TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 423/2019        

Fecha: 24 de abril de 2019

Expediente: SC-154-18-S

Partes: Helen Vanessa Chávez Lima c/ Filemón Zegarra Morales y otros.  

Proceso: Reivindicación y otros.                                    

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: Los recursos de casación presentados por Helen Vanessa Chávez Lima y Filemón Zegarra Morales y Juana Olivera Guzmán, de fs. 430 a 435 vta., y de fs. 445 a 448; respectivamente, contra el Auto de Vista Nº 0155/2018 de 17 de septiembre cursante de fs. 418 a 420, pronunciado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de reivindicación y otros, seguido por Helen Vanessa Chávez Lima contra Filemón Zegarra Morales y otros; la respuesta al recurso de casación de fs. 453 a 454 vta., Auto de Concesión del recurso de casación cursante a fs. 456; Auto Supremo de Admisión Nº 1261/2018-RA cursante de fs. 462 a 463 vta.; los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Helen Vanessa Chávez Lima, interpuso demanda de reivindicación, desocupación, entrega de inmueble, mejor derecho propietario y acción negatoria por memorial de fs. 37 a 38, subsanado por memoriales de fs. 42 y 49, acción que fue admitida por la juez de instancia y corrida en traslado a los demandados Filemón Zegarra Morales, Juana Olivera Guzmán, Zenón Vidal Vidal, Cecilia Guevara Márquez y Juan Clever Peña Ortiz, siendo que Filemón Zegarra Morales y Juana Olivera Guzmán contestaron de forma negativa e interpusieron al mismo tiempo acción reconvencional de usucapión decenal, declaratoria de propiedad sobre mejoras en el inmueble, mejor derecho propietario, acción negatoria, nulidad de escritura pública de transferencia de compraventa y su cancelación en el registro de Derechos Reales, por su parte la codemandada Cecilia Guevara Márquez contestó a la demanda a través del memorial de fs. 203 a 205, en cambio el codemandado Zenón Vidal Vidal fue declarado rebelde por de Auto de fs. 126, y en el caso del codemandado Juan Clever Peña Ortiz el mismo fue excluido del proceso mediante providencia de fs. 57 y vta., tramitándose de esta forma hasta la emisión de la Sentencia Nº 143/2016 de 15 de agosto, cursante de fs. 262 a 263 vta., por la que declaró PROBADA en parte la demanda principal con relación a la reivindicación, desocupación y entrega de bien inmueble e IMPROBADA en cuanto al mejor derecho propietario y acción negatoria, en cuanto a la acción reconvencional declaró la misma IMPROBADA.

Resolución de primera instancia que fue apelada por Filemón Zegarra Morales y Celia Guevara Márquez, a través de los escritos de fs. 273 a 276 y 308 a 311 respectivamente, impugnaciones que fueron resueltas mediante Auto de Vista Nº 155/2018 de 17 de septiembre, cursante de fs. 418 a 420, pronunciado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que REVOCÓ PARCIALMENTE la Sentencia, bajo los siguientes argumentos:

El Tribunal Ad quem señaló que de los antecedentes del proceso se estableció que el propietario originario del bien inmueble objeto de litis, Juan Clever Peña Ortiz, transfirió el año 1999 dicho inmueble con una superficie de 446 m2.,  registrado bajo la matrícula Nº 7011050004620, al Sr. Celio Camacho Sagredo y este posteriormente transfirió dicho inmueble el 07 de junio de 2005, a la actual demandante. También se pudo acreditar que la codemandada Cecilia Guevara Márquez adjuntó documentación con su memorial de contestación de fs. 168 a 202, documentales mediante las que solicitó que se tome en cuenta que el inmueble objeto de litis, fue adquirido en vigencia de su matrimonio con Juan Clever Peña Ortiz, que el predio fue objeto de partición y división en un 50% entre los ex cónyuges, por constituir en bien ganancial, en ejecución de sentencia del proceso de divorcio, mediante Auto de 08 de septiembre de 1998, cursante a fs. 194 del presente proceso.

De lo expuesto se infiere que cuando Juan Clever Peña Ortiz, firmó la transferencia de la totalidad del predio ya no era propietario del 50%, como se expuso, correspondiendo a la Sra. Celia Guevara Márquez por ende el derecho de propiedad sobre dicha porción del inmueble.

