TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 438/2019

Fecha: 30 de abril de 2019

Expediente: SC-150-18-S.

Partes: Clelia Vannucci Vda. de Delgado y Waldo Céspedes Álvarez c/ María Lineth Padilla Ponce, Daniel Molina Soliz, Karen Wachtel de De la Quintana, Gobierno Autónomo Municipal de Camiri y Registro en derechos Reales.

Proceso: Acción reivindicatoria, nulidad de consolidación, cancelación de inscripción de registro en Derechos Reales, acción negatoria, desocupación, entrega de bien inmueble y pago de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 1129 a 1135 vta., y de fs. 1137 a 1140 vta., el primero interpuesto por Karen Wachtel de De la Quintana, el segundo interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Camiri a través de su representante legal Franz Iván Valdez Torrico, ambos contra el Auto de Vista Nº 264/2018 de 3 de agosto, cursante de fs. 1120 a 1123, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de acción reivindicatoria, nulidad de consolidación, cancelación de inscripción de registro en Derechos Reales, acción negatoria, desocupación, entrega de bien inmueble y pago de daños y perjuicios, seguido por Clelia Vannucci Vda. de Delgado y Waldo Céspedes Álvarez contra María Lineth Padilla Ponce, Daniel Molina Soliz, la entidad recurrente y Registro de derechos Reales; Auto de concesión a fs. 1150, Auto Supremo de admisión Nº1195/2018 de 6 de diciembre de fs.1157 a1158 vta., los antecedentes del proceso; y:   

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Clelia Vannucci Vda. de Delgado y Waldo Céspedes Álvarez, interpusieron demanda de acción reivindicatoria, nulidad de consolidación, cancelación de  inscripción de registro en Derechos Reales, acción negatoria, desocupación, entrega de bien inmueble y pago de daños y perjuicios de fs. 129 a 133 vta., acción que fue dirigida contra María Lineth Padilla Ponce, Maria Lineth Padilla Ponce, Daniel Molina Soliz, Karen Wachtel de De la Quintana, Gobierno Autónomo Municipal de Camiri y Registro de derechos Reales, que una vez citados con la demanda contestaron negativamente y planteron excepciones de fs. 147 a 151, fs. 152 a 156 y fs. 157 a 159; asimismo Karen Wachtel de De la Quintana interpone demanda reconvencional de legalidad de la transferencia, rectificación y usucapión quinquenal de fs. 160 a 163 vta.

2. Desarrollándose el proceso en el Juzgado Público Civil y Comercial Nº 1 de la ciudad de Camiri hasta dictarse Sentencia de 29 de septiembre de 2016, cursante de fs. 960 a 972 vta., y Auto complementario a fs. 979 y vta., declarando PROBADA en parte la demanda respecto a la acción reivindicatoria, nulidad de consolidación, cancelación de inscripción y registro en Derechos Reales, acción negatoria y entrega de bien inmueble, IMPROBADA respecto a los daños y perjuicios, e IMPROBADA la demanda reconvencional de usucapión quinquenal u ordinaria.

3. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Karen Wachtel de De La Quintana mediante memorial de fs. 982 a 988 vta.,  y por el Gobierno Autónomo Municipal de Camiri a través de su representante legal mediante memorial de fs. 989 a 1001 vta., la Sala Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió Auto de Vista Nº 264/2018 de 3 de agosto, que CONFIRMÓ totalmente la sentencia, bajo la siguiente fundamentación:

