TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 441/2019        

Fecha: 30 de abril de 2019

Expediente: SC-151-18-S.

Partes: Nicolás Sciaroni Viera c/ Ignacia Alba Vaca y otro.  

Proceso: Reivindicación y acción negatoria.                                      

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 347 a 352 vta., interpuesto por Ignacia Alba Vaca y David Pantoja Góngora contra el Auto de Vista N° 120/2018 de 7 de agosto, saliente de fs. 336 a 337 vta., pronunciado por la Sala Cuarta Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro el proceso civil doble de reivindicación y usucapión seguido por Nicolás Sciaroni Viera contra los recurrentes, el Auto de concesión de fs. 364, Auto Supremo de admisión N° 1211/2018-RA de 11 de diciembre cursante de fs. 369 a 370 vta., y lo inherente:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Nicolás Sciaroni Viera con memorial cursante de fs. 16 a 17 vta., interpuso demanda de reivindicación y acción negatoria, contra Ignacia Alba Vaca y David Pantoja Góngora, quienes repelieron y reconvinieron de usucapión decenal (fs. 90 a 95 vta.), trámite que culminó con la Sentencia N° 36/17 de 6 de noviembre, que declaró PROBADA la demanda e improbada la demanda reconvencional.

2. Ante su insatisfacción con dicho fallo los demandados apelaron, motivando la emisión del Auto de Vista N° 120/2018 de 7 de agosto, por el que se REVOCÓ parcialmente la sentencia, añadiendo que en ejecución de esta se proceda a la tasación pericial de las mejoras útiles  y necesarias efectuadas por los demandados, con el fundamento principal: por una parte, que el derecho propietario del demandante se halla demostrado y registrado en la oficina pública siendo suficiente para la reivindicación, por otra parte, en relación con la pretensión reconvencional resulta inadmisible contra el propietario, porque el demandado recién obtuvo el derecho propietario del Municipio el año 2016 y la demanda data del año 2017, añadió que las mejoras y la instalación de los servicios básicos lo habrían efectuado dos años antes a la demanda.

En ese contexto histórico procesal se analiza el recurso de casación.   

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y CONTESTACIÓN

II.1. Del recurso de casación en la forma.

En la modalidad de forma traen como agravio lo siguiente:

1. Que el Auto de Vista omitió e infringió los arts. 119 de la Constitución Política del Estado, 5, 134, 145.I y 265 del Código Procesal Civil, por cuanto, no habrían dado respuesta a todos los agravios en particular al reclamo relativo a la prueba ilegalmente excluida por el intérprete judicial y por ello, tampoco la valoraron.

2. Cuestionó el Auto de Vista manifestando que es incongruente y contradictorio, porque, que se alejó del escrito de agravios y carecería de fundamentación y motivación, ya que solo habría hecho referencia al derecho propietario y su registro, la posesión civil, y que la usucapión pretendida sería inadmisible, proceder con el que se habría infringido los arts. 265 del Código Procesal Civil.  

II.2. Del recurso de casación en el fondo.

1. Refirió que no se aplicó el principio de verdad material, porque no consideraron los hechos y afirmaciones descritas en la demanda, mismas que constituyen una confesión judicial espontánea, y por ello no se requeriría prueba, máxime cuando a fs. 13 de obrados cursa el documento de compra-venta de posesión, suscrita entre Valeriano Alba Vaca y Nicolas Sciaroni Viera, en el que refiere que el comprador tomó posesión del inmueble, por lo que se habría infringido el art. 137 del Código Procesal Civil.

II.3. Contestación al recurso de casación.

El demandante respondió al recurso de casación manifestando que el Auto de Vista resolvió en el marco de los agravios planteados, y que, si consideraba que la resolución de alzada le provocaba algún agravio, debió cuestionarlo en la modalidad de forma y enmarcar la relevancia para dar un giro diferente a la decisión del juez, pero no se advierte reclamo alguno relevante.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. La trascendencia como presupuesto de la nulidad de obrados.

En el Auto Supremo N° 06/2015 de 08 de enero, se razonó lo siguiente: “La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil), establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como: principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación,  preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia…”.

