TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                      S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 436/2019

Fecha: 30 de abril de 2019

Expediente: SC-25-19-S

Partes: Antonio Chávez Moza y otro c/ Dagner Pantoja Pantoja.

Proceso: Mejor derecho propietario.  

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de Fs. 340 a 344 Vta. interpuesto por Dagner Pantoja Pantoja contra el Auto de Vista Nº 210/2018 de 04 de diciembre cursante de Fs. 334  a 337 pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso de mejor derecho propietario seguido por Antonio Chávez Moza y Ricardo Gómez Collazos representados por Susana Esperanza Zalles Machicado contra Dagner Pantoja Pantoja; respuesta al recurso de fs. 347 y vta., Auto de Concesión de fs. 349, Auto Supremo de Admisión Nº 259/2019-RA de fs. 356 a 358; Lo concerniente al proceso; y:    

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

La Juez Público Mixto Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Cotoca, pronunció el Auto Interlocutorio de 17 de julio de 2018, curasante de fs. 182 vta. a 184 vta., específicamente, que declara IMPROBADA la excepción de cosa juzgada, tramitándose de esta manera la causa se emitió la Sentencia de 12 de septiembre de 2018 de fs. 296 a 304, declarando PROBADA la demanda de fs. 36 a 38 sobre mejor derecho propietario e IMPROBADA la acción reconvencional de fs. 160 a 167, disponiendo que el demandado Dagner Pantoja Pantoja proceda dentro del plazo de 10 días de ejecutoriada la Sentencia, entregar a los demandantes los inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Cotoca, a 3.8 Km desde la Estación de Cotoca, sobre la vía férrea a Puerto Quijarro a 400 mts., con matrículas de folio real No. 7012010004230 y 7012010004244, bajo prevención de desapoderamiento con colaboración de la fuerza pública. Ordenó se registre la presente sentencia en las matriculas de folio real del demandado No. 7012010036414 y 7012010036413. 

Dagner Pantoja Pantoja respecto al Auto Interlocutorio de 17 de julio de 2018, que resolvió  la excepción de cosa juzgada, fundamentó el recurso anunciado en atención al art. 259 núm. 3 del Código Procesal Civil y contra la Sentencia interpuso el recurso de apelación, ambas cursantes de fs. 309 a 314 vta., dichas impugnaciones fueron resueltas por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que pronunció el Auto de Vista No. 210/2018 de 04 de diciembre cursante de fs. 334 a 337, CONFIRMANDO en todas sus partes el Auto de 17 de julio de 2018 cursante de Fs. 182 vta. a 184 vta., asimismo, declaró INADMISIBLE el recurso de apelación respecto al mejor derecho propietario bajo los siguientes fundamentos:

Que la juez A quo al dictar el Auto de 17 de julio de 2018, cursante de fs. 182 vta. a 184 Vta., declarando Improbada la excepción de cosa juzgada, obró de manera correcta, que de la revisión de los antecedentes cursantes en obrados concretamente de la Sentencia Constitucional No. 0941/2017-S2, arrimada al proceso en fotocopias legalizadas de fs. 83 a 104, se tiene dentro de la acción tutelar los sujetos procesales como accionantes son los ahora demandantes Antonio Chávez Moza por sí y en representación de Ricardo Gómez Collazo, y los accionados Wilfredo Añez Carrasco en su calidad de Alcalde Municipal, Pilar Jackeline Osinaga Pedraza, Ramón Ayala Céspedes, Adelaida Flores y Eric Rodrigo Cambara Ferrufino los mismos en su condición de concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, por lo que dicho Tribunal concluye que el agravio denunciado por el recurrente no es evidente.

En cuanto a la impugnación de la Sentencia, el tribunal Ad quem, transcribiendo parte de la apelación deducida por el demandado indicó, que revisados los antecedentes cursantes en el expediente se tiene que lo recurrido no es el fundamento de la resolución impugnada no pudiendo el Tribunal de alzada ingresar a considerar antecedentes que no están sujetos a debate en la resolución apelada,   refiriendo al art. 265.I  del Código Procesal Civil, concluye que Dagner Pantoja Pantoja en el recurso de apelación de fs. 309 a 314 vta., no desvirtúa los fundamentos jurídicos expuestos en la Sentencia, por consiguiente declara inadmisible el recurso.

