TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L 


Auto Supremo: 437/2019

Sucre: 30 de abril de 2019

Expediente: LP-127-18-S

Partes: Claudia Silvia Bustillos Montalvo y otra c/ Freddy Grover Mendoza

            Guachalla y otra.

Proceso: Resolución de contrato de venta más daños y perjuicios.  

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 449 a 451 interpuesto por la co demandante Claudia Silvia Bustillos Montalvo contra el Auto de Vista Nº S-100/2018 de 09 de marzo cursante de Fs. 445 a 447, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de resolución de contrato de venta más daños y perjuicios seguido por Claudia Silvia Bustillos Montalvo y Geolgina Bustillos Montalvo contra Freddy Grover Mendoza Guachalla y Zulma Jeanette Huanca de Mendoza, respuesta al recurso de fs. 455 a 457 vta., auto de concesión de fs. 459, Auto Supremo de admisión del recurso de fs. 465 a 466 vta. y lo concerniente al proceso.    

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


La Juez Público en lo Civil Comercial Quinto de La Paz, pronunció la sentencia Nº 119/2016 de 29 de febrero cursante de fs. 400 a 410 vta., declarando probada la demanda de Fs. 47 a 52 vta., sobre resolución de contrato de venta más daños y perjuicios e improbada la acción reconvencional de fs. 83 a 88 vta., disponiendo la resolución del contrato de 18 de julio de 2011 concerniente a la compra venta del bien inmueble ubicado en la Av. Quintanilla Zuazo, Nº 351, esquina Lenz, de 281,60 m2, registrado bajo la matrícula de folio real Nº 2.01.0.99.0120384, debiendo las demandantes en el plazo de 30 días de ejecutoriada la sentencia devolver a los demandados la suma de $us. 62.000.-, aclarando que $us. 8.000.- quedan a favor de las demandantes en calidad de resarcimiento del daño acordado.

Contra la sentencia, Claudia Silvia Bustillos Montalvo interpone recurso de apelación de Fs. 414 a 415 vta., adhiriéndose al recurso Zulma Jeanette Huanca de Mendoza por memorial de Fs. 421 a 423, dichas impugnaciones fueron resueltas por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que pronunció el Auto de Vista Nº S-100/2018 de 09 de marzo cursante de Fs. 445 a 447 confirmando la sentencia de grado bajo los siguientes fundamentos:

Que la juez de primera instancia realizó una adecuada compulsa de los datos del proceso, del recurso de apelación presentado por la demandante indicó que el Art. 532 del Código Civil regula el resarcimiento convencional y que de la revisión del contrato objeto del proceso el mismo estipula un resarcimiento convenido, en observancia al incumplimiento del vendedor o  comprador del negocio jurídico; en cuanto a la inobservancia de los arts. 984 y 994 del Código Civil la causa no versa sobre hechos ilícitos y que conforme señala la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, los hechos ilícitos surgen de relaciones extracontractuales.  Respecto al recurso presentado por la parte demandada indicó, que si bien al momento de contratar, las demandantes no hicieron referencia a sus hermanas Sandra Teresa Bustillos de Leyva y Gabriela Ivon Bustillos Montalvo como co herederas ese extremo no es relevante pues las mismas no participaron en el contrato; que el acuerdo transaccional posteriormente suscrito al contrato que se demanda su resolución, la parte demandante reconoce en el memorial de fs. 83 a 88 vta., que quedó sin efecto, en cuanto a la denuncia de que la sentencia es copia de la demanda y que las fotocopias simples de fs. 92 a 94 sobre servicios inmobiliarios obstaculizaron el cumplimiento de la obligación son extremos intrascendentes que no contradicen ni cuestionan los argumentos de la sentencia. Por consiguiente confirma la Sentencia Nº 119/2016 de 29 de febrero cursante de fs. 400 a 410 vta.