Con relación a la apelación del codemandado Filemón Segarra Morales, quien ocupa el otro 50% del bien demandado, sostuvo que el argumento que sustenta en su apelación es incorrecto, pues la demandante no necesita estar en actual posesión para la viabilidad de la reivindicación, teniendo como precedente el AS 104 de 6 de marzo de 2018.

Por otro lado cerca de que Juan Clever Peña Ortiz, debió ser citado al proceso, este aspecto no viola el derecho a la defensa del codemandado, además si consideró citar al garante de evicción, este aspecto debió ser invocado oportunamente y no dejar el reclamo para recién interponerlo en el recurso de apelación, expuso que también corresponde desestimar la acción reconvencional de usucapión puesto que el reconventor acredita haber ingresado en calidad de comprador a plazos, mas dicha calidad de detentador nunca fue cambiada, por lo que no puede ser considerado como poseedor de buena fe.

Por último, respecto al pago de mejoras a favor del demandado, refirió que este derecho se encuentra reconocido por el Código Civil (CC), y partiendo de que se acredita la existencia de mejoras en el referido inmueble objeto de litis, lo correcto es evaluar dicha situación en ejecución de sentencia, por tanto este agravio de apelación debe ser atendido positivamente. 

Esta resolución fue impugnada mediante los recursos de casación presentados por Helen Vanessa Chávez Lima saliente de fs. 430 a 435 vta., así como de Filemón Zegarra Morales y Juana Olivera Guzmán, cursante de fs. 445 a 448, mismos que se pasan a analizar. 

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

II.1.- Del recurso de casación presentado por Helen Vanesa Chávez cursante de fs. 430 a 435 vta.

1. Señaló que como actora acreditó, conforme a folio real, ser la única y legítima propietaria de la totalidad del bien objeto de litis, además que mediante la acción reivindicatoria no pretende que se declare su derecho propietario puesto que afirma tenerlo por el contrario demanda la reintegración de la posesión de dicho inmueble, en tal sentido acusó infracción de los arts. 110 y 1453 del CC.

2. Denunció que en relación al mejor derecho propietario, demostró que su derecho de propiedad deviene de Celio Camacho Sagredo, mientras que los codemandados reconvencionistas Filemón Zegarra Morales y Juana Olivera Guzmán, solo aportaron fotocopia simple de la transferencia sobre el 50% del inmueble objeto de la litis que les hubiera hecho Juan Clever Peña Ortiz, por lo que su pretensión devendría en desestimada.

3. Alegó con referencia a la acción negatoria que los codemandados no probaron ningún derecho real que pudieran ostentar sobre el inmueble objeto de litis en tal sentido dicha pretensión también debería ser desestimada.

4. Refirió en relación con la usucapión que los codemandados Filemón Zegarra Morales y Juana Olivera Guzmán, no aportaron medio probatorio que acredite su posesión por más de 10 años, habiendo incumplido con la carga de la prueba.

5. Arguyó que la demanda reconvencional de nulidad de contrato de transferencia se sustenta en una de las causales del art. 554 del CC, siendo que debe tomarse en cuenta lo que establece el art. 556 del mismo compilado civil, sobre la prescripción de dicha acción, puesto que su derecho propietario deviene del contrato de 07 de junio de 2005.

6. Enfatizó que en lo pertinente al derecho propietario del 50% de la codemandada Cecilia Guevara Márquez, el mismo actualmente no se encuentra registrado en Derechos Reales, en tal sentido su derecho nunca se perfeccionó, por lo que no existe por parte de los demandados oponibilidad alguna al derecho propietario del 100% del bien inmueble objeto de litis. 

7. Explicó que en lo atinente a las mejoras introducidas, ninguna de las partes demostró haber realizado mejoras dentro del inmueble objeto del proceso a efectos de aplicar los arts. 197 y 129 del CC, además que la resolución del Tribunal Ad quem otorga más de lo pedido, puesto que ni en el proceso y menos en el recurso de apelación los codemandados solicitaron mejoras introducidas, en tal sentido se vulnera el debido proceso en su vertiente congruencia de la resolución.

Por todo lo expuesto solicitó a este Tribunal Supremo dicte Auto Supremo casando totalmente el Auto de Vista. 

II.2.- Del recurso de casación presentado por Filemón Zegarra Morales y Juana Olivera Guzmán cursante de fs. 445 a 448.

1. Acusaron que el Tribunal de segunda instancia no valoró correctamente la prueba de descargo aportada al proceso; expresan que las cursantes de fs. 69 a 88, y de 89 a 92, demostrarían que el documento de transferencia de la demandante fue constituido con base en una falsificación del Sr. Juan Clever Peña Ortiz, puesto que el mismo solo les hubiera transferido a ellos y no así a otra persona. En el mismo sentido refieren que no se consideró las pruebas de descargo cursante de fs. 65, fs. 70, fs. 72 a 73, 76 al 79, y fs. 83 al 86 que acreditan su pretensión reconvencional de usucapión vulnerándose los arts. 330 y 374 nums. 1), 3), y 5) del CPC, y 130 del CC.

2. Señalaron que se tiene en la demanda de fs. 37 a 38, la ubicación del bien inmueble referido en dicha acción, no coincidiría con la reflejada en la minuta de 07 de junio de 2005, que indica la zona la Colorada y las colindancias y medidas no serían las que se tiene actualmente, en tal sentido no se hubiera cumplido con uno de los presupuestos para la procedencia de la reivindicación, conforme lo establecido en el art. 1453 del CC, puesto que el Tribunal Ad quem no consideró que la ubicación de dicho inmueble no estaría individualizada, en cuanto a su mesura, colindancias y medidas técnicas que hacen a la comprensión de la ubicación correcta del inmueble, pues la Uv. 47, se encuentra en la zona comprendida como Guaracal y no como erróneamente se tiene la zona Colorada. 

3. Sostuvieron que la Sentencia Nº 09/2006, caso Nº 50/06, de 7 de octubre de 2006, dictada por el Juez Quinto de Sentencia en lo Penal y Liquidador de la Capital, en el proceso penal que siguió Celia Guevara Márquez contra Juan Clever Peña Ortiz  y Celio Camacho Segrado, automáticamente inhabilitaría el título de transferencia de 07 de junio de 2005, título de propiedad que pertenece a la actual demandante, conforme la aplicación del instituto de la cosa juzgada,  que describe el art. 230 del CPC, la acción de nulidad art. 546 “num. 1)” y la imprescriptibilidad de dicha acción 552 del CC. 

4. Alegaron que el Auto de Vista al no considerar las nulidades solicitadas en diversas oportunidades tanto por Celia Guevara Márquez, como por sus personas, mediante fs. 94, fs. 95, fs. 100, fs. 104, fs. 106, recurso de reposición de fs. 109 a 110 vta., fs. 119, auto interlocutorio de fs. 120, incidente de nulidad de notificación de fs. 123, recurso de reposición formulado por Celia Guevara Márquez de fs. 137 a 138 y Acta de Suspensión de Audiencia de fs. 140, los deja en indefensión, vulnerándose los arts. 106, 1 nums. 1), 13), 15), 16), 4, 5, 108.II, 147.I.II, 130, 134, 145, 147 y 374 del CPC.    

5. Refirieron error de hecho en la valoración de la prueba que cursa de fs. 1 al 3, fs. 5 a 6, fs. 37 al 42, vulnerándose el art. 1286 del CC.

Por todo lo expuesto solicitó a este Tribunal Supremo dicte Auto Supremo anulando el Auto de Vista. 

II.3.- Respuesta al recurso de casación interpuesto por Filemón Zegarra Morales y Juana Olivera Guzmán cursante de fs. 453 a 454.

Señalaron que el recurso de casación de Helen Vanessa Chávez Lima, es impreciso y antinómico, pues no cumpliría con los presupuestos del art. 253 del CPC.     

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De los requisitos de procedencia para la acción reivindicatoria.