Contra el Auto de Vista el demandado Dagner Pantoja Pantoja interpuso recurso de casación cursante de fs. 340 a 344 Vta. de obrados, mismo que tiene el siguiente análisis:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

La impugnación deducida por la parte recurrente no precisa si el recurso de casación es en el fondo o en la forma se tiene lo siguiente:

En cuanto a la excepción de cosa juzgada.

1. Manifiestó que los demandantes pretenden obtener los dos inmuebles que adquirió legalmente y de los cuales jamás reclamaron su supuesto derecho sino hasta el año 2014, cuando por la vía administrativa intentaron anular las resoluciones administrativas de la Alcaldía de Cotoca que le otorgaron el derecho propietario sobre los inmuebles objeto del proceso, institución que dictó la Resolución Edil No. 83/2014, que rechaza la nulidad de las resoluciones de adjudicación municipal solicitada por los demandantes, ratificando su derecho propietario.

2. Expone que está claramente establecido que la demanda de nulidad interpuesta ante la alcaldía de Cotoca por parte de los demandantes es sobre los mismos inmuebles que pretende apropiarse la parte actora en el proceso judicial y que el Auto de 17 de julio de 2018 como el Auto de Vista No. 210/2018 de 04 de diciembre ignoraron, que en ambos casos se trata de los mismos demandantes y del mismo objeto de la demanda; los demandantes según afirma- agotaron sus opciones legales para hacer valer su supuesto derecho sobre el inmueble de su propiedad.

3. Hace referencia a la forma y todo el trámite administrativo que realizó para adjudicarse el bien inmueble, reclama que el Auto de Vista No. 210/2018 de 04 de diciembre ignoró por completo dichos antecedentes.

4. Redunda indicando que los demandantes se presentan ante la Alcaldía de Cotoca y en la vía administrativa presentaron una demanda sobre nulidad de las resoluciones que determinan la adjudicación definitiva a su favor, misma que concluye con la Resolución Edil No. 083/2014 de 26 de mayo de 2014, declara Improbada la acción de nulidad de adjudicación. Manifestó que los demandantes ignorando la Ley de Procedimiento Administrativo en sus arts. 56, 64 y 65 renuncian al recurso de revocatoria e interponen recurso jerárquico en contra del decreto indicado, olvidando que los arts. 66 y 67 del mismo cuerpo legal administrativo, determinan que el recurso jerárquico procede únicamente contra la resolución que resuelve el recurso de revocatoria, por lo que al renunciar al recurso de revocatoria el decreto edil adquiere ejecutoria y por consiguiente calidad de cosa juzgada.

5. Expresó que los Vocales conocen a cabalidad la doctrina y la norma boliviana que establece que cuando en la administración pública se emite una resolución administrativa, quien se creyere vulnerado en sus derechos podrá plantear un recurso de revocatoria ante la misma autoridad que dictó dicha resolución y posteriormente podrá interponer recurso jerárquico o en su defecto demandar por la vía judicial ordinaria, por lo que al elegir una de ellas no podrá acudir posteriormente a la otra. 

6. Transcribe el art. 230 del Código Procesal Civil y reclama que la cosa juzgada tiene efecto en el proceso toda vez que la cosa demandada, la causa y las partes son las mismas tanto en el proceso administrativo como en el proceso judicial, concluyendo que lo pretendido por los demandantes ya fue considerado, evaluado y analizado en el proceso administrativo.

En cuanto a la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de apelación.

1. Manifestó que la prueba producida en el proceso demuestra fehacientemente que es legítimo poseedor y propietario de los inmuebles objeto del proceso sin que nadie se hubiere opuesto a ese derecho constituido legalmente.

2. Refiere que el art. 351 inc. 7) del Código Civil, determina que una de las maneras de extinción de las obligaciones es la prescripción, encontrándose en posesión de los inmuebles desde el año 2.000 y que los demandantes debieron tomar las medidas o recursos legales para reclamar su derecho dentro de los primeros cinco años, por lo que a su entender- el derecho de la parte actora ha prescrito.

3. Indica que los arts. 1492. I y 1493 del Código Civil, determinan que los derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece y la misma empieza a valer desde que el titular dejo de ejercerlo, señalando que los demandantes debieron reclamar oportunamente su derecho cuando tomaron posesión del inmueble el año 2000.