¨En esa línea en el Auto Supremo N° 212/2016 de 11 de marzo entre otros, se señaló: “… el espíritu del Art. 17 de la Ley N° 025 que refiere de manera categórica en su p. III “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; verificando la incidencia que puedan tener en el debido proceso, es decir la trascendencia que puedan revestir, con la clara connotación de que no pueden ser consideradas ni declaradas de oficio, ya que al revestir interés particular, es a esa parte que le corresponde reclamar la presunta vulneración de algún derecho, en caso de no hacerlo, estará convalidando ese error, consecuentemente el Tribunal correspondiente no está autorizado para ingresar a revisar de oficio, es decir, está impedido el juzgador declarar la nulidad de oficio si ésta ha sido consentida.¨

¨En referencia a las nulidades específicas, si bien es cierto que por disposición de la norma están señaladas las nulidades que de oficio podrían declarar los Jueces, en sujeción a lo previsto en el art. 106 del Código Procesal Civil, no significa que por ello deban ingresar a anular de manera indefectible, sino habrá que considerar la trascendencia que reviste el acto considerado nulo, que tenga incidencia en el debido proceso y el derecho a la defensa, considerándose que no hay nulidades absolutas que indefectiblemente deban ser sancionados con nulidad.¨

¨Lo anterior conlleva a decir que en el tratamiento de las nulidades procesales, debe tenerse en cuenta como ha señalado este Supremo Tribunal en reiteradas resoluciones, siguiendo el criterio doctrinal así como jurisprudencial que no se trata de un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades. Precisamente por ello es necesario verificar a tiempo de emitir un fallo, principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad…”

III.2. La procedencia de la reivindicación.

En el Auto Supremo N° 129/2016 de 5 de febrero, sobre la reivindicación y la pérdida de la posesión apuntó: ¨Resulta, también pertinente señalar que para la procedencia de la acción de reivindicación, debe cumplirse necesariamente con tres requisitos, que son: 1. Que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar; 2. Que esté privado o destituido de ésta, y 3. Que la cosa se halle plenamente identificada; exigencias estas que necesariamente deben concurrir para hacer viable la pretensión, pues la falta de una de estas ocasionará que el mismo no sea acogido favorablemente.¨

¨De esta manera, centrándonos en el reclamo, diremos que la línea emitida por este Tribunal Supremo de Justicia, precisó con claridad que la acción reivindicatoria debe otorgarse al propietario que no ostenta  la posesión de su propiedad y pide a aquel que ejerce la posesión sobre el mismo, que le restituya; de igual forma se precisó que esta acción debe proceder aunque el propietario no haya tenido la posesión corporal de la cosa, aspecto este que se encuentra respaldado por el Estado mediante sus órganos jurisdiccionales, los cuales deben resguardar el derecho de propiedad que es garantizado conforme lo señala el art. 56 de la Constitución Política del Estado, puesto que, mientras el título de propiedad de la parte que interpone la acción reivindicatoria, se encuentre vigente el mismo goza de plena eficacia para poder instaurar esta acción real.¨

¨En virtud a este entendimiento, debemos señalar que el derecho de propiedad encierra también el derecho a poseer la cosa, la que emerge de la titularidad que se tiene, por lo tanto el hecho de que el bien inmueble objeto de la litis no fue desposeído por los recurrentes, o que el demandante no haya estado nunca en posesión del mismo, no conlleva la improcedencia de la acción reivindicatoria, pues el art. 105 del Código Civil, al señalar que el derecho de propiedad es el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, se advierte que el mismo confiere al titular de este derecho propietario, dada su naturaleza, la posesión emergente del derecho mismo, y no solo la posesión civil o “jus possidendi”, que está a su vez se encuentra integrado por sus elementos “corpus”y “ánimus”, sino también la natural o corporal o “jus possesionem”, pudiendo ser esta última ejercida o no por el propietario, extremo que no implica que no se encuentre en posesión del bien, pues el mismo conforme lo señalado se encuentra en “posesión civil” de la cosa, extremo que evidentemente le permite interponer la acción reivindicatoria.¨

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

IV. 1. En la forma.

1. Acerca de que el Auto de Vista omitió e infringió los arts. 119 de la Constitución Política del Estado 5, 134, 145.I y 265 del Código Procesal Civil, por cuanto, no habrían dado respuesta a todos los agravios en particular al reclamo relativo a la prueba ilegalmente excluida por el intérprete judicial.

De acuerdo al escrito de apelación los reclamos apuntan al documento de venta de posesión, ya que, sería falsa la posesión de Valeriano Alba Vaca en el terreno objeto de litis, asimismo Nicolás Sciaroni Viera tampoco habría estado en posesión, se omitió la prueba de inspección y las mejoras introducidas.  

El Auto de Vista, entre sus fundamentos índicó que no es necesario demostrar la pérdida de la posesión por contar el propietario con la posesión civil, integrada por el animus y corpus, asimismo señaló que hubo mejoras mismas que fueron advertidas en la audiencia de inspección judicial. De donde se tiene que no es cierto que no hubo pronunciamiento sobre sus agravios.    

