TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

    S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 422/2019

Fecha: 24 de abril de 2019

Expediente: CB-63-18-S

Partes: Edwin Jaldín Guillén. c/ María Marlen Muriel Flores.

Proceso: Anulabilidad de minuta de compra venta y acción reivindicatoria.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 370 a 372, interpuesto por María Marlen Muriel Flores contra el Auto de Vista Nº 112/2018 de 13 de agosto, cursante de fs. 361 a 367, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de anulabilidad de minuta de compra venta y acción reivindicatoria, seguido por Edwin Jaldín Guillén contra la recurrente, el Auto de concesión del recurso de fs. 376, Auto Supremo de Admisión Nº 1197/2018-RA de 6 de diciembre de fs. 382 a 383, y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Edwin Jaldín Guillén, planteó demanda de anulabilidad de minuta de compra venta y acción reivindicatoria mediante memorial de fs. 61 a 63 y 70, contra Carol Dayana y Nail Erick Jaldín Muriel representadas por su madre María Marlen Muriel Flores, arguyendo ser propietario de un bien inmueble con construcción de obra gruesa, ubicado en la zona de Arocagua de la localidad de Sacaba con una extensión de 496,35 m2, que nunca transfirió, empero, existiendo una minuta de compra venta del lote de terreno motivo de litis suscrita el 24 de abril de 2012 donde transfiere a sus dos hijos que son menores de edad, dicho documento estaría viciado de nulidad porque aparece representándolos y firmando su madre. Que además se inició querella en investigación sobre la falsedad de la minuta y no contando con la posesión demandó su reivindicación.

Citada la demandada María Marlen Muriel Flores en calidad de madre y en representación sus dos hijos, contestó de manera negativa y planteó excepciones de incompetencia, litispendencia, de falta de acción y derecho, falsedad personería, improcedencia, obscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda cursante de fs. 101 a 104.

2. La Jueza Público Civil y Comercial Nº 2 de la localidad de Sacaba, pronunció Sentencia N° 226/2016 el 21 de octubre, cursante de fs. 308 a 312, en la que declaró PROBADA la demanda con costas y costos e IMPROBADAS las excepciones perentorias opuestas por la demandada de falta de acción y derecho; falsedad e improcedencia. En consecuencia, declaró la anulación del documento de transferencia de 24 de abril de 2012, suscrito por Edwin Jaldín Guillén en favor de los menores Nail Erick y Carol Dayana Jaldín Muriel representados por María Marlen Muriel Flores, reconocido judicialmente; y anulación total del trámite de visación de la Minuta Nº CV-2256/13 efectuada en la H. Alcaldía Municipal de Sacaba.

Asimismo, dispuso que, en ejecución de sentencia, la demandada haga la entrega del inmueble que ilegalmente detenta a favor del legítimo dueño y sea en el plazo de diez días de ejecutoriada la sentencia.

3. Resolución de primera instancia que al ser apelada por María Marlen Muriel Flores mereció el Auto de Vista N° 112/2018 de 13 de agosto cursante de fs. 361 a 367, que resolvió CONFIRMAR la sentencia, con la modificación de que se declara la nulidad de los documentos descritos en el punto 1.3 de la parte resolutiva de la resolución recurrida. Sin costas ni costos, por la modificación.

El Tribunal Ad quem argumentó que las fotocopias legalizadas del dictamen pericial documentoscópico forense de 30 de junio de 2015 concluyó que la firma y rúbrica del demandante en la minuta de compra y venta de un lote de terreno de 24 de abril de 2012 es una firma falsificada. En cuanto a la prueba trasladada cumple con los requisitos de procedencia y fue correctamente valorada por la Jueza A quo, conforme al fundamento del Auto Supremo Nº 268 de 24 de mayo de 2013. Por otro lado, la SCP Nº 0919/2014 de 15 de mayo, indicó que al ser una característica del acto anulable la posibilidad de operar su confirmación resulta inaceptable que esta opere respecto a un acto ilícito de falsedad, por lo que la invalidación de estos documentos necesariamente debe determinarse por la vía de la nulidad y no por anulabilidad, por su manifiesta ilicitud. En aplicación del principio iura novit curia y el entendimiento jurisprudencial contenido en el Auto Supremo Nº 378/2016 de 19 de abril, corresponde declarar la nulidad del referido documento y no así su anulabilidad, como se dispuso en la parte resolutiva de la sentencia apelada.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De las denuncias expuestas por la demandada María Marlen Muriel Flores, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen, las siguientes:

