TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                    S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 417/2019

Fecha: 24 de abril de 2019

Expediente: O-42-18-S

Partes: Corporación Minera de Bolivia c/ Germán Flores Mamani.    

Proceso: Cumplimiento de Obligación.

Distrito: Oruro. 


VISTOS: El recurso de casación de fs. 917 a 922, planteado por Germán Flores Mamani, impugnando el Auto de Vista Nº 244/2018 el 13 de septiembre, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, cursante de fs. 898 a 904 dentro el proceso de cumplimiento de obligación, seguido por la Corporación Minera de Bolivia contra el recurrente; Contestación al recurso de casación de fs. 931 a 934; Auto de Concesión Nº 84/2018 de fs. 935; Auto Supremo de Admisión Nº 1023/2018-RA de 30 de octubre cursante de fs. 941 a 942; y todo lo inherente:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. La Corporación Minera de Bolivia planteó demanda ordinaria de cumplimiento de obligación contra Germán Flores Mamani por escrito de fs. 77 a 78 vta., contestando negativamente el demandado, reconviniendo por daños y perjuicios mediante memorial de fs. 135 a 137, tramitado así el proceso hasta la emisión de la Sentencia Nº 115/2017 de 28 de noviembre de 2017, pronunciado por el Juez Público Civil y Comercial Nº 2 de la ciudad de Oruro, declarando IMPROBADA la demanda de cumplimiento de obligación interpuesta por la Corporación Minera de Bolivia e IMPROBADA la demanda reconvencional de daños y perjuicios invocada por el demandante.

2. Apelada la Sentencia por el demandante cursante de fs. 863 a 864 vta., la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista Nº 244/2018  de 13 de septiembre de fs. 898 a 904., ANULANDO OBRADOS hasta fs. 847 inclusive, bajo el fundamento de que las partes presentaron informes de auditoría, actas de entrega y recepción de bienes, planillas de activos, notas de traspasos, facturas, cheques y otros documentos contables que requieren de un examen técnico contable antes que jurídico, así que el juez debió disponer la producción de prueba pericial, sólo así podría determinarse con justicia si la obligación existe o no, promover prueba también en relación a la afirmación del demandado que habría realizado pagos cuyos comprobantes estarían extraviados y que no se habría entregado el material en las condiciones acordadas, para que con esos elementos recién pueda dictarse una sentencia justa.

Dispuso así que el Ad quo disponga prueba pericial de oficio que permita la clarificación y concretización de la obligación demandada, respecto a las pruebas documentales presentadas por ambas partes y de considerar producción de otras pruebas que resulten pertinentes a la averiguación de la verdad material y que con su resultado recién se emita una nueva sentencia.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Conforme lo expuesto del recurso de casación en la forma de la parte demandada, se extractan los siguientes reclamos:

1. Expresó que la prueba pericial dispuesta no tiene ninguna relación con la razón de primera instancia porque lo que no se pudo establecer es un documento que acredite la obligación perseguida; por consiguiente la pericia contable adolecerá de contar con el título obligacional que constituya en deudor al demandado. Puesto que el perito no sustituirá la voluntad de Germán Flores Mamani ya que la responsabilidad contractual deviene de los contratos que deben ser acordados entre partes de manera voluntaria.

Concluyó solicitando dejar sin efecto la nulidad de obrados dispuesta arbitrariamente por el Tribunal de segunda instancia.

2. Reclamó que el Auto de Vista infringió los arts. 265.I del Código Procesal Civil y 17 de la Ley del Órgano Judicial, puesto que debió observar el principio de congruencia, es decir, circunscribirse a la expresión de agravios de la apelación, así como al invocar equivocadamente una revisión de oficio en los extensos límites de lo prescrito en el art. 15 de la abrogada Ley Nº 1455, así vulneró la regla de la pertinencia afectando a formas esenciales del debido proceso; por lo que corresponde la nulidad del Auto de Vista Nº 244/2018 de 13 de septiembre.