Contra el auto de vista la co demandante Claudia Silvia Bustillos Montalvo interpuso recurso de casación cursante de fs. 449 a 451, mismo que tiene el siguiente análisis:


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la impugnación en el fondo deducida por la parte recurrente se tiene lo siguiente:

1. Manifiesta que la declaración de los daños y perjuicios no tenían que ser dispuestos solo en aplicación del art. 639 del Código Civil, limitándose los daños ocasionados al monto acordado en el contrato de compra venta, pues según su entender- no existe en el Código Civil ni en el contrato de 18 de julio de 2011 imposición de que la responsabilidad contractual sea el límite de la responsabilidad del demandado, contrario a ello los arts. 345 y 346 del Código Civil posibilitan ampliar el margen de los daños cuando se pruebe que existió dolo por parte del deudor.

2. Expresa que no se consideró la posibilidad legal de ampliar la responsabilidad de daño contractual previsto a daño por hecho ilícito, en el entendido, de que los demandados siguieron una denuncia penal por estafa que quebranto su salud y la salud de su padre Noel Domingo Bustillos Alcón que fue vinculado a la estafa por ser el apoderado de Geolgina Bustillos Montalvo en la compra venta, logrando la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva afectando su reputación e impidiendo realizar sus actividades comerciales .

3. Indica que las dos anotaciones preventivas realizadas sobre el bien inmueble, le privaron el ejercicio pleno de su derecho a la propiedad no pudiendo ejercer las potestades dispuestas por el art. 105 del Código Civil, impidiéndoles según manifiesta- ser sujetos de crédito, además que los demandantes abusaron de su derecho al realizar las anotaciones preventivas por lo que debe haber una sanción económica según señala el art. 178 del Código de Procedimiento Civil. 

4. Expone que si vendían el inmueble el año 2011 el producto seria invertido en negocios que tenían comprometidos. Siendo todas estas consecuencias directas e inmediatas producto del incumpliendo del contrato por los demandados, debiendo asumir su responsabilidad según prevé el art. 346 del Código Civil.

Solicita se case parcialmente el auto de vista impugnado ordenándose el pago de los $us. 8.000,oo.- como daño contractual y los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia directa del incumplimiento de contrato. 


DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN.

Corrido en traslado el recurso de casación la parte demandada contesta indicando:

1. Que la recurrente no realizó la fundamentación del recurso conforme prevé la norma y las leyes en vigencia, no fundamentó cual es la interpretación errónea o indebida aplicación de la ley, las disposiciones contradictorias o el precedente contradictorio, solamente se basó en supuestos sin fundamentar fácticamente el recurso de casación.

2. Aduce que no fundamentó el recurso respecto a la apreciación de las pruebas y como se habría incurrido en error o mala aplicación, no adjuntó prueba que demuestre su fundamentación encontrándose lejos de la verdad jurídica.

3. Señala que el resarcimiento se estipuló en el contrato de 18 de julio de 2011, sin embargo hace referencia a los arts. 345 y 346 del Código Penal pero no hace referencia a que tipo de lesión sufrió, no adjunta prueba material para determinar si hubo algún menoscabo; el daño ocasionado por el proceso penal que refiere la recurrente se encuentra paralizado, tramitándose un incidente de litispendencia hasta que se resuelva el proceso civil.

4. Indica que las anotaciones preventivas fueron determinadas, la primera por la comisión del ilícito de estafa y la segunda como medida cautelar de carácter real y provisional, actos dispuestos por autoridades competentes.

Solicitan se rechace el recurso de casación y se mantenga firme y subsistente la sentencia y el auto de vista.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO


1. De la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales y del   convencimiento pleno que debe generar a las partes.

El Tribunal Constitucional Plurinacional ha glosado amplia jurisprudencia en torno a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, entre ellas tenemos la Sentencia Constitucional Nº 673/2018-S3 de 27 de diciembre, que indica: “Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición.

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras)”.  Es pertinente señalar, que toda persona que acude ante la jurisdicción ordinaria para demandar según los derechos e intereses que le convienen, recibir por parte de los administradores de justicia una respuesta pronta y oportuna, pero más importante aún, tiene la garantía de que la autoridad judicial debe responder sus pretensiones de forma ordenada, coherente y puntual respecto a los hechos puestos en conocimiento del juzgador, con el fin de generar en las partes pleno convencimiento sobre las decisiones judiciales siempre velando por el cumplimiento de las normas sustantivas y adjetivas aplicables a cada caso concreto.