1. Acusó que el Tribunal Ad quem, al pronunciar en el por tanto la confirmación sobre la demanda de reivindicación, no valoró ni examinó correctamente las copias legalizadas del Auto de Vista de 29 de marzo de 2017 cursante de fs. 353 a 357 donde se dio a conocer la existencia de un reconocimiento de derecho propietario sobre el bien inmueble objeto de litis, por lo que violaron su derecho a la propiedad privada, los principios de verdad material, legalidad, debido proceso y seguridad jurídica bajo el sustento legal de los arts. 56.II de la CPE, 21 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 270 y 271 del Código Procesal Civil, en consecuencia la demandada y sus hijos se encuentran en posesión para dar cumplimiento de una orden judicial y de contar con un techo.    

El demandante no contestó el recurso de casación pese a su legal notificación. 

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. Respecto a la acción reivindicatoria.

Sobre la acción reivindicatoria en el Auto Supremo Nº 55/2017 de fecha 9 de marzo, se ha desarrollado doctrina legal, que en su contenido señala: “El autor Arturo Alessandri R. (Tratado de los Derechos Reales, Tomo II, pág. 257) señala que: “Por la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”

En el Auto Supremo Nº 60/2014, de 11 de marzo de 2014 se sostuvo que: “El art. 1453 del Código Civil señala: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”; precepto legal que implica que el desposeído puede recuperar la posesión de la cosa, mediante la restitución de quien la posee. La reivindicación es una acción real, que tiene por objeto recuperar un bien, sobre el que se tiene derecho de propiedad, que está en manos de terceros sin el consentimiento del titular.

Conforme lo señalado podemos advertir que el art. 1453 del Código Civil al imprimir que ésta acción le hace al “propietario que ha perdido la posesión” pone de manifiesto que el legitimado activo es el propietario del bien para accionar la reivindicación, siendo necesario que para reivindicar acredite el derecho de propiedad, y es éste derecho que le permite usar, gozar y disponer de la cosa, por imperio del art. 105 del sustantivo de la materia, derecho que le confiere a su titular la posesión civil o jus possidendi y la natural o corporal o jus possesionem, esta última puede o no ser ejercida por el propietario. Este razonamiento fue vertido en repetidos fallos por la extinta Corte Suprema de Justicia  que puso en relieve que no necesariamente el titular, que pretende reivindicar, deba haber estado en posesión física del inmueble, sino que su derecho propietario le otorga posesión civil que le basta para reivindicar su propiedad; situación que se refleja en el Auto Supremo Nº 80 de 04 de noviembre de 2004, Sala Civil Segunda, entre otros, que señala: “En efecto, el solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y ánimus sobre la cosa, ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquélla, facultándole además, el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero, así el demandante no hubiere estado en posesión material de la cosa en litigio. Así el derecho de propiedad se diferencia de las acciones posesorias, pues, en estas últimas, sí es preciso la posesión física o corporal por parte de quien la invoca, lo que no sucede con el primero…"; criterio jurisprudencial compartido por éste Tribunal Supremo de Justicia que en repetidos fallos advirtió que “…la acción reivindicatoria, es la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda. Sólo aquél que demuestra ostentar derecho propietario puede reivindicar la cosa de quien la posea o detente. Derecho propietario, el cual por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, consiguientemente, no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta de que tiene la "posesión civil" que está integrada por sus elementos corpus y ánimus (Auto Supremo Nº 98/2012)”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Se procede a resolver el agravio planteado por la demandada, quien reclamó que el Tribunal Ad quem al pronunciar la confirmación de la sentencia sobre la demanda de reivindicación, no valoró ni examinó correctamente las copias legalizadas del Auto de Vista de 29 de marzo de 2017 cursante de fs. 353 a 357 donde hizo un reconocimiento de derecho propietario sobre el bien inmueble de litis en favor de la recurrente, por lo que violaron su derecho a la propiedad privada, los principios de verdad material, legalidad, debido proceso y seguridad jurídica alegando como sustento a los arts. 56.I.II de la Constitución Política del Estado, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 270 y 271 del Código Procesal Civil, en cuyo sentido la demandada y sus hijos se encontrarían en posesión para dar cumplimiento de una orden judicial y contar con un techo.    

