TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                         S A L A   C I V I L 



Auto Supremo: 420/2019

Fecha: 24 de abril de 2019

Expediente: SC-144-18-S

Partes: Cleofe Cossio Galviz c/ Dorys Jaimed Cossio y otros.

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación de Fs. 256 a 265 vta. interpuesto por Cleofe Cossio Galviz contra Auto de Vista Nº 084/2018 de 15 de junio, cursante de Fs. 242  a 244 vta. pronunciado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso de usucapión decenal o extraordinaria seguido por Cleofe Cossio Galviz contra Dorys Jaimed Cossio y otros, contestación al recurso de casación de Fs. 270 a 272,  Auto de Concesión de Fs. 273, Auto Supremo de Admisión Nº 1149/2019-RA de Fs. 279 a 280 Vta.; los antecedentes del proceso; y:  


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


La Juez Público Civil y Comercial Sexto de la ciudad Santa Cruz de la Sierra, pronunció la Sentencia Nº 32 de 16 de octubre de 2017, cursante de Fs. 207 a 211 vta., declarando PROBADA en parte la demanda interpuesta por Cleofe Cossio Galviz con relación al inmueble ubicado en la U.V. 156, Mza. 35, Lote Nº 22; e IMPROBADA en cuanto al lote Nº 23 ubicado en la misma U.V. 156, Mza. 35; por otro lado se declaró PROBADA la demanda reconvencional de reivindicación interpuesta por Dorys Jaimed Cossio sobre el bien inmueble ubicado en la U.V. 156, Mza. 35, Lote Nº 23.

Resolución de primera instancia que fue recurrida en apelación por Cleofe Cossio Galviz interpuso recurso de apelación cursante a Fs. 214 a 222, emitiéndose por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el Auto de Vista No. 084/2018 de 15 de junio, cursante de Fs. 242 a 244 vta., que CONFIRMÓ totalmente la Sentencia No. 32 de 16 de octubre de 2017, bajo los siguientes fundamentos:

Que la juez A quo resolvió conforme procedimiento lo peticionado por las partes sin haberse vulnerado el debido proceso, al declarar probada la demanda de usucapión decenal respecto al inmueble ubicado en la U.V. 156, Mza. 35, lote No. 22 a favor de Cleofe Cossio Galviz; asimismo, declaró probada la reconvención sobre acción reivindicatoria, desocupación y entrega de lote de terreno interpuesta por la demandada Dorys Jaimed Cossio respecto al inmueble ubicado en la U.V. 156, Mza. 35, lote No. 23, con argumentos jurídicos válidos  contenidos en la sentencia.

Indica que respecto al lote No. 23 ubicado en la U.V. No. 156, Mza. 35, se  demostró 

que la posesión obtenida de dicho terreno por parte de la demandante ha sido totalmente arbitraria frente a la acreditación del derecho propietario de la demandada, toda vez que esta última acreditó su derecho propietario del lote No. 23 que también es objeto del proceso y que la demandada adquirió dicho lote mediante transferencia efectuada por la testigo de descargo Isabel Ignacia Vera Cañellas cuya acta de declaración testifical cursa de Fs. 189 a 191 Vta., prueba correctamente valorada según dispone el Art. 1330 del Código Civil.

Contra el Auto de Vista la demandante Cleofe Cossio Galviz interpuso recurso de casación cursante de Fs. 256 a 265 Vta. de obrados, mismo que tiene el siguiente análisis:


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la impugnación en el fondo deducida por la parte recurrente se tiene lo siguiente:

1. Manifiesta que el Auto de Vista hizo una incorrecta aplicación del  Art. 145 del Código Procesal Civil en relación con lo dispuesto por los Arts. 87 y 138 del Código Civil,  pues no se consideró ni valoró adecuadamente las pruebas propuestas en su conjunto, donde demuestra plenamente según la demandante- que su persona Cleofe Cossio Galviz desde el año 1989 se encuentra en posesión con dominio de hecho del lote No. 23, U.V. 156, Mza. 35 (ambos lotes unificados 22 y 23) de forma libre, pacifica, continuada y consecutiva sin que se haya suscitado ninguna interrupción.

