TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                             S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 428/2019

Fecha: 30 de abril de 2019

Expediente: T-43-18-S

Partes: Mario Bustamante Oña y otros c/ Empresa Tarijeña de Gas “EMTAGAS”

             representada por Roger Antonio Almazán Farfán y César Mejía Mogrovejo.

Proceso: Resarcimiento civil por hecho ilícito.

Distrito: Tarija

VISTOS: El recurso de casación de fs. 832 a 841, interpuesto por “EMTAGAS” mediante sus representantes legales Roger Antonio Almazán Farfán y Marco Antonio Sánchez Sotelo contra el Auto de Vista Nº 136/2018 de 21 de septiembre, cursante de fs. 822 a 825 vta., pronunciado por la Sala Primera Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro el proceso ordinario de resarcimiento civil por hecho ilícito, seguido por Mario Bustamante Oña y otros en contra de la empresa Tarijeña de Gas “EMTAGAS”, la contestación al recurso de casación de fs. 844 a 852, el Auto de concesión de 26 de octubre de 2018 cursante a fs. 854 vta., el Auto Supremo de admisión Nº 1131/2018-RA de fs. 859 a 860 vta., los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Planteada la demanda de resarcimiento civil proveniente de hecho ilícito fs. 139 a 143, adecuada a fs. 199 vta., y subsanada a fs. 217, por Mario Bustamante Oña por sí y en representación María Teresa Cárdenas Careaga, Guillermo Horacio, Paola Andrea, Claudia Alejandra, María Teresa y Mario Jorge todos Bustamante Cárdenas en contra de Empresa Tarijeña de Gas “EMTAGAS”, que previa su citación, contestó de manera negativa a la demanda y opuso la excepción de prescripción de fs. 384 a 393.

Tramitado el proceso la Juez Público en lo Civil y Comercial Nº 2 de Yacuiba provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, pronunció la Sentencia de 09 de octubre de 2017 cursante de fs. 771 a 780, donde declaró IMPROBADA la demanda de resarcimiento civil proveniente de hecho ilícito. Con costas y costos.

Resolución de primera instancia que fue apelada por los demandantes, mereciendo el pronunciamiento del Auto de Vista Nº 136/2018 de 21 de septiembre, cursante de fs. 822 a 825 vta., que ANULÓ obrados hasta la sentencia, disponiendo se dicte una nueva sentencia observando los principios de fundamentación, motivación y correcta valoración probatoria, con el fundamento siguiente:

Consideró que la sentencia no cumpliría con lo dispuesto en el art. 213.II del Código Procesal Civil, debido a que no precisó de forma clara los medios probatorios por lo que fundó su decisión, asimismo no se valoró las pruebas de forma objetiva e imparcial, tampoco se habría establecido los hechos probados y no probados.

Describió que la sentencia vulneró los arts. 115 y 180 de la CPE, en vista que en la sentencia no existiría una relación precisa de los hechos con las pruebas aportadas al proceso.

Sostuvo que la sentencia incurre en una falta de motivación y fundamentación, por una carencia entre lo fáctico y lo jurídico, asimismo no existiría los motivos por el que se llegó a declarar improbada la demanda de daño civil, por lo que indicó que este aspecto es sancionado con la nulidad de acuerdo al art. 213.II del Código Procesal Civil.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Denunció que Auto de Vista habría vulnerado su derecho al debido proceso, puesto tal resolución no sería justa ni equitativa y tampoco se habría citado ni cumplido tratados internacionales de derechos humanos.

2. Señaló que la resolución de segunda instancia contradijo el principio procesal de congruencia ya que omitiría decidir aspectos fundamentales, de tal modo que contravino el art. 265 del Código Procesal Civil.

3. Acusó la falta de motivación en el auto de vista, puesto que el Tribunal de segunda instancia omitió valorar todos los puntos expuestos en el recurso de apelación, asimismo manifestó que la sentencia fue debidamente fundamentada, ya que se valoró las pruebas conforme a la sana crítica y prudente criterio.

Por lo que solicitó se declare la nulidad el auto de vista.


Respuesta al recurso de casación.

Señaló que recurso de casación adolece de claridad y precisión, puesto que no precisa que normas se habrían infringido o interpretado erróneamente, sosteniendo que se incumplió el art. 274 del Código Procesal Civil.

Manifestó que el recurrente confunde si el recurso de casación es en el fondo o en la forma, debido a lo cual no hace ninguna fundamentación respectos a los defectos del auto de vista recurrido, en tal sentido el recurso carecería de la técnica recursiva necesaria incumpliendo de esa manera lo preceptuado en los art. 271 y 274.I del Código Procesal Civil

Mencionó que el recurso de casación es impertinente, porque no se puede plantear recurso de casación en el fondo y pedir la nulidad del auto de vista, como erróneamente lo hizo el recurrente.

Por lo que pidió que este Tribunal se pronuncie declarando la improcedencia del recurso planteado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Respecto a la nulidad procesal

El Auto Supremo Nº 767/2016 de 28 de junio señaló: “La uniforme línea jurisprudencial trazada por éste Tribunal ha superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal buscando simplemente resguardar las formas previstas por la ley procesal, “hoy en día, lo que en definitiva interesa, es analizar si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio y que a la postre derive en una injusticia”; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un Juez natural y competente; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principios; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y de los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; criterio reiterado en los Autos Supremos Nº 223/2013 de 6 de mayo, Nº 336/2013 de 5 de julio, Nº 78/2014 de 17 de marzo, y Nº 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros.”

CONSIDERANDO IV:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En consideración a los principios y valores establecidos en nuestra Constitución Política del Estado debemos establecer el alcance efectivo de las nulidades procesales, entre las razones que vinculan esta materia citamos la SCP Nº 0140/2012 de 9 de mayo, que indicó: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”, de tal manera que el juzgador al momento de emitir una resolución debe proseguir con el desarrollo del proceso, este aspecto orienta que la nulidad procesal es una medida excepcional, una medida de última necesidad al litigio, dado que la finalidad del proceso es brindar materialmente a las partes una tutela judicial efectiva e inmediata, sin una dilación innecesaria de los actos, por lo tanto las autoridades judiciales a tiempo de acoger esta medida de última ratio deben considerar la incidencia directa de la decisión sobre el litigio, tomando en cuenta que el Tribunal ad quem tiene plenas facultades para proseguir con el desarrollo del proceso, en virtud a los art. 218.III, 264.I, 265.I y III del Código Procesal Civil.

Puesto que el Auto de Vista Nº 136/2018 de 21 de septiembre, cursante de fs. 822 a 825 vta., es anulatorio, entonces es necesario por metodología estructural que este Tribunal se pronuncie exclusivamente sobre los reclamos de forma circunscritos en la resolución aludida y pugnada por los recurrentes.

a. En relación a los reclamos de forma planteados por el recurrente, por cuanto indica que el Tribunal de Ad quem habría omitido pronunciarse sobre los puntos expuestos en el recurso de apelación, se establece del examen del Auto de Vista recurrido que es evidente que el tribunal de alzada  se limitó anular obrados hasta la sentencia indicando a fs. 824 vta. que “la juzgadora no realiza una relación precisa de los hechos con las pruebas…”, asimismo señaló que “… a todas luces se advierte una carente relación entre lo fáctico con lo jurídico, incumpliendo los requisitos mínimos que debe contener la sentencia,…”, ello sin considerar las facultades otorgadas por el Código Procesal Civil en el art. 265.I y III.

b. Por otra parte, de la revisión de la Sentencia se tiene que con base al cotejo probatorio la juez de instancia llegó a la determinar a fs. 779 in fine que: “… pero debe tomarse en cuenta que el conocimiento de los demandantes, sobre la posible fuga de gas sea este emergente del pozo séptico o de la conexión de gas, impelían a los demandantes una actitud más diligente, evidenciándose la concurrencia de culpas o la deviación del nexo de riesgo, por la participación de los demandantes, pues nótese que si bien la entidad demandada, ha presentado una actitud omisiva o negligente, la explosión no emergió de manera directa de dicha omisión, sino más bien de los trabajos encomendados por los demandantes…”, de tal modo que la juez no niega la conducta omisiva por parte de EMTAGAS, pero de acuerdo a su razonamiento indicó que la explosión se originó por el hecho de que los demandantes contrataron un plomero, con dicho argumento declaró improbada la demanda, de este modo es claro el fundamento por el que la juez de grado no acogió la pretensión de los demandantes, hecho que impulsó a plantear el recurso de apelación a través del memorial de fs. 786 a 797, el cual debe ser resuelto por el Tribunal de Alzada.

c. En ese orden, se debe recordar que el Tribunal de segundo grado, se constituye en un órgano judicial de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tiene la obligación de analizar y resolver todos los fundamentos del recurso de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada durante la tramitación del proceso, no pudiendo soslayarse a la resolución de la causa, más cuando en el texto del memorial de apelación constan los agravios que deben ser, resueltos y considerados sin restricción alguna, tal que en el recurso de apelación de fs. 786 a 797 los demandantes plantean incorrecta valoración de algunas pruebas, como ser de la Resolución Administrativa Nº. 0027/2015, del informe pericial de bomberos Antofagasta de fs. 371 a 400, entre otros, por lo tanto la decisión arribada por el Tribunal Ad quem fue injustificada y apartada a lo establecido en el art. 265.I y III y 218.III del Código Procesal Civil, en tanto que corresponde enmendar tal yerro.

En este entendido, correspondía al Tribunal de apelación, pronunciarse resolviendo el recurso de apelación de fs. 786 a 797, otorgando a la parte recurrente una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 265. I y III del Código Procesal Civil, y al no haberlo hecho ha vulnerado una norma de orden público y de cumplimiento obligatorio que acarrea la nulidad del auto de vista, toda vez que si existe pronunciamiento sobre las pruebas adjuntas al proceso en primera instancia, conforme a los aspectos alegados en el recurso de alzada y en el de su contestación el Ad quem se encuentra facultado para considerar las omisiones generadas en sentencia.

Por lo expuesto, corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por el art. 220.III del mismo Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I. num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en 220.III. num. 1 inc. c) del Código Procesal Civil ANULA el Auto de Vista Nº 136/2018 de 21 de septiembre pronunciado por la Sala Primera Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, disponiendo que el Tribunal de Alzada sin espera de turno y previo sorteo, emita nueva resolución en el marco de la presente decisión, salvando la facultad del Ad quem de generar prueba para mejor proveer conferido por el art. 264.I. del Código Procesal Civil. Sin multa por ser excusable.

Póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.