Solo así los sujetos procesales que recurren ante la autoridad judicial tendrán plena convicción de que sus pretensiones y solicitudes fueron debida y responsablemente atendidas, la administración de justicia no solo debe determinar la situación jurídica de las partes sino que además debe crear pleno convencimiento de que la norma legal ha sido correctamente aplicada para la consecución de la justicia, lo contrario sería generar incertidumbre.   

2.  De la responsabilidad civil contractual y extracontractual.

Para establecer correctamente los parámetros respecto a la responsabilidad civil  debemos remitirnos a lo dispuesto en el Auto Supremo Nº 141/2011 de 18 de Abril que señala: “Ernesto Gutiérrez y Gonzáles, en su obra Derechos de las obligaciones, etimológicamente, nos indica que la palabra "responsable" significa "el que responde". “Entendiéndose en sentido estricto o usualmente, la responsabilidad concierne el deber de reparar el daño jurídicamente atribuible causado por el incumplimiento, tanto de una obligación preexistente como del deber genérico de no dañar a otro.”

Asimismo Jaime Fernández Madero, en su obra Derecho de Daños pag. 5 señala: “podemos decir que la responsabilidad importa un deber que, como respuesta adecuada, soporta quien ha causado un daño. Es una respuesta a un mal, disvalor o contravalor que nos ha quitado algo que era nuestro, la integridad psíquica, la integridad física o el uso y disfrute de bienes.”

Diez-Picazo y Gullón en su obra Sistema del Derecho Civil indican: “La responsabilidad implica la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de resarcir el daño producido”; acotando el mismo Autor que la responsabilidad civil se clasifica en contractual y extracontractual o aquiliana, “La primera supone una transgresión de un deber de conducta impuesto mediante un contrato. La responsabilidad aquiliana, por el contrario, da idea de la producción de un daño a otra persona sin que exista una previa relación jurídica entre Autor del mismo y esta última”.

Por su parte el autor Joaquín Martínez Alfaro, en su obra Teoría de las obligaciones, precisa que la responsabilidad civil, es la obligación de carácter civil de reparar el daño causado directamente, ya sea por hechos propios del obligado a la reparación o por hechos ajenos de personas que dependen de él, o por el funcionamiento de cosas cuya vigilancia está encomendada al deudor de la reparación.

Tradicionalmente, la doctrina clasifica la responsabilidad civil en: a) responsabilidad civil contractual; y b) responsabilidad civil extracontractual.

La primera, nos referimos a la responsabilidad civil contractual, es la obligación de reparar el daño que se causa por el incumplimiento de una obligación previamente contraída; se traduce en el deber de pagar la indemnización moratoria o la indemnización compensatoria, por violarse un derecho relativo, derecho que es correlativo de una obligación que puede ser de dar, hacer, o de no hacer, cuyo deudor esta individualmente determinado.

En la indemnización moratoria, el acreedor demanda el cumplimiento de la obligación, más el pago de daños y perjuicios moratorios, o sea de los daños y perjuicios que se le han causado por el retardo del pago.

En la indemnización compensatoria, el acreedor reclama el pago de los daños y perjuicios causados por el definitivo incumplimiento de la obligación, es decir, solo los daños que le causaron por no recibir el pago.

Ahondando en la doctrina sobre este tipo de responsabilidad sobre los hechos a probarse  Jaime Fernández Madero antes citado en la misma obra refiere que tres son los presupuestos de hecho  a ser  probados, el contrato, el incumplimiento (inicial, material, total o parcial, según las distintas variantes) y el daño, extremos a ser probados conforme al onus probandi.

Respecto a la segunda, sobre a la responsabilidad extracontractual, diremos que es la que no deriva del incumplimiento de una obligación previamente contraída, sino de la realización de un hecho que causa un daño y que genera la obligación de repararlo, por conllevar la violación de un derecho absoluto, derecho que es correlativo de un deber de abstención que consiste en no dañar.  Doctrinalmente, la responsabilidad extracontractual, se clasifica en: subjetiva y objetiva. La responsabilidad extracontractual subjetiva, tiene como fundamento la intensión de dañar o en el obrar con negligencia o descuido, por lo tanto para la teoría subjetiva de la responsabilidad la culpa resulta esencial a efectos de establecer aquella.  Por su parte, la responsabilidad extracontractual objetiva, tiene como fundamento el deber genérico de no dañar a otro y consiste en la obligación de reparar el daño causado por el riesgo que genera la actividad desarrollada, en consecuencia, se exige que el daño derive de una actividad peligrosa que implique un riesgo, aun cuando se haya actuado lícitamente y sin culpa. Esta responsabilidad no toma en cuenta la culpa sino únicamente el elemento objetivo consistente en el daño derivado de una actividad peligrosa que implique un riesgo.

Otro aspecto importante es conocer que requisitos debe existir para la procedencia de la responsabilidad civil, primeramente, debe existir un perjuicio o daño, una culpa y un vínculo de causalidad entre la culpa y el perjuicio, aun cuando se trate de responsabilidad contractual.

La responsabilidad civil se puede verificar tomando en cuenta dos parámetros diferentes, en ese sentido diremos que puede verificarse por el daño jurídicamente atribuible causado por el incumplimiento de una obligación convenida - pre existente, o también por el deber genérico natural de no dañar a otro.  Según la doctrina la responsabilidad civil se clasifica en:  1) Responsabilidad civil contractual, cuyo origen necesariamente deviene de la convención pre existente entre dos o más personas que tienen la intención de crear, modificar o extinguir una relación jurídica; 2)  Responsabilidad civil extracontractual,  se refiere a un hecho que causa daño y que no deviene de una relación contractual, el daño ocasionado genera la obligación de repararlo por haberse transgredido un derecho absoluto que conlleva a un deber de abstención, que debe ser velado por todos.

3. Del resarcimiento convencional o clausula penal.

En cuanto al resarcimiento convencional o cláusula penal, tenemos que el Auto Supremo Nº 247/2017 de 09 de marzo, razona:Las partes en el marco de la libertad contractual pueden establecer, sanciones civiles o penalidades convencionales por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones o por el incumplimiento de las obligaciones, tal como lo señala el art. 532 del Código Civil cuando describe el resarcimiento convencional.

El Autor Carlos Morales Guillen en su obra titulada “Código Civil Concordado y Anotado” cuarta edición Tomo I, respecto a la norma citada supra, señala que: “Cuando se añade al contrato una convención accesoria -o se la incluye en una de las cláusulas de aquel- por la que el deudor queda obligado a dar alguna cosa al acreedor, para compensar a éste de la pérdida que le ocasione su incumplimiento, se pacta una clausula penal.

Su finalidad es reforzar la relación jurídica y establecer una indemnización convencional, su causa está en el temor del incumplimiento del contrato, su fuente es la libre voluntad de las partes. Con estos elementos, puede definirse la cláusula penal como el pacto accesorio por el cual el deudor, a fin de asegurar el cumplimiento de la obligación principal, promete una prestación determinada, para el caso de no cumplir la obligación contraída (Georgi)…..

La cláusula penal, en cambio, es una promesa accesoria, que obliga al deudor a efectuar una determinada prestación a título de pena para el supuesto incumplimiento injustificado o de demora en el cumplimiento de la obligación que nace del contrato y que tiene la función de resarcir al acreedor de los daños que la verificación de tales supuestos le ocasione, en la medida determinada convencionalmente, para ahorrar al acreedor, en el proceso correspondiente, la carga de la prueba del daño y la fijación de la cuantía del mismo.”.  De igual forma, la doctrina señala que la pena convencional se encuentra diferenciada en dos categorías: una compensatoria y otra convencional. La cláusula penal compensatoria es aquella fijada para reparar las consecuencias del incumplimiento absoluto y definitivo de la prestación debida, se trata de una liquidación anticipada de los daños y perjuicios derivados de este incumplimiento, por lo que no cabría acumulación entre el importe de la pena y el objeto debido. La cláusula penal moratoria es aquella constituida para subsanar las consecuencias del incumplimiento relativo de la prestación, ya sea por mora, cumplimiento defectuoso o parcial de la prestación, por lo que la pena se acumula a la prestación principal.”. 

Debemos analizar que dentro la libertad contractual que permite la ley sin sobrepasar sus propios límites, tenemos el resarcimiento convencional o cláusula penal, que es la convención previamente dispuesta y convenida por las partes consignada en el contrato antes de su ejecución, ya sea para asegurar el cumplimiento de lo convenido sancionando el retraso en la ejecución, o para resarcir el daño ocasionado por el incumplimiento definitivo.  La cuantía de la cláusula penal no puede exceder la obligación principal. 


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


Expuestos los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, corresponde considerar la impugnación en el fondo acusada en el recurso interpuesto.

Del estudio del recurso de casación se desprende que todo lo impugnado por la parte recurrente en los puntos 1, 2, 3 y 4 confluye a objetar los daños y perjuicios declarados a su favor en la sentencia y confirmados por el auto de vista por considerar la demandante que son insuficientes, alegando a tal efecto que el Auto de Vista Nº S-100/2018 de 09 de marzo cursante de fs. 445 a 447 no aplicó lo dispuesto en los arts. 345 y 346 del Código Civil en relación con el art. 984 del mismo cuerpo legal, manifestando que se debe responsabilizar a la parte demandada no solo por el daño previsto, sino también por las consecuencias inmediatas y directas del incumplimiento, ya que al existir dolo en el incumplimiento se está frente a un hecho ilícito, expresa que no se consideró la posibilidad legal de ampliar la responsabilidad de daño contractual previsto a daño por hecho ilícito, como se tiene demostrado en el proceso.

Para tener un panorama claro en cuanto a la argumentación jurídica a desplegarse y que esta sea coherente para su entendimiento, corresponde con carácter previo revisar algunos antecedentes del proceso.  Tenemos que Claudia Silvia Bustillos Montalvo y Geolgina Bustillos Montalvo plantean demanda sobre resolución de contrato de venta más daños y perjuicios, manifestando que según el documento de 18 de julio de 2011 contrataron con Freddy Grover Mendoza Guachalla y Zulma Jeanette Huanca de Mendoza la compra venta del bien inmueble ubicado en la calle Quintanilla Zuazo esquina calle Lenz, Nº 351, de superficie 281,60 m2, registrado en la oficina de Derechos Reales bajo la matrícula de folio real Nº 2.01.0.99.0120384 por la suma de $us. 560.000.- recibiendo el anticipo de $us. 100.000.-, quedando el saldo restante de $us. 460.000.- que sería cancelado mediante financiamiento bancario debiendo los demandantes entregar los documentos de propiedad al Banco Unión para viabilizar el crédito extremo que expresan haber cumplido, manifiestan que los demandados no cumplieron con el pago del saldo por la compra venta del inmueble; asimismo, el 27 de septiembre de 2012 suscribieron un acuerdo transaccional siendo lo único rescatable del mismo que las demandantes devolvieron la suma de $us. 30.000.- a los demandados.  Indican que el incumplimiento de la obligación principal del pago del precio de venta por el comprador habilita al vendedor a solicitar en la vía judicial la resolución del contrato más el resarcimiento del daño ocasionado según los Arts. 568 y 639 del Código Civil,  en cuanto a los daños y perjuicios señalan que nacen por el incumplimiento de la obligación de naturaleza contractual o legal, argumentan que los demandados iniciaron un proceso penal además de anotaciones preventivas sobre el inmueble que les ocasionaron daños y perjuicios, que la cláusula quinta del contrato faculta a las demandantes retener del monto anticipado en la suma de $us. 8.000.- como daños y perjuicios.