4. Expone también que su derecho propietario se encuentra plenamente constituido al haber inscrito ambos inmuebles bajo su titularidad ante la oficina de Derechos Reales, según sale de las matriculas de folio real No. 7012010036414 y 7012010036413, al ser un registro público es de conocimiento general y surte efectos contra terceros según el art. 1538 del Código Civil, pudiendo los demandantes interponer acción legal en su momento, sin embargo esa falta de acción según su razonamiento- presume un consentimiento tácito de los demandantes ante la posesión ejercida.

5. Reclamó que el propio testigo propuesto por los demandantes, técnico encargado del trámite de adjudicación municipal, no halló registros de propiedad en los archivos del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, razón por la cual procedió a la adjudicación cumpliendo todos los requisitos exigidos, sin embargo sospechosamente aparecen registros tanto en la Alcaldía de Cotoca como en Derechos Reales.

6. Transcribe los arts. 87 Inc.1), 105, 106 y 110 del Código Civil, alegando que adquirió la propiedad por efecto del contrato suscrito el 27 de abril de 2000 tomando posteriormente posesión, sin ser perturbado en ningún momento durante más de dieciocho años por lo que considera que tiene el mejor y legítimo derecho propietario de los dos inmuebles.

7. Reitera que la falta de acción por parte de los demandantes por más de catorce años dan lugar a la prescripción del derecho de los mismos, quienes reconocen haber tenido conocimiento de la posesión en la que se encontraba sin realizar ninguna acción legal para recuperar o hacer valer su supuesto derecho.

Solicitó casar el auto impugnado ordenándose la anulación de las matriculas de registro propietario de los demandantes y ratifique su derecho propietario sobre los inmuebles objeto del proceso. 

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

Corrido en traslado el recurso de casación la parte demandante contesto indicando:

1. Que el recurso de casación interpuesto por Dagner Pantoja Pantoja no cumple con el requisito formal previsto por el art. 274 inc. 3) del Código Procesal Civil, al no expresar con claridad y precisión la ley o leyes infringidas, la violación, falsedad o aplicación errónea de las mismas.

2. Aducen que el recurso interpuesto se limita a reproducir los memoriales presentados ante el juez de la causa durante la sustanciación del proceso, reiterando una aparente cosa juzgada y una prescripción de los derechos de los demandantes, cuando no existe una sentencia con autoridad de cosa juzgada que haya extinguido sus derechos sobre los inmuebles objeto del proceso, indican que nunca existió una sentencia ordinaria con autoridad de cosa juzgada que haya extinguido sus derechos como erróneamente considera el recurrente.

3. Exponen que el recurso de casación interpuesto no precisa si es en el fondo o en la forma teniendo en cuenta que la norma supuestamente violada seria el Art. 230 del Código Procesal Civil en relación con el art. 271.II del mismo cuerpo legal.

4. Manifiestan que el recurso de casación interpuesto sale del esquema y forma recursiva en cuanto a la impugnación por casación, pretendiendo según responden- que la resolución del recurso declare la prescripción del derecho de los demandantes e incluso anule los registros de propiedad de los mismos.   

Solicitan se declare improcedente el recurso de casación con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

1. De la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales y del   convencimiento pleno que debe generar a las partes.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, ha glosado amplia jurisprudencia en torno a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, entre ellas tenemos la Sentencia Constitucional No. 673/2018-S3 de 27 de diciembre, que indica: “Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición.

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras)”.  Es pertinente señalar que toda persona que acude ante la jurisdicción ordinaria para demandar según sus derechos e intereses, debe recibir por parte de los administradores de justicia una respuesta pronta y oportuna, pero más importante aún, tiene la garantía de que la autoridad judicial debe responder sus pretensiones de forma ordenada, coherente y puntual respecto a los hechos puestos en conocimiento del juzgador, con el fin de generar en las partes pleno convencimiento sobre las decisiones judiciales siempre velando por el cumplimiento de las normas sustantivas y adjetivas aplicables a cada caso concreto.

