TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                       S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 435/2019

Fecha: 30 de abril de 2019

Expediente: SC-141-18-S.

Partes: Fernando Cuchallo Arancivia c/ Luz Guzmán Zurita y Adolfo Ugarte

             Callejas 

Proceso: Usucapión extraordinaria  

Distrito: Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación de fs. 492 a 494, presentado por Fernando Cuchallo Arancivia,  impugnando el Auto de Vista Nº 036/2018 pronunciado el 24 de abril por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 488 a 490 vta.) en el proceso ordinario de usucapión extraordinaria, seguido por el recurrente contra Luz Guzmán Zurita y Adolfo Ugarte Callejas, las contestaciones de fs. 498 a 499 y de fs. 500 a 501, Auto de concesión de 1 de octubre de 2018 a fs. 502, Auto Supremo de admisión N° 1116/2018-RA de 9 de noviembre; todo lo inherente y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Fernando Cuchallo Arancivia demandó a presuntos propietarios (fs. 35 a 36), ratificada a fs. 97 y vta., acción ordinaria de usucapión extraordinaria. Por memorial de fs. 136 Luz Guzmán de Álvarez contestó la demanda en forma negativa. Tramitado así el proceso ordinario de usucapión extraordinaria, hasta la sentencia que declaró IMPROBADA la demanda principal.

2. Fernando Cuchallo Arancivia, impugnó dicha resolución mediante recurso de apelación cursante de fs. 442 a 444, resuelto por Auto de Vista N° 036/2018 pronunciado el 24 de abril (fs. 488 a 490 vta.) que en su parte dispositiva CONFIRMÓ en todas sus partes la Sentencia Nº 1/2017 de 15 de febrero.

El Auto de Vista expuso como fundamento lo siguiente: La parte demandada demostró su derecho propietario con los documentos originales de fs. 121 a 126 consistente en la escritura de división y entrega de lotes de fs. 367 a 368 vta., 369 a 372 fotocopias legalizadas de la escritura de adjudicación otorgado por la H.A.M. de Mairana y los planos con la reasignación de un nuevo número de manzana, y a fs. 373 el plano de ubicación y mensura aprobado por la jefatura de catastro de la Alcaldía.

Asimismo señaló que el proceso al haber sido anulado hasta fs. 219 por el Auto de Vista de fs. 311 a 312, el recurso de reposición como la inspección judicial de fs. 179 a 180 fueron también anulados, sin embargo dicho acto procesal, en su oportunidad fue correctamente señalado y realizado dentro del periodo probatorio, con lo que queda desvirtuado que la realización de la audiencia de inspección judicial, violentó el derecho a la defensa y a la igualdad de partes, respecto al acta de fs. 39, dicha inspección se llevó a cabo sin la notificación a los propietarios, quienes ni siquiera fueron demandados.

Respecto a la tercera audiencia de inspección ocular, el Ad quem señaló que el juez actuó correctamente en razón de dictar nuevo Auto de calificación del proceso, porque la prueba de inspección en este tipo de procesos puede señalarse inclusive de oficio y no puede agravar la situación del demandante por el principio de eficacia, eficiencia e inmediación. El juez a través de esta prueba formará su criterio para juzgar en derecho y en justicia.

Con relación a la certificación del corregidor de Mairana, no se advierte que esa aclaración hubiera sido objetada oportunamente por el demandante, por lo que, es correcto que el Juez haya considerado dicha prueba.

Finalmente, el Tribunal de alzada sostuvo que el demandante al ser dueño de su pretensión estaba en la ineludible obligación de interponer la demanda contra los propietarios que aparecen como dueños en los registros, al no haber procedido de esa manera, no puede en etapa de impugnación, pretender que ello constituya un vicio.  

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De las denuncias expuestas por la parte recurrente, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen las siguientes:

1. Denunció que los demandados no demostraron su derecho propietario, ya que Rembert Arce Pimentel, Gueider Velasco Paz y Bernardo Álvarez no estaban autorizados para suscribir la escritura pública de entrega de lotes, en sentido que no se encuentra en las literales de fs. 47 a 51; 66 a 71 y 121 a 126 vta., el acta de autorización que se menciona en la cláusula segunda. Por lo que los jueces de instancia infringieron el art. 397 del Código de Procedimiento Civil con el cual se tramitó el proceso, así como el art. 145 del Código Procesal Civil y la adecuación a la causal prevista en el art. 271 del mismo cuerpo de leyes.

2. Señaló que la sentencia apoyó sus fundamentos en la inspección ocular de fs. 179 a 180, prueba que el Auto de Vista contradictoriamente señaló que fue anulada y que en los hechos no ocurrió, la misma que fue llevada de manera irregular. Por lo que el A quo no podía tomar en cuenta una audiencia de inspección ocular que fue cuestionada y estaba sujeto a un recurso oportunamente planteado que jamás se resolvió. Además, se tiene una tercera audiencia de inspección ocular de fecha 12 de agosto de 2016, la cual no es mencionada en la sentencia. Denunciando indefensión y en consecuencia debería anularse el proceso.

3. Alegó que el Juez de primera instancia tomó en cuenta la certificación cursante a fs. 394, la cual es inexistente jurídicamente en el proceso, sin embargo, el A quo pese de haberla rechazado mediante decreto de 31 de julio de 2015 de fs. 396, la nombra en la sentencia sin que el recurrente tuviera la posibilidad de pronunciarse sobre ella. Causándole un estado de indefensión. Al respecto el Auto de Vista señaló que el recurrente no objetó dicha prueba, jamás aceptada por el Juez, por lo tanto, inexistente.

4. Acusó que Adolfo Ugarte Callejas probó su derecho propietario con fotocopias simples carentes de todo valor legal cursante de fs. 183 a 188, infringiendo el art. 1311 del Código Civil. El Auto de Vista justificó la sentencia indicando que de fs. 121 a 126 se tiene fotocopias legalizadas y originales. Hizo notar que el proceso fue anulado y era obligación de los demandados ratificarse en la documental señalando en que consiste sus pruebas conforme lo previene el Código Procesal Civil e indicar donde cursan las mismas, no pudiendo el juzgador dar por aceptada una prueba.

Peticionando en definitiva se case el Auto de Vista, revocando la sentencia.

De la respuesta al recurso de casación.

La parte demandada contestó manifestando que el recurrente tenía la obligación de probar durante el proceso la carga de la prueba que le corresponde, demostrando con pruebas idóneas, creíbles y fidedignas, todo lo aseverado en su demanda, sin embargo, no ha probado nada y lo que pretende es única y exclusivamente dilatar el proceso, mediante argucias, chicanerias y amenazas tal como consta a fs. 441.

Peticionando se declare infundado el recurso de casación con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la valoración de la prueba.

Respecto a la valoración de la prueba, la misma es una facultad privativa de los operadores de justicia, el art. 1286 de la norma sustantiva civil refiere: “Las pruebas producidas serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determina otra cosa, podrá hacerlo conforme a su prudente criterio.” Concordante con el art. 145 de la norma adjetiva de la materia que refleja: “I. La autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio. II. Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la Ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta.”.

Por su parte Couture define la sana crítica como "las reglas del correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia.”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. Con relación al reclamo en sentido que Rembert Arce Pimentel, Gueider Velasco Paz y Bernardo Álvarez no estaban autorizados para suscribir la escritura pública de entrega de lotes de adjudicación del derecho propietario de los demandados, ya que no se adjuntó al proceso el acta de autorización según la cláusula segunda.

Corresponde señalar que de la literal de fs. 121 a 126 vta., se desprende un testimonio de escritura de división y entrega de lotes a los trabajadores y ex trabajadores de la Empresa Productos Alimenticios del Maíz “PAM”, mismo que refleja el original que custodia el Notario de Fe Pública de Mairana, donde se protocolizó la misma, por lo que, el acto de división y entrega realizado por el “PAM” a la parte demandada es eficaz en función a las decisiones asumidas en su interior, siendo insustancial que el recurrente cuestione la extensión de un acta cuando el demandante ahora recurrente no tiene legitimación para discutir los actos de una persona jurídica que es ajena a este. Se debe aclarar que en el presente proceso no está en tela de juicio la forma de extensión y división del terreno objeto de litis, sino la probanza de la posesión alegada por el actor. Por lo que el reclamo sobre la omisión del acta resulta impertinente al presente proceso.

2. Referente al supuesto agravio que la sentencia apoyó sus fundamentos en la inspección ocular de fs. 179 a 180, prueba que el Auto de Vista contradictoriamente señaló que fue anulada, pero en los hechos no ocurrió, la misma que fue llevada de manera irregular, ya que estaba sujeto a un recurso oportunamente planteado que jamás se resolvió. Además, se tiene una tercera audiencia de inspección ocular de fecha 12 de agosto de 2016, la cual no es mencionada en la sentencia. Denunciando que se le causó indefensión y consecuentemente debería anularse el proceso.

Concierne manifestar que los recursos de reposición no paralizan el proceso, por lo que la inspección judicial de fs. 179 a 180 llevada adelante el 30 de abril del 2013 al no tener una decisión específica de nulidad como bien lo exterioriza el mismo recurrente y que si bien el Tribunal de alzada  erró en su apreciación, la misma es útil al proceso, ya que fue producida por el juez que conoció la causa previa etapa probatoria, esto se entiende para considerar el estado de posesión de la parte actora sobre el inmueble objeto de litis, lo cual fue correctamente analizado en sentencia; por otra parte, la audiencia de inspección judicial del 12 de agosto de 2016 cursante de fs. 411 a 413 vta., coincide con las conclusiones de la audiencia observada de fs. 179 a 180.

Referente a la inspección ocular a fs. 39, la misma se llevó a cabo sin la notificación a los propietarios, quienes ni siquiera fueron demandados como bien deliberó el Auto de Vista.

A mayor abundamiento y de lo desarrollado sobre la doctrina en el punto III.1, se debe aclarar con relación a la valoración de la prueba que la misma es una facultad privativa de los operadores de justicia, considerar el elenco probatorio de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si esta no determina otra, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica según impetra el art. 1286 de la norma sustantiva de la materia, concordante con el art. 145 de su procedimiento conforme se definió en sentencia; y si al recurrente le causaba algún tipo de agravio dicha situación, debió impugnarlo oportunamente, al no hacerlo resulta intrascendente traerlo en esta etapa de casación.

3. Sobre el agravio que el A quo tomó en cuenta la certificación cursante a fs. 394, la cual es inexistente jurídicamente en el proceso pues fue rechazado mediante decreto de 31 de julio de 2015 de fs. 396, el Auto de Vista justificó que el recurrente no objetó dicha prueba jamás aceptada por el juez, por lo tanto, inexistente.

Se dirá que la certificación emitida por el corregidor de la localidad de Mairana (fs. 394) aclara y deja sin efecto la certificación realizada el 22 de octubre de 2013, misma que si bien fue rechazada por ser presentada en forma extemporánea al proceso mediante decreto a fs. 396. Sin embargo, lo que reflexionó el Juez es el hecho de las consideraciones sobre la conducta de la parte actora plasmadas en la aludida certificación, tratando de urdir y hacer ingresar en error al juzgador.

Consiguientemente el reclamo resulta ser impertinente.

4. Respecto a la acusación que Adolfo Ugarte Callejas probó su derecho propietario con fotocopias simples carentes de todo valor legal, infringiendo el art. 1311 del Código Civil. Asimismo, el proceso al ser anulado era obligación de los demandados ratificarse en la documental señalando en que consiste sus pruebas conforme lo previene el Código Procesal Civil.

De la revisión del proceso y al amparo del el art. 125 de la norma adjetiva civil el codemandado Adolfo Ugarte Callejas contestó negativamente la demanda de fs. 189 a 190, acompañando la prueba que le incumbe. Si bien es cierto lo manifestado por el recurrente que se trata de fotocopias del derecho propietario del demandado, no es menos cierto que el art. 153.II del Código Procesal Civil indica: “Los documentos acompañados con la contestación a la demanda o a la reconvención, o en cualquier otra oportunidad en que fuere admisible su presentación, sólo- podrán ser objetados dentro de los seis días siguientes al de su notificación, excepto si se tratare de documentos presentados en audiencia, en cuyo caso el desconocimiento deberá formularse en la misma.”, por lo señalado precedentemente el recurrente al no ejercitar su derecho de reclamar en su oportunidad convalidó todos los supuestos vicios otorgando plena eficacia a los actos procesales, no siendo ético que ante la resulta desfavorable de las decisiones de grado sobre su pretensión de usucapir el inmueble objeto de litis active recién su impugnación en esta etapa de casación.

Finalmente, sobre la obligación de los demandados de ratificarse en la documental presentada, ya que se habría anulado obrados. Se debe manifestar que el Auto de Vista de 3 de junio de 2014 cursante de fs. 311 a 312, anuló obrados desde fs. 219, para que de esa forma el Juez de primera instancia reconduzca el proceso conforme a derecho y aplicando el procedimiento de la materia conforme el ordenamiento jurídico vigente, es decir desde la relación procesal, por lo que todo lo anterior a la referida anulación es útil al proceso. Deviniendo su reclamo en infundado.

De la contestación al recurso de casación.

Se dirá que mediante Auto expreso se ha admitido el recurso de casación, tomando en cuenta la flexibilidad de criterios para considerar las acusaciones del recurrente, esto bajo orientación de la Sentencia Constitucional Nº 2210/2012 de 08 de noviembre.

Por todas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución para el recurso (fondo), conforme a lo previsto por el art. 220.II de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 492 a 494, presentado por Fernando Cuchallo Arancivia,  impugnando el Auto de Vista Nº 036/2018 pronunciado el 24 de abril por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 488 a 490 vta.). Con costas y costos.

Se regula honorario profesional del abogado que contestó el recurso de casación, en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.