Que la motivación de la sentencia se ajusta al art. 213 del Código Procesal Civil, por cuanto identifica a las partes del proceso y hace una relación de derechos, antecedentes describiendo las pruebas adjuntadas en obrados, expresando de manera clara su criterio y valoración, hecha esta salvedad se realizó un análisis del informe pericial del Instituto Geográfico Militar de fs. 933 a 946, con los otros elementos de prueba el cual señala la ubicación geográfica realizada de los predios en litigio, que estos se encuentran dentro de la urbanización 21 de diciembre fuera de los 300.000 has. del Gobierno Autónomo Municipal de Camiri, respecto a la nulidad de falta de consentimiento cuando esta seria causal de anulabilidad se señaló el Auto Supremo Nº 112/2016 de 5 de febrero, expresando sobre la nulidad y la anulabilidad dando a entender que la normativa sustantiva contiene un grave error al consignar la falta de consentimiento en su formación como causal de anulabilidad y no nulidad; de lo referido a la falta de acción e interés legítimo y sobre incompetencia en razón de materia, por lo que respecto a las excepciones no se plantearon en audiencia preliminar según el acto de fs. 841 a 844 vta., de acuerdo al art. 366.I num. 4) del Código Procesal Civil, en cuanto a la incompetencia, que la jurisdicción contenciosa o contenciosa administrativa no es la competente al no concurrir las causales mencionadas en el Auto Supremo Nº 419/2012 de 15 de noviembre, es decir al no tratarse la controversia de contratos relativos a ejecución de obras o provisión de bienes y servicios.

4. Fallo de segunda instancia que fue recurrido en casación por Karen Wachtel de De la Quintana mediante memorial de fs. 1129 a 1135 vta., así como el Gobierno Autónomo Municipal de Camiri a través de su representante legal mediante memorial de fs. 1137 a 1140 vta., recursos que son objeto de análisis. 

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

II.1. De la revisión del recurso de casación de fs. 1129 a 1135 vta., interpuesto por Karen Wachtel de De la Quintana, se desprende que la recurrente expone como reclamos, entre otros, los siguientes: 

1. Solicitó declarar sustracción de materia por falta de legitimación por la parte demandante, al plantear demanda de acción de reivindicación, nulidad de consolidación y otros, por no contar con la titularidad del derecho sobre el lote de terreno el litigio, debido a la transferencia realizada por la actora a favor de COVIPET, ya que la demandante no sería propietaria del barrio 21 de diciembre, siendo que el lote cuya nulidad pretende se encuentra en áreas cedidas al municipio de Camiri.

2. Acusa que tanto el Juez A quo como el Tribunal Ad quem, incurrieron en error de hecho respecto a la valoración por la falta de apreciación del informe pericial del Instituto Geográfico Militar, cursante de fs. 933 a 946, señala que el lote en litigio se encuentra dentro del área de urbanización “21 de diciembre”, por lo que se encontraría fuera de las 300.000 has. del Gobierno Autónomo Municipal de Camiri, es decir, fuera del metraje que pertenece a la entidad municipal, vulnerándose el principio de verdad material establecido en el art. 180 de la CPE. 

3. Reclama error de hecho de la prueba de cargo Nº 17 de la certificación “CITE: UET/MOPSV/VMVU-CGN Nº 14/2012”, por parte del Ad quem que incurrió en indebida apreciación, por lo que infiere dicho documento (que no afecta los terrenos de la unidad de titulación, únicamente a la propiedad privada y área municipal), es decir que el inmueble no se sobrepondría al otro inmueble de propiedad de la unidad de titulación porque se encuentra en Área Municipal, violando el debido proceso en los arts. 115 y 117 de CPE.

Petitorio.

Solicita se dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo se declaré improbada la demanda principal.

II.2. De la revisión del recurso de casación de fs. 1137 a 1140 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Camiri a través de su representante legal, se observa que en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusa:

1. Al Juez de primera instancia de no tener competencia sobre la pretensión de nulidad de consolidación, siendo que la escritura pública es suscrita por la alcaldía municipal de Camiri (entidad pública) a favor de María Lineth Padilla Ponce, sin embargo el A quo dictó una sentencia viciada de nulidad desconociendo el art. 122 de la CPE, resultando una demanda improponible y que debería llevarse por la vía administrativa conforme a la Ley Nº 2028 en su arts. 137 y siguientes, desconociendo la línea jurisprudencial y como los de alzada violan el debido proceso  en la mala aplicación del art. 236 de Código de Procedimiento Civil.

2. Denuncia la falta de pronunciamiento en el Auto de Vista de los puntos de apelación, respecto a la falta de legitimación del demandante al no tener derecho propietario del inmueble en litis, incurriendo en violación del art. 511 del Código Civil y principio de verdad material establecido en el art. 180 del Constitución Política del Estado.

Petitorio.

Solicita que se anule obrados hasta el Auto de admisión de la demanda, disponiendo que los demandantes acudan a la vía llamada por ley.

II.3. Contestación de los recursos de casación de fs. 1145 a 1147 vta.

Refiere que el recurso de casación de Karen Wachtel de De la Quintana pretende crear confusión alegando que el objeto de la litis no es propiedad de la demandante, por lo que no debió alegar supuesta sustracción de materia por cuanto a la fecha el bien inmueble existe, siendo que la parte demandada aparte de señalar sus agravios se limitó a señalar cuestiones de origen del derecho propietario del bien inmueble objeto de litis, que la recurrente señaló error en la apreciación de la prueba del informe pericial y certificación emitida por la Unidad de Titulación de Fondo Nacional de Vivienda Social, donde los de segunda instancia realizaron una merecida valoración por lo que no corresponde ser considerado; del recurso de casación del Gobierno Autónomo Municipal de Camiri entidad recurrente menciona que debió ser tramitado dentro de la vía contenciosa administrativa punto que también fue respondido por los de alzada, además que sus supuestos fundamentos jurídicos y citas jurisprudenciales son copiadas y pegadas en forma desordenada.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 145 del Código Procesal Civil.  

En ese marco este Supremo Tribunal a través de diversos fallos  entre ellos el Auto Supremo N° 240/2015  orientó que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397.I de su Procedimiento.  Ésta tarea encomendada al juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del juez el de valorar en la sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397.II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

III.2. Extinción la de nulidad procesal.

La extensión de la nulidad se encuentra descrita en el art. 109 del Código Procesal Civil, que señala: “(EXTENSIÓN DE LA NULIDAD). I. La nulidad declarada de un acto procesal no importará la de los anteriores, ni de los posteriores que sean independientes de aquél. Los actos procesales que resultaren afectados con la declaración de nulidad, de oficio serán declarados nulos. II La nulidad de un acto específico no afecta a otros que sean independientes, ni impide que se produzcan los efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo que la ley disponga lo contrario. III. La autoridad judicial a tiempo de fundamentar su decisión deberá especificar si la nulidad declarada de un acto procesal afecta a otros actos anteriores o posteriores al acto nulo…”

En materia de nulidades procesales, se entiende que la nulidad implica el retroceso de los actos procesales, generando dilación en los procesos, que en algunos casos resultó ser innecesario, por lo que con la finalidad de evitar retrocesos en la secuencia procesal es que se han introducido nuevos lineamientos respecto a la nulidad procesal conforme a la normativa vigente- que se encuentran orientados a efectivizar el derecho a la defensa del litigante, calificando la nulidad procesal como una medida de extrema ratio, siendo la aplicación de la nulidad procesal la excepción en relación a la regla (solución del fondo de la controversia).

Por el principio de conservación del acto se entiende, conforme al criterio de Roberto Berizonce, la conveniencia de preservar la eficacia y validez de los actos frente a la posibilidad de anulación. De dicho principio deriva el principio de causalidad, el mismo que de acuerdo al criterio de Jorge Luis Hurtado Andaluz, en la publicación del trabajo “principios de la nulidad procesal” publicado en el portal jurídico virtual “columna jurídica”, señala que: “3.5. Principio de causalidad o de independencia.- Este principio dispone que la declaración de nulidad de un acto procesal solo alcanza a los actos posteriores que sean dependientes de él, es decir que carezcan de vinculación o nexo y, por ende autónomos del acto viciado.

Asimismo, si se invalida parte de un acto procesal, esta invalidez no afecta a las otras que sean independientes de ella, produciéndose, en consecuencia plenos efectos jurídicos”, esto quiere decir que tomando en cuenta la naturaleza de los actos jurídicos procesales y el contenido de un acto jurídico procesal en particular, puede darse la nulidad parcial de un acto jurídico procesal.

III.3. Del control de legalidad.