Solo así los sujetos procesales que recurren ante la autoridad judicial tendrán plena convicción de que sus pretensiones y solicitudes fueron debida y responsablemente atendidas, la administración de justicia no solo debe determinar la situación jurídica de las partes sino que además debe crear pleno convencimiento de que la norma legal ha sido correctamente aplicada para la consecución de la justicia, lo contrario sería generar incertidumbre.   

2. De la excepción de cosa juzgada.

El Código Procesal Civil respecto a la excepción de cosa juzgada, señala: “ARTICULO 128. (EXCEPCIONES PREVIAS). I. Las excepciones previas son: 10) Cosa juzgada.”; asimismo, el Código Civil refiere: “ARTÍCULO 1319. (COSA JUZGADA).- La cosa juzgada no tiene autoridad sino con respecto a lo que ha sido objeto de la sentencia. Es menester que la cosa demandada sea la misma, que la demanda se funde en la misma causa, que las partes sean las mismas y que se entable por ellas y contra ellas.”.

La excepción de cosa juzgada y la cosa juzgada como tal han generado amplio debate en la administración de justicia para aclarar esta figura legal importante para la defensa dentro de un proceso judicial revisemos la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a las características, pertinencia y viabilidad de la excepción de cosa juzgada, en ese sentido tenemos el Auto Supremo Nº 715/2015 de 26 de agosto, indica: “(…) De lo anteriormente señalado, se debe comprender por “cosa juzgada”, conforme dispone el art. 515 del Código de Procedimiento Civil, “(AUTORIDAD DE COSA JUZGADA), Las sentencias recibirán autoridad de cosa juzgada: 1) Cuando la ley no reconociere en el pleito otra instancia ni recurso. 2) Cuando las partes consintieren expresa o tácitamente en su ejecutoria”, es decir que la Autoridad de cosa juzgada es la eficacia de una Sentencia judicial, cuando no existen contra ellas medios de impugnación que permiten modificarla, es en ese sentido que cita: "(Couture); "Indiscutibilidad de la esencia de la voluntad concreta de la ley afirmada en la Sentencia" (Chiovenda); por su parte nuestra legisl ación ha recogido dicho instituto en el art. 1319 del Código Civil, estableciéndose la existencia de ciertos requisitos que necesariamente deben cumplirse, Identidad legal de personas que consiste en la identidad que debe presentarse en las personas, entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta. Identidad de la cosa pedida, para que exista identidad de cosa pedida es necesario que entre el primer proceso y el segundo tengan un mismo objeto. El objeto del proceso se suele definir como: "el beneficio jurídico que en él se reclama". Y por último la Identidad de causa de pedir La ley lo define como: "el fundamento inmediato del derecho deducido en el juicio". No debe confundirse con el objeto del pleito, ya que en dos procesos puede pedirse el mismo objeto, pero por causas diferentes, la causa de pedir será el principio generador del mismo.

En consecuencia, se hace necesario que el juzgador conozca que en un litigio anterior fue resuelto, mediante Sentencia firme, el asunto que se le pone de manifiesto, demostrando plenamente la existencia de identidad de sujetos, del objeto litigado y la causa de la pretensión, que precisamente se refiere el art. 1319 del Código Civil.

En ese mismo sentido “Rafael Martínez Sarmiento identifica tres identidades clásicas que son: Idem corpus, que es el mismo petitum, objeto o derecho ventilado; eadem casua petendi, la causa es el hecho del cual surge el derecho litigioso y Eadem conditio personarum, por regla general, las Sentencias no producen efecto sino Inter partes, es decir entre los litigantes”.

De la misma forma Hugo Alsina, identifica tres elementos importantes para la procedencia de cosa juzgada y nos enseña que: "La inmutabilidad de la Sentencia que la cosa juzgada ampara, está condicionada por la exigencia de que la acción a la cual se opone sea la misma que motivó el pronunciamiento. Este proceso de identificación se hace por la comparación de los elementos de ambas acciones, y la excepción de cosa juzgada procederá cuando en ellas coincidan: 1º) los sujetos, 2º) el objeto, 3º) la causa.”

