TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        S A L A  C I V I L 


Auto Supremo: 432/2019

Sucre: 30 de abril de 2019

Expediente: LP 125 18 S

Partes: Juana Rosario Prada Vigabriel c/ Susana Maria Antonieta Jachzel Rada

Proceso: Nulidad de matrimonio 

Distrito: La Paz.        


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Daysi Fabiola Cadena Quisbert en representación de Juana Rosario Prada Vigabriel (fs. 226 a 227 vta.), contra el Auto de Vista Nº 195/2018 de 15 de marzo, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 222 a 224), dentro el proceso ordinario de nulidad de matrimonio, seguido por la recurrente contra Susana María Antonieta Jachzel Rada; la respuesta (fs. 242 vta.), el Auto interlocutorio de concesión de recurso de 25 de septiembre de 2018 (fs. 244); el Auto Supremo de Admisión del Recurso de Casación Nº 1026/2018-RA de 30 de octubre (fs. 250 a 251 vta.); los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. Juana Rosario Prada Vigabriel, amparada en los arts. 168 inc. c) y 169.I del Código de las Familias y el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), planteó demanda de nulidad de matrimonio, manifestando que el 20 de marzo de 1982, contrajo matrimonio civil con José Luis Tarifa Ruiz; vinculo dentro el cual tuvieron una hija de nombre Gabriela Carla Tarifa Prada que a la fecha cuenta con 33 años de edad; posteriormente, Susana María Antonieta Jachzel Rada, se interpuso en su relación provocando su separación, pese a ello, habrían mantenido una la relación que fue cordial y amistosa.

Habiendo fallecido su cónyuge el 8 de junio de 2016, inició los trámites ante el SERECI, donde los funcionarios de dicha unidad le informaron que José Luis Tarifa Ruiz tenía una doble partida matrimonial ya que se encontraba casado con Susana María Antonieta Jachzel Rada, matrimonio inscrito el 30 de enero de 2002, acto que habría sido llevado sin haberse divorciado antes, por lo que este acto seria nulo de pleno derecho.

Con estos argumentos solicitó se admita la demanda y se declare PROBADA la mima, disponiendo en sentencia la cancelación y anulación de la segunda partida matrimonial. (fs. 12-13). 

Susana Maria Antonieta Jachzel Rada, respondió la demanda en forma negativa, manifestando que el 30 de enero de 2002, contrajo matrimonio civil con José Luis Tarifa Ruiz y que, a la muerte de su cónyuge según el certificado de defunción de 5 de septiembre de 2016, acreditó tener 14 años y 5 meses de casados, conviviendo con el mismo desde el año 1985, por lo que aproximadamente sumarian 31 años de vida conyugal.

Añade que el certificado de Matrimonio de 6 de febrero de 2002, demuestra la libertad de estado requerida para contraer matrimonio, extremo respaldado por la presencia del testigo Joel Mesach Quisbert Sillerico, desconociendo en ese momento que su esposo tuviera un matrimonio anterior con la demandante; empero, si tenía conocimiento de su hija extramatrimonial, y pese a ello, el año 2002 formalizaron su unión libre contrayendo matrimonio.

Agrega que en reiteradas oportunidades, la demandante y su hija compartieron con la demandada reuniones sociales y en ningún momento manifestó estar casada con José Luis Tarifa Ruiz, declarando que solo tenían en común una hija producto de una anterior relación, por lo que durante los años de matrimonio con el fallecido actuó de buena fe, siendo la única intención ahora el de arrebatarle los beneficios sociales que le corresponden a su esposo como funcionario de la Empresa Bagó.

Con estos argumentos, solicita se declare IMPROBADA la demanda, al invocar preceptos legales que no han sido respaldados con pruebas fidedignas e idóneas para justificar la nulidad de su matrimonio, más cuando solicita la anulación de la partida matrimonial siendo lo correcto la nulidad de la partida o del matrimonio; disponiendo la responsabilidad por daños materiales a la dignidad de la que ha sido víctima y se la declare beneficiaria de la pensión de viudez, ordenando a la AFP Futuro de Bolivia, proceda a la cancelación de la misma en su favor al igual que el pago de beneficios sociales por los años que su esposo trabajó en la Empresa Bagó (fs. 84-89).