Denunció que el Auto de Vista no se refirió a la expresión de agravios, puesto que la COMIBOL en su apelación en ningún momento alegó causales de nulidad, sino que por el contrario atacó el contenido de la decisión de primera instancia, acusando al Juez de haber incurrido en errores “in iudicando” porque no apreció correctamente lo acontecido en el proceso, apartándose del límite de la pertinencia que le impone el Código Procesal Civil, afectando al derecho a la defensa y la seguridad jurídica.

De la respuesta al recurso de casación.

Arguyó que el recurso planteado por la COMIBOL, no señaló de qué manera vulneró el debido proceso y como sería su afectación.

Asimismo, sus fundamentos son errados porque el Tribunal de alzada no ingresó a analizar el fondo de los agravios.

Refirió que de acuerdo a la Ley Nº 1178, los informes de auditoría podrán emitir dictámenes sobre la responsabilidad sea civil o penal, por lo que constituyen documento público y plena prueba en los procesos civiles.

Relató también que el informe pericial no será quién establezca una deuda como tal sino que será el juez quien valorá el peritaje y todas las pruebas de manera conjunta e integral para determinar lo que por derecho corresponde, por lo cual la oposición al peritaje carece de sustento legal y lógico.

Expresó se tome en cuenta que el recurso presentado es solo en la forma y solicitó declararlo infundado confirmando totalmente el Auto de Vista Nº 244/2018. 

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III.1.- De la nulidad en segunda instancia por incongruencia en la sentencia.

En principio corresponde precisar que en su sentido restringido  la  congruencia es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto conforme orienta el art. 213.I del Código Procesal Civil y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra o citra petita, y en su sentido amplio  la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí. 

Tomando como parámetro lo referido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente que hubiese sido reclamada oportunamente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero, debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, en aplicación del principio de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto,  no resultando viable disponer una nulidad de obrados por este motivo.

Lo expuesto tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico y como apoyo normativo la Ley Nº 439 en el art. 218.III determina: “ Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, criterio que ya ha sido exteriorizado en el AS Nº 304/2016 de 06 de abril 2016, donde se ha delineado en sentido que: “los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley 439 la falta de congruencia (ultra, extra o citra petita), no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de Primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico”.

III.2.- De la nulidad procesal en segunda instancia.

Sobre el tema el art. 108 del Código Procesal Civil, señala: “I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente Código.

II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a Ley.”, de la norma en cuestión se establece que el Tribunal de segunda instancia a momento de aplicar esta medida de anular obrados, deberá advertir si ha sido reclamada en el recurso de apelación, para en su caso ser resuelta con prioridad a los reclamos de fondo, empero ese análisis de los reclamos de forma deberá ser bajo un juicio de juridicidad en apego a los principios que hacen al régimen del instituto de la nulidad procesal (convalidación, legalidad, trascendencia, finalidad, protección del acto, etc.), pues como se expuso es viable adoptar esta medida, cuando se trate de un hecho que por su trascendencia vulnere el debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. Expresó que la prueba pericial dispuesta no tiene ninguna relación con la razón de primera instancia porque lo que no se pudo establecer es un documento que acredite la obligación perseguida; por consiguiente la pericia contable adolecerá de contar con el título obligacional que constituya en deudor al demandado. Puesto que el perito no sustituirá la voluntad de Germán Flores Mamani, ya que la responsabilidad contractual deviene de los contratos que deben ser acordados entre partes de manera voluntaria.

Al respecto, siendo tal agravio relativo a la pericia que está en relación con el fondo de la controversia y al ser la decisión  de alzada anulatoria, no corresponde su consideración

2 . Reclamó que el Auto de Vista infringió los arts. 265.I del Código Procesal Civil y 17 de la Ley del Órgano Judicial, puesto que debió observar el principio de congruencia, es decir, circunscribirse a la expresión de agravios de la apelación, así como al invocar equivocadamente una revisión de oficio en los extensos límites de lo prescrito en el art. 15 de la abrogada Ley Nº 1455, así vulneró la regla de la pertinencia afectando a formas esenciales del debido proceso; por lo que corresponde la nulidad del Auto de Vista Nº 244/2018 de 13 de septiembre.