2. Indica en cuanto al inmueble objeto del proceso, demostró que está aprobado para uso de vivienda y cuenta con mejoras introducidas por la demandante que datan de una antigüedad de 29 años en donde habitan sus hijos y su persona, también introdujo los servicios básicos de luz y agua potable de data antigua; que tanto los testigos de cargo como de descargo fueron uniformes al afirmar que vive y es vecina hace más de diez años de los lotes 22 y 23.

3. Transcribe el Auto Supremo No. 659/2016 de 15 de junio señalando que existe jurisprudencia nacional prolífica respecto a la usucapión y los requisitos que le atañen para ser considera como tal, asimismo menciona el Auto Supremo No. 1046/2015 de 16 de noviembre y Auto Supremo No. 1075/2015 de 18 de noviembre que desdice la supuesta perturbación que habría hecho Isabel Ignacia Vera Cañellas, de lo que se colige que un simple reclamo o discusión no implica perturbación de la posesión pues tendría que haberse interpuesto un proceso judicial en su contra respecto al lote No. 23 y que en su momento ni los supuestos propietarios Ernesto Vera Cañellas y Yolanda Pereyra de Vera o la actual propietaria Dorys Jaimed Cossio efectuaron proceso anterior.

4. En cuanto a la improcedencia de la accion reivindicatoria por efecto de la usucapión decenal transcribe el Auto Supremo No. 121/2017 de 03 de febrero, Auto Supremo No. 178/2014 de 15 de mayo y Auto Supremo No. 513/2013 de 01 de octubre, alegando que el Auto de Vista No. 84/2018 interpretó erróneamente el Art. 1453 del Código Civil, omitiéndose la salvedad o excepción a la reivindicación establecida en la parte in fine del Art. 1454 del Código Civil, teniendo la demandante el corpus y el animus ya que según expresa- su posesión fue pacífica, ininterrumpida, continua y pública por más de diez años.  

Solicita se dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista y se declare probada la demanda principal de usucapión sobre el lote No. 23, con costas.

De la respuesta al recurso de casación.

Corrido en traslado el recurso de casación la parte demandada contesta indicando:

1. Que la juez de primera instancia valoró objetivamente las pruebas documentales y testificales por tal motivo en sentencia declaró probada la reconvención sobre accion reivindicatoria, desocupación y entrega de bien inmueble.  Posteriormente dicha sentencia fue confirmada totalmente por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

2. Manifiesta que la demandante trata de confundir a la autoridad judicial, pues los lotes No. 22 y 23 ubicados en la U.V. 156, Mza. 35 nunca fueron un solo lote, que el lote No. 23 tiene registro en la Oficina de Derechos Reales bajo la partida computarizada No. 7.01.1.050003316, con código catastral No 156035023, cuenta con plano aprobado por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra con superficie de 430,49 Mts2., del cual paga impuestos municipales año tras año.

3. Expresa que en el lote No. 23 de su propiedad, la demandante no hizo ninguna mejora ni construcción, que solo hay un cuarto precario a punto de colapsar que no está habitado en comparación con el lote No. 22 en donde hay una construcción bien hecha con sus dependencias de habitaciones, sala comedor.

4. Alega que la parte demandante redundantemente menciona, que en el lote No. 23 se encuentran instalados los servicios de agua potable y energía eléctrica haciendo creer a la autoridad judicial que por ello la actora habitaba en su lote de terreno, cuando estos servicios son derechos fundamentales establecidos en el Art. 20 de la Constitución Política del Estado no pudiendo prohibirse a nadie la instalación.

5. Que la testigo de descargo Isabel Ignacia Vera Cañellas en su declaración testifical indicó que se le consultó a Cleofe Cossio Galviz si quería en propiedad los dos lotes de terreno ya que el lote 23 estaba desocupado, manifestando la demandante que no contaba con recursos económicos para cancelar por el precio de los dos lotes.