  1. Asumida la competencia por la Juez Publico 12º de Familia de La Paz, pronunció la Sentencia de 06 de marzo de 2017, declarando PROBADA la demanda y consiguientemente la NULIDAD de la Partida Matrimonial Nº 02, registrada en la ORC Nº 210085, Libro 1-20021, Folio Nº 02 de 30 de enero de 2002 perteneciente a los contrayentes José Luis Tarifa Ruiz y Susana María Antonieta Jachzel Rada, con el siguiente fundamento (fs. 195-200):

Conforme establece el art. 168.I inc. c) del Código de las Familias y del Proceso Familiar,  el matrimonio es nulo “Si se incurriera en bigamia o múltiples uniones libres.”, y a decir del art. 169.I de la citada norma “En el caso de bigamia o múltiples uniones libres, si la o el cónyuge opone la nulidad del matrimonio o de la unión libre, la vigencia del primer vínculo conyugal persiste sin que ello afecte las obligaciones de la madre o padre hacia las hija e hijos habidos en cualquiera de los vínculos.”, debiendo considerarse que en el presente caso se ha establecido la existencia de un matrimonio anterior al matrimonio del cual se solicita la nulidad

  1. Impugnada la resolución de primera instancia por Susana Maria Antonieta Jachzel Rada, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronuncia el Auto de Vista Nº 195/2018 de 15 de marzo (fs. 222-224), resolviendo ANULAR obrados hasta fs. 197, ordenando a la Juez de instancia emitir un nuevo fallo conforme a los datos del proceso y las normas legales que rigen la materia, con los siguientes fundamentos:
  1. El Juez de primera instancia tiene la obligación de observar los principios de fundamentación, congruencia y exhaustividad a la hora de pronunciar sus fallos y al no hacerlo incurre en violación de las formas esenciales del proceso que acarrea nulidad de lo obrado.
  2. En el presente caso, Juana Rosario Prada Vigabriel de Tarifa interpuso demanda de nulidad de matrimonio, dirigiendo su pretensión contra Susana María Antonieta Jachzel Rada; señalada la audiencia preliminar y completaría, se dictó la Resolución N° 106/2017, disponiendo la Juez declarar PROBADA la demanda y la consiguiente NULIDAD de la Partida matrimonial de 30 de enero de 2002 que corresponde a los contrayentes José Luis Tarifa Ruiz y Susana María Antonieta Jachzel Rada.
  3. Si bien la Juez se pronunció respecto a los argumentos de la demanda de nulidad de matrimonio, esta autoridad omitió hacerlo en las pretensiones de la contra parte, cuando hace referencia a lo establecido por los arts. 169, 164, 172 y 176 del Código de Las Familias y del Proceso Familiar, para que en su caso la parte que se creyere agraviada pueda activar los recursos y/o mecanismos legales; ello con el fin de garantizar el derecho a la impugnación previsto por el art. 180.II de la CPE.


CONSIDERANDO II:         

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

Deysi Fabiola Cadena Quisbert, en representación de Juana Rosario Prada Vigabriel, recurriendo en casación el Auto de Vista Nº 195/2018 de 15 de marzo, señala que la sentencia cumple con lo dispuesto por el art. 361.I y II de la Ley Nº 603, al ser clara, precisa y positiva, dado que el fallo declara la nulidad de matrimonio de la demandada con el señor José Luis Tarifa Ruiz, al no tener libertad de estado.