Expuestos los requisitos de procedencia de la excepción de cosa juzgada, corresponde referirnos a los efectos que esta produce, el Auto Supremo Nº 1051/2015 de 16 de noviembre, señala: “Cuando una Sentencia adquiere calidad de cosa juzgada se derivan una serie de efectos que podemos definir como aquellas repercusiones que produce la Sentencia firme en el ámbito del ordenamiento jurídico, en ese sentido la cosa juzgada material produce dos efectos esenciales uno negativo y otro positivo. El efecto negativo supone la imposibilidad de sustanciar otro proceso sobre el mismo objeto, es lo que se conoce como non bis in idem, su justificación radica en que no es posible sustanciar un mismo litigio en forma eterna. El efecto positivo, supone la prohibición de que en un segundo proceso se decida de forma diferente a lo ya resuelto en un primero (…)”.

Según ilustra la jurisprudencia transcrita una de las características de la cosa juzgada es su inmutabilidad, es decir la decisión judicial ejecutoriada respecto a un asunto litigioso considerado y resuelto por la autoridad jurisdiccional, no varía, no cambia, se mantiene inmutable correspondiendo su cumplimiento, la cosa juzgada se alcanza por no existir otro medio de impugnación procesal o por consentimiento de las partes.

En cuanto a la excepción de cosa juzgada podemos advertir que la misma es un medio de defensa que tiene como fin destruir o enervar una demanda sin ingresar al fondo del litigio, la excepción de cosa juzgada reviste transcendental importancia toda vez que no puede discutirse en otro proceso situaciones jurídicas ya expuestas ante la autoridad competente y que merecieron un pronunciamiento que alcanzó el carácter de definitivo todo ello en resguardo de la seguridad jurídica.  Para interponer una excepción de cosa juzgada existen requisitos que hacen su procedencia, los cuales están considerados en el Art. 1319 del Código Civil, la norma es clara al señalar que para ser viable la excepción de cosa juzgada debe existir identidad de sujetos procesales, es decir que las partes sean las mismas ya sea de forma personal o por sucesión hereditaria; que exista identidad de objeto, siendo esta la cuestión litigiosa o “thema decidendi” que se somete a consideración y resolución del juzgador; e identidad de causa o “causa petendi" que son los hechos por los cuales el actor o quien inicia un juicio se ve compelido de demandar.  El cumplimiento y verificación de estos requisitos determinara la procedencia o improcedencia de la excepción de cosa juzgada.

3. Del recurso de casación y las causales de improcedencia objetivas o regladas.

El Tribunal Supremo de Justicia en su labor jurisprudencial, reguló las causales de improcedencia del recurso de casación, argumentando en el Auto Supremo No. 633/2018-RI de 10 de julio, lo siguiente: “(…) en lo que denominamos causales de improcedencia objetivas o regladas, se encuentran:

a) El plazo para su interposición (art. 273 CPC) Diez días, que deben computarse conforme a las reglas establecidas en los art. 90 y 91 del Código de Procesal Civil.

b) El tipo de resolución que se impugna pues, si bien se encuentra establecido en el art. 270 del Código Adjetivo de la materia, sin embargo la citada normativa ha sido interpretada en sus alcances por el AS Nº855/2016 de 20 de julio, cuyo criterio fue ampliado por el AS 751/2017 de 18 de julio.

c) La Legitimación para recurrir entendida, en esencia, como la aptitud legal para interponer el recurso de casación, supuestos que han sido desarrollados en el  AS 1306/2016 y por último;

d) La exposición de los puntos de controversia que debe contener un mínimo de explicación y coherencia, para que este Tribunal pueda inferir la problemática planteada, porque en caso de resultar sumamente generales las alegaciones contenidas existe evidente dificultad material para determinar la problemática jurídica; así por ejemplo, cuando se invoca la falta de motivación en la resolución sin precisar qué punto o parte de la argumentación fue inmotivada, reclamo que al resultar tan genérico impide determinar cuál la intencionalidad del recurrente. (AS 352/2018-RI de 2 de mayo).

“(…) las causales de improcedencia subjetivas o Auto restricciones jurisprudenciales, se encuentra la expresión de agravios reglada en la normativa y cuyos parámetros de análisis comprende casos de:

a) “Per saltum”, principio por el cual para estar a derecho los reclamos que se invocan en casación estos deben ser invocados en apelación, agotando completamente la instancia (AS Nº 939/2015 de 14 de octubre).

b) Contra una resolución que disponga una nulidad procesal, en cuyo caso no es viable interponer reclamos inherentes al fondo, entendiendo que tratándose de un Auto de Vista anulatorio no se ingresó al fondo de la causa, por cuanto una correcta técnica recursiva conduce a que debe observarse únicamente los motivos y argumentos que dieron origen a la nulidad dispuesta para determinar si esa resolución es correcta. Entendimiento aplicable también al caso en que el Tribunal de alzada declara inadmisible el recurso de apelación por falta de cumplimiento de requisitos de admisibilidad, es decir, que los argumentos que sustentan el recurso de apelación deben ir dirigidos a enervar los fundamentos de esa inadmisibilidad y no cuestiones de fondo.

c) En casación, no es viable observar u objetar la Sentencia, entendimiento asumido bajo la lógica que el Auto Supremo a emitirse tiene como finalidad el análisis del Auto de Vista, criterio que ha sido ampliamente desarrollado en el AS 1009/2016 de 24 de agosto

d) Falta de legitimación por no tratarse de un derecho propio, que no debe confundirse con la falta de legitimación para recurrir, sino con la falta de aptitud para reclamar derechos que conciernen o afectan a otro sujeto procesal.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, corresponde considerar la impugnación acusada en el recurso interpuesto.

De la excepción de cosa juzgada y lo impugnado por la parte recurrente contenidos en los puntos 1 al 6 del Considerando II, tienen como fin objetar precisamente la excepción de cosa juzgada confirmada por el tribunal Ad quem, además de la declaratoria de inadmisibilidad en cuanto a la apelación deducida contra la Sentencia, alegando a tal efecto que el Auto de Vista No. 210/2018 de 04 de diciembre cursante de Fs. 334 a 337, realizó una incorrecta aplicación de los arts. 228 núm.1 y 230 del Código Procesal Civil, por no considerar que en la vía administrativa a denuncia de los demandantes, se dictó el Decreto Edil No. 83/2014 de 26 de mayo que rechazó la nulidad de las resoluciones de adjudicación municipal de los inmuebles que reclama en propiedad, manifestando que respecto al Decreto Edil No. 83/2014 de 26 de mayo y el presente proceso existe identidad de sujeto, objeto y causa por cuanto corresponde se declare probada la excepción de cosa juzgada.

Para tener un panorama claro en cuanto a la argumentación jurídica a desplegarse y que esta sea coherente para su entendimiento y resolución respecto a la excepción de cosa juzgada, corresponde con carácter previo revisar algunos antecedentes del proceso. Tenemos que Antonio Chávez Moza y Ricardo Gómez Collazos representados por Susana Esperanza Zalles Machicado plantean proceso civil sobre mejor derecho propietario, manifestando que sus representados son propietarios de 10.000 Mts2. cada uno del bien inmueble ubicado en la zona este de Cotoca, localidad El Campanero cuyo registro propietario se encuentra en la matrícula de folio real No. 7.01.2.01.0004230 y 7.01.2.01.0004244, que el demandado Dagner Pantoja Pantoja, fraguando documentos se adjudicó del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca la misma propiedad, indican que los antecedentes dominiales con los que cuentan son anteriores al del demandado.  Dagner Pantoja Pantoja responde a la demanda e interpone excepción de cosa juzgada argumentando que el Decreto Edil No. 83/2014 de 26 de mayo declaró improbada la denuncia de nulidad de adjudicación, confirmando su derecho propietario, que al estar ejecutoriada la decisión administrativa existe identidad de sujeto, objeto y causa respecto a la demanda de mejor derecho propietario.

El auto interlocutorio de 17 de julio de 2018 de Fs. 182 vta. a 184 vta., declara Improbada la excepción de cosa juzgada bajo el fundamento de que no existe ningún proceso judicial ni sentencia ejecutoriada sobre mejor derecho propietario en donde intervengan las partes del proceso, recurrido en apelación, la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dictó el Auto de Vista No. 210/2018 de 04 de diciembre, confirmando el Auto Interlocutorio de fs. 182 vta. a fs. 184 Vta., indicando que la declaración de cosa juzgada fue correctamente valorada, sin embargo confunde que dicha valoración correspondería a la acción de amparo constitucional interpuesta por los demandantes, cuando la excepción de cosa juzgada según la demanda, apelación y recurso de casación refieren, que la cosa juzgada corresponde al decreto edil y la interposición del presente proceso.  

Según la norma legal, doctrina y jurisprudencia aplicada al caso, se afirma que la excepción de cosa juzgada se encuentra regulada por los arts. 128.I. núm. 10 del Código Procesal Civil y 1319 del Código Civil, considerándose que dicha excepción es un medio de defensa dirigido a enervar la demanda sin ingresar al fondo del litigio, es requisito sine qua non para la procedencia de la excepción de cosa juzgada la coincidencia del sujeto, objeto y causa en cuanto al proceso anterior que necesariamente debe contar con una sentencia ejecutoriada y el nuevo proceso; es decir, que en el proceso anterior y en el nuevo proceso intervengan las mismas partes procesales por cuenta propia o por sucesión hereditaria, que la cuestión litigiosa u objeto de la controversia sea la misma y que la causa de pedir sea coincidente, debiendo contar el primer proceso con una resolución ejecutoriada, verificados estos tres requisitos darán lugar a la procedencia o improcedencia de la excepción de cosa juzgada. 

En el presente caso, de fs. 79 a 82, cursa fotocopia del Decreto Edil No. 083/2014 de 26 de mayo, que declara improbada la demanda de nulidad de adjudicación invocada por Antonio Chávez Moza en cuanto a la emisión de planos de ubicación y certificados catastrales registrados a nombre de los demandados Dagner Pantoja Pantoja y Dilner José Salvatierra Mendoza, de la verificación y contrastación del Decreto Edil indicado y el presente proceso se tiene:  1) Que en el proceso administrativo interviene Antonio Chávez Moza como demandante, actuando en el presente proceso como parte actora Antonio Chávez Moza y Ricardo Gómez Collazos; los demandados en el proceso administrativo son Dagner Pantoja Pantoja y Dilner José Salvatierra Mendoza, en el presente proceso solo interviene Dagner Pantoja Pantoja.  2) El objeto del proceso administrativo es la nulidad de adjudicación municipal en cuanto a la emisión de planos de ubicación y certificados catastrales de los lotes de terreno de Dagner Pantoja Pantoja y Dilner José Salvatierra Mendoza; en el presente caso el objeto es la determinación del mejor derecho propietario de Antonio Chávez Moza y Ricardo Gómez Collazos en contraposición de Dagner Pantoja Pantoja. 3) En cuanto a la causa, el proceso administrativo tiene como hecho motivador la irregular adjudicación realizada por la Alcaldía de Cotoca a favor del demandado; en cambio el presente proceso tiene por causa el derecho propietario con antecedente tradicional que asiste a los demandantes en comparación con el demandado. 

Lo analizado permite concluir que tanto en la Sentencia de primera instancia que declara improbada la excepción de cosa juzgada como el Auto de Vista que confirma dicha resolución consideraron correctamente la excepción interpuesta, no existiendo violación a ninguna norma o derecho, por no existir identidad en la causa ni en el objeto.        

Respecto a la impugnación del Auto de Vista No. 210/2018 de 04 de diciembre de Fs. 334 a 337 en la parte que declara la inadmisibilidad del recurso de apelación, nuevamente el demandado alega situaciones que no refutan la declaración de inadmisibilidad, redundantemente hace referencia a la forma en que adquirió la propiedad y la posesión en la que se encuentra, cuando los argumentos del recurso de casación interpuesto deben estar dirigidos a demostrar que la inadmisibilidad decretada por el tribunal Ad quem es incorrecta. Concluyendo que no existe coherencia recursiva entre la inadmisibilidad dispuesta por el Auto de Vista y lo recurrido por el demandado, razón por lo que, al no existir problemática jurídica debidamente expuesta por el demandado, este Tribunal se ve impedido de revisar y analizar este punto del recurso de casación interpuesto. 

Valorada la impugnación deducida por el demandado, corresponde emitir Auto Supremo conforme lo establecido en el art. 220. II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de Fs. 340 a 344 vta., interpuesto por Dagner Pantoja Pantoja contra el Auto de Vista Nº 210/2018 de 04 de diciembre, cursante de Fs. 334 a 337, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con costas y costos.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1000 (Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.