Producida la prueba, la juez A quo dictó sentencia declarando probada la demanda e improbada la acción reconvencional, disponiendo la resolución del contrato de 18 de julio de 2011 concerniente a la compra venta del bien inmueble ubicado en la Av. Quintanilla Zuazo, Nº 351, esquina Lenz, de superficie 281,60 m2, registrado bajo la matrícula de folio real Nº 2.01.0.99.0120384, ordenando a las demandantes, que en el plazo de 30 días de ejecutoriada la sentencia devuelvan a los demandados la suma de $us. 62.000, aclarando que $us. 8.000, quedan a favor de las demandantes en calidad de resarcimiento del daño acordado.

Recurrida la sentencia, la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció auto de vista confirmando la Sentencia fundando su decisión, en que la juez de primera instancia realizó una adecuada compulsa de los datos del proceso, el art. 532 del Código Civil regula el resarcimiento convencional y que el contrato precisamente estipula un resarcimiento convencional en observancia al incumplimiento del vendedor o  comprador, de los Arts. 984 y 994 del Código Civil expresó que la causa no versa sobre hechos ilícitos y que conforme señala la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, los hechos ilícitos surgen de relaciones extracontractuales.  Dentro de término legal la co demandante Claudia Silvia Bustillo Montalvo interpone recurso de casación bajo los argumentos expuestos en el Considerando II de la presente resolución.

Según la doctrina y jurisprudencia aplicada al caso, se tiene que la responsabilidad civil es el daño jurídicamente atribuible, causado por el incumplimiento de una obligación convenida o el deber natural de no dañar a otro, en ese sentido existen dos tipos de responsabilidad civil, una contractual que deviene de un contrato pre existente, en donde se conviene una forma de reparación del daño por cualquier emergencia de la relación contractual o el incumplimiento de las obligaciones de los contratantes; y otra extracontractual que se verifica por un hecho que causa daño al transgredirse un derecho absoluto que conlleva a un deber de abstención que debe ser velado, en esta forma no existe una convención contractual. 

Un ejemplo claro de reparación civil contractual es el resarcimiento convencional o clausula penal, misma que debe ser previamente convenida y consignada en el contrato, para asegurar el cumplimiento o para resarcir el daño ocasionado por el incumplimiento definitivo, entendiéndose que las partes contractuales prevén los daños y perjuicios que podría ocasionar el retraso o incumplimiento, razón por la que incluso se inserta un monto económico en el contrato dirigido a reparar el daño.

Revisado el contrato de 18 de julio de 2011 cursante de fs. 1 a 2 se tiene, que la cláusula quinta inciso b), expresamente conviene que ante el incumplimiento de pago por parte de los compradores, faculta a los vendedores retener en calidad de resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados la suma de $us. 8.000.- del monto entregado en anticipo.  Este acuerdo de partes constituye un resarcimiento convencional o clausula penal a favor de los vendedores ante la falta de pago de los compradores, es decir, que los daños y perjuicios demandados por la parte contraria fueron previamente considerados en el contrato objeto de resolución, por lo que la autoridad jurisdiccional solamente declaró su ejecución tomándose en cuenta que los contratos tienen fuerza de ley entre partes según dispone el Art. 519 del Código Civil.

Debe considerarse además, que los daños y perjuicios demandados devienen de un contrato, por lo que estamos frente a una forma de responsabilidad civil contractual, deduciéndose que todo lo emergente respecto a los daños y perjuicios demandados resultan de la relación contractual, encontrándose entre ellos el proceso penal y las anotaciones preventivas reclamadas como perjudiciales en el recurso de casación, en ese sentido no se puede confundir la reparación civil contractual con la extracontractual, más aún cuando existe un monto determinado previsto y dirigido a reparar el daño.    

Valorada la impugnación deducida por la co demandante y no resultando error o violación alguna, corresponde emitir resolución conforme lo establecido en el Art. 220.II del Código Procesal Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del Art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de Fs. 449 a 451 interpuesto por Claudia Silvia Bustillos Montalvo, contra el Auto de Vista Nº S-100/2018 de 09 de marzo, cursante de fs. 445 a 447 pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con costas y costos.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.