Añade que los Vocales de la Sala Civil Primera, hacen una interpretación errónea y una aplicación indebida de lo establecido en el art. 361.II de la Ley Nº 603, al considerar que la juez omitió pronunciarse sobre las pretensiones de fondo e incluso las conexas a la principal; al respecto, manifiesta que en el presente proceso no están en discusión derechos sobre bienes muebles e inmuebles, pues estas deben discutirse en ejecución de sentencia; asimismo, refiere que en la respuesta a la demanda, no se expuso pretensión de fondo ni conexa, tampoco excepciones, limitándose a repetir que habría sido engañada por José Luis Tarifa, la demandante y su hija, que los gastos funerales habría pagado el hijo de la ahora demandada, que el presente juicio tendría por finalidad privarle de la percepción de los beneficios sociales y su dinero de José Luis Tarifa, por ende, no habría motivo para que la juez de primera instancia no haya tomado en cuenta dichos argumentos, incurriéndose en una equivocada interpretación del art. 361.III de la Ley Nº 603.

Manifiesta que el Auto de vista, hace una copia de los arts. 361, 164 y 169 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, sin explicar de qué manera se incumplió con dichas disposiciones, vulnerando el art. 115.II de la CPE; de igual forma, afirma que la invocación del art. 172 del código de las familias, resultaría otra violación de ley expresa, ya que no existen hijos; respecto a bienes, si los hubiere la demandada no hizo ninguna petición concreta.

Concluye señalando que el recurso de apelación planteado por la demandada, es una simple copia y repetición de actuados procesales, pues no existe un solo agravio expresado, en esa situación, no merecería ser considerada, al vulnerar el art. 261.II de la Ley Nº 439.

PETITORIO.

Por lo expuesto, solicita se CASE el auto de vista y deliberando en el fondo, declarar nulo el matrimonio de Susana María Antonieta Zachzel Rada con José Luis Tarifa Ruiz, disponiendo la cancelación de su partida matrimonial.

DE LA RESPUESTA A LOS RECURSOS DE CASACIÓN.

Susana María Antonieta Jachel Rada, notificada con el recurso de casación, responde con los siguientes criterios:

Señala, conforme al art. 395.II de la Ley Nº 603, que la parte demandante no apelo la Sentencia N° 106/2017 de 06 de marzo, adjuntando a la presente certificación emitida por la secretaria de la Sala Civil; ante dicho escenario, la demandante no habría cumplido a cabalidad con el requisito de legitimación señalado en la norma, extremo que hace inviable su recurso de casación el mismo que debe ser rechazado al no cumplir con los mininos establecidos en el citado artículo, por consiguiente no va a pronunciarse respecto al fondo del recurso, toda vez que el mismo no posee legitimidad para ser presentado por la parte actora y mucha menos ser sustanciado por el Tribunal Supremo de Justicia.

PETITORIO.

Solicita se dé, por expresamente ejecutoriado el Auto de Vista N° 195/2918 de fecha 15 de marzo, disponiendo la remisión de obrados a la Juez Publico Nº 12 de la ciudad de La Paz, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Auto de Vista en aplicación de los arts. 395.II y 399.II inc. b) de la Ley Nº 603, asimismo, solicita el rechazo in limine el recurso de casación presentado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

  1. De la nulidad procesal.

La uniforme línea jurisprudencial trazada por éste Tribunal ha superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal buscando simplemente resguardar las formas previstas por la ley procesal, “hoy en día, lo que en definitiva interesa, es analizar si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio y que a la postre derive en una injusticia; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un Juez natural y competente; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principios; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y de los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; criterio reiterado en los Autos Supremos Nº 223/2013 de 6 de mayo, Nº 336/2013 de 5 de julio, Nº 78/2014 de 17 de marzo, y Nº 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros. 

  1. Del principio de congruencia.

Se debe tener presente que toda Resolución debe cumplir con el principio de congruencia, es decir, debe ajustarse a las peticiones deducidas por las partes y a los aspectos que han sido motivo de la controversia, guardando así la coherencia procesal necesaria; al respecto el art. 385 del Código de las Familias y del Proceso Familiar Ley Nº 603 señala: El Auto de Vista, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior, que hayan sido objeto de la apelación; de dicha normativa se infiere que en el caso de la apelación, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

Sobre el particular, la Jurisprudencia Constitucional establece que las Resoluciones pronunciadas por los juzgadores de grado deben ser precisas, concretas, positivas y acordes con las pretensiones expuestas por las partes, sin que ello signifique otorgar la razón a quien la pide sin tenerla, es decir, que se deben observar los principios de congruencia, objetividad y pertinencia, tanto de las pruebas aportadas y acumuladas en el trámite del proceso como de los fundamentos alegados por las partes; en ese entendido, la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde se ha razonado que: “El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…”. Razonamiento que es reiterado por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

  1. Del derecho a la motivación y fundamentación.

La Sentencia Constitucional N° 2023/2010-R, ha concretado lo siguiente: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda Autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgado...”.

  1. De la línea jurisprudencial trazada por este Tribunal.

Este Supremo Tribunal de Justicia, a través de los AASS Nº 59/2018 de 14 de febrero y 221/2018 de 04 de abril, estableció lo siguiente: “…al constituirse el Tribunal de apelación en una instancia de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, se infiere que el mismo tiene la obligación de corregir todas aquellas omisiones en que hubiese incurrido el Juez de primera instancia y emitir un criterio de fondo sobre las mismas, las cuales obviamente de acuerdo al análisis de la trascendencia que estas conlleven, dará lugar a que el Tribunal de alzada confirme la Sentencia de primera instancia o en su defecto revoque la misma.”; en ese marco, el Tribunal de apelación tiene la obligación de corregir todas aquellas omisiones en que hubiese incurrido el Juez de primera instancia y emitir un criterio de fondo sobre las mismas. De igual manera, el Auto Supremo Nº 292/2018, de 26 de abril, determino que:  “…el Ad quem fuera de actuar bajo un criterio de juridicidad, ha obrado en desconocimiento del marco normativo contenido en los art. 105 a 109, 218.III y 265.III todos del Código Procesal Civil, pues al tratarse de otra instancia como se expuso supra en aplicación de las citadas normas al advertir una incongruencia o falta de motivación acusada en apelación debió resolver en defecto del Juez A quo y fallar en el fondo de lo debatido, siempre y cuando existan reclamos en apelación que permiten enmendar esas omisiones o incongruencias y no actuar de forma ritualista como antaño anulando obrados por cuestiones que no resultan trascendentes para el fondo de lo debatido,…”; en suma, la decisión de anular la Sentencia por incongruencia o falta de fundamentación y motivación, no responde a los principios procesales de legalidad, dirección, concentración, congruencia, celeridad, igualdad procesal y probidad, que orientan la actual forma de administrar justicia, pues el Ad quem puede fallar en el fondo de lo debatido, más aun si existen reclamos en apelación que permiten enmendar esas omisiones. 



CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

La recurrente denunció que los Vocales de la Sala Civil Primera, hicieron una interpretación errónea e indebida aplicación de lo establecido en el art. 361.II de la Ley Nº 603, al señalar que la juez no se pronunció sobre las pretensiones de fondo e incluso las conexas a la principal, dado que en el presente proceso, no están en discusión los derechos sobre bienes muebles e inmuebles; por otra parte, arguye que la demandada, no expuso pretensión de fondo y tampoco interpuso excepción alguna, limitándose a repetir que habría sido engañada por José Luis Tarifa; por ende, no habría motivo para tomar en cuenta dichos argumentos en sentencia; asimismo, el Ad quem, haría una copia de los arts. 361, 164 y 169 de la Ley Nº 603, sin explicar de qué manera se incum plió con dichas disposiciones, vulnerando el art. 115.II de la CPE; de igual forma, se invocarían el art. 172 de la misma norma, cuando no existen hijos dentro el vínculo y tampoco se hubiere realizado petición concreta respecto a los bienes.