Al respecto, corresponde describir los expuesto en el Auto Supremo Nº 231/2018 de 4 de abril: “el art. 1453 del Sustantivo Civil establece: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”, de lo señalado se deduce que la reivindicación al ser una acción real, tiene como objetivo la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que emerge de ella, está dirigida contra aquella persona que tenga la posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o título que le faculte para la posesión; en otras palabras la acción de reivindicación está destinada para que el propietario que haya perdido la posesión de una cosa (legitimación activa), pueda reclamar la restitución de la misma, en razón a que tiene derecho a poseerla, en contra del poseedor que no es propietario y que se encuentra en posesión de la misma (legitimación pasiva), siendo esta acción imprescriptible, salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud de usucapión, quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible, no siendo afectada por el transcurso del tiempo y puede ser aplicada en cualquier momento, por el propietario de un bien inmueble.

En ese entendido y toda vez que lo que se pretende recuperar con esta acción es la posesión de la cosa, resulta pertinente señalar que quien interponga dicha acción debe cumplir con ciertos requisitos que hacen procedente a la misma, que a decir del autor Alexander Rioja Bermúdez en su artículo “Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación”, son tres: 1. El derecho de dominio de quien se pretende dueño; 2. La determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3. La posesión de la cosa por el demandado. De dichos requisitos y haciendo hincapié en el primero de estos, debemos precisar que el mismo debe ser acreditado con título idóneo que demuestre que quien pretende dicha tutela sea el titular de la cosa que se pretende reivindicar, pues al estar reservada la interposición de dicha acción únicamente al propietario que no tiene la posesión física de la cosa, no resulta viable que la misma sea interpuesta por quien no acredita tal extremo, es decir por quien no tenga la legitimación activa para interponer la misma; sobre el segundo requisito debemos señalar que la determinación de la cosa debe ser acreditada documentalmente y de manera precisa, es decir que se debe identificar plenamente el inmueble tanto en su ubicación, superficie y limites; finalmente quien pretende reivindicar debe demostrar que el demandado es quien se encuentra en posesión física del inmueble.

De igual forma, en relación a los requisitos que hacen viable la acción reivindicatoria corresponde citar a Arturo Alessandri R., que sobre la reivindicación, señaló que: “…la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”; de lo expuesto se tiene que esta acción se encuentra reservada para el titular del derecho propietario, derecho que por su naturaleza, conlleva la “posesión” emergente del derecho mismo, por lo que el propietario que pretende reivindicar no necesariamente debió estar en posesión corporal o natural del bien, en consideración a que tiene la “posesión civil”, que está a su vez integrado por sus elementos “corpus” y “ánimus”.

En suma, se puede expresar que el derecho de propiedad permite reivindicar la cosa de manos de un tercero, es decir el -IUS IN RE-, a efectos de ejercitar todos los derechos como se dijo el -IUS UTENDI, FUENDI ETE ABUTENDI-, y los cuales están enmarcados en el art. 105 del sustantivo de la materia, de lo que se concluye que la acción reivindicatoria y este Tribunal determinó en varios fallos que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al: "propietario que ha perdido la posesión de una cosa" y que el derecho propietario, por su naturaleza, conlleva la "posesión" emergente -del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión física del bien, habida cuenta que tiene la "posesión Civil", quedando claro, que para la procedencia de la acción de restitución o devolución de la propiedad, el titular del derecho no necesariamente tiene que haber sido despojado o eyeccionado”.

III.2. De la Congruencia en las resoluciones y el art. 265 del Código Procesal Civil.

El Tribunal Supremo de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nº 651/2014, 254/2016), ha descrito la congruencia de las resoluciones judiciales desde dos acepciones; la primera, relativa a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, la segunda, la congruencia interna, referida a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En este entendido que a través del Auto Supremo Nº 254/2014, se orientó que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado…”. 

III.3. Del “per saltum”.

El per saltum, es una locución latina que significa pasar por alto las formas regulares de impugnación de las resoluciones judiciales, saltando etapas en las cuales correspondía hacer valer el derecho a la impugnación respectiva, toda vez que los reclamos deben ser acusados en forma vertical.