Denunció que el Auto de Vista no se refirió a la expresión de agravios puesto que la COMIBOL en su apelación en ningún momento alegó causales de nulidad, sino que por el contrario atacó el contenido de la decisión de primera instancia, acusando al Juez de haber incurrido en errores “in iudicando” porque no apreció correctamente lo acontecido en el proceso, apartándose así del límite de pertinencia que le impone el Código Procesal Civil, afectando al derecho a la defensa y la seguridad jurídica.


En ese tenor y de la revisión al Auto de Vista de fs. 898 a 904 se tiene que el mismo anuló obrados bajo el fundamento de que las partes presentaron informes de auditoría, actas de entrega y recepción de bienes, planillas de activos, notas de traspasos, facturas, cheques y otros documentos contables que requieren de un examen técnico contable antes que jurídico, así el Juez debió disponer la producción de prueba pericial, solo así podría determinarse con justicia si la obligación existe o no promover prueba también en relación a la afirmación del demandado que habría realizado pagos cuyos comprobantes estarían extraviados y que no se habría entregado el material en las condiciones acordadas, para que con esos elementos recién pueda dictarse una sentencia justa; sin embargo, de la revisión de la apelación de fs. 863 a 864 vta., no se encuentra ningún agravio que haya solicitado tal decisión, por el contrario los agravios referidos están encaminados a que el tribunal ingrese al análisis de fondo de la controversia.

Bajo ese contexto corresponde referir que el Tribunal de segunda instancia al disponer que el A quo requiera del perito especializado que permita contar con mayores elementos clarificadores, no previó los principios de economía procesal, celeridad y de una justicia pronta y oportuna, asimismo es menester puntualizar que los jueces de primera o segunda instancia pueden requerir la producción de ciertos medios de prueba, obviamente que para el caso de prueba pericial no implica que obligatoriamente sea el operador judicial de primera instancia quien genere dicho medio de prueba.

En ese sentido conviene recordar que el Tribunal de segunda instancia conforme a sus facultades y en atención a los principios de verdad material y de comunidad de la prueba, tiene la facultad de revaluar los hechos y las pruebas e incluso, en caso de considerar que existiese omisión en la valoración de la prueba, tiene la posibilidad de enmendar ello, revaluar de manera razonada, así como la de disponer la producción de prueba, revocar el fallo y emitir un nuevo en el fondo con el criterio que corresponda, pero en ningún caso y, sin sustento legal, concluir por anular obrados, solo para efectos de que sea necesariamente el juez de primera instancia quien deba requerir de un perito especializado como sucedió en el presente proceso, al disponer la anulación de obrados aspecto que incumbe una total inobservancia del principio de eficacia.

Consecuentemente, en una correcta administración de justicia corresponderá al Tribunal Ad quem la producción de la prueba pericial extrañada para determinar todas las dudas existentes y luego emitir criterio de fondo de la causa, atendiendo al principio de verdad material que fue desarrollado supra, por lo que la resolución que se emita debe basarse en el cumplimiento al compromiso con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material.

De la respuesta al recurso de casación.

Al respecto, siendo la presente resolución anulatoria y al no considerarse el fondo del asunto, los argumentos expuestos relativos al fondo del asunto no son tomados en cuenta.

Por las razones expuestas corresponde emitir fallo conforme a lo previsto en los arts. 106.I y 220.III núm. 1 inc. c) del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III.1. c) del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 244/2018 de 13 de septiembre, cursante de fs. 898 a 904, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y dispone que la misma Sala, produzca la prueba pericial de oficio extrañada y necesaria, con su resultado sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva Resolución con arreglo a lo previsto por el art. 265.I del Código Procesal Civil.

Siendo excusable el error en que han incurrido los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no se les impone multa.

Cumpliendo lo previsto por el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.