TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                       S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 452/2019        

Fecha: 02 de mayo de 2019

Expediente: CH-74-18-S.

Partes: María Maciel Guzmán Núñez c/ Hugo Francisco Martínez Pastor.  

Proceso: Cumplimiento de contrato más pago de daños y perjuicios.                                      

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 264 a 268, contra el Auto de Vista N° 250/2018 de 18 de septiembre (260 a 262), pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso seguido por la recurrente contra Hugo Francisco Martínez Pastor, el Auto de concesión de fs. 275, el Auto Supremo de admisión N° 1127/2018-RA de fs. 279 a 281 y lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. María Maciel Guzmán Núñez,  con memorial cursante de fs. 39 a  42,  interpuso demanda  de cumplimiento de contrato más pago de daños y perjuicios, contra Hugo Francisco Martínez Pastor quien repelió y reconvino la declaratoria de la sustitución del contrato anticrético contenido en la Escritura Pública N° 1662/2011, por el contrato inserto en la Escritura Pública N° 3688/2012, desocupación y entrega del garzonier, cancelación de gravámenes más lucro cesante y daño emergente, trámite principal que culminó con la Sentencia N°  87/2018 de 20 de junio,  cursante de fs. 234 vta., a 237 vta., que declaró PROBADA en parte la demanda principal y PROBADA en parte la demanda  reconvencional.

2. Ante la insatisfacción con la determinación del decisor el sujeto activo    apeló, motivando la emisión del Auto de Vista N° 250/2018 de 19 de septiembre, por el que confirmó la sentencia, con el fundamento principal siguiente:¨…el primer contrato de anticresis celebrado es de fecha 21 de  octubre de 2011 donde estableció un capital correspondiente al anticresis de $us. 6.000, posteriormente, el 5 de diciembre de 2012 se celebró el otro contrato de anticresis, es decir cerca de un año y dos meses después, en el que el capital de anticresis se establece en $us.10.000; ambos contratos referidos al mismo ambiente de la calle Junin. Podemos presumir de este antecedente que el capital de anticresis de $us. 6.000, con la ocurrencia de los nuevos propietarios, subió a $us. 10.000 y que no se hubo establecido en la suma de $us. 16.000.(…)¨, resulta inexplicable que un ambiente que en principio se otorgó en calidad de anticrético en la suma de $us. 6.000 haya incrementado en su valor a $us. 16.000,¨, entendiendo que se produjo la novación.

En ese contexto histórico procesal se analiza el recurso de casación:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y LA CONTESTACIÓN

Del recurso de casación se extraen los agravios siguientes:

II.1. Del recurso de casación en la forma.

1. Acusó errónea aplicación del art. 265.III del Código Procesal Civil y la transgresión del debido proceso en su vertiente falta de fundamentación y motivación de la sentencia sobre el instituto de la novación objetiva y subjetiva, deficiencia reconocida por los vocales; no obstante, la confirmaron, así como la falta de valoración de las pruebas.

2. Denunció errónea aplicación del art. 265 del Código Procesal Civil, por cuanto, considera que el Tribunal de segunda instancia no tiene competencia o potestad para suplir la fundamentación y motivación extrañada en la sentencia, además sostiene que no puede existir dos competencias para una misma situación de fondo, por lo que entiende la conculcación a los principios del debido proceso, inmediación, el derecho a la defensa e impugnación y los arts. 56.1 de la Ley de Organización Judicial, 115, 117, 119, 122 y 180.II de la Constitución Política del Estado.

3. Acusó que especificó la prueba omitida, precisando la falta de valoración de la misma consistente en el recibo de 17 de agosto de 2017, la cual el juez de la causa no la tomó en cuenta, cuando de acuerdo a los arts. 145 y 213.II del Código de Procedimiento Civil, tenía la obligación de valorar en forma individual y conjunta, pero que los vocales nuevamente suplieron indebidamente incorporando el art. 148.II para darle validez a dicho documento.

Añadió que no existió omisión total de fundamentación y valoración de las pruebas, por lo que consideró vulnerados los arts. 105, 106 y   265.III del Código Procesal Civil, ameritando la nulidad según lo previsto en el art. 213.II num. 3) del Código Procesal Civil.

II.2. Respuesta al recurso de casación.

El demandante respondió manifestando en lo principal que el recurso carece de fundamentación, primero, porque no precisó si el reclamo deviene en la forma o en el fondo. Segundo, no hizo referencia a la transgresión, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, tampoco a la mala apreciación de la prueba, por lo que impetra la improcedencia del recurso o alternativamente se infunde.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. El objeto del recurso de apelación y la potestad del Tribunal superior.

De acuerdo al art. 256 del Código Procesal Civil, la apelación es el recurso ordinario que tiene por objeto a) modificar, b) revocar, c) dejar sin efecto o anular.

Por su parte el art. 265 del Código Procesal Civil prescribe: ¨I El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación. II No podrá modificar el contenido de la resolución impugnada en perjuicio de la parte apelante, salvo que la contraparte hubiere apelado en forma principal o se hubiere adherido.III Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que en los agravios se hubiere reclamado pronunciamiento sobre tales agravios.¨.

A su turno el art. 218.III del Código de rito antedicho estipula: ¨Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.¨

La doctrina, específicamente Víctor de Santo en su libro: EL PROCESO CIVIL, Editorial Universidad, Buenos Aires, edición 1987, pág., 302, sobre los poderes jurisdiccionales en segunda instancia escribió:¨ Se precisó, en este sentido, que el Tribunal de alzada no está limitado en su razonamiento por los argumentos  tanto de la recurrente como de la contestaría de aquéllos, agregándose que si bien el Tribunal Ad quem está limitado  a los puntos objetados , a los fines de la solución de los mismos  tiene la más amplia facultad en la misma extensión que le cabria  al a quo y por ello puede, sin afectar el derecho de las partes, utilizar distintos fundamentos que los invocados por las partes  y por el juez de primera instancia,…¨.

Continuando Roberto G. Loutayf Ranea en su libro: El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, Edición 1989, pág. 57, sobre la temática sostuvó: ¨Los recursos ordinarios son aquellos que se dan con cierto carácter de normalidad dentro del ordenamiento procesal. Y por tal circunstancia, por un lado, no se exigen motivos específicos para su interpretación y admisión; y por el otro, los poderes jurisdiccionales del Tribunal Ad quem no están limitados, sino que este Tribunal tiene la misma amplitud para conocer lo que es materia de recurso que la que tenía el juez  a quo para conocer del mismo asunto en primera instancia.¨

¨Son ¨ordinarios¨, dice Palacio, aquellos recursos ¨que la ley prevé con el objeto de reparar, genéricamente, la extensa gama de defectos que pueden exhibir las resoluciones judiciales, y que fundamentalmente consisten en errores de juzgamiento derivados de una desacertada aplicación de la ley  o de la valoración de la prueba (errores in iudicando), o en vicios producidos por la inobservancia de los requisitos procesales que condicionan la validez de la correspondiente resolución, y en irregularidades concernientes  al procedimiento  que precedió a su dictado (errores in procedendo); correlativamente, agrega  Palacio, ¨la medida del conocimiento acordado al órgano competente para resolver este tipo de recursos coincide con la que corresponde al órgano que dictó la resolución impugnada¨,…¨.

De lo anotado se tiene, por una parte, que uno de los objetos de la apelación es modificar, lo que importa que el Auto de Vista puede ampliar, cambiar los argumentos de la sentencia. Por otra parte, debe decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia. Finalmente, la sentencia imperfecta de citra o ultra petita no da lugar a la nulidad sino a un pronunciamiento en el fondo.

En suma, en alzada puede efectuarse los cambios o ampliaciones útiles orientados a responder o satisfacer el escrito de agravios, inclusive llenar el vacío y el silencio absoluto del juez sobre algún punto de la petición.

III.2. La nulidad de obrados es de última razón.

El Tribunal Supremo de Justicia en distintos fallos señal{o que la nulidad de obrados solo es posible cuando no existe otro camino, constituyendo el último fundamento para reparar el agravio y que preferentemente debe inclinarse por resolver  la cuestión de fondo, así por ejemplo en el Auto Supremo N° 06/2015 de 8 de enero,  razonó lo siguiente:  ¨La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil),establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación,  preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando a un lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales por más de tres décadas con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias que solo ocasionó retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente.¨.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. Acusó la errónea aplicación del art. 265.III del Código Procesal Civil y la transgresión del debido proceso en su vertiente falta de fundamentación y motivación de la sentencia sobre el instituto de la novación objetiva y subjetiva, deficiencia reconocida por los Vocales; no obstante, la confirmaron, así como la falta de valoración de las pruebas.

En la sentencia concretamente a fs. 236 y 237, respecto a la cuestión de fondo señaló: ¨mediante la Escritura Pública Nro. 174/2012, los esposos Villa Meneses venden el inmueble ubicado en la calle Junín Nro. 753 en favor de Felix Pastor Muruchi, Juan Pablo Martínez Pastor y Hugo Francisco Martínez Pastor, reconociendo los compradores la existencia de gravámenes de anticréticos inscritos en Derechos Reales (…) haciéndose constar en el numeral 9) de la cláusula cuarta la obligación a favor de la demandante por la suma de 6.000 $us.- , conforme se evidencia de la prueba documental cursante a fs. 80-84 de obrados. Asimismo a través de la escritura Nro. 3688/2012 de fecha 5 de diciembre de 2012 el demandado Hugo Francisco Martínez Pastor, como nuevo copropietario del inmueble efectúa un contrato anticrético con la demandante por el mismo garzonier por la suma de 10.000 $us.-, resultando que el primer contrato de anticretico por la suma de 6.000 $us.- ha sido sustituido por el segundo contrato anticrético, pues se trata del mismo garzonier, no habiéndose hecho ninguna referencia en el segundo contrato de que el capital anticrético total era de 16.000 $us.- como afirma la demandante, hecho que es corroborado por el recibo de fs. 29 de obrados suscrito por la demandante Maria Maciel Guzman Nuñez de fecha 26 de agosto de 2016 en el que reconoce que el saldo pendiente de devolución  es la suma de 3.000 $us.-, no de 9.000 $us.- como pretende en la presente demanda, concluyéndose por ello que el capital anticrético en total solo ha sido  de 10.000 $us.-, habiéndose aumentado la suma de 4.000 $us.-  al capital inicial de 6.000 $us.- conforme se tiene de la confesión provocada  a la que fue deferido el demandado Hugo Francisco Martínez Pastor cursante  a fs. 205 de obrados  y de la valoración de la prueba documental adjunta a la demanda, estando acreditada la novación del primer contrato anticrético por el segundo contrato anticrético suscrito entre partes de conformidad a lo previsto por los Arts. 352 y 357 del Código Civil.¨ Sic.

De cuya cita se establece que la interprete judicial explicó nítidamente la sustitución del primer contrato por el segundo; es decir, motivó y fundamentó suficientemente las razones de la novación y por ello consideró que no procede la devolución de $us.9.000, sino simplemente $us. 3.000. Ahora que los vocales hayan considerado que no se motivó y fundamentó no es cierto, y la ampliación efectuada a dicha fundamentación ratifica la plasmación de la novación razón por la cual la confirmaron.

Ahora bien, de acuerdo al art. 265.III del Código Procesal Civil, el Tribunal Ad quem tiene inclusive facultad para decidir sobre puntos ignorados por completo en la sentencia; consecuentemente, al haber ampliado los fundamentos de la novación no actuó arbitrariamente por el contrario dieron respuesta al agravio y con ello cumplieron con lo previsto en el los arts. 218.III y 265.I del Código Procesal Civil. Por lo que el reclamo no es evidente.