En nuestra legislación procesal civil el art. 272 del Código Procesal Civil, describe como parte de la legitimación para recurrir, la obligación de haber apelado de la resolución de primera instancia como requisito para interponer recurso de casación; dicha exigencia es extensible a la cualidad de los agravios que se plantean en recurso de apelación, pues en caso de que el Tribunal de apelación deniegue el agravio, la parte recurrente podrá refutar dicho criterio, mediante recurso de casación, de esa manera se cumple con el sistema de la doble instancia.

Si el apelante no postula determinado agravio y ante un Auto de Vista confirmatorio, no podrá insertar nuevos agravios que no fueron postulados en fase de apelación, salvo el caso que el Tribunal de alzada, haya considerado nuevos elementos de prueba o asumido por ampliar el criterio del Juez para confirmar el decisorio de primera instancia, en tal caso se permite a la parte ampliar la acusación en casación sobre los nuevos elementos de prueba o sobre el criterio jurídico ampliado en el Auto de Vista.

La postura de no aplicar el “per saltum”, también fue asimilada en la aplicación del Código de Procedimiento Civil abrogado, al efecto corresponde citar el contenido del Auto Supremo Nº 154/2013 de 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores…, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

IV.1.- Del recurso de casación presentado por Helen Vanessa Chávez cursante de fs. 430 a 435 vta.

1. Del extracto de los puntos 1 y 6 del recurso de casación interpuesto por la  demandante se puede establecer que señaló que, como actora, acreditó conforme a folio real ser la única y legítima propietaria de la totalidad del bien objeto de la litis, en tal sentido con el Auto de Vista se vulneró los arts. 110 y 1453 del CC, en el mismo sentido refiere que en relación con el derecho propietario del 50% de la codemandada Cecilia Guevara Márquez, el mismo actualmente no se encuentra registrado en Derechos Reales, por ende su derecho nunca se perfeccionó, por lo que no existe por parte de los demandados oponibilidad alguna al derecho propietario del 100% del bien inmueble objeto de la litis.

Al respecto, de los antecedentes del proceso y en el marco de los argumentos planteados en el recurso de casación, se puede inferir que la demandante, planteó la reivindicación como una acción de defensa de la propiedad, justificando su pretensión en la existencia de un derecho propietario emergente de la compra de un bien inmueble a su anterior propietario Celio Camacho Sagredo, pretensión que fue resuelta a la luz de la previsión contenida en el art. 1453 del Código Civil, que señala que el propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta.

Como elementos integrantes de dicha acción, la demandante Helen Vanessa Chávez Lima, conforme lo descrito en la doctrina legal aplicable III.1, identifica plenamente el inmueble  objeto a reinvindicar, el mismo que se encuentra ubicado en la Zona Sur UV. 47 Manzana 37, Lote s/n, con Código Catastral Nº 011168032, con una superficie de 446 m2, también adjunta el contrato de transferencia de bien inmueble realizado por el Sr. Celio Camacho Sagredo, anterior propietario, a favor de la actora cursante de fs. 1 a 2 vta., derecho propietario registrado en Derechos Reales, el 14 de abril de 2008, en el Asiento 3 de la Matrícula Nº 7.01.1.05.0004620 de fs. 3 y 219. Por último, con relación al requisito de la posesión por terceras personas ajenas a la propietaria, la misma se tiene acreditada con la inspección judicial de fs. 259, donde se señaló:“…en la parte de afuera se observa dos entradas una verja de garaje y una puerta chica con un pasillo largo para el ingreso a la parte de adentro (…), al fondo del terreno se observa una piezas precarias de madera y techo calamina que son alquiladas, tres habitaciones que son ocupadas por la Sra. Celia Guevara Márquez”, y confesión espontánea a través de memorial de fs. 90 cuando los codemandados Filemón Zegarra Morales y Juana Olivera Guzmán señalaron “…en fecha 15 de junio de 1999 lo vengo poseyendo dicho inmueble donde tengo una casa como vivienda que consta de 4 piezas una de material 2 piezas precarias con su baño material, ducha lavandería desde aquella fecha que lo he comprado…”, elementos que analizados conforme a la sana critica hacen viable la procedencia de la acción reivindicatoria solicitada por la demandante.

Por lo que se concluye que la demandante cumple con los presupuestos legales establecidos en el art. 1453 del CC, que hacen viable la acción reinvindicatoria, concluyendo que goza del poder jurídico, señalado por los arts. 56 de la Constitución Política del Estado y 105 del Código Civil.

Con relación al 50% de la codemandada Sra. Celia Guevara Márquez, que devendría como resultado de una partición de bien ganancial que se realizó en el proceso de divorcio conjuntamente a su ex cónyuge, se debe considerar que dicho título propietario no está inscrito en Derechos Reales, en tal sentido no es oponible al título presentado por la demandante ahora recurrente, conforme lo establecido en el art. 1538 del CC, siendo que al respecto el tratadista Carlos Morales Guillen, en su obra CÓDIGO CIVIL, CONCORDADO Y ANOTADO, Tomo II, Pág. 1961, señala: “Tal doctrina no dice que la inscripción “no define derechos”, sino que ella, por si, no crea, modifica ni destruye derechos y obligaciones, limitándose a dar publicidad a la creación, constitución, modificación o extinción de derechos u obligaciones constantes en el título que se inscribe, inscripción que da efectos válidos y prioritarios respecto de terceros al objeto o fin del documento inscrito o registrado. Si la ley no diera un efecto cierto y declarado a la publicidad de la inscripción ella no tendría razón de existir. Y ese efecto es el de definir derechos a la luz de la inscripción…”. (Las negrillas no corresponden).

En tal sentido se concluye que el Tribunal Ad quem, al revocar parcialmente la pretensión de reivindicación de la demandante en el 50%, que le correspondería a la codemandada Celia Guevara Márquez, incurrió en una errónea aplicación de la norma, pues no consideró lo expuesto en el apartado anterior, vulnerando los arts. 110 y 1453 del CC, aspecto que debe ser enmendado, por este Tribunal de casación.

2. Con relación al punto 7 de su recurso de casación refiere que las mejoras introducidas no fueron demostradas por los demandados, en tal sentido no se hace aplicable los arts. 197 y 129 del CC, además que la resolución del Tribunal Ad quem otorga más de lo pedido, puesto que ni en el proceso y menos en el recurso de apelación de los codemandados, solicitaron como punto de debate las mejoras introducidas, en tal sentido se vulnera el debido proceso en su vertiente congruencia de la resolución.

Del análisis probatorio del proceso se puede establecer que de fs. 12 a 20, se presentó el avaluó del bien inmueble objeto de litis, siendo que con el mismo medio probatorio se pudo constatar el valor económico del mencionado inmueble y las construcciones que se realizaron, aspecto que fue corroborado por la inspección ocular realizada por el juez A quo cursante a fs. 259, donde se pudo apreciar que de dicho inmueble lo siguiente:“…en la parte de afuera se observa dos entradas una verja de garaje y una puerta chica con un pasillo largo, para el ingreso a la parte de adentro, se observa una división embardada construcción antigua, al fondo del terreno se observa una piezas precarias de madera y techo calamina (…), tres habitaciones que son ocupadas por la Sra. Celia Guevara Márquez”, medios probatorios que acreditan que en el inmueble objeto de la controversia, existieron modificaciones y mejoras que fueron introducidas por los ahora demandados, por otro lado con relación a que dichas mejoras nunca fueron reclamadas por los demandados se tiene que de fs. 89 a 92, los codemandados Filemón Zegarra Morales y Juana Olivera Guzmán, interpusieron acción reconvencional por declaratoria de propiedad y de mejoras sobre el mencionado inmueble, aspecto que nuevamente fue reclamado en su recurso de apelación, cuando a fs. 273 y vta., expresaron “…he presentado demanda reconvencional sobre usucapión decenal y declaratoria de propiedad y de mejoras del inmueble de la litis en una superficie de 192,67 m2…” (Las negrillas nos corresponden).

Por consiguiente la resolución emitida por el Tribunal Ad quem no resulta incongruente, tampoco se puede desconocer que con relación a la codemandada Celia Guevara Márquez se pudo constatar modificaciones y mejoras que fueron introducidas por la misma, por lo que en relación a dichas mejoras realizadas en la superficie ocupada por esta última, se salva su derecho para hacerlo valer conforme Ley.

3. Respecto a los puntos 2, 3, 4 y 5 del recurso de casación interpuesto por la demandante con relación a las pretensiones de la acción reconvencional de los codemandados Filemón Zegarra Morales y Juana Olivera Guzmán sobre el mejor derecho de propiedad, acción negatoria, usucapión y nulidad de contrato de transferencia, se entiende que no fueron acogidas en la Sentencia, menos en la resolución de segunda instancia, por lo que se concluye que la parte ahora recurrente no sufrió vulneración alguna con relación a la resolución impugnada, en tal sentido, los aspectos concernientes en los puntos descritos precedentemente, carecen de sustento.

IV.2.- Del recurso de casación presentado por Filemón Zegarra Morales y Juana Olivera Guzmán cursante de fs. 445 a 448. 

1. Con relación a los puntos expuestos en el recurso de casación interpuesto por los codemandados Filemón Zegarra Morales y Juana Olivera Guzmán, corresponde remitirnos a los criterios expresados en el punto III.3 de la doctrina aplicable, en sentido de que por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las infracciones o transgresiones que se acusan deben ser previamente reclamadas ante el Tribunal de alzada, a objeto de que estos tomen conocimiento de los agravios y puedan ser resueltos conforme la doble instancia y de ningún modo realizarlo de manera directa en el recurso de casación, siendo que la apertura de la competencia de este Tribunal para juzgar la incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, está condicionada precisamente al o los agravios oportunamente apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem.

En ese entendido, se tiene que al plantear los reclamos inmersos en el presente recurso de casación, los recurrentes no consideraron la naturaleza vertical de este medio impugnatorio, pues la argumentación recursiva propuesta en el presente recurso de casación, no condice con los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, en casación vienen a reclamar nuevos hechos que no fueron oportunamente formulados ante el Tribunal de apelación, toda vez que los argumentos de casación centran su análisis en sentido que el Tribunal de segunda instancia no hubiera valorado de manera correcta la prueba de descargo aportada al proceso, que la ubicación de inmueble objeto de litis no se encontraría individualizada; que el proceso penal tramitado por la codemandada  Helen Vanessa Chávez Lima en contra el propietario de origen del bien objeto de la presente controversia, inhabilitaría automáticamente la trasferencia de propiedad del título de la demandante y por último que no se consideró las nulidades solicitadas en diversas oportunidades tanto por sus personas como por la otra codemandada, cuestionamientos que así expuestos, no condicen con los planteados en el recurso de apelación, por lo que estos nuevos puntos traídos al presente recurso de casación, no pueden ser considerados en aplicación del mencionado principio del per saltum.

De la respuesta al recurso de casación.

En referencia a lo alegado en la respuesta al recurso de casación sobre los agravios planteados por Helen Vanessa Chávez Lima en su recurso de casación y que el mismo es impreciso y antinómico, corresponde remitirnos a lo señalado en el Auto Supremo de Admisión Nº 1261/2018-RA cursante de fs. 462 a 463 vta., que admitió el recurso de casación tomándose en cuenta la flexibilidad de criterios bajo la orientación de la Sentencia Constitucional Nº 2210/2012 de 8 de noviembre.

Por los fundamentos expuestos, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II y IV de la Ley Nº 439.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Filemón Zegarra Morales y Juana Olivera Guzmán cursante de fs. 445 a 448; y conforme el art. 220.IV de la misma norma adjetiva civil, en atención al recurso de casación planteado por Helen Vanessa Chávez Lima cursante de fs. 430 a 435 vta., CASA parcialmente el Auto de Vista Nº 0155/2018 de 17 de septiembre cursante de fs. 418 a 420, pronunciado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y deliberando en el fondo, declara PROBADA EN PARTE la demanda principal, únicamente en cuanto a la pretensión de reivindicación desocupación y entrega de bien inmueble sobre la superficie de los 446 m2, del inmueble ubicado en la zona Sur UV. 47, manzana 37, lote s/n, con Código Catastral Nº 011168032, manteniendo incólume las decisiones respecto a la pretensión de mejor derecho y acción negatoria, consiguientemente se dispone que la demandada Celia Guevara Márquez, entregue la fracción ocupada en favor de la actora en el plazo de 30 días.

Sin costas ni costos por ser la casación parcial.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.