TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                     S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 431/2019

Fecha: 30 de abril de 2019

Expediente:         SC14818S.

Partes: Felipa Janco Huanacota y otras c/ Laura Janco Huanacota

Proceso: Nulidad de contrato 

Distrito: Santa Cruz.        

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Laura Janco Huanacota (fs. 176 a 178 vta.), contra el Auto de Vista Nº 398/18 de 10 de septiembre de 2018, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 171 a 174), dentro el proceso ordinario de nulidad de contrato, seguido por Felipa y Petrona Jano Huanacota contra la recurrente; la respuesta (fs. 186 a 187), el Auto interlocutorio de concesión de recurso de 24 de octubre de 2018 (fs. 188); el Auto Supremo de Admisión Nº 1162/2018-RA de 03 de diciembre (fs. 194 a 195); los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Felipa Janco Huanacota por sí y en representación de Petrona Janco Huanacota de Llanos y Laura Janco Huanacota, al amparo de los arts. 56.III de la Constitución Política del Estado (CPE), los arts. 4, 5, 486, 484, 474, 489, 561, 1059.I, 549, y 554 del Código Civil (CC) arts. 81 inc. i) y 82 de la Ley del Notariado Plurinacional (Ley Nº 483) y la Jurisprudencia citada en los Autos Supremos (AASS) Nº 217/2013 y 518/2014, interpone demanda de nulidad de contrato, bajo los siguientes argumentos:

Señala que, según el documento de 07 de agosto de 1980, su madre Paulina Huanacota de Janco adquirió de Fermín Ochoa por compra venta, una caseta comercial de la Cooperativa Artesanal de Producción y Comercialización 1° de Abril Ltda., negocio realizado en presencia del consejo de administración.

Fallecida su madre, las demandantes en la ciudad de Buenos Aires Argentina el 16 de diciembre de 2015, por Escritura Pública de Testimonio N° 052/2016 de fecha 21 de julio, se declararon herederas forzosas de Paulina Huanacota de Janco, adquiriendo todos los bienes, acciones, beneficios y derechos de su madre; manifiestan que de forma dolosa Laura Janco Huanacota, aprovechando el parentesco de segundo grado como nieta y en desconocimiento de las hijas, suscribió un contrato de compra y venta de la caseta en calidad de compradora; añade que el contrato suscrito fue firmado el 03 de agosto de 2012, cuando aún era menor de edad, extremo que sería demostrado con los informes remitidos por el Fiscal Lucio Hinojosa Quinteros dentro del caso N° FELCV-277/16, y la Dra. N. Wilma Valda Cuellar, Notaría de Fe Pública N° 1 con asiento en la localidad de Yapacani, quienes certificarían que Laura Janco Huanacota contaba con 17 años y 11 meses, adoleciendo el documento de un requisito sine quanon para su validez.

De acuerdo al contrato suscrito, la cláusula tercera establece el precio de transacción de Bs. 2.000.00, siendo su valor comercial de $us. 54.749,08, según avaluó pericial realizado, estableciéndose una desmesurada desproporcionalidad que lesiona lo establecido en el art. 561 del CC. Asimismo, esta cláusula buscaría justificar esta lesión, al mencionar que el motivo del precio convenido se debería a que Paulina Huanacota de Janco, al ser abuela de la compradora por contribuir en vida con su nieta, es que transfiere dicha caseta en el precio ya descrito; sin embargo, la demandada habría aprovechado que su madre no sabía leer ni escribir, hablaba solo el quechua y era de edad avanzada, logrando con artificios que la vendedora entrara en error esencial, toda vez que esta relación contractual debió realizarse a título gratuito y no oneroso, actitud de la compradora que sería de mala fe, pues con engaños pretendería apropiarse de un bien que es parte de la legítima de los hijos (fs. 34 a 39).

Laura Janco Huanacota, señala que el hecho de haber adquirido la caseta, no tendría nada de malo, dado que conforme establece el art. 1 del CC, aún sin haber nacido se lo considera nacido para lo que a una persona le favorece.

Afirma, que las demandantes son herederas forzosas sin testamento, empero, el documento de 03 de agosto del 2012, es un contrato de compra y venta regulado por el art. 584 del CC, siendo equivocada la posición de referirse al contrato como un adelanto de legítima, por lo que estaría demás hablar de herederos o no, pues su madre en vida podía disponer de sus bienes con, o sin remuneración y en el precio que fuese; añade, que es hija de la fallecida lo que acreditaría con su certificado de nacimiento, además de haber sido la única que la cuidó y atendió, pues las demandantes se encontraban en el extranjero.