Respecto a la prueba ilegalmente excluida, los recurrentes omitieron especificarla, siendo el reclamo general, cuando de acuerdo al art. 274.3 del Código Procesal Civil, la objeción debe ser clara y precisa, denotando además su trascendencia o influencia en el fallo, lo que impide a la sede casacional atender el reclamo.       

2. Respecto de que el Auto de Vista sería de incongruente y contradictorio, porque se habría alejado del escrito de agravios, carecería de fundamentación y motivación, ya que solo hizo referencia al derecho propietario y su registro, la posesión civil, y que la usucapión pretendida sería inadmisible proceder con el que se habría infringido el art. 265 del Código Procesal Civil.

No es evidente que el Auto de Vista sea insuficiente de motivación y fundamentación, por cuanto de la lectura de dicha resolución se aprecia que la misma sustenta suficientemente las razones para confirmar la sentencia, en otras palabras, explica las razones para la procedencia de la reivindicación y el rechazo de la usucapión, por ende, el fundamento para desestimar los argumentos de la apelación. Por lo que el reclamo no es cierto.      

IV. 2. En el fondo.

1. En cuanto a que no se aplicó el principio de verdad material, porque no se consideró los hechos y afirmaciones descritas en la demanda, mismas que constituyen una confesión judicial espontánea, y por ello no se requeriría prueba, máxime cuando a fs. 13 de obrados cursa el documento de compra-venta de posesión, suscrita entre Valeriano Alba Vaca y Nicolás Sciaroni Viera, en el que refiere que el comprador tomó posesión del inmueble, por lo que se habría infringido el art. 137 del Código Procesal Civil.

Primero, el art. 1453 del Código Civil, se entendió en el sentido de  que para recuperar la posesión de una cosa el propietario debía estar en posesión y luego perderla, de modo que si no sufría la eyección no prosperaba la restitución del inmueble, interpretación literal que daba lugar a injusticias porque el poseedor aun sin tener título alguno que justifique su posesión continuaba en posesión de la misma, a pesar del título de propiedad con que contaba el reivindicante; consiguientemente, de nada servía contar con título de propiedad frente al poseedor de hecho o carente de título, porque simplemente no podía ejercitar el derecho de usar, gozar y disponer de la cosa, lo que importaba el triunfo del poder de hecho frente al poder de derecho.

A partir  de ahí la extinta Corte Suprema de Justicia efectuando una nueva interpretación de la norma ante el Auto Supremo N° 181/2004 de 23 de septiembre, entre otros, razonó que para la procedencia de la reivindicación no es necesario que el reivindicante haya perdido la posesión de la cosa, derecho que  inclusive debe tutelarse aún sin que se haya estado en posesión, bastando que el tercero lo posea sin justo título, como ocurre en la especie, desde dicha perspectiva la venta de la posesión contenida en la  prueba cursante a fs. 13 resulta irrelevante, máxime cuando la pretensión se acogió en virtud al Testimonio de propiedad de inmueble N° 101/2016 de 9 de agosto, extendida por la Notaria de Gobierno, según la cual el Gobierno Municipal de Cotoca adjudicó al demandante previo trámite administrativo. 

Segundo, las afirmaciones efectuadas en la demanda respecto a la pretensión del usucapiente, tampoco le favorecen porque en ella rechazan los argumentos para usucapir, máxime cuando en la audiencia de inspección ocular los vecinos Ignacia Sorioco y Elvi Burgos manifestaron que los demandados viven recientemente y desde hace un año (fs. 214 y vta.), los testigos de cargo y descargo María Nancy Ardaya, Valeriano Alva Vaca, Elvy Burgos Molina, Agapo Romero López, Antonio Paredes Terán y Eugenia Cruz Durán, coincidieron en atestar que los usucapientes viven en el inmueble aproximadamente entre dos a  seis años,  así mismo Erwin Yasmani Hurtado Aldunate oficial de diligencias de la oficina jurídica  del Municipio manifestó que cuando efectuó la inspección advirtió que nadie habitaba en el lote de terreno, actuado que se practicó el 29 de junio de 2016 (fs. 35 y 257 vta.).  De donde se evidencia que no hubo posesión de 10 años como exige el art. 138 del Código Civil.               

POR TANTO: El Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) y art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 347 a 352 vta., contra el Auto de Vista N° 120/2018 de 7 de agosto, saliente de fs. 336 a 340 y vta., pronunciado por la Sala Cuarta Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos. 

Se regula honorario profesional para el abogado que respondió el recurso en la suma de Bs. 1000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.  

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.