De antecedentes, la demandada interpuso recurso de apelación (fs. 204-208), señalando los siguientes agravios, los que por cierto fueron identificados por el Ad quem; 1) Que contrajo matrimonio con José Luis Tarifa Ruiz en 30 de enero de 2002 y hasta la fecha de su muerte y la emisión del certificado de Defunción N° 006570 de 05 de septiembre de 2016 tenía 14 años y cinco meses de casados, habiendo convivido anteriormente desde el año 1985, por lo que el fallecido carecía de la Libertad de Estado para contraer matrimonio; 2) Desconocía que el fallecido tenía un vínculo matrimonial con la demandante, extremo que habría tomado conocimiento con la presente demanda sobre nulidad de matrimonio; 3) Durante los años de matrimonio con José Luis Tarifa Ruiz habría actuado de buena fe y desempeñando todas las funciones del hogar, desconociéndose de forma absoluta el vínculo matrimonial que tenía; 4) La demandante buscaría arrebatarle los bienes y rentas que durante los años de matrimonio se habrían acumulado, así como los beneficios sociales que le correspondería; 5) La Resolución apelada, omitiría señalar que la demandante no ha probado la bigamia o múltiples uniones libres, cuando su estado antes de casarse era de soltera, y que la demandante y su hija al tener conocimiento de su matrimonio no iniciaron acción legal alguna; 6) En la resolución apelada no se habría demostrado con prueba idónea que no se tenía conocimiento del anterior matrimonio, aspecto que habría demostrado con las pruebas presentadas; 7) No se habría considerado que en el presente caso la apelante tenia libertad de estado y no contaba con impedimento alguno para poder contraer matrimonio por lo que no se habría cometido bigamia. 9) Señaló que la demandante actuó de mala fe, al esperar que fallezca José Luis Tarifa Ruiz y recién plantear su demanda de nulidad, buscando beneficios económicos; y 10) Que, al actuar de buena fe, fue engañada tanto por José Luis Tarifa Ruiz como por Rosario Prada Vigabriel y su hija Gabriela CarIa Tarifa Prada, quienes en complicidad ocultaron la libertad de estado para contraer matrimonio.

Sobre este particular, corresponde remitirnos a los argumentos esbozados en el fundamento de los puntos III.1, III.2 y III.3 de la doctrina aplicable al caso y el punto III.4. de la línea jurisprudencial trazada por este Tribunal, donde se estableció que la falta de congruencia y motivación en la sentencia, no es una causal de nulidad, ya que por expresa determinación de los arts. 218 y 265 de la Ley Nº 439, es obligación del Tribunal de apelación fallar en el fondo, pues las normas citadas, conforme a una interpretación sistemática desde y conforme a la Constitución Política del Estado, tienen por esencia que el proceso por su carácter teleológico, alcance el fin esperado que es la solución al conflicto jurídico, máxime cuando el Tribunal de apelación al ser otra instancia y poseer las mismas facultades y prerrogativas que el Juez de la causa, puede resolver en el fondo sin necesidad de acudir a la nulidad procesal que es una medida de ultima ratio.

A partir de ello, se puede concluir, que en el caso de Autos, la decisión de anular la sentencia por incongruencia o falta de motivación asumida en segunda instancia, no responde a los principios procesales de legalidad, dirección, concentración, congruencia, celeridad, igualdad procesal y probidad, que orientan la actual forma de administrar justicia, en cuyo entendido, el Ad quem fuera de actuar bajo un criterio de juridicidad, ha obrado en desconocimiento del marco normativo contenido en los art. 220 inc. d), 385 y 386 del Código de las familias y del proceso familiar en relación con los arts. 218 y 265 de la Ley Nº 439, cuando al tratarse de otra instancia -como se expuso supra- debió resolver en defecto del A quo y fallar en el fondo de lo debatido, sobre todo si existen reclamos en apelación que permiten enmendar esas omisiones y no actuar de forma ritualista, porque al asumir esa decisión anulatoria identificando los agravios planteados en el recurso, desconoció normas procesales en desmedro de los justiciables quienes están en búsqueda de una solución al conflicto jurídico suscitado, correspondiendo en consecuencia anular el auto de vista para que resuelva los agravios invocados en el recurso de apelación conforme a los arts. 385 de la Ley Nº 603 y 265.I de la Ley Nº 439.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 248.II y 401 inc. c) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, ANULA el Auto de Vista Nº 195/2018 de 15 de marzo, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el referido Tribunal de Alzada emita nuevo auto de vista dentro del marco de lo establecido por el art. 385 de la Ley Nº 603 y de acuerdo a lo delineado en la presente resolución.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, comuníquese la presente Resolución al consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.