De antecedentes del proceso se tiene la prueba de fs. 353 a 357 presentada con memorial de  12 de septiembre de 2017, por María Marlen Muriel Flores, que fue resuelta mediante providencia del 15 de septiembre de 2017 (fs. 359) en los siguientes términos: “… de la revisión de antecedentes se colige que en el escrito de interposición del recurso de apelación no fue solicitado el diligenciamiento de prueba en segunda instancia; asimismo se evidencia que no se acreditó la concurrencia de ninguno de los casos previstos por el art. 261 de la Ley Nº 439, por lo que resulta ser manifiestamente improcedente”.

Ante dicha decisión la prueba mencionada por la demandada no fue valorada al momento de dictar el Auto de Vista recurrido, ya que su admisión fue rechazada por el Tribunal Ad quem.

Al margen de lo expuesto, la citada prueba de fs. 353 a 356 es relativa a copias de una resolución judicial (Auto de Vista) pronunciada en proceso familiar, que resolvió lo siguiente:

“Sobre la ganancialidad se reserva su consideración para ejecución de sentencia previa acreditación de los mismos”.

En ese entendido, tratándose de un proceso familiar, al no contar con la titularidad del 50% del lote de terreno objeto de litis por parte de María Marlen Muriel Flores, ante la falta de trámite pendiente en ejecución de sentencia sobre división y partición, resulta incorrecto dar por hecho la copropiedad de la recurrente.

Por otro lado, se llega a inferir que no se ha vulnerado el derecho a la propiedad privada establecido en los arts. 56.I.II de la Constitución Política del Estado, 21 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, debido a que en el desarrollo del presente proceso se han cumplido con los requisitos establecidos tanto en la ley procesal civil como en la norma sustantiva, el actor ha llegado a demostrar la falsedad de la minuta de compra y venta del lote de terreno de 24 de abril de 2012 a través del dictamen pericial documentoscópico forense de 30 de junio de 2015 (fs. 2 a 12). Y de la constatación de que la parte demandada está en posesión del bien inmueble objeto de litis quedan demostrados los presupuestos de la acción reivindicatoria. En este sentido, se verifica que no se han vulnerado los principios de verdad material, legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, tal como refiere la parte recurrente en su recurso.

En relación a los arts. 270 y 271 del Código Procesal Civil el asunto netamente procesal referido al agravio planteado en el recurso de casación en examen, que fue motivo de análisis al momento de admitir el recurso, ya fue resuelto en el Auto Supremo Nº 1197/2018-RA de 6 de diciembre cursante de fs. 382 a 383.

En ese sentido, el razonamiento efectuado en el Auto de Vista recurrido, aun tomando en cuenta el análisis de la documentación cursante de fs. 353 a 357, como ya se precisó líneas arriba, no es relevante para cambiar la decisión asumida por el Tribunal Ad quem que confirma la sentencia, circunscribiéndose dicha decisión dentro de lo establecido en el art. 1453 del Código Civil y ajustándose a la doctrina aplicable desarrollada en el punto III.1.

La recurrente además tiene la posibilidad de formular una excepción sobreviniente en la fase de ejecución de sentencia en la presente causa, conforme establece el art. 128.III del Código Procesal Civil, para evitar que se pueda ejecutar la medida dispuesta de la entrega del bien inmueble, siempre y cuando se obtenga una resolución declarativa de ganancialidad o división de inmueble pendiente de resolución en el proceso familiar.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 370 a 372, interpuesto por María Marlen Muriel Flores en calidad de tutora legal de sus dos hijos menores de edad, contra el Auto de Vista de 12 de marzo de 2018, cursante de fs. 361 a 367, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Sin costas ni costos, por no haber contestado el demandante al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.