En el AS Nº 506/2017 refirió que: “Bajo esa interpretación Constitucional, es que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ha emitido el Auto Supremo Nº 115/2013 de 10 de abril de 2013, expresando lo siguiente: “La ratio decidendi extractada de las referidas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, tienen carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio conforme lo establecen los arts. 203 de la CPE y 15.II del Código Procesal Constitucional, y aplicable por analogía al caso presente; toda vez que la presente demanda trata de un proceso contencioso administrativo en materia Municipal, donde se demanda a una autoridad edil, impugnando la Resolución Ejecutiva Nº 199/2012, por lo que, siguiendo la línea jurisprudencial, estos procesos deben seguir siendo de conocimiento de los Tribunales Departamentales de Justicia mientras no exista una regulación y/o reglamentación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en atención a los argumentos anteriormente expuestos, anula obrados hasta fs.15 inclusive y se declara SIN COMPETENCIA para conocer la presente causa, debiendo remitirse obrados a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz…”;  consiguientemente se ha sentado línea jurisprudencial para el conocimiento de la contención de actos administrativos que hayan emergido de un ente Municipal, por lo que en base a la jurisprudencia señalada en el presente fallo, resulta ser vinculante para todos los órganos de administración de justicia, siendo competencia de la Sala Plena de los Tribunales Departamentales de Justicia, el conocimiento y sustanciación de la contención emergente de los actos administrativos.

Así de esta manera conforme a los arts. 775 y 778 del Código de Procedimiento Civil, vigente desde el 02 de abril de 1976, la vía contencioso y contencioso- administrativo para la impugnación de actos administrativos evacuados por la administración Pública se atribuía a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, disposiciones que fue sustentada posteriormente por el art. 55 núm. 10 de la Ley del Órgano Judicial Ley 1455,en ese sentido el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, determina que “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas- administrativas, o que dieren lugar  a las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por ley como jurisdicción especializada.

III.4. De la legitimación activa y pasiva.

El art. 115.I de la Constitución Política del Estado, señala lo siguiente: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, precepto constitucional que establece que la defensa de los derechos y los intereses legítimos de las personas, debe ser protegida por los operadores judiciales, es decir que la función jurisdiccional, se active siempre y cuando se trate de los intereses legítimos, tanto de la parte demandante quien debe tener legitimación activa para interponer una acción, como de la parte demandada que debe tener legitimación pasiva para oponerse a la acción demandada o reconvenir si así lo considera necesario.

Ahora bien, en lo que respecta a la legitimación, Lino E. Palacio en su obra "Derecho Procesal Civil" Ed. Abeledo Perrot, Tomo I, págs. 405 a 406 al teorizar los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión señala lo siguiente:"Para que el juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo es preciso que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las "justas partes" o las "partes legítimas", y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación para obrar o legitimación procesal. Cabe, pues, definir a la legitimación para obrar o procesal, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa...", por ello se deduce que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada.

En este entendido, diremos que la legitimación define la posibilidad de acceder ante el órgano jurisdiccional en función de la relación que tienen las partes con el objeto del proceso, -objeto- que vincula a las partes con la relación jurídico material que se discute y se pretende resolver en el proceso, por lo que puede decirse que es la facultad de promover e intervenir en un proceso concreto como parte activa o pasiva; en el caso concreto de la legitimación pasiva diremos que esta implica la idoneidad de la parte demandada para comparecer a la demanda; es decir, que a quien se demanda tenga o sea titular de los derechos u obligaciones, que el demandante a través de su acción pretende que se aclaren en el proceso. 

En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia en sus diversos fallos entre ellos el Auto Supremo Nº 140/2013 de 02 de abril, orientó que: “Dada la problemática planteada, es necesario establecer que para la existencia de un proceso, concurran a la vez dos posiciones, una activa y otra pasiva, con capacidad para ser y actuar como parte en un proceso, frente a un tercero imparcial -Juez-, con el fin de sustanciar una pretensión; sin embargo eso no es suficiente para la integración jurídico procesal, tanto desde el lado activo -demandante-, como pasivo (demandado), ya que es preciso que tengan una relación causal con el objeto litigioso que les confiera el derecho a ejercitar una concreta pretensión con relación al mismo o a oponerse a ella, es decir la relación jurídico-material.