2. Denunció errónea aplicación del art. 265 del Código Procesal Civil, por cuanto considera que el Tribunal de segunda instancia no tuviera competencia o potestad para suplir la fundamentación y motivación extrañada en la sentencia, además sostuvo que no puede existir dos competencias para una misma situación de fondo, por lo que entiende la conculcación a los principios del debido proceso, inmediación, el derecho a la defensa e impugnación y los arts. 56.1 de la Ley de Organización Judicial, 115, 117, 119, 122 y 180.II de la Constitución Política del Estado, mereciendo la nulidad.

Como se precisó en el primer punto, en realidad no hubo un remedio a una deficiencia argumentativa, sino más bien una ampliación ya que comparando dichos fundamentos se advierte en esencia que ambas son coincidentes.

Ante la interposición del recurso de apelación en el efecto suspensivo, salvo los casos de improcedencia de la apelación, necesariamente se abre la competencia  del Tribunal de segunda instancia para  fiscalizar  la  sentencia y por ende el proceso, máxime cuando la parte recurrente cuestionó la carencia de motivación y argumentación, en ese escenario el Tribunal de segunda instancia por mandato del art. 265.I del Código Procesal Civil, estaba obligado a brindar una respuesta y precisamente así aconteció. Téngase en cuenta que para corregir errores no existe otro camino que examinar lo obrado.  El reclamo es falaz.

3. Acusó que no es cierto que no hubo especificado la prueba omitida porque  de manera precisa reclamó la falta de valoración de la prueba consistente en el recibo de 17 de agosto de 2017, misma que el juez de la causa no tuvo en cuenta, cuando de acuerdo a los arts. 145 y 213.II  del Código de Procedimiento Civil, tenía la obligación de valorar en forma individual y conjunta, pero que los vocales nuevamente suplieron indebidamente incorporando el art. 148.II para darle validez a dicho documento.

Añadió que existe omisión total de fundamentación y valoración de las pruebas, por lo que considera vulnerados los arts. 105, 106 y 265.III del Código Procesal Civil, ameritando la nulidad según lo previsto en el art. 213.II num. 3) del Código Procesal Civil.

Primero. La recurrente a tiempo de apelar en el punto tres dijo: ¨Efectivamente de la revisión y lectura de la Sentencia encontramos que, en ninguna parte de la misma se hace una valoración de todos los elementos probatorios introducidos válidamente al proceso, ¨ de cuya cita queda claro que el reclamo es general, porque no precisó la prueba omitida de valoración, siendo así resulta cierto el argumento de segunda instancia.

Segundo. No es verdad que la jueza no tuvo en cuenta el recibo de 17 de agosto de 2017 cursante a fs. 29 del expediente, al contrario dicha pieza probatoria fue una de las razones conducentes para concluir en la novación, al señalar: ¨…como afirma la demandante, hecho que es corroborado por el recibo de fs. 29 de obrados suscrito por la demandante María Maciel Guzmán Núñez de fecha 26 de agosto de 2016 en el que reconoce que el saldo pendiente de devolución  es la suma de 3.000 $us.-, no de 9.000 $us.- como pretende en la presente demanda, concluyéndose por ello que el capital anticrético en total solo ha sido  de 10.000 $us

Tercero. Según los arts. 271 y 274 del Código Procesal Civil, el recurrente tiene la obligación de precisar la prueba omitida de valoración o fundamentación, siendo así el reclamo general e impreciso no se ajusta a dicho precepto legal, máxime cuando líneas arriba se indicó que hubo valoración a pruebas cuestionadas, lo que hace necesario precisar la prueba supuestamente omitida. Los reclamos no tienen sustento legal.  

POR TANTO: El Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación que cursa de fs. 264 a 268, contra el Auto de Vista N° 250/2018 de 19 de septiembre, saliente de fs. 260 a 262, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional para el abogado que respondió el recurso en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase. 

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.