Solicita se declare infundado el recurso de casación interpuesto.  


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

1. De la usucapión como modo de adquirir la propiedad y la posesión como elemento principal de la usucapión.

El Código Civil en los Arts. 110 y 138 respecto a la usucapión señala: “ARTÍCULO 110. (MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD).- La propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión, por efecto de los contratos, por sucesión mortis causa, por la posesión de buena fe y por los otros modos establecidos por la ley”, “ARTÍCULO 138. (USUCAPIÓN DECENAL O EXTRAORDINARIA).- La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años.”.

El Tribunal Supremo de Justicia en casos similares desarrolló y expuso vasta jurisprudencia en cuanto a la usucapión como modo de adquirir la propiedad, así, el Auto Supremo  Nº 986/2015 de 28 de octubre, indica: “ (…) el art. 110 del CC, de manera general refiere: “ la Propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión…” asimismo en cuanto al tema de la usucapión el art. 138 del mismo cuerpo Sustantivo Civil refiere: “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años.” acudiendo a la doctrina podemos citar a Carlos Morales Guillen, quien en su obra Código Civil, Comentado y Concordado, en cuanto al tema de la usucapión refiere: “La usucapión es la prescripción adquisitiva del régimen anterior, o modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma, durante un tiempo prolongado.”, la legislación civil boliviana permite como un modo de adquirir la propiedad la usucapión, cuyo elemento esencial es la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida de una cosa sea inmueble o mueble sujeto a registro, por un tiempo determinado y según las reglas, condiciones y requisitos para cada caso. 

En ese marco el Art. 87 del Código Civil respecto a la posesión indica: “ARTÍCULO 87. (NOCIÓN).- I. La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real.”.  El artículo en cuestión hace referencia a dos situaciones distintas pero que perfectamente se complementan entre ellas, el primero concerniente al poder de hecho ejercido sobre una cosa y el segundo la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad; esta aseveración es corroborada por la doctrina y la jurisprudencia, las mismas ilustran, que para ser considerada la posesión es necesario entre otros la existencia de dos elementos constitutivos, uno objetivo y otro subjetivo: a) El corpus possessionis, es decir el poder de hecho del sujeto sobre la cosa o elemento material de la posesión, y b) El ánimus possidendi, es la intención de actuar por su propia cuenta como verdadero propietario o alegar para sí un derecho real sobre la cosa.  Concluyéndose que la posesión está integrada por dos elementos importantes el corpus y el ánimus. 

En el caso que nos compete resolver debemos analizar la usucapión decenal o extraordinaria descrita en el Art. 138 del Sustantivo Civil, para ello nos remitimos al Auto Supremo No. 410/2015 de 09 de junio que fundamenta: “el art. 138 del Código Civil preceptúa que “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años”; asimismo el art. 87 del mismo sustantivo civil establece que la posesión es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, de igual forma, este artículo señala que una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador, a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por si mismos sino para el propietario o verdadero poseedor del bien; (…) (…) se deben cumplir con ciertos requisitos que son necesarios, es decir, que deben concurrir los dos elementos de la posesión, que son: el corpus, que es la aprehensión material de la cosa y, el animus, que se entiende como el hecho de manifestarse como propietario de la cosa, posesión que debe ser pública, pacífica, continuada e ininterrumpida por más de diez años; elementos que la diferencian del resto de las figuras jurídicas como la detentación, ocupación y otros que solo constituyen actos de tolerancia que no fundan posesión (…)”.  A diferencia de la usucapión quinquenal u ordinaria cuyos requisitos son la posesión por cinco años computables a partir de la inscripción del título, un justo título e intervenir la buena fe; la usucapión decenal o extraordinaria solamente impone como requisito la posesión durante el termino de diez años, sin dejar de lado que la misma debe ser pública, pacífica, continua e ininterrumpida, no pudiendo prescindir además, de los elementos principales de la posesión como son el corpus y el animus, la usucapión decenal o extraordinaria no requiere mayor prueba que demostrar la posesión mínima de diez años del inmueble a usucapir.

2. De la accion reivindicatoria.

El Art. 1453 del Sustantivo Civil establece: “ARTICULO 1453. (ACCION REIVINDICATORIA). I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”.

Se desprende que la reivindicación es una acción real que tiene como objetivo la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que emerge de ella, está dirigida contra aquella persona que tenga la posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o título que le faculte estar en posesión; en otras palabras la acción  reivindicatoria está destinada al propietario que no se encuentra en  posesión de una cosa (legitimación activa), pueda reclamar la restitución de la misma en razón al derecho que tiene de poseerla, la demanda se dirige en contra del poseedor que no es propietario y que se encuentra en posesión de la misma (legitimación pasiva), esta acción es imprescriptible, salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud de la usucapión.

En ese entendido resulta pertinente señalar que quien interponga dicha acción debe cumplir con ciertos requisitos que hacen procedente a la misma, el autor Alexander Rioja Bermúdez en su artículo “Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación”  hace referencia a tres requisitos: 1. El derecho de dominio de quien se pretende dueño, 2. La determinación de la cosa que se pretende reivindicar y 3. La posesión de la cosa por el demandado.  De dichos requisitos y haciendo hincapié en el primero, debemos precisar que el mismo debe ser acreditado con título idóneo que demuestre, que quien pretende dicha tutela sea el titular de la cosa que se pretende reivindicar, pues al estar reservada la interposición de dicha acción únicamente al propietario que no tiene la posesión física de la cosa, no resulta viable que la misma sea interpuesta por quien no acredita tal extremo, es decir por quien no tenga la legitimación activa para interponer la misma;  sobre el segundo requisito debemos señalar que la determinación de la cosa debe ser acreditada documentalmente y de manera precisa, se debe identificar plenamente el inmueble tanto en su ubicación, superficie y limites; finalmente quien pretende reivindicar debe demostrar que el demandado es quien se encuentra en posesión física del inmueble.

En suma, se puede expresar que el derecho de propiedad permite reivindicar la cosa de manos de un tercero, es decir el ius in re, a efectos de ejercitar todos los derechos emergentes ius utendi, fuendi ete abutendi, los cuales están enmarcados en el art. 105 del Sustantivo Civil, de lo que se concluye que este Tribunal determinó en varios fallos que la reivindicación es una acción de defensa de la propiedad que se halla reservada al propietario que ha perdido o no se encuentre en posesión de una cosa para reivindicarla de quien la posee y se niega a restituirla, quedando claro que para la procedencia de la acción de restitución o devolución de la propiedad, el titular del derecho no necesariamente tiene que haber sido despojado o eyectado.

3. De la interrupción de la prescripción.

El Auto Supremo Nº 257/2013 de fecha 23 de mayo de 2013 estableció: “Lo que si resulta conveniente diferenciar, es la interrupción de la posesión respecto de la interrupción de la prescripción. Como señala el Autor Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales, no se debe confundir la interrupción de la posesión con la interrupción de la prescripción. Se entiende esto porque la primera supone la pérdida de la cosa, mientras que la segunda supone la pérdida del tiempo anterior de la posesión, el mismo que se refuta ineficaz para la prescripción. La interrupción de la prescripción adquisitiva según Planiol, citado en la obra “Tratado de Los Derechos Reales” de Arturo Alessandri R. y otros, supone: “Todo hecho que destruyendo una de las dos condiciones esenciales de la prescripción adquisitiva (permanencia de la posesión, inacción del propietario), hace inútil todo el tiempo transcurrido. Al respecto en la citada obra se hace referencia a dos tipos de interrupción de la prescripción: la natural y la civil. La interrupción natural de la prescripción, tiene sustento en la pérdida de la posesión y en los casos en que dicha pérdida genera efectos interruptivos de la prescripción, pues, no toda pérdida o interrupción de la posesión conlleva necesariamente la interrupción de la prescripción, así por ejemplo el caso del poseedor privado de la posesión que dentro del término de un año propone demanda para recuperar la posesión y esta es recuperada como consecuencia de aquella, en cuyo caso, según prevé el art. 137.II del Código Civil, la interrupción de la prescripción se tendrá por no ocurrida, aunque materialmente hubiera ocurrido la pérdida de la posesión. La interrupción Civil de la prescripción, no está ligada a la pérdida o interrupción material de la posesión, sino más bien a la actividad del que se pretende verdadero dueño de la cosa, que sale de su pasividad y expresa, ante el poseedor y por medios legales, su inequívoca intención de no abandonar el derecho de propiedad que afirma tener”.

Bajo esa lógica el art. 1503 del Código Civil, señala: “ARTICULO 1503. (INTERRUPCIÓN POR CITACIÓN JUDICIAL Y MORA). La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor.”, el artículo en cuestión es amplio afecta tanto a la prescripción extintiva como a la adquisitiva, de dicha norma se extrae, que procede la interrupción civil si concurren tres requisitos: 1. Debe ser deducido ante un órgano jurisdiccional; 2. Debe demostrar inequívocamente la voluntad de ejercer el derecho de propiedad y oponerse a la posesión del poseedor; 3. Debe ser notificado a quien se quiere impedir que prescriba. 

Es necesario aclarar que quien pretenda interrumpir la prescripción adquisitiva debe acudir ante la autoridad competente demostrando su derecho propietario y expresando su voluntad de ejercerlo oponiéndose a la posesión del poseedor, además de notificar dicho acto jurídico al poseedor para impedir la prescripción; todo ello tiene como fin mantener la paz social y evitar que las personas hagan justicia de forma directa y sin la intervención de la autoridad judicial, respetando el debido proceso.  Corresponde precisar que no toda acción o controversia judicial genera el efecto interruptivo de la prescripción adquisitiva sino sólo aquellas que conllevan los tres requisitos enunciados, pueden existir múltiples pretensiones relativas a otros aspectos litigiosos entre partes empero no interrumpen la prescripción, pues para que esto suceda la pretensión opuesta al poseedor inequívocamente debe estar orientada y dirigida a repulsar la posesión.

4. De la valoración de la prueba.

El Art. 145 del Código Procesal Civil indica: “ARTÍCULO 145. (VALORACIÓN DE LA PRUEBA). I. La autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio. II. Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la Ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta.”

José Decker Morales en su obra “Código de Procedimiento Civil Comentarios y Concordancia” señala: “(…) producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”, a este proceso mental Couture denomina “la prueba como convicción”.

Así también Víctor De Santo en su obra “La Prueba Judicial (Teoría y Práctica)” respecto al principio de unidad de la prueba indica: “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba nos enseña: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

Estos principios rigen en materia civil y orientan al juzgador en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso, en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas conforme mandan los Arts. 1286 del Código Civil y 145 del Código Procesal Civil.  

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, corresponde considerar la impugnación en el fondo acusada en el recurso de casación.

Del estudio del recurso de casación se desprende que todos los reclamos de la recurrente confluyen en objetar el fondo de la litis, alegando a tal efecto que el Auto de Vista No. 084/2019 de 15 de junio cursante de Fs. 242 a 244 Vta. realizó una incorrecta aplicación del Art. 145 del Código Procesal Civil con relación a los Arts. 87 y 138 del Código Civil, por no considerar ni valorar las pruebas propuestas que en su conjunto demuestran que Cleofe Cossio Galviz desde el año 1989 se encuentra en posesión del lote No. 23 ubicado en la U.V. 156, Mza. 35 de forma libre, pacífica, continua y consecutiva sin que se haya suscitado ninguna interrupción y que además, demostró que el inmueble tiene uso de vivienda contando con mejoras realizadas por la demandante que datan hace 29 años en donde habita con sus hijos, contratando además los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable de data antigua. 

A efecto de constatar cómo estas pruebas pueden influir en la determinación del proceso, corresponde verificar los parámetros o fundamentos de la demanda y si efectivamente la prueba producida demuestra que Cleofe Cossio Galviz se encuentra en posesión del inmueble ubicado en la U.V. 156, Mza. 33, lote No. 23 desde hace 29 años según manifiesta en su impugnación.

Para tener un panorama claro en cuanto a la argumentación jurídica a desplegarse y que esta sea coherente para su entendimiento, corresponde con carácter previo revisar algunos antecedentes del proceso.  Tenemos que Cleofe Cossio Galviz plantea demanda sobre usucapión decenal o extraordinaria, manifestando que se encuentra en posesión libre, pacifica, continuada y consecutiva del bien inmueble ubicado en la U.V. 156, Mza. 35, lotes No. 22 y 23 desde el año 1989, lugar donde construyó su vivienda familiar con materiales sólidos y recursos propios, además de plantar árboles frutales y contratar los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica; la demandada responde argumentado que en fecha 10 de enero del año 2.000 adquirió el inmueble ubicado en la U.V. 156, Mza. 35, lote No. 23 de Isabel Vera Cañellas representante legal de Ernesto Vera Cañellas y Yolanda Pereyra de Vera registrando su derecho propietario bajo la matrícula de folio real No. 7.01.1.05.0003316, que intentó tomar posesión del lote indicado comprando material de construcción que habría desaparecido sorpresivamente.  Bajo dichos antecedentes responde negativamente a la demanda e interpone acción reivindicatoria del lote No. 23 ubicado en la U.V. 156, Mza. 35.

Como medio probatorio presentados se tiene, a Fs. 5 una certificación franqueada por la Junta Vecinal Cívica del Barrio Victoria, Fs. 29 certificación de la Cooperativa Rural de Electrificación Ltda., Fs. 30 certificación de la Dirección de Gestión Catastral dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Fs. 32 plano de levantamiento topográfico, Fs. 43 certificación de la Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Plan Tres Mil Ltda., Fs. 46 acta de inspección judicial preliminar, Fs. 186 186 Vta. y Fs. 187 a 188 declaraciones testificales de cargo de los ciudadanos Bernardo Daza Yovio y Román Mallon Serrudo, Fs. 189 a 190 Vta. y Fs. 194 a 195 declaraciones testificales de descargo de los ciudadanos Isabel Ignacia Vera Cañellas y Martin Huayllani Torres y Fs.192 - 192 Vta. acta de inspección ocular.

Producidas las pruebas documentales, testificales y de inspección judicial el juez A quo dictó sentencia declarando probada en parte la demanda disponiendo la usucapión decenal del lote No. 22 a favor de la parte actora, e improbada respecto al lote No. 23 bajo el argumento de que la demandante probó la usucapión únicamente del lote No. 22 toda vez que Dorys Jaimed Cossio demostró ser propietaria del lote No. 23, razón por la que se declaró probada la acción reivindicatoria a favor de la demandada; recurrida la sentencia por la parte actora, la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz confirma la sentencia fundando su decisión, en que el juez de primera instancia atendió conforme a procedimiento lo solicitado por los sujetos procesales, que la posesión obtenida por la demandante del lote No. 23 es totalmente arbitraria frente a la acreditación del derecho propietario de la demandada, y que la acción reivindicatoria tiene por objeto el ejercicio del derecho propietario sobre una cosa a efecto de obtener su devolución de un tercero que la detenta; dentro de término legal Cleofe Cossio Galviz bajo los mismos argumentos de la apelación recurre en casación.

Según la doctrina y jurisprudencia aplicada al caso, se tiene que la usucapión es un modo de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo siendo condición para que opere la usucapión decenal o extraordinaria la posesión del inmueble por el tiempo mínimo de 10 años según dispone el Art. 138 del Código Civil, la posesión como elemento esencial de la usucapión debe ser pública, pacífica, continua e ininterrumpida debiendo contener los elementos del corpus y el animus, es decir encontrarse la persona en posesión física y material de la cosa además de comportarse como verdadero propietario.

De los antecedentes expuestos y de la prueba indicada se observa, que el juez de la causa  y el tribunal de instancia no realizaron una correcta valoración probatoria en cuanto al lote No. 23 ubicado en la U.V. 156, Mza. 35, ya que la prueba documental cursante a Fs. 5, 29, 30, 32 y 43 demuestran plenamente que Cleofe Cossio Galviz ocupa el bien inmueble objeto del proceso hace más de 29 años, contando además con servicio de agua potable cuya conexión se encuentra instalada en el lote No. 23, específicamente la certificación de Fs. 30 franqueada por la Dirección de Gestión Catastral del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra prueba que en el lote No. 23 existe una construcción con antigüedad de 29 años y que al momento de la inspección se encontraba presente Cleofe Cossio Galviz; la prueba testifical de cargo de Fs. 186 186 Vta. y Fs. 187 a 188 coinciden en que Cleofe Cossio Galviz vive en el inmueble objeto del proceso desde hace más de 27 años, manteniendo posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida realizando construcciones y mejoras; la declaración de la testigo de descargo Isabel Ignacia Vera Cañellas de Fs. 189 a 190 Vta. comprueba que como representante de los vendedores, a la demandada Doris Jaimed Cossio jamás le entrego la posesión del lote No. 23, el testigo de descargo Martin Huayllani Torrez en la declaración cursante de Fs. 194 a 95 manifiesta que la demandante se encuentra en posesión del lote No. 23 desde hace más de diez años; finalmente la prueba de inspección ocular de Fs. 46 y Fs. 192 192 Vta. revela que la demandante ocupa el lote No. 23 de la U.V. 156, Mza. 35 en donde existe un cuarto como dormitorio, sembró setos de árboles frutales manteniendo la posesión según sale de ambas actas.  Medios probatorios que demuestran que la demandante no solo cumple con las características de la posesión en cuanto al inmueble de forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida, sino que también generó la apariencia de verdadera propietaria del inmueble ante la comunidad cumpliendo de esa manera con los elementos del corpus y el animus.  En atención a lo relacionado se desprende que lo recurrido por la parte demandante es correcto, debiendo acogerse su impugnación de acuerdo a ley.

En cuanto a la Sentencia y el Auto de Vista fundan sus decisiones, en que la demandada Dorys Jaimed Cossio demostró que es propietaria del inmueble ubicado en la U.V. 156, Mza. 35, lote No. 23 y que la posesión de la demandante Cleofe Cossio Galviz respecto al mismo inmueble es completamente arbitraria, razón por la que corresponde dar curso a la acción reivindicatoria a favor de la demandada, indica además que por las declaraciones testificales se probó que Dorys Jaimed Cossio adquirió el inmueble de  Isabel Ignacia Vera Cañellas, quien testifico que la demandante no quería adquirir el derecho propietario del lote No. 23.  En cuanto a los fundamentos expuestos por las autoridades inferiores, corresponde señalar, que no realizaron una correcta valoración de la prueba producida en el proceso, toda vez, que de la valoración conjunta de los medios probatorios se advierte, que la parte actora se encuentra en posesión del lote No. 23 por más de diez años sin que exista interrupción en la posesión, además de encontrarse en ella de forma pública y pacifica comportándose como verdadera propietaria del inmueble mencionado, no existe prueba alguna tendiente a demostrar que la demandada haya interrumpido la prescripción sea natural o legalmente, contrario a ello según se valoró, las propias declaraciones testificales de descargo demuestran que Cleofe Cossio Galvis se encuentra en posesión del inmueble ubicado en la U.V. 156, Mza. 35, lote 23 por más de diez años y que nunca estuvo en posesión del inmueble que adquirió, concluyéndose que la valoración probatoria por parte del juez A quo y el tribunal Ad quem es insuficiente, advirtiendo que corresponde la usucapión decenal o extraordinaria del lote 23 a favor de la demandante.

En relación a la respuesta al recurso de casación de Dorys Jaimed Cossio, manifiesta que el juez de primera instancia valoró objetivamente las pruebas documentales y testificales por tal motivo en sentencia declaró probada la   reconvención sobre acción reivindicatoria, desocupación y entrega de bien inmueble, confirmándose posteriormente dicha sentencia por el tribunal de alzada; alega que la demandante trata de confundir a la autoridad judicial, pues los lotes No. 22 y 23 ubicados en la U.V. 156, Mza. 35 nunca fueron un solo lote, que el lote No. 23 cuenta con documentos de propiedad propios del cual paga impuestos municipales año tras año, en el lote No. 23 de su propiedad la demandante no hizo ninguna mejora ni construcción, que solo hay un cuarto precario a punto de colapsar; alega que la parte demandante menciona que en el lote No. 23 se encuentran instalados los servicios de agua potable y energía eléctrica haciendo creer a la autoridad judicial que por ello la actora habita en su lote de terreno y que la testigo de descargo Isabel Ignacia Vera Cañellas en su declaración indicó que Cleofe Cossio Galviz no quería el lote 23 por no contar con recursos económicos para cancelar por el precio de dicho lote.

Al respecto y con el fin de generar convicción en el justiciable cabe precisar, que este Tribunal ante la impugnación de Cleofe Cossio Galviz debe corregir la inadecuada valoración de prueba realizada en el Auto de Vista recurrido como en la Sentencia de grado, según la forma expuesta en el presente punto, la correcta valoración probatoria demuestra que la demandada cuenta con título de propiedad debidamente registrado en Derechos Reales, sin embargo, en las instancias inferiores no se realizó una correcta valoración de todo el universo probatorio, si bien se demostró el derecho propietario de la demandada respecto al lote No. 23, la parte actora claramente probó que se encuentra en posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida por más de diez años sin haber sufrido perturbación alguna o acto que interrumpa la prescripción; asimismo, la parte demandada cuenta con documentos que demuestran su titularidad sobre el lote No. 23 según se indicó- del cual reconvino por acción reivindicatoria existiendo incluso pago de impuestos, pese a ello, el Auto Supremo No. 121/2017 de 03 de febrero orientó a que el pago de impuestos, servicios y otros no son entendidos como un acto que haga efectiva la interrupción civil de la prescripción, evidenciándose además que no existe ningún acto natural o civil tendiente a suspender o interrumpir la usucapión demandada. 

Por lo expuesto y fundamentado se concluye que la demandante conforme lo establece el Art. 1283 Par. I del Sustantivo Civil concordante con el Art. 136 Par. I del Código Procesal Civil, cumplió con la carga de la prueba demostrando objetivamente lo señalado en su demanda, extremos que hacen viable su pretensión, razón por la cual corresponde emitir Auto Supremo conforme a lo establecido en el Art. 220 Par. IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del Art. 220 Par. IV del Código Procesal Civil, CASA el Auto de Vista Nº 084/2018 de 15 de junio cursante de Fs. 242 a 244 Vta. pronunciado por la Sala Civil -  Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y declara PROBADA la demanda civil ordinaria interpuesta por Cleofe Cossio Galviz cursante a Fs. 12 a 13 Vta., subsanada a Fs. 18 18 Vta., ampliada a Fs. 47 y Fs. 157 sobre usucapión decenal o extraordinaria, respecto al bien inmueble identificado como lote No. 23, ubicado en la U.V. 156, Mza. 35, en ejecución de sentencia por el juez de la causa franquéese las ejecutoriales de ley, sin costas ni costos y sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.

Ejrl.