TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                 S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 430/2019                          

Fecha: 30 de abril de 2019

Expediente: B-10-17-S                                                                   

Partes: Godofredo Antelo Góngora, Ingrid Antelo Orihuela, Godofredo Antelo Orihuela, Roger Antelo Orihuela y Dalgiza Antelo Orihuela. c/ Marioli Bazán Escalante y Magaly Veizaga Andrade.              

Proceso: Nulidad de contrato de venta con pacto de rescate.                                                                                                       Distrito: Beni.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 327 a 330 vta., interpuesto por Godofredo Antelo Gongora, Ingrid Antelo Orihuela, Godofredo Antelo Orihuela, Roger Antelo Orihuela y Dalgiza Antelo Orihuela, contra el Auto de Vista Nº 322/2016 de 8 de diciembre que cursa de fs. 309 a 311 vta., pronunciado por Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, en el proceso de nulidad de contrato de venta con pacto de rescate, seguido por los recurrentes contra Marioli Bazán Escalante y Magaly Veizaga Andrade; el Auto de concesión de fs. 348; Auto Supremo de Admisión N° 147/2017-RA de 14 de febrero de fs. 353 a 354; Auto Supremo Nº 255/2018 de 4 de abril de fs. 358 a 363; Resolución del Tribunal de Garantías Nº 002/2019 de 15 de enero, cursante de fs. 428 a 430 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Godofredo Antelo Gongora, Ingrid Antelo Orihuela, Godofredo Antelo Orihuela, Roger Antelo Orihuela y Dalgiza Antelo Orihuela, interpusieron demanda de nulidad de contrato de venta con pacto de rescate  cursante en fs. 76 a 78, por la transferencia realizada de su esposa y madre Zoila Orihuela Castellón (fallecida), de un inmueble ubicado en la zona Fátima, Distrito Nº 2 sobre la Av. Fabián Vaca Chávez con superficie 527,05 mts.2  por el monto de $us.8.000; acción dirigida contra Marioli Bazán Escalante y Magaly Veizaga Andrade, quienes plantearon excepciones y contestaron negativamente y a su vez Marioli Bazán Escalante reconviene daños y perjuicios en los memoriales de fs. 113 a 116 vta., fs. 141 a 143 y fs. 150 a 161 vta.

2. Desarrollándose el proceso en el Juzgado Público en lo Civil y Comercial 5º de la ciudad de Trinidad, hasta dictarse la Sentencia N° 106/2016 de 5 de septiembre, cursante de fs. 240 a 243 vta., que declaró IMPROBADA la demanda de nulidad de contrato de venta con pacto de rescate de fs. 76 a 78, IMPROBADA la demanda reconvencional de pago de daños y perjuicios de fs. 113 a 116 vta., sin costas y costos.

3. Resolución de primera instancia que fue apelada por los co-demandantes Godofredo Antelo Gongora, Ingrid Antelo Orihuela, Godofredo Antelo Orihuela, Roger Antelo Orihuela y Dalgiza Antelo Orihuela mediante memorial de fs. 284 a 287 vta.; razón por que la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia del Beni., emitió el Auto de Vista N° 322/2016 de 8 de diciembre, en el que CONFIRMÓ la resolución de audiencia preliminar y la sentencia, con costas y costos. Bajo los siguientes fundamentos:

Que en relación a la audiencia preliminar evidenciando la ausencia de las demandadas, se consideraron si el vicio ha causado gravamen o perjuicio personal que haya colocado en estado de indefensión a la parte, donde el perjuicio debe ser cierto, concreto y demostrable; En cuanto a los reclamos de la sentencia, sobre la verdad material por lo que la juez de la causa no debe limitarse a la verdad formal en el que le otorgó ver la verdad respecto al pacto de rescate sin ver los hechos que realmente hubieran sucedido restando el valor a la declaración de Ana Karina Gutiérrez Antelo por ser nieta de Godofredo Antelo Gongora con tacha del art.169 del CPC, asimismo descartando la declaración testifical de Luis Alfonso Céspedes Cámara por ser esposo de la codemandada y de la declaración de María Elia Parada Casanova que se le resta valor por no haber estado presente en la firma de contrato, lo que significa que las declaraciones testificales se aplicaron en una apreciación valorativa intelectiva por la cultura probatoria del debido proceso; de la enfermedad de diabetes de la vendedora no afectó su capacidad visual, manifiesta que los impedimentos argumentados en la enfermedad de diabetes no fueron demostrados para convencer sobre dicho impedimento, conclusión asumida por la juez señalando que en nada afectó a la capacidad cerebral, visual y de obrar en la vendedora al celebrarse el contrato, por lo que se deduce tal enfermedad de diabetes resultó no ser determinante para originar una ignorancia o idoneidad mental en Zoila Orihuela Castellón y la desproporción del valor del inmueble con el precio de la venta con pacto de rescate, que la valoración probatoria resulta ser exclusiva atribución de la juez de la causa la misma puede examinar cuando se detecte ruptura de parámetros legales de razonabilidad o equidad aspectos que no se concretan en el conflicto, arguyendo que el precio como contraprestación por sí mismo no describe presunción alguna para colegir una deficiencia en el contrato celebrado.

4. Fallo de segunda instancia que es recurrido en casación por lo co-demadantes Godofredo Antelo Gongora, Ingrid Antelo Orihuela, Godofredo Antelo Orihuela, Roger Antelo Orihuela y Dalgiza Antelo Orihuela, mediante memorial de fs. 327 a 330 vta., siendo resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia con Auto Supremo Nº 255/2018 de 4 de abril, que declaró INFUNDADO el recurso de casación.

5. Contra la referida resolución Suprema, la parte recurrente interpuso acción de Amparo Constitucional, la cual fue resuelta mediante el Resolución Nº 002/2019 de 15 de enero, cursante de fs. 428 a 430 vta., donde el Tribunal de Garantías concedió en parte la tutela solicitada y en ese marco se dispuso que este Tribunal ingrese a considerar nuevamente el referido recurso de casación (únicamente en cuanto a uno de sus reclamos).


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso d casación interpuesto por Godofredo Antelo Gongora, Ingrid Antelo Orihuela, Godofredo Antelo Orihuela, Roger Antelo Orihuela y Dalgiza Antelo Orihuela, se observa en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusa:

En la forma.

1. Manifiestan la falta de justificación por incomparecencia a la audiencia preliminar de las demandadas, misma que fue observada, empero la juez rechazó al haberse apelado la decisión, el Tribunal de alzada desestimó el agravio con el argumento de no haber causado gravamen o perjuicio al no acatar al contenido de los arts. 1 num. 13), 365.I y III del Código Procesal Civil.

En el fondo.

1. Reclamaron que el Auto de Vista aplicó incorrectamente el iura novit curia, señalando que la juez no puede cambiar la pretensión, asimilando el derecho con la pretensión y en el caso presente la petición es nulidad, por lo que correspondía al Ad quem determinar si es correcta la argumentación de la resolución de primera instancia.

2. Denuncian errónea apreciación sobre la entrega de documentos que hace presumir a la juez que se trataría de una compraventa aplicando el art. 614 del Código Civil, encaminando en contradicción a los principios de razonabilidad y equidad.

3. Señalan que el reconocimiento si bien otorga valor probatorio, empero no es requisito para la formación del contrato, limitarse a lo que diga el Notario de Fe Pública es aplicar la prueba tasada por ley y negarse a aplicar la sana crítica, la declaración del notario solo se limita al reconocimiento de firmas y no al momento de la perfección del contrato, llegando a ser fundamentales las declaraciones de Ana Karina Gutiérrez Antelo, María Elia Parada Casanova y Luis Alfonso Céspedes Cámara, resultando arbitrario que no se tomen en cuenta, toda vez que dos de ellos intervinieron en la formación del contrato, por lo manifestado las tres declaraciones fueron descartadas sin ninguna razón.