En el caso en cuestión bajo los parámetros señalados de principio referidos a la pretensión de la demanda y los argumentos esgrimidos por el opositor para solicitar se le considere como legitimado pasivo para ser demandado, no cabe la posibilidad de discutir aquello y pueda ser integrado a la litis, pues no existe esa necesaria relación causal con el objeto litigioso que le pudiera conferir el derecho a ejercitar oposición con relación a la pretensión concreta… Estableciéndose que el recurrente no puede arrogarse titularía de ese derecho de oposición…”.

Así también a través del Auto Supremo Nº 198/2015  L de 20 de marzo, se  señaló que: “Previamente es necesario recurrir a la doctrina, al efecto corresponde citar a Lino E. Palacio quien en su obra "Derecho Procesal Civil", Tomo I, págs. 405 a 406 al teorizar los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión señala lo siguiente: "Para que el juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo es preciso que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las "justas partes" o las "partes legítimas", y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación para obrar o legitimación procesal”.

“Cabe, pues, definir a la legitimación para obrar o procesal, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa".

Por ello se deduce que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada, por lo que se entenderá que la ausencia de legitimación, sea activa o pasiva, torna admisible la llamada defensa de "falta de legitimación". De lo que queda claro que no debe confundirse aquella con la capacidad procesal, puesto que una persona puede ser perfectamente capaz y carecer de legitimación.

DE ROCCO dice: “que la legitimación expresa si el actor y el demandado, respecto de quienes debe declararse con certeza la existencia de una relación jurídica, están autorizados por la norma procesal para pretender tal declaración. Es una cuestión previa a la determinación de si existe o no la relación jurídica sustancial”. Según este autor, no debe confundirse la legitimación con la existencia del derecho o relación material, ya que basta la titularidad simplemente afirmada…

…De la revisión de antecedentes se tiene que los demandantes inician la acción en base a los Poderes Notariales Nº 405/2004 y 481/2004, otorgado por los afiliados a la Asociación de Vendedores de Lotería Nacional y afiliados a la Asociación de Voceadores de Revista respectivamente, sin haber acreditado su personería jurídica en el transcurso del proceso y tampoco habrían solicitado la admisión de la misma, es por ello que la sentencia de primera instancia advirtió que la demanda en su planteamiento fue confusa sobre todo en cuanto a la pretensión de nulidad de la Escritura Pública Nº 370 de 17 de agosto de 1988, no se tiene claramente identificado el objeto de la misma, ni se tuvo clara la titularidad de la legitimación activa, ni pasiva debido a que la demanda fue dirigida por personas particulares que no acreditaron ser los representantes legales de los vendedores de lotería y voceros de revistas y la dirigieron contra Pastor Guillermo Coaquira Fernández, Pablo Garay Quispe, Freddy Vargas Illanes y Natalio Quispe Mamani, supuestos detentadores del inmuebledenominado Tambo San Antonio, ubicado en la calle Sagárnaga, zona Belén de la ciudad de La Paz, con una superficie de 2.567.60 m2, debidamente registrado en Derechos Reales a nombre del “Sindicato de Vendedores de Periódicos” bajo la Matrícula Computarizada Nº 01338282 de 22 de enero de 1996, no habiéndose demostrado que fueron ellos los representantes legales.

Al respecto cabe señalar que la demanda no fue dirigida contra el “Sindicato” mencionado o sus representantes legales a efecto de que estos asuman defensa, directamente se interpone contra los señores antes mencionados sin acreditar que estos fueran los representantes legales del sindicato titular del derecho propietario del inmueble descrito supra. Asimismo, se advirtió que los términos de la demanda no coincidieron con los datos de la escritura pública de la cual se pide su nulidad…”. (Lo subrayado es nuestro)

Consiguientemente el Juez A quo a momento de admitir la demanda está en la imperante obligación de cumplir con lo establecido en el art. 333 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: "(Demanda defectuosa).- Cuando la demanda no se ajuste a las reglas establecidas podrá el juez ordenar de oficio se subsanen los defectos dentro del plazo prudencial que fije y bajo apercibimiento de que si no se subsanaren se la tendrá por no presentada...", es decir, le corresponde al juez analizar si la pretensión contenía los requisitos intrínsecos establecidos en el art. 327 del Código de Procedimiento Civil y actualmente en el art. 110 de la Ley Nº 439, al que se suma la determinación precisa de la legitimación activa del demandante para formular la acción y la legitimación pasiva para poder oponerse a la acción demandada, así como los aspectos extrínsecos, los de fundabilidad, o proponibilidad objetiva de la pretensión.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTACION DE LA RESOLUCIÓN

1. Del recurso de casación de Karen Wachtel de De la Quintana.

De lo referente al punto 1, donde la recurrente solicitó declarar sustracción de materia por falta de legitimación de la parte demandante, al plantear demanda de acción de reivindicación, nulidad de consolidación y otros, por no contar con la titularidad del derecho sobre el lote de terreno en litigio, debido a la transferencia realizada por la actora a favor de COVIPET, ya que la demandante no sería propietaria del barrio 21 de diciembre, siendo que el lote cuya nulidad pretende se encuentra en las áreas cedidas al municipio de Camiri.

De lo manifestado en el presente reclamo se tiene que la sustracción de materia es un modo de extinción de la pretensión y del proceso respectivo, es un medio anormal de extinción del proceso no regulado por el legislador, constituido por la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser tal por razones extrañas a la voluntad de las partes, no pudiendo el Tribunal interviniente emitir pronunciamiento de mérito (acogiendo o desestimando), llamado también defecto absoluto de la potestad jurisdiccional, por lo que no se trata de una forma de incompetencia, sino de la negación del poder de juzgamiento, de modo que está sujeta a la verdad material, con la finalidad de evitar el pronunciamiento de decisiones que a la postre serían inejecutables.

Corresponde señalar que de la revisión de obrados se tiene que los actores demandan de fs. 129 a 133 vta., acción reivindicatoria, nulidad de consolidación, cancelación de inscripción de registro en Derechos Reales, acción negatoria, desocupación, entrega de bien inmueble y pago de daños y perjuicios contra María Lineth Padilla Ponce, Maria Lineth Padilla Ponce, Daniel Molina Soliz, Karen Wachtel de De la Quintana, Gobierno Autónomo Municipal de Camiri y registro de Derechos Reales; siendo la pretensión acogida por el Juez A quo mediante sentencia declarando probada la demanda principal, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Alzada a través del Auto de Vista recurrido.

De estos antecedentes, conforme lo desarrollado en el punto III.4 de la doctrina aplicable, donde se estableció que la legitimación define la posibilidad de acceder ante el órgano jurisdiccional en función de la relación que tienen las partes con el objeto del proceso, -objeto- que vincula a las partes con la relación jurídico material que se discute y se pretende resolver en el proceso, siendo que la actora señala en la demanda que su familia eran propietarios de grandes extensiones de terreno bajo la Matrícula Computarizada Nº 7.07.1.01.0000003 en el A-1 y A-2 de fecha 21 de octubre de 1971, que posteriormente la demandante se declaró heredero a título personal de su padre Moisés Vannuci, adquiriendo títulos sucesorios de los terrenos que se encuentra ubicados en el barrio 21 de diciembre, que en parte fueron transferidos a la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia (CONVIPET) y (FONVIS), actualmente perteneciente a la Unidad de Titulación de Fondo Nacional de Vivienda Social con una superficie de 310.000 mts.2, registrado en fecha 5 de noviembre de 1976, bajo la Matrícula Nº 7.07.6.01.0000387, siendo así la co-demandante actualmente se encuentra con dominio de terrenos en el Barrio 21 de diciembre y otros en barrios aledaños, por otro lado respecto a la extensión de la superficie de los 300.000 has. del municipio de Camiri, declarando ser propietarios por su antecedente de adquisición por expropiación a la familia Vannucci por la Ley de 19 de octubre de 1945, para el desarrollo y urbanización del entonces “Vilorio Camiri”, hoy casco viejo de Camiri.

De la revisión de obrados se acredita que la parte actora realizó la transferencia del inmueble de superficie 1213 mts.2, a Waldo Céspedes Álvarez (co-demandante) en el año 2002, y este con la intención de regularizar su derecho propietario de dicho lote en el año 2011, advierte que este inmueble ya habría sido registrado en Derechos Reales por Karen Wachtel de De la Quintana con superficie de 480 mts.2, y como dijimos de la sustracción de materia no es otra cosa que un medio anormal de extinción del proceso, constituido por la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser o desaparece por razones extrañas a la voluntad de las partes, no pudiendo el Tribunal interviniente emitir pronunciamiento de mérito (acogiendo o desestimando) sobre la pretensión  deducida, sin embargo en el presente caso no existe ausencia de la pretensión o materia por  justiciable debido a que existe titular vigente del lote en la litis el cual está en debate, entonces al existir un derecho en controversia no corresponde, ni se advierte sustracción de materia, por lo que no merece mayor análisis.

Los puntos 2 y 3, acusan que tanto el juez A quo como el Tribunal Ad quem, incurrieron en error de hecho respecto a la valoración del informe pericial del Instituto Geográfico Militar, donde señala que el lote en litigio se encuentra dentro del área de urbanización “21 de diciembre”, siendo que el inmueble está ubicado fuera de las 300.000 has del Gobierno Autónomo Municipal de Camiri, es decir, fuera del metraje que pertenece a la entidad municipal y el error de hecho de la prueba de cargo Nº 17 de la certificación “CITE: UET/MOPSV/VMVU-CGN Nro. 14/2012”, por parte del Ad quem que incurrió indebida apreciación por lo que infiere dicho documento (que no afecta los terrenos de la Unidad de Titulación afectando únicamente la propiedad privada y área municipal), es decir que el inmueble no se sobrepondría al otro inmueble de propiedad de la Unidad de Titulación porque se encuentra en Área Municipal, violando el debido proceso y el principio de verdad material establecido en los arts. 115, 117 y 180 de CPE.

De una revisión minuciosa de la sentencia y del Auto de Vista se denota que ambas instancias cumplieron con lo determinado en el punto III.1 realizando la valoración de todo el universo probatorio en aplicación del principio de unidad y comunidad probatoria, contrastando todos los elementos para determinar cuáles resultan trascendentales y esenciales, por lo cual el Auto de Vista es coherente respecto a las pruebas insertadas, como el informe pericial del instituto Geográfico Militar de fs. 933 a 946, que especifica en su parte conclusiva a fs. 938 y sus anexos de fs. 943 a 945, que la urbanización 21 de diciembre se deprendió en mayor superficie de los terrenos de la actual demandante Clelia Vanucci Vda. de Delgado, evidenciándose tanto jur ídica como técnica la transferencia de la actora a “COVIPET” ahora Unidad de Titulación del Fondo de Vivienda Social, además por Certificación con CITE: UET/MOPSV/VMVU-CGN Nº 14/2012 de fs. 716 a 719, emitido por la Unidad Ejecutora de Titulación del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, mencionando que la urbanización “21 de diciembre” se encontraría registrada a nombre de la Unidad de Titulación del Fondo de Vivienda Social, bajo la Matrícula Nº 7.07.6.01.0000387, se orienta que la certificación en su inciso c) solo menciona que el avasallamiento a favor de la Unidad de Titulación solo afectaría a la propiedad privada y al área municipal, por lo que ambas pruebas condicen que el inmueble en litigio se encuentra fuera de los 300.000 has., expropiados por el Gobierno Autónomo Municipal de Camiri, contraponiéndose debido a que el inmueble en litis del co-demandante Waldo Céspedes Álvarez se encuentra dentro los terrenos de Clelia Vannuci Vda. de Delgado en el Barrio 21 de diciembre, por cuanto su tesis de defensa por la demandada carece de asidero, siendo así que tal criterio en el Auto de Vista es compartido por este Tribunal de casación.

2. Del recurso de casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Camiri.

Del punto 2 sobre la falta de pronunciamiento en el Auto de Vista de los puntos de apelación, respecto a la falta de legitimación del demandante al no tener derecho propietario del inmueble en litis, incurrió en violación con el art. 551 del Código Civil y principio de verdad material establecido en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, debido a que el reclamo guarda la similitud con el recurso de casación de Karen Wachtel de De la Quintana y al haber sido respondida líneas arriba en el punto IV.4 de su segundo reclamo este Tribunal se ratifica en el mismo  a los fines de evitar argumentación reiterativa.

En el punto 1, acusa que el Juez de primera instancia, carece de competencia para conocer la pretensión de nulidad de consolidación, siendo que la escritura pública es suscrita por la Alcaldía Municipal de Camiri (entidad pública) a favor de María Lineth Padilla Ponce, sin embargo el A quo dictó una sentencia viciada de nulidad desconociendo el art. 122 de la CPE, resultando una demanda improponible y que debería llevarse por la vía administrativa conforme a la Ley Nº 2028 en su arts. 137 y siguientes, desconociendo línea jurisprudencial como los de alzada violan el debido proceso  en la mala aplicación del art. 236 de Código de Procedimiento Civil.

De consiguiente, del punto III.2 de la doctrina aplicable al caso de autos por su interpretación extensiva, el art. 122 de la Constitución Política del Estado, que dispone. “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”. La entidad recurrente alega que de acuerdo a los fundamentos de la demanda de una de las pretensiones es sobre nulidad de la consolidación de Escritura Pública Nº 734/2004 de 9 de septiembre, y al ser incompetente el Juez de la causa para el conocimiento de la acción de nulidad que es de carácter principal, por lógica consecuencia no adquiere competencia.

Partiendo del citado antecedente en el sub lite de la transferencia de consolidación a favor de María Lineth Padilla Ponce, realizado por el Gobierno Autónomo Municipal de Camiri, representando esa vez por el Alcalde Lázaro Vargas Rosado en su condición de propietario de los (300.000 has.), que por Ley del 19 de octubre de 1945 para la creación de Camiri fueron expropiados a la familia Vannuci por D.S. de fecha 12 de julio de 1935 y R.S. de 6 de noviembre de 1940, registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada Nº 7.07.6.01.0000035 de fecha 5 de septiembre de 1975, terrenos destinados al área de expansión urbana de Camiri.

Por otro lado, en lo que concierne al tema o problema jurídico vinculado a la competencia para el conocimiento de la acción de reivindicación, en principio corresponde reiterar que al ser una pretensión totalmente independiente por los fundamentos antes expuestos, conforme señala el recurrente y el Tribunal de apelación el test o control de legalidad al punto III.3 del acto administrativo únicamente corresponde a la jurisdicción especializada, es por tal motivo que la competencia para el conocimiento de la acción de nulidad es la administrativa, y esto se debe a que esa pretensión tiene por fin controvertir la validez del acto administrativo, es decir que todo el examen versara exclusivamente en cuanto al cumplimiento de los requisitos en el acto administrativo (en su creación, extinción, transmisión y modificación) para determinar si debe ser anulado o no.

Siendo una pretensión independiente, a este Tribunal le corresponde anular lo referente a la demanda de nulidad de la consolidación, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 del Código Procesal Civil, pues dicha decisión no afectará las pretensiones de reivindicación, acción negatoria y otras.

En consecuencia, al no ser evidentes, ni fundados los reclamos acusados por los demandados, corresponde emitir resolución conforme lo establece el art. 220.II y los arts. 106, 109 y 220.III del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO en el fondo los recursos de casación de fs. 1129 a 1135 vta., y de fs. 1137 a 1140 vta., el primero interpuesto por Karen Wachtel de De la Quintana, el segundo interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Camiri a través de su representante legal Franz Iván Valdez Torico, ambos contra el Auto de Vista Nº 264/2018 de 3 de agosto, cursante de fs. 1120 a 1123, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y en aplicación de lo previsto del Art. 106, 109 y 220.III del Código Procesal Civil, ANULA todo lo obrado sin reposición, en lo inherente a la pretensión nulidad de consolidación de Escritura Pública Nº 734/2004 de 9 de septiembre, manteniéndose vigente los demás actuados no relacionados a esta pretensión.

Siendo excusable el error no se impone multa.

Cumpliendo lo previsto por el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizu.