TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A  C I V I L 

       


Auto Supremo: 416/2019

Fecha: 24 de abril de 2019

Expediente:        B-23-18-S.

Partes: René Mollo Aguirre c/ Alfredo Alcocer Camacho y Elena Vargas Flores de

            Mollo.

Proceso: Anulabilidad de hipoteca o gravamen más pago de daños y perjuicios.

Distrito: Beni.

VISTOS: El recurso de casación a fs. 165 y vta., interpuesto por Alfredo Alcocer Camacho contra el Auto de Vista Nº 148/2018 de fecha 31 de julio, cursante a fs. 162 y vta., pronunciado por la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dentro el proceso ordinario de anulabilidad de hipoteca o gravamen más pago de daños y perjuicios, seguido por René Mollo Aguirre contra el recurrente y Elena Vargas Flores de Mollo; el Auto de concesión del recurso Nº 100/2018 de fecha 26 de octubre cursante a fs. 169; el Auto Supremo de admisión del recurso de casación Nº 1147/2018-RA de 26 de noviembre que cursa de fs. 175 a 176 vta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. René Mollo Aguirre, por memorial que cursa de fs. 61 a 62 vta., subsanado a fs. 63, interpuso demanda ordinaria de anulabilidad de hipoteca o gravamen más pago de daños y perjuicios; acción interpuesta contra Alfredo Alcocer Camacho y Elena Vargas Flores de Mollo, quienes una vez citados, Alfredo Alcocer Camacho, por memoriales que cursan a fs. 74 y vta., y de fs. 118 a 119 vta., interpuso excepción de incompetencia y contestó a la demanda, respectivamente; en cambio la codemandada Elena Vargas Flores de Mollo se limitó a contestar a la demanda por memorial que cursa a fs. 91.

Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Mixto Civil, Comercial y de Familia Nº 2 de Guayaramerín del Departamento de Beni, mediante Sentencia Nº 83/17 de fecha 10 de octubre de 2017, cursante de fs. 132 a 137, declaró PROBADA en parte la demanda de anulabilidad de hipoteca o gravamen, e IMPROBADA la demanda de daños y perjuicios; en consecuencia dispuso la anulabilidad parcial del documento titulado “Contrato privado de reconocimiento de deuda y compromiso de pago” de fecha 30 de abril de 2014, dejando sin efecto únicamente la parte de su cláusula tercera que señala: “ EL TERCERO, de propiedad de ELENA VARGAS FLORES, ubicado sobre la avenida “22 de Julio” entre las calles “Sirio Simoni y Walter Alpire” signado con el Código Catastral Nº 3-83-20, con una superficie de 437,50 metros cuadrados, cuyo derecho propietario se acredita mediante la Escritura Pública Nº 297 de fecha 16 de agosto de 1991, protocolizado mediante Notaría de Fe Pública señora Teresa Dellien Muñoz, inscrito en Derechos Reales bajo la Partida Nº 418 del Libro Registro de Propiedades de la Provincia Vaca Diez en fecha 26 de octubre de 1991”, por constituir y generar un gravamen sobre un bien inmueble ganancial. Con costas y costos.

2. Resolución que puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que René Mollo Aguirre mediante su apoderado legal Manuel J. Rodríguez Dañin, mediante memorial de fs. 140 a 141 vta., interpusiera recurso de apelación respecto a los daños y perjuicios, impugnación a la cual se adhirió la codemandada Elena Vargas Flores; de igual forma Alfredo Alcocer Camacho, por memorial que cursa de fs. 144 a 146 vta., también interpuso recurso de apelación.

3. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, pronunció el Auto de Vista Nº 148/2018 de fecha 31 de julio que cursa a fs. 162 y vta., donde los Jueces de Alzada en lo trascendental de dicha resolución señalaron que la base jurídica de la demanda constituiría un acto postulativo y provisional, no estando reatado el judicador a tal acto propositivo, sino que en aplicación del iura novit curia, le correspondería aplicar la norma jurídica adecuada al fenómeno problemático, por lo que se encontraría facultado para aplicar el derecho a la relación controvertida, libertad que se manifestaría aún en el caso de que los litigantes hubieran invocado la aplicabilidad de otras disposiciones legales, sin que ello lesione el principio de congruencia; señalaron también que la conclusión a la que arribó el juez de la causa contendría una fundamentación narrativa, intelectiva y jurídica además de que contendría razonabilidad explicativa, previsible para el decisorio, sin advertirse lesión a derechos y garantías fundamentales. Fundamentos estos por los cuales CONFIRMÓ la sentencia apelada.

4. Fallo de segunda instancia, que puesta en conocimiento de las partes, ameritó que el demandado Alfredo Alcocer Camacho interpusiera recurso de casación, el cual se pasa a analizar:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Acusa que contra la sentencia de primera instancia interpuso recurso de apelación parcial, fundamentando en principio la apelación diferida formulada contra el Auto Interlocutorio Nº 80/17 de 10 de octubre de 2017; sin embargo el Tribunal de apelación se habría limitado a considerar el recurso de apelación interpuesto por el demandante René Mollo Aguirre, razón por la cual se habría infringido el art. 218.I en relación al art. 213 inc. 4) ambos del Código Procesal Civil.

2. Denuncia también que apeló parcialmente contra la sentencia de primera instancia en lo que se refiere a la anulabilidad parcial del contrato base de la demanda; empero el Tribunal Ad quem tampoco habría considerado dicha impugnación, transgrediendo las normas citadas supra.

En ese entendido, solicita se emita Auto Supremo anulando obrados, debido a que el juez de la causa carecería de competencia, por lo que el documento base de la demanda debería quedar subsistente.

De la respuesta al recurso de casación.

De la revisión de obrados se advierte que, pese a que el demandante fue debidamente notificado con el recurso de casación, conforme reza la papeleta de notificación de fs. 168, éste no contestó al recurso de casación, por lo que en este acápite no existe nada que considerar.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. El debido proceso en sus vertientes congruencia y una debida fundamentación y motivación de las decisiones.

Conforme refiere la SCP Nº 0235/2015-S1 de 26 de febrero, el debido proceso, entre otras acepciones, fue concebido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se encuentren en una situación similar; en este sentido y tratando de demarcar su ámbito de aplicación, se ha determinado una estructura interna de este derecho que a su vez se compone de otros tantos que, aun cuando poseen la misma calidad jurídica como derechos -por ende son autónomos en su ejercicio-, se interrelacionan cuando de las reglas procesales se trata; así, la SS.CC Nº 0531/2011-R de 25 de abril, señaló algunos de aquellos derechos: “…derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; el principio del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones…”.

En ese orden de ideas, la fundamentación y motivación como vertientes del debido proceso, deben ser entendidas como aquellas garantías del sujeto procesal, donde el juzgador ha momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición; en consecuencia, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que respaldan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino también que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SSCC 1369/2001-R).

Asimismo, en lo que respecta a la congruencia de las resoluciones, la SS.CC. Nº 2218/2012 de 08 de noviembre, remitiéndose a la SS.CC. Nº 0486/2010-R de 5 de julio, manifestó: “…De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia del contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.”

A tal efecto, el Auto Supremo Nº 651/2014 de 06 de noviembre, señaló: “… la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, lo relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y. segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”.

Fundamentos estos, que motivan a concluir que la congruencia en definitiva marca el ámbito del contenido de la resolución orientando a que ésta deba dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formulada por las partes, además de velar por que la resolución no contenga criterios, ni afirmaciones que se contradigan entre sí, constituyendo el primer aspecto a considerarse la congruencia externa y el segundo como la interna.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En virtud a los fundamentos expuestos en la parte doctrinaria, los cuales sustentarán la presente resolución, incumbe que a continuación se consideren los reclamos denunciados en el recurso de casación del codemandado Alfredo Alcocer Camacho; en ese entendido y conforme a la revisión minuciosa del memorial de impugnación que cursa a fs. 165 y vta., se advierte que el recurrente acusa la transgresión del principio de congruencia, toda vez que los vocales que conforman el Tribunal de apelación se habrían limitado a considerar y resolver el recurso de apelación parcial que interpuso el demandante René Mollo Aguirre sin tomar en cuenta, ni pronunciarse sobre los fundamentos de la apelación diferida que interpuso contra el Auto Interlocutorio Nº 80/17 de fecha 10 de octubre de 2017, ni sobre la apelación parcial que presentó contra la sentencia de primera instancia, infringiéndose de esta manera el art. 218 del Código Procesal Civil.

En ese contexto, y toda vez que los reclamos citados están orientados a acusar una posible incongruencia omisiva en que habría incurrido el Tribunal Ad quem con relación a la apelación que interpuso el codemandado, es que al constituirse el mismo en un vicio de forma que afecta a la estructura misma de la resolución, el análisis que debe realizar este Tribunal Supremo de Justicia se encuentra limitado a constatar si la omisión acusada resulta o no evidente, razonamiento compartido por el Tribunal Constitucional Plurinacional que en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, señalando lo siguiente: “…En ese contexto, cabe recalcar que, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el planteamiento de un recurso de casación en la forma, debe limitar sus consideraciones a las causales establecidas en el art. 254 del CPC. En el presente caso, al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso” (El resaltado nos pertenece).

Bajo ese razonamiento, corresponde a continuación realizar las siguientes precisiones:

- Ante la demanda de anulabilidad de hipoteca o gravamen más pago de daños y perjuicios que interpuso René Mollo Aguirre contra Alfredo Alcocer Camacho y Elena Vargas de Mollo, el juez de la causa pronunció la Sentencia Nº 83/17 de fecha 10 de octubre de 2017 que cursa de fs. 132 a 137, declarando probada en parte la demanda principal, dando curso a la anulabilidad de gravamen o hipoteca y no así al pago de daños y perjuicios, disponiendo en ese sentido la anulabilidad parcial del documento nombrado como “Contrato privado de reconocimiento de deuda y compromiso de pago” de 30 de abril de 2014 dejando sin efecto únicamente la parte que señala: EL TERCERO, de propiedad de ELENA VARGAS FLORES, ubicado sobre la avenida “22 de Julio” entre las calles “Sirio Simoni y Walter Alpire” signado con el Código Catastral Nº 3-83-20, con una superficie de 437,50 metros cuadrados, cuyo derecho propietario se acredita mediante la Escritura Pública Nº 297 de fecha 16 de agosto de 1991, protocolizado mediante Notaría de Fe Pública señora Teresa Dellien Muñoz, inscrito en Derechos Reales bajo la Partida Nº 418 del Libro Registro de Propiedades de la Provincia Vaca Diez en fecha 26 de octubre de 1991”, por constituir y generar un gravamen sobre un bien inmueble ganancial.

- Resolución que conforme a los datos del proceso, fue apelada de forma parcial por el demandante René Mollo Aguirre a través del memorial que cursa de fs. 140 a 141 vta., y por el codemandado Alfredo Alcocer Camacho por memorial que cursa de fs. 144 a 146 vta., donde además de impugnar parcialmente la sentencia también fundamentó la apelación diferida.

- Radicada la causa en segunda instancia, se advierte que los vocales que conforman la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Beni emitieron el Auto de Vista Nº 148/2018 de 31 de julio que cursa a fs. 162 y vta., confirmando la sentencia apelada. Sin embargo, si nos remitimos a los fundamentos expuestos en dicha resolución se advierte de manera clara que en los “Vistos”, los jueces de alzada únicamente identificaron y se refirieron al recurso de apelación que interpuso el demandante René Mollo Aguirre a través de su representante Manuel J. Rodríguez Dañin y no así al interpuesto por el codemandado Alfredo Alcocer Camacho, pues al margen de lo expuesto, analizaron e identificaron la problemática sobre la cual radicó dicha impugnación, y ya en un segundo acápite denominado “Criterios normativos para la dilucidación de la problemática” respondieron solo a los agravios advertidos por el actor.

De estas precisiones se infiere que el Tribunal de Alzada, como acusa el recurrente, evidentemente omitió considerar los fundamentos del recurso de apelación que éste interpuso contra el Auto Interlocutorio Nº 80/17 de fecha 10 de octubre y contra la sentencia de primera instancia, fundamentos que se encuentran inmersos en el memorial de fs. 144 a 146 vta. En ese entendido, y toda vez que las nulidades procesales en este Estado Constitucional de Derecho ya no operan ante el simple alejamiento o desviación del acto procesal de las formas previstas por ley, sino sólo cuando el hecho ocasiona un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin perjuicio; es que, previamente a declarar la nulidad de obrados, se debe analizar si el perjuicio ocasionado al justiciable es real y lesivo al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos, de tal manera que haya quedado el sujeto procesal en una situación de indefensión material, puesto que lo contrario implicaría declarar una nulidad procesal irrelevante e innecesaria.

Consiguientemente, y como bien ya lo señaló el tratadista Eduardo J. Couture en su libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil, al referirse al principio de trascendencia que: “no hay nulidad de forma, si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa de juicio, es así que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de debate cada vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes.” (Las negrillas nos pertenecen); criterio que se ve reflejado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0427/2013 de 3 de abril, que señaló lo siguiente: “… las nulidades de los actos procesalesserán procedentes cuando se constate irregularidades, infracciones o vulneraciones de normas procesales que se presenten en el marco de un proceso,siempre que éstas a través de la invalidación de los actos procesales, aseguren a las partes del proceso los derechos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva, caso contrario, si no garantizan esos derechos, entonces, la invalidación del acto procesal en cuestión a través de una nulidad procesal no tienen relevancia constitucional. Un razonamiento jurídico distinto, esto es, entender que las nulidades procesales pueden hacer ineficaces e inválidos los actos procesales con la mera constatación de la vulneración de los requisitos y formas que expresa la ley procesalsin ninguna conexitud con la lesión o no a derechos fundamentales o garantías constitucionales, es retornar a la concepción del modelo Estado legislativo de Derecho ya sepultado.”; es que amerita aclarar que al momento de analizar el vicio que podría generar una nulidad de obrados, corresponde previamente determinar la trascendencia y/o relevancia del mismo, es decir, constatar en principio si se provocó una lesión evidente al derecho al debido proceso, y posteriormente analizar cual la incidencia que este vicio- podría tener en la decisión de fondo de la causa, máxime cuando existe la premisa de que ningún vicio procesal es absoluto para generar una nulidad en tanto no se vulnere el derecho a la defensa.

De ahí que al ser la congruencia un elemento que constituye el debido proceso, que es entendida como la estricta correspondencia que debe existir en toda resolución entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, que en el caso específico del Auto de Vista, conforme lo estipula el art. 265.I del Código Procesal Civil, implica que dicha resolución debe ajustarse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación; se concluye que la falta total de consideración y análisis del recurso de apelación que interpuso el codemandado Alfredo Alcocer Camacho conlleva una evidente transgresión del debido proceso en su elemento de congruencia, ya que no existe en la resolución de alzada la debida coherencia respecto a los reclamos denunciados en la apelación que cursa de fs. 144 a 146 vta., lo que obviamente le impide al recurrente realizar su petición a efectos de una futura impugnación, de ahí que la presente