4. Alegan que la enfermedad de diabetes de Zoila Orihuela Castellón debió ser valorada, al ser una afección que no le permitía comprender el contrato que estaba firmando, cuando lo que quiso fue garantizar el préstamo de dinero que otorgó Luis Alfonso Céspedes Cámara a Ana Karina Gutiérrez Antelo, esta enfermedad que debió ser valorada en conjunto con la prueba testifical.

5. Del argumento de la desproporción del precio, indica que de forma incorrecta niega la facultad de valorar la prueba en segunda instancia y de forma contradictoria da razón a la juez, indicó que la desproporción del precio debió demandarse por lesión contractual.

Petitorio.

Solicita se anule obrados hasta la audiencia preliminar o en su defecto se case Auto de Vista declarando en el fondo probada la demanda principal.

De la respuesta al recurso de casación de fs. 340 a 346 vta.

Que los recurrentes en su recurso de casación sin la debida fundamentación de derecho cuestionan la intervención del suscrito abogado apoderado sin haber demostrado infracción o violación de la norma procesal adjetiva, por lo que toma una decisión coherente por el Tribunal de alzada, respecto iura novit curia el Juez valora lo que se le pida por lo que las partes tienen que limitarse a probar los hechos y no los fundamentos de derecho; sobre la entrega de los documentos del inmueble por parte de la compradora implica necesariamente una cesión del derecho propietario que la Juez llegó a la conclusión aislada contraria a los principios de razonabilidad e equidad por la que realizó una valoración de iuris tantum, sana crítica y de la declaraciones testificales Ana Karina Gutiérrez, María Elia Parada Casanova y Luis Alfonso Céspedes Cámara donde claramente la juzgadora desecho dichas atestaciones por no ser reales ni creíbles y estar comprendidas de tachas como prohíbe la ley.

De los fundamentos del Tribunal de Garantías.

En la resolución del Tribunal de Garantías se verifica si el reclamo es oportuno dentro del recurso de casación de fs. 329, si se ha cumplido la exigencia del Código Procesal Civil, ya que la accionante indica que se le negó el valor probatorio por el A quo, aspecto que fue apelado, sin embargo de manera subjetiva en el Auto de Vista omiten hacer la valoración de esta prueba negándose esa facultad como Tribunal de segunda instancia para revisar la valoración que se ha hecho en la sentencia y que el magistrado relator del Tribunal Supremo no ingreso en la labor del tema central de la apelación  que es la omisión de la prueba testifical, es irracional y dilatoria a los principios de igualdad, debido proceso, tutela judicial, sobre todo la verdad material (tacha de la declaración testifical de Ana Karina Gutiérrez Antelo), prueba que resulta sustancial en el asunto. Siendo que el Ad quem debería realizar descripciones claras y precisas referentes a los testigos presentados indicando que la valoración puede ser positiva o negativa, por lo que tribunal debe dar cumplimiento al art. 271 del CPC.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE AL CASO

III.1. El sistema de impugnación vertical y el “per saltum”.

El per saltum (pasar por alto), es una locución latina que significa pasar por alto las formas regulares de impugnación de las resoluciones judiciales, saltando etapas en las cuales correspondía hacer valer el derecho a la impugnación respectiva, toda vez que los reclamos deben ser acusados en forma vertical, este entendimiento ya fue vertido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem”.

III.2. Sobre el error esencial.

Respecto al vicio de formación del contrato por error esencial corresponde citar el contenido del Auto Supremo Nº 272/2012 de 20 de agosto, que estableció lo siguiente: “Establecidos en detalle los fundamentos en base a los cuales los actores sustentan su demanda de nulidad por error esencial, corresponde precisar que, por definición, el error es un vicio de la voluntad y por ende del consentimiento porque afecta el proceso formativo de la voluntad, ya sea en el aspecto relativo a la voluntad interna, en cuyo caso se configura el denominado error-vicio, o en lo que se refiere a la exteriorización de la voluntad interna, en cuyo caso se configura el denominado error en la declaración.

Para el caso de autos nos interesa centrar nuestro razonamiento en el denominado error vicio, porque es el error propiamente dicho que afecta al proceso cognoscitivo del sujeto, dado que su voluntad interna se forma en base a un conocimiento equivocado o contrario a la realidad.

El error vicio según el Código Civil, puede ser esencial (art. 474), sustancial (art. Art. 475), o de cálculo (art. 476).

El error esencial, que es el que fundamenta la demanda, según lo previsto por el art. 474 del citado Código Civil, es el que recae sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato.

Al respecto el Tratadista Carlos Morales Guillen, anota que el error esencial llamado también error-obstáculo, impide la formación del consentimiento o concurso de voluntades, debido a que las partes no están de acuerdo sobre la naturaleza del contrato o sobre la identidad del objeto, de tal manera que hacen sus respectivas manifestaciones de voluntad, pensando que celebran contratos diferentes, o bien que se refieren a cosas distintas, lo cual impide que se forme el contrato.

De lo manifestado precedentemente se establece que el error esencial -que es el argüido por la parte demandante para la nulidad de los contratos de préstamo- se da cuando éste recae sobre: a) la naturaleza del contrato; b) el objeto del contrato.

El error sobre la naturaleza del contrato se da cuando las partes creen celebrar contratos distintos, es decir cuando ambas tienen en mente negocios jurídicos distintos, ejemplo una tiene en mente la venta de un bien y la otra tiene en mente recibir el bien en donación, en ese caso las voluntades en lugar de integrarse se distancian pues ambas partes tienen en mente la celebración de un contrato distinto al que la otra concibe.

El error sobre el objeto del contrato, es el denominado error in corpore que recae sobre la identidad del objeto o de la cosa, así por ejemplo una de las partes tiene en mente la venta de un inmueble ubicado en una determinada zona y la otra concibe la compra de un bien ubicado en una zona distinta, en cuyo caso no se produce la integración de las voluntades para dar nacimiento al consentimiento.

En ese sentido la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitió el Auto Supremo N° 209 de 17 de junio 2010, a través del cual precisó que: "el error esencial es el concepto equivocado que se tiene de la realidad, consiste en creer verdadero lo que es falso, y viceversa. Atendiendo su gravedad y a los efectos que produce, los arts 474, 475 y 476 del Código Civil, clasifican al error en: 1) esencial, 2) substancial y 3) de cálculo, respectivamente. Ciertamente el error esencial constituye causa de nulidad según establece el numeral 4) del artículo 549 del Código Civil, empero, éste debe recaer sobre la naturaleza del contrato o sobre el objeto del mismo; cuando una de las partes incurre en él, se dice que no hay acuerdo de voluntades. Cuando el error recae sobre la naturaleza del contrato, cada parte tiene en mira un negocio jurídico distinto, como cuando una entiende concurrir a un empréstito y la otra a una donación, o una entiende arrendamiento y la otra comodato, no hay ni empréstito ni donación, ni arrendamiento ni comodato, porque cada una de las partes ha querido algo diferente, razón por la cual sus voluntades no se han encontrado. En cambio, el error esencial sobre el objeto del contrato, es aquel que recae sobre la identidad del objeto, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra". 

III.3. De la incongruencia omisiva y el art. 265.I del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En este antecedente, el Tribunal de Casación a momento de realizar el análisis sobre los reclamos de incongruencia omisiva en que habría incurrido el Tribunal de Alzada respecto a los puntos acusados en apelación, se debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma como es la incongruencia omisiva que afecta la estructura de la resolución, el análisis debe limitarse a contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión, razonamiento compartido por el Tribunal Constitucional Plurinacional que en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, conforme desarrolla: “…En ese contexto, cabe recalcar que, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el planteamiento de un recurso de casación en la forma, debe limitar sus consideraciones a las causales establecidas en el art. 254 del CPC. En el presente caso, al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso” (las negrillas y subrayado son nuestras).

En este sentido, este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos N° 651/2014 y N° 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

Es en este entendido que a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley N° 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Con carácter previo, es menester señalar que en la presente causa, la Resolución N° 002/2019 de 15 de enero, emitida por el Tribunal de Garantías Constitucionales, ha dejado sin efecto el Auto Supremo N° 255/2018 de 4 de abril, bajo el fundamento que la citada resolución no acató el contenido del art. 271 CPC y no verificó si el Ad quem se pronunció sobre la causal de omisión o negación del valor probatorio por el A quo, que es irracional como dilatorio a los principios de igualdad, debido proceso, tutela judicial efectiva y verdad material, aspecto que fue objeto de análisis en el recurso de apelación, omitiéndose la valoración testifical de Ana Karina Gutiérrez Antelo: es decir inherente al punto 3 del recurso de casación de fondo.

Entonces, tomando en cuenta que la referida resolución constitucional, ha concedido la tutela únicamente en cuanto a un punto del recurso de casación la -valoración testifical de Ana Karina Gutiérrez Antelo-, se infiere que la argumentación que analiza los demás reclamos recursivos se encuentra incólume, y solamente amerita formular un pronunciamiento más profundo respecto al planteamiento que se encuentra expuesto en el punto 3 del recurso de casación en el fondo -visible en el Considerando II de la presente resolución-, que por pedagogía jurídica será respondida al final.

En la forma.

1. En cuanto a la falta de justificación por incomparecencia de las demandadas a la audiencia preliminar que fue observada por los demandantes, debemos manifestar que el recurso de casación en la forma se encuentra diseñado para verificar errores de procedimiento con la finalidad de que, al advertirse el error procesal, la autoridad judicial aplique la nulidad procesal para reencaminar el procedimiento y sanear el acto procesal que generó un daño en el litigante, vulneró su derecho a la defensa o lo colocó en estado de indefensión.

Para acusar un vicio de procedimiento, las partes deben sujetar el cuestionamiento de los errores de procedimiento a los principios que rigen las nulidades procesales, como el de especificidad, finalidad del acto, trascendencia y convalidación, pues debe considerarse que la nulidad procesal es una medida de extrema ratio, cuya función es reparar la indefensión generada a las partes.

En el caso de autos se tiene el recurso de apelación de fs. 284 a 287 vta., en cuyo contenido se describe que los actores recurren de apelación diferida arguyendo que el apoderado no justificó la incomparecencia de las demandadas, argumento que fue rechazado por el Ad quem en sentido de no haberse argumentado el perjuicio directo, cierto, grave y el estado de indefensión. Sobre dicho criterio el recurso de casación no cuestiona ese argumento, al contrario se introducen argumentos relativos al sistema procesal, como la inmediación en audiencia, el principio de igualdad en relación a la participación en el proceso mediante mandatario y el derecho procesal de exigir la presencia por la incomparecencia de la contraparte, estos argumentos recientes en casación no fueron postulados en su recurso de apelación, cuando era obligación de los recurrentes, argumentar en apelación el perjuicio directo, la vulneración del acceso a la justicia y el estado de indefensión, al no haberlo hecho pretenden la emisión de una resolución  en “per saltum”, esto es pasar por alto el sistema recursivo vertical que describe el Código Procesal Civil pues el art. 272.II, del mismo postulado describe que no se podrá recurrir de casación si no se hubiera apelado la resolución, el agravio contiene una razón jurídica, un cuestionamiento al decisorio impugnado, en base a ello es que el Tribunal de apelación resuelve el recurso, la insuficiencia o escases del agravio postulado en apelación, no puede ser suplida en casación, aspecto de relevancia para considerar que la acusación postulada en la forma resulta inviable.          

En el fondo.

1. En cuanto a la denuncia de que el Auto de Vista aplicó incorrectamente el iura novit curia y que la jueza no podía cambiar la pretensión, al respecto se debe indicar que la misma tiene la potestad de calificar los hechos debatidos que fueron demostrados en el proceso, lo que no puede efectuar es cambiar la relación fáctica de los hechos que las partes postularon, sea en la demanda, contestación y excepción, el operador judicial no puede modificar los hechos articulados por los litigantes y respecto a la calificación que efectúe el juzgador las partes pueden impugnar la misma alegando la interpretación errónea de la ley, calificación indebida o infracción de la norma sustantiva.

El apotegma jurídico del iura novit curia no constituye causal de casación, o sea que no se puede recurrir solicitando se aplique el iura novit curia, por lo que el abordaje de la subsunción de nulidad pretendida que fue descrita en sentencia, fue considerado en los puntos II.4, II.5 y II.6 del Auto de Vista.

2. Respecto a la conclusión sobre la entrega de documentos que haría presumir a la jueza que se trataría de una compra venta, se establece que en sentencia en el considerando VII se asumió como hecho probado la entrega de documentos al momento de perfeccionar la venta que efectivizó la entrega de documentos a favor de la compradora conforme establece el art. 614 y 617 del Código Civil, no dedujo que la misma fuera una presunción, al margen de ello la entrega de documentos en favor de la compradora no fue un argumento decisivo para denegar la demanda, sino que en los hechos no probados se describe que no se demostró el error esencial que fue demandado en la que da cuenta la declaración de la testigo Ana Karina Gutiérrez Antelo, quien fue tachada por su relación de parentesco con la parte actora.

3. En cuanto a la enfermedad de diabetes de Zoila Orihuela Castellón, que no le permitía comprender el contrato que estaba firmando, al respecto debe considerarse que este extremo ya fue resuelto por los de grado, sin embargo si Zoila Orihuela Castellón tenía esa afección en el presente proceso, no se demostró la incapacidad que hubiese tenido a consecuencia de la misma.

De fs. 6 a 39 se advierte análisis clínicos y recetas, que no describen que la paciente tuviese algún impedimento que pudiera generarle incapacidad; de fs. 210 se evidencia un certificado emitido por María del Carmen Guayacuna, Cirujano Oftalmológica, quien certifica que Zoila Orihuela Castellón presenta diagnóstico de desprendimiento de retina regmatógeno en ojo derecho y retinopatía diabética no proliferativa leve en ojo izquierdo, diagnóstico que no permite concluir el estado de la incapacidad de obrar de Zoila Orihuela Castellón, no constituyendo en causal de nulidad.

4. En cuanto a la desproporción del precio, se debe señalar que la misma no es causal de nulidad, la desproporción del precio puede fundar una acción por rescisión de contrato si concurren los requisitos del estado de peligro o por efecto de lesión.

No se ha determinado indicios que puedan sostener que se hubiese generado error esencial en la suscripción del contrato como para asumir el decisorio sobre indicios, en el caso de autos, los fundamentos expuestos en la demanda que sustentan la pretensión de nulidad no configuran el error esencial, como correctamente determinaron los Tribunales de instancia, toda vez que de los propios argumentos insertos en la demanda se establece que los mismos no se acomodan a los motivos que determinan la existencia del error esencial, vale decir a error en la naturaleza del contrato o en el objeto del mismo.

El punto 3, señala que el reconocimiento si bien otorga valor probatorio, empero no es requisito para la formación del contrato, limitarse a lo que diga el Notario de Fe Pública es aplicar la prueba tasada por ley y negarse a aplicar la sana crítica, la declaración del Notario solo se limita al reconocimiento de firmas y no al momento de la perfección del contrato, llegando a ser fundamentales las declaraciones de Ana Karina Gutiérrez Antelo, María Elia Parada Casanova y Luis Alfonso Céspedes Cámara, resultando arbitrario que no se tomen en cuenta, toda vez que dos de ellos intervinieron en la formación del contrato, por lo manifestado las tres declaraciones fueron descartadas sin ninguna razón.

Antes de ingresar al análisis de este punto cabe señalar que el Tribunal de Garantías, ha determinado que este Tribunal no puede ingresar al fondo del debate sino que debe analizar si existe un análisis en sentido positivo o negativo de ese punto, al respecto se debe señalar que tomando en cuenta lo desarrollado en el punto III.3 de la doctrina aplicable, donde se cita la SCP Nº 1083/2014 de 10 de junio, que determina en los casos en el cual se acusa incongruencia omisiva al recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente a establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo, por lo que el hecho de identificar las respuestas consideradas de omitidas en la resolución impugnada no implica que se dé una respuesta positiva o negativa a lo razonado en el fondo o que esté de acuerdo con las mismas.

Debiendo tomar en cuenta que el hecho de que el recurrente discrepe con dicha respuesta, no implica que exista falta de pronunciamiento, por otra parte, se debe hacer notar que el Tribunal de segunda instancia como se afirmó en la anterior resolución, si se pronunció sobre dicho punto estableciendo, que en la fundamentación de la sentencia se encuentran los motivos de hecho y de derecho en los que el A quo baso su decisión, extremo que resulta evidente en razón a que genera un análisis respecto a la declaración testifical de Ana Karina Gutiérrez Antelo (quinto punto del considerando VII de la Sentencia), desestimandola por ser nieta de uno de los co-demandantes en función al art. 169.II num.1) del Procesal Civil.

En ese contenido los jueces de grado en su punto II.4 del Auto de Vista de forma clara señalaron “…del cuestionamiento versado en que el art. 180.I de CPE y art. 1-16 de NCPC establecen el principio de verdad material por lo cual los jueces no deben limitarse a la verdad formal, lo que en el caso habría limitado la A quo a ver la verdad que le otorgo con pacto de rescate reconocido sin ver los hechos que realmente habrían sucedido restando valor a la declaración Ana Karina Gutiérrez Antelo por ser nieta de Godofredo Antelo Góngora con tacha del art. 169 del NCPC, descartando la declaración del Luis Alfonso Céspedes Cámara por ser Esposo de una codemadada, restando valor probatorio de la declaración de María Elia Parada Casanova por no haber estado presente en la firma del contrato, corresponde indicar que la actividad valorativa del plexo probatorio es privativa de la servidora judicial Ad quo, lo que significa que al advertir la causales regladas de tachas o de extraer elementos de juicio determinantes declaraciones testificales (…) donde al no advertirse rompimiento a los perímetros legales de razonabilidad y equidad previsibles para el decisorio con incidencia lógica (…) resultando infructífero examinar fenómeno valorativo en la tarea fiscalizadora por el Tribunal de alzada…”, fundamento de segunda instancia y que el mismo recurrente identificó, aspecto que incluso quita veracidad a dicho reclamo de omisión de fundamentación del Auto de Vista de la declaraciones testificales tachadas por el A quo; de lo que concluimos que existe respuesta que expresa en conformidad con el art. 271 del CPC, podemos afirmar que la presente observación fue analizada por el Tribunal de alzada, siendo una apreciación razonada  cumpliendo los parámetros legales del debido proceso y garantías fundamentales proporcionando una decisión justa que responde a los principios y valores, del cual es claro, no siendo evidente la omisión acusada en este punto.

En ese entendido, por todo lo manifestado y habiendo dado cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal de garantías constitucionales, del punto 3 del Considerando II del Auto Supremo Nº 225/2018 de 4 de abril, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el Art. 220.II del Código Procesal Civil (Ley N° 439), declara INFUNDADO el recurso de casación formulado por Godofredo Antelo Góngora e Ingrid, Godofredo, Claudia, Roger y Dalgiza todos Antelo Orihuela contra el Auto de Vista Nº 322/2016 de 8 de diciembre que cursa de fs. 309 a 311 vta., pronunciado por la Sala Civil, Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni. Con costas y costos.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs.1.000, para el abogado que respondió al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                     

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizu.