninguna de las formas de filiación, por lo que el presente reclamo deviene en infundado, pues el tribunal de segunda instancia, a lo largo de su fundamentación explicó que esa era la razón por la cual se confirmaba la sentencia emitida por la juez A quo.

7. En este numeral, la recurrente denuncia que la prueba documental a fs. 36 y 55 no habría sido valorada conforme al valor que les otorga el art. 332 del C.F., pues se habría manteniendo la validez de la partida de nacimiento en franca transgresión del principio de verdad material.

Al respecto, y toda vez que el presente reclamo es reiterativo, amerita una vez más aclarar a la recurrente, que si bien las certificaciones emitidas por el SERECI Chuquisaca que cursan a fs. 36 y 55 de obrados, señalan que en la partida de nacimiento de la demandada no se encuentran consignadas las firmas de Francisco Jiménez Calizaya, de los testigos, ni del Oficial de Registro Civil, extremos que en ningún momento fueron negados por los jueces de instancia; empero, precisamente en virtud a los principios que rigen la materia familiar es que no se puede pasar por alto que el reconocimiento expreso donde debería constar las firmas de dichos sujetos para su plena validez, no es la única forma en que un padre puede reconocer a un hijo, toda vez que al momento del asentamiento de dicha partida que data de 1988, debido a la realidad cultural, ya se procedía a realizar el registro de la filiación por simple indicación del otro progenitor, que es lo que habría acontecido en el caso de Autos, pues al haberse consignado nominativamente como progenitor y compareciente a Francisco Jiménez Calizaya, se presume su comparecencia en dicho acto, operando en consecuencia el reconocimiento tácito o por indicación.

8. En este apartado, la recurrente reitera que al haber confirmado los jueces de Alzada  la sentencia de primera instancia, se mantendría vigente la contradicción advertida en dicha resolución pues la juez A quo pese haber señalado que se encontraría demostrado que en la partida de nacimiento objeto de litis no figuraría la firma del progenitor como tampoco del Oficial de Registro Civil, ni de los testigos, empero en el acápite referido a los hechos no probados, se sostendría que el esposo de la recurrente no realizó y tampoco prestó reconocimiento.

En vista de que el presente reclamo, ya fue considerado en varias oportunidades en el presente considerando, con la finalidad de evitar reiteraciones innecesarias, corresponde remitirnos a los fundamentos ya expuestos en los numerales 3, 5, 6 y 7 del presente considerando, donde se explicó de manera clara y precisas las razones por las cuales las observaciones advertidas por la parte actora no se pueden constituir en causal de nulidad en la partida de nacimiento de la parte demandada.

9. En este último inciso la recurrente reitera que el Tribunal de Alzada habría omitido su deber de motivar y fundamentar debidamente el Auto de Vista, sin embargo, este aspecto, conforme se desprende de los fundamentos expuestos en el numeral 1 del presente apartado, ya fueron objeto de análisis y consideración por este Tribunal Supremo de Justicia, donde se concluyó que dicha denuncia no era evidente, por lo que corresponde remitirnos a dichos fundamentos.

De igual forma debemos reiterar que los jueces de instancia tampoco incurrieron en errónea valoración de prueba, toda vez que las documentales de fs. 36 y 55, como la prueba testifical de cargo y la confesión judicial, al margen de no acreditar que el reconocimiento habría sido realizado por una persona extraña o que Francisco Jiménez Calizaya no habría otorgado su consentimiento para reconocer como hija a la demandada, en obrados no cursa medio probatorio alguno que descarte que el reconocimiento realizado en dicha partida no haya sido de forma implícita o tácita, por lo que mal podría pretender la recurrente que se modifique el fondo de la decisión asumida, cuando las razones expuestas en su demanda, como ya se explicó varías veces, no se constituye en prueba suficiente para disponer la nulidad de la citada partida.

Por lo expuesto, y toda vez que los extremos acusados en el recurso de casación no resultan evidentes, ni fundados, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 173 a 182 vta., interpuesto por Severina Peñaranda Torres Vda. de Jiménez, contra el Auto de Vista SFNA Nº 264/2018 de fecha 23 de octubre, cursante de fs. 165 a 171, pronunciado por la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Sin con costas ni costos por no existir respuesta al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berríos Albizu