Señala que cuando suscribió el contrato de 03 de agosto del 2012, tenía 17 años y 11 meses, empero, el contrato de compra venta solo requiere la voluntad expresa del vendedor, por lo que no es necesario ni siquiera la firma de la compradora en dicho contrato; citando los arts. 955, 294. 451 y 957 del CC, por el que una persona puede obligarse por sí misma a favor de otra.

Concluye señalando que el contrato de 03 de agosto del 2012, fue suscrito antes de que entre en vigencia la Ley Nº 483, por lo que sería equivocada la fundamentación de las demandantes, dado que indican que el notario debió regirse a una normativa que no existía en la fecha del contrato.

2. Asumida la competencia por el Juez Público Civil y Comercial del Trabajo y Seguridad Social de Yapacani, pronunció la Sentencia Nº 15/2018 de 07 de mayo, declarando IMPROBADA la demanda con costas, en base a los siguientes fundamentos (fs. 195 a 200):

a) Conforme al art. 549 del CC, no se ha demostrado por prueba alguna, la existencia de causal que acarree la nulidad del contrato de fecha 03 de agosto de 2012.

b) En relación a la violación del art. 81 inc. I) de la Ley N° 483, la parte demandante no reclama la falsedad de la huella digital de la vendedora, simplemente cuestiona la formalidad en el reconocimiento de firma que no afecta al documento base, e independientemente de que el formulario se encuentre viciado, la demanda principal pretende la anulación del contrato por fundamentos que no se adecuan a ninguno de los incisos del artículo 549 del Código Civil.

c) En cuanto al precio de la venta por Bs. 2.000, el cual no sería acorde al precio comercial con el fin de evadir impuesto, tal extremo no fue demostrado, puesto que no se hizo cancelación de algún impuesto por la transferencia de la caseta que demuestre los extremos expuestos; tampoco dió cumplimiento a la carga de la prueba, tomando en cuenta que la pretensión de la parte demandante era presumir la mala fe y la voluntad de delinquir que habrían tenido Paulina Huanacota de Janco y Laura Janco Huanacota al momento de suscribir el documento objeto de la litis, y toda vez que al no demostrarse los argumentos demandados, la Juez presume la buena fe de las partes a momento de realizar el acto jurídico.

d) En cuanto al anticipo de legítima, establece que, al tratarse de un documento de compra y venta, no se ha sobrepasado el porcentaje permitido que afecte la legítima de los herederos, más aún si no se trata de un documento de transferencia a título gratuito.

e) En cuanto a los argumentos de la minoría de edad, la parte demandante pretende la nulidad de un documento invocando las causales previstas en el art. 549 del CC, alegando que la demandada era menor de edad al momento de suscribir dicho documento, cuando estos fundamentos son causales de anulabilidad previstos en el art, 554 inc. 2) del CC y no de nulidad.

3. Impugnada la resolución de primera instancia por las demandantes, la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronuncia el Auto de Vista Nº 398/2018 de 10 de septiembre (fs. 171 a 174), resolviendo REVOCAR la Sentencia de 07 de mayo de 2018, y declarando en el fondo PROBADA la demanda de nulidad, bajo los siguientes fundamentos:

a) Al considerar el A quo, la existencia del contrato, infringe el art. 1287 del CC, por cuanto el contrato de 3 de agosto 2012, no es de esta especie de documentos y menos otorgado con dicha calidad, pues es regulado por el art. 1297 CC, que refiere a los documentos privados reconocidos, omitiendo ingresar a escudriñar el fondo del mismo sobre la nulidad demandada, lo que bajo el principio de verdad material le habría correspondido un diferente fallo.

b) Respecto a la capacidad de la demandada, señala que según su certificado de nacimiento, el contrato de transferencia fue celebrado por una persona incapaz de obrar, por lo que no puede alegarse el interés superior del Niño, Niña y Adolescente previstos en la Ley Nº 548 al tratarse de un derecho de propiedad, pues adquirida la mayoría de edad, tampoco puede ser confirmado por expresa prohibición del art. 553 CC.

c) Respecto al acto notarial, establece que el defecto parte del mismo contrato de transferencia y al ser las nulidades de orden público, ingresó al siguiente análisis.

- El contrato de 3 de agosto 2012, sobre la venta efectuada por Paula Huanacota de Janco a favor de Laura Janco Huanacota, fue interpretado equivocadamente con relación al art. 1287 CC, pues este se trata de documentos privados reconocidos, incurriéndo el A quo en vulneración del art. 1297 del CC al no ingresar a escudriñar el fondo del mismo sobre la nulidad demandada en el contexto legal.

- Al tratarse de un documento privado otorgado por analfabetos, para su forma, seguridad y eficacia, debió observarse el contenido del art. 1299 CC, con relación a los arts. 1295 y 493.I de la misma norma, por cuanto, si bien corresponden las huellas dactilares a Paulina Huanacota de Janco, sin embargo, la intervención de los dos testigos presenciales no se encuentran identificados, así como falta la intervención de la persona que firme a ruego, incumplimiento de requisitos que imponen su nulidad.

- La notaria no cumplió sus funciones conforme dispone el art. 18 incs. a) y b) de la Ley Nº 483, faltando al principio de legalidad en contra del art. 81. Inc. i) de esta misma norma, sobre la prohibición de intervención como testigos de impedimento de firma,  quienes tuvieren relación de dependencia o sean auxiliares de la notaría; de donde resulta, que en el acto de reconocimiento de firmas y rúbricas de 3 de agosto 2012 que consta en el Formulario Nº 0210974, intervienen María Elizabeth Vargas Marupa como firmante a ruego, extremo que no consta en el documento de transferencia, así como la intervención de la señora Paula Antonia Rodríguez Pérez, personas que según el certificado de 30 de noviembre de 2016 de la Notaria Dra. N. Wilma Valda Cuellar, se certifica que las citadas personas, eran funcionarias de dicha notaría, debiendo su intervención al hecho que las partes no se apersonaron con testigos.

CONSIDERANDO II: 

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

Laura Janco Huanacota, recurriendo en casación el Auto de Vista Nº 398/18 de 10 de septiembre de 2018, señala:

1. Señala, que el precio establecido en el contrato no está prohibido por mandato de los arts. 593 y 611 del CC, que la demandante no demostró ni fundamentó con pruebas la existencia de alguna de las causales de nulidad establecidas en el art. 549 del CC, puesto que el contrato cumple con todos los presupuestos exigidos por el art. 519 del CC, gozando de validez y eficacia.

2. En cuanto a la falta de capacidad de obrar para celebrar el contrato, refiere que no se tomó en cuenta el art. 60 de la CPE, que establece el deber del Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad superior de la niña y adolescente en cuanto a sus derechos; en ese entendido, el art. 12 inc. a) y b) de la Ley Nº 548 establece el interés superior de los menores y la prioridad absoluta del menor para la celebración de contratos, y en el presente caso, la recurrente tenía un hijo y vivía en concubinato, además, la voluntad de la vendedora era libre y espontánea y no fue cuestionada por las demandantes, por lo que deben primar la favorabilidad de los menores de edad y la primacía de sus derechos.

3. Manifiesta, que no se analizó la contradicción en la pretensión de la parte actora, pues formula su acción al amparo del art. 549 del CC y en su fundamento solicita la nulidad de un contrato suscrito por un menor de edad, extremo que no constituye causal de nulidad sino de anulabilidad conforme prevé el art. 554 num. 2) del mismo Código, siendo la ahora recurrente la única legítimada para hacer tal reclamo, dado que a momento de la celebración del acto era incapaz; en consecuencia, el Ad quem confunde ambos institutos haciendo una errónea interpretación y valoración de la ley de fondo.

4. Con relación a la prohibición de los dependientes de la oficina notarial, asevera que esta disposición afecta al Formulario de Reconocimiento de Firmas Notarial Nº 0210974, y no así al fondo de la voluntad de las partes, por lo que dicho aspecto no constituye un vicio de nulidad de documento cuestionado, ya que no se cuestionó o reclamó la falsedad en las huellas digitales de la vendedora.

PETITORIO

Por lo expuesto, solicita se REVOQUE el Auto de Vista pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercera de la Ciudad de Santa Cruz, declarando PROCEDENTE el presente recurso de casación.

DE LA RESPUESTA A LOS RECURSOS DE CASACIÓN.

Felipa Janco Huanacota por sí y en representación de Petrona Janco Huanacota de Llanos y Laura Janco Huanacota, responden al recurso con los siguientes criterios:

Señalan que la recurrente en el tercer punto del recurso, no hace mención de forma expresa, clara y precisa en que consiste la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley en que hubiesen incurrido los señores vocales, limitándose a citar artículos del Código Civil.

Manifiestan que la vulneración se dio al dictar la Sentencia, al no tomar en cuenta que la demandada no tenía la capacidad de obrar o de ejercicio siendo nulos sus actos jurídicos, e incluso, en la minuta de trasferencia no se menciona que la fallecida Paulina Huanacota de Janco hubiese recibido a su conformidad el dinero por la compra venta; añade, que la transferencia fue realizada cuando su madre tenía 78 años de edad, careciendo de lucidez para dicho acto jurídico, más cuando no sabía leer ni escribir; refieren también, que el contrato de transferencia no menciona a los testigos presenciales con su número de cédula de identidad y capacidad de ejercicio, a objeto de que puedan manifestar que la persona ignora firmar o leer, como exige los arts. 1299 y 493 del CC.

Concluyen que el recurso, no cumple con el requisito establecido en el art. 274.I num. 3) del CPC; solicitan se tome en cuenta el art. 4 del CC, sobre la mayoría de edad y la capacidad de obrar o de ejercicio, así como la complicidad con la Notaria de Fe Pública que realiza el reconocimiento de firmas del contrato de venta, colocando como testigos a dos de sus funcionarias, contraviniendo los arts. 18 inc. a) y b), 19 inc. b) y 81 inc. i) de la Ley del Notariado, faltando al principio de legalidad.

PETITORIO

Solicita a este Tribunal, declare IMPROCEDENTE el recurso al no cumplir los requisitos exigidos por el art. 274.I num. 3) de la Ley Nº 439; en caso de ser admitida, se lo declare INFUNDADO con costas a la recurrente, debido a que no se demostró la violación a la ley o leyes acusadas en el recurso.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

1. El contrato de venta es consensual y no formal.

Sobre la clasificación del contrato de venta, respecto a su perfeccionamiento en el Auto Supremo N° 456/2015 de 19 de junio se ha señalado que el mismo es  consensual y no formal, en el mismo se ha expresado lo siguiente: “Siendo este el antecedente trascendental corresponde en principio realizar el análisis de este tipo de contratos, para lo cual podemos señalar el art. 584 del CC que de manera textual señala: “La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero”  asimismo acudiendo a la doctrina sobre este tipo de contratos típicos podemos citar a R. Badenes Gasset quien en su libro el Contrato de Compra Venta Tomo I pág. 46 citando a Luzzatto señala: “ la venta es un contrato, en virtud del cual, una parte (vendedor) transfiere  o se obliga a transferir la posesión de ella, mientras la otra (comprador), paga o se obliga a pagar el precio”, en cuanto a la característica de este tipo de contratos Guillermo A. Borda en su obra Manual de Contratos refiere:  “no es formal aun en el caso de que tenga por objeto la transmisión de inmuebles, la escritura pública “…” es un requisito  de la transferencia del dominio pero no del contrato en sí, que puede ser válidamente celebrado en instrumento privado aun verbalmente.” citamos a Roque Fortunato Garrido y Jorge Alberto Zago, que de igual manera en su libro Contratos Civiles y Comerciales Tomo II, que también  sobre el tema de las características de este tipo de contratos, expone que, es un contrato: “consensual, porque según de la definición del codificador, una de las parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa, es decir que en el acto de contratar no la transfiere sino que se obliga a transferir, y la otra parte se obliga a recibirla y a pagar un precio cierto en dinero. Ello señala que los efectos del contrato surgen desde el momento mismo en que se perfecciona el consentimiento contractual; es por tanto un contrato consensual….”, asimismo el  Auto Supremo: 153/2014 de fecha 16 de abril 2014  refiere: “Al margen de lo expuesto, resulta conveniente realizar las siguientes puntualizaciones con respecto al contrato de compra venta, con la finalidad de lograr una mejor comprensión de lo antes señalado, por consiguiente se entiende que el contrato de compra venta es un contrato consensual, que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal o escrita en documento público o privado, no está sujeto a formalidades, como también señala el Tratadista Gonzalo Castellanos Trigo “No es formal o tiene forma Libre, porque la ley no impone como regla general, una solemnidad para su existencia”…” debiendo entenderse esta como una constancia documental del consentimiento expresado por las partes, por lo que la solemnidad de transcribirla en una escritura pública es simplemente un requisito para su inscripción en el registro Derechos Reales, lo que no significa que no surta efectos en cuanto a lo consensuado por las partes contratantes, razonamiento orientado en lo establecido por la Corte Suprema de Justicia que en el Auto Supremo Nº 64/2011 que dice “ Es habitual, en nuestra práctica jurídica, que muchos de los contratos consensuales se redacte o documente a través de una minuta, dejando así la constancia escrita respecto del contrato celebrado entre partes y del consentimiento expresado por ellas, sin que ello suponga la infracción de ninguna norma legal, ni motive su invalidez por la nulidad o la anulabilidad, pues, si un contrato consensual, como es la compraventa, puede celebrase incluso en forma verbal, no existe ningún óbice legal para que el acuerdo de partes y el consentimiento de ellas respecto a ese contrato se lo documente a través de ese medio, sin que ello suponga causal de nulidad ni anulabilidad del contrato…”

2. Sobre la retroactividad de la norma.

La Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 0347/2015aS1, precisó el siguiente criterio jurisprudencial: “El precedente se encuentra en la DCP 0072/2014 de 13 de noviembre, que estableció: la vigencia y aplicación de las leyes en el tiempo sólo opera hacia el futuro; es decir, las leyes sólo rigen para lo venidero, lo que significa que son de aplicación obligatoria a partir de su Públicación o de la fecha prevista por la propia Ley (Vacatio Legis); sin embargo, se debe señalar que el principio de la irretroactividad tiene dos excepciones: 1) La aplicación retroactiva de las leyes, en casos específicamente definidos en el art 123 de la CPE, que consagra el principio de la irretroactividad, previendo expresamente la excepción a la regla determinando la aplicación retroactiva de la Ley al establecer: La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 2) La Ultractividad de las leyes, este principio establece que las normas prevalezcan en el tiempo, pese a su derogatoria o abrogatoria, y básicamente se manifiesta en dos casos: i) Cuando un acto acontece en un momento determinado del tiempo, éste se somete a las normas vigentes en esa oportunidad, pero cuando se promulga una nueva norma que rige la misma se aplica la norma anterior hasta concluir con el procedimiento establecido, pese a que coexiste otra norma (nueva) en el mismo tiempo; y, ii) Cuando se promulgan disposiciones menos favorables a las vigentes, referente a actos que se han suscitado en vigencia de la anterior disposición, se aplican las primeras en base al principio de favorabilidad, en contrario sensu a la norma prevista en el art. 116. II de la CPE, cuando prevé que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible, y en consecuencia, sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más favorables. Al respecto la SC 0440/2003aR de 8 de abril, estableció que: cuando se trata de una ley más benigna, relativa a un precepto de naturaleza sustantiva, contenido en esas leyes, es aplicable el principio de retroactividad o, en su caso, de ultraactividad, según cuál sea la más benigna para el caso planteado

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Antes de ingresar al análisis de fondo de los puntos de controversia, estableceremos los fundamentos que llevaron al Ad quem, a REVOCAR la Sentencia Nº 15/2018 de 07 de mayo, extrayendo lo siguiente: 1) El contrato de 3 de agosto 2012 no es de la especie establecida en el art. 1287 CC, y al no ingresar a escudriñar el fondo del mismo sobre la nulidad demandada, vulneró el art. 1297 del CC; 2) Que al tratarse de un documento privado otorgado por analfabetos, para su forma, seguridad y eficacia, se debió observar el contenido del art. 1299 del CC, con relación a los arts. 1295 y 493.I de la citada norma, pues los dos testigos presenciales no se encuentran identificados, así como falta la intervención de la persona que firme a ruego, incumplimiento de requisitos que imponen su nulidad; y 3) La Notaria de Fe Pública vulneró el principio de legalidad, al incumplir lo dispuesto por los arts. 18 incs. a) y b) y 81 inc. i) de la Ley Nº 483, sobre la prohibición de intervención como testigos de impedimento de firma, a quienes tuvieren relación de dependencia o sean auxiliares de la notaría; concluyendo, que en el acto de reconocimiento de firmas y rúbricas de 3 de agosto 2012 con Formulario Nº 0210974, donde intervienen María Elizabeth Vargas Marupa y Paula Antonia Rodríguez Pérez como firmantes a ruego, no consta en el documento de transferencia, personas que según la Certificación de 30 de noviembre de 2016 otorgado por la Notaria Dra. N. Wilma Valda Cuellar, eran funcionarias de dicha notaría.

Recurrida en casación la resolución del Ad quem, Laura Janco Huanacota impugna los fundamentos del Auto de Vista, argumentando que: 1) La parte demandante no demostró ni fundamentó, la existencia de alguna de las causales de nulidad establecidas en el art. 549 del CC, pues el contrato de 3 de agosto de 2012 cumple con los presupuestos exigidos por el art. 519 del CC; 2) Respecto a la falta de capacidad de obrar para celebrar el contrato, no se habría tomado en cuenta los arts. 60 de la CPE y 12 inc. a) y b) de la Ley Nº 548, que establecen el deber de garantizar la prioridad superior de la niña y adolescente en cuanto a sus derechos, y el interés superior de los menores y la prioridad absoluta del menor para la celebración de contratos, pues a momento de suscribir el contrato tenía un hijo y vivía en concubinato, además, la voluntad de la vendedora era libre y espontánea y no fue cuestionada por las demandantes, por lo que debería primar la favorabilidad de los menores de edad y la primacía de sus derechos; 3) Las actoras, amparan su demanda en el art. 549 del CC y en su fundamento solicita la nulidad del contrato al haber sido suscrito por una menor de edad, extremo que no constituiría causal de nulidad, sino de anulabilidad conforme prevé el art. 554 num. 2) del CC; y 4) Con relación a los establecido en el art. 81 inc. i) de la Ley Nº 483, esta disposición afectaría al formulario de reconocimiento de firmas y no así, a la voluntad de las partes, por lo que dicho aspecto no constituye un vicio de nulidad, ya que no se cuestionó la falsedad en las huellas digitales de la vendedora.

Ingresando al análisis, nos pronunciaremos primero con relación al punto 3) del recurso, pues la demanda interpuesta por Felipa Janco Huanacota por sí y en representación de sus hermanas Petrona y Laura Janco Huanacota, seria contradictoria, dado que solicitarían la nulidad del contrato de 3 de agosto de 2012 bajo el fundamento de que habría sido suscrito por una menor de edad, siendo esta una causal de anulabilidad y no de nulidad; bajo ese parámetro, el petitorio de la demanda puntualizó: “…en la Vía Ordinaria interpongo DEMANDA DE NULIDAD DE CONTRATO contra la señora Laura Janco Huanacota con C.I. Nº 8205244 SC…, DECLARANDO PROBADA mi demanda consiguientemente NULO el Documento de Compra y Venta de Una Caseta de fecha 03 de agosto de 2012…”; los argumentos que fundamentan la pretensión se desarrollan en el punto “III. Relación de Hechos” de la demanda y son: 3.3. Que en fecha 03 de agosto de 2012, de forma tramposa, simulada, dolosa y fraudulenta, con engaños y artificios, la demandada aprovechando su parentesco en segundo grado como nieta, pero menor de edad, logró suscribir el contrato de compra venta; 3.4. Que el contrato fue suscrito cuando la demandada tenía 17 años y 11 meses de edad, siendo menor de edad y careciendo de capacidad de obrar, por lo que los actos jurídicos son nulos de pleno derecho; 3.5. Que la transacción se realiza por un precio de Bs. 2.000, siendo su valor comercial de $us. 54.749,08, según el avaluó pericial realizado, estableciéndose una desmesurada desproporcionalidad; 3.6. Que la demandada, aprovechando que la vendedora no sabía leer ni escribir, hablaba solo quechua y era de avanzada edad, logró con artificios y engaños que la misma incurra en error esencial, toda vez que en esta relación contractual debió realizarse a título gratuito y no oneroso; y 3.8. Que con engaños y aprovechándose de la avanzada edad de la vendedora, se hizo incurrir en error a la misma para suscribir el contrato de venta de la caseta, afectando la legítima de los hijos.

De lo expuesto, la demanda se concentra, primero, en denunciar la edad que tenía la compradora a momento de suscribir el contrato de 03 de agosto de 2012, y segundo, en la forma tramposa, simulada, dolosa, fraudulenta y engañosa, que habría empleado la compradora para suscribir el contrato con su abuela, pues se habría aprovechado de su parentesco, la edad avanzada, el lenguaje que hablaba y su analfabetismo; este último aspecto relacionado íntimamente con el punto 1) del recurso hoy interpuesto, donde la recurrente acusa a la parte demandante de no demostrar ni fundamentar, la existencia de alguna de las causales de nulidad establecidas en el art. 549 del CC, lo que es evidente, pues de obrados no es ostensible los artificios de los cuales se habría valido la demandada para suscribir el contrato de compra venta con su abuela; empero, el tema de la edad de la compradora, es un punto al que este Tribunal dará una mayor reflexión.

La incapacidad de obrar por causa de edad se funda en el orden natural de las cosas, porque la inteligencia y la experiencia no se adquieren desde un principio, de ese modo, quienes son menores deben en todo caso ser representados o por lo menos su voluntad complementada por la de un capaz; sin embargo, esta regla no es absoluta, pues tal como cita el art. 5.I de del CC: “I. Incapaces de obrar son: 1. Los menores de edad, salvo lo dispuesto en los parágrafos III y IV de este artículo y las excepciones legales. (…) IV. El menor puede también administrar y disponer libremente del producto de su trabajo.”; asimismo, el art. 554 num.2) del CC, establece entre los casos de anulabilidad del contrato: “El contrato será anulable: 2. Por incapacidad de una de las partes contratantes. En este caso la persona capaz no podrá reclamar la incapacidad del prohibido con quien ha contratado.”, bajo ese parámetro, el art. 555 del mismo código refiere:

La anulación del contrato puede ser demandada sólo por las partes en interés o protección de quienes ha sido establecida.”; en otras palabras, a diferencia de lo que ocurre en la nulidad, el derecho a la anulación le corresponde a la parte en cuyo interés se ha establecido la anulabilidad, pues la regla específica de la anulabilidad consiste en que solo puede impugnar directamente el contrato quien sufrió el miedo, la violencia, el dolo o el error, o el cónyuge con cuyo consentimiento obligado no se contó, los menores o incapaces, cuando adquieran o recuperen la plena capacidad1; de donde podemos concluir que quien se encontraba legítimada a demandar la anulabilidad del contrato de 03 de agosto de 2012, es Laura Janco Huanacota y no así las demandantes.

Por otra parte, conforme previene el art. 114.2 del CPC, en una demanda pueden plantearse múltiples pretensiones, más estas no deben ser contrarias entre sí, y en el presente caso, las pretensiones planteadas por las demandantes invocan simultáneamente la nulidad y la anulabilidad del contrato de 03 de agosto de 2012, pretensiones que se excluyen entre sí, por cuanto, un acto o contrato es nulo cuando se advierte un factor de invalidez en su formación u otorgamiento, en tanto que un acto o contrato es anulable cuando en su formación han concurrido elementos que lo hacen válido susceptible de ser convalidado o confirmado.

Con relación a los puntos 4 y 2 del recurso, nos remitiremos al punto III.3. de la doctrina aplicable, por la cual, las leyes sólo rigen para lo venidero y son de aplicación obligatoria a partir de su Públicación o de la fecha prevista por la propia ley, las cuales tiene a su vez dos excepciones, la definida en el art. 123 de la CPE, que consagra el principio de la irretroactividad, excepto en materia laboral, penal, de corrupción, y en el resto de los casos señalados por la Constitución”; y la ultractividad de las leyes, por el cual las normas prevalecen en el tiempo, pese a su derogatoria o abrogatoria manifestándose cuando un acto acontece en un momento determinado del tiempo, sometiéndose a las normas vigentes en esa oportunidad y cuando se promulgan disposiciones menos favorables a las vigentes; en el presente caso, el hecho generador tiene su origen en el contrato de 03 de agosto de 2012, y la norma invocada por la parte demandante y aplicada por el Ad quem, fue promulgada el 25 de enero de 2014 bajo el rótulo de Ley del Notariado Plurinacional, por lo que no corresponde haber invocado y aplicado esta ley, sino que en el caso de autos la norma a aplicarse es la Ley del Notariado de 1858, pues esta se encontraba vigente a momento de la suscripción del contrato de compra venta entre Paulina Huanacota de Janco (abuela) y Laura Janco Huanacota (nieta).

Y para ser aún más precisos, esta norma fue modulada por la Ley de 20 de noviembre de 1950, modificando el contenido del art. 25 de la Ley del Notariado de 5 de marzo de 1858 en los siguientes términos: “Art. 25.a Las escrituras serán firmadas por las partes, los testigos y el Notario. Cuando las partes no sepan o no puedan firmar, firmará otra persona a ruego por ellas y se hará la impresión digital mencionándose estas circunstancias al final de la escritura; y el otorgamiento de toda clase de documentos privados por parte de los analfabetos, se hará siempre en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir y que suscriban también al pie, fuera de la persona que firme a ruego, y con la impresión digital de los contratantes analfabetos, sin cuyos requisitos dichos documentos serán nulos.”; de forma similar, el art. 1299 del CC tiene el siguiente contenido: “(Documentos otorgados por analfabetos). Los documentos privados que otorgan analfabetos llevarán siempre sus impresiones digitales puestas en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir y suscriban también al pie, así como la persona que firme a ruego, requisitos sin las cuales son nulos, norma idéntica a la referida en la Ley del 20 de noviembre de 1950.

Ahora bien, el punto 3.7. de la demanda, afirma que el reconocimiento de firmas tuvo como testigos a ruego y presenciales, a funcionarias de la Notaria N° 1 con asiento en Yapacani, siendo que el art. 81 inc. I) de la Ley Nº 483, establece que no podrán intervenir como testigos de impedimento de firma (testigo a ruego o presencial) quienes tengan relación de dependencia o sean auxiliares de la Notaria; en virtud de ello y lo expuesto líneas arriba, en la minuta de compra y venta y en particular el formulario Reconocimiento de Firmas N° 210974 ambos de 3 de agosto de 2012, participaron como vendedora Paulina Huanacota de Janco imprimiendo sus huellas dactilares y Laura Janco Huanacota, firmando la minuta como compradora; también participaron en dicho acto, Maria Elizabeth Vargas Marupa como testigo instrumental y Paula Antonia Rodríguez Pérez como testigo a ruego, careciendo el acto del segundo testigo instrumental conforme exigen los arts. 25 de la Ley de Notariado de 1858 y 1299 del CC; sin embargo, este aspecto no fue motivo de observación en la demanda, ni en el recurso de apelación presentado por las demandantes, dado que enfocaron su pretensión en la vulneración del art. 81 inc. I) de la Ley Nº 483; pese a ello, debe tenerse presente por las actoras, que el contrato de venta no está contemplado en el catálogo de contratos que deben celebrarse de acuerdo a una forma determinada como describen los arts. 491 y 492 del CC, y así lo interpretaron los AASS N° 153/2014 y 64/2011, invocados dentro el punto III.1. de la doctrina aplicable; la primera, estableciendo que el contrato de compra venta es un contrato consensual, que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal o escrita en documento público o privado, no está sujeto a formalidades; y la segunda, que la compraventa, puede celebrase incluso en forma verbal, no existe ningún óbice legal para que el acuerdo de partes y el consentimiento de ellas respecto a ese contrato se lo documente a través de ese medio, sin que ello suponga causal de nulidad ni anulabilidad del contrato; en tal sentido, los fundamentos que llevaron al Ad quem a REVOCAR la Sentencia Nº 15/2018 de 07 de mayo, son equivocados, siendo el contrato de Compra y venta de una Caseta de 03 de agosto de 2012 con formulario Reconocimiento de Firmas N° 210974, válido y eficaz.

De lo expuesto, este Tribunal no solo analizó los agravios denunciados en el recurso de casación planteado por Laura Janco Huanacota, sino que también, se analizó los argumentos expuestos en la demanda presentada por las hermanas Felipa, Petrona y Laura Janco Huanacota, además de los fundamentos establecidos por el Tribunal de Apelación, con todo al ser evidente la infracción acusada en la que incurrieron los de instancia, corresponde a este Tribunal resolver conforme lo estipulado en el art. 220.IV del Código Procesal Civil.

Con respecto a la respuesta al recurso de casación, ya que no se haría mención expresa, clara y precisa de la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley en que hubiese incurrido el Ad quem, así como, el incumplimiento del requisito establecido en el art. 274.I num. 3) del CPC; debe tenerse presente que por los principios Pro Actione y Pro Homine, las autoridades judiciales deben examinar el recurso sin rigorismos y a la luz de la flexibilización que tienen los principios procesales de impugnación y el debido proceso, bastando que el agravio tenga análisis crítico, sea de la sentencia o del Auto de Vista y por qué dicho fallo le es gravoso a sus intereses; asimismo, con relación a no haberse tomado en cuenta la capacidad de obrar o de ejercicio de la compradora, la ausencia de conformidad en el documento de 3 de agosto de 2012, las artimañas de las que se habría valido la compradora para suscribir el contrato y la complicidad con la Notaria de Fe Pública al realizar el reconocimiento de firmas del contrato de venta, colocando como testigos a dos de sus funcionarias, son argumentos que fueron analizados y merecieron respuesta en el presente Auto Supremo, cumpliendo esta Sala con los principios de congruencia, motivación y fundamentación y el debido proceso.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.IV  del Código Procesal Civil, CASA  el Auto de Vista Nº 398/18 de 10 de septiembre de 2018, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y deliberando en el fondo con fundamentos propios, declara IMPROBADA la demanda de nulidad de contrato.

Sin costas, ni costos y sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.


1 CARRASCO PERERA, Ángel. Derecho de Contratos, Editorial Aranzadi, Madrid España 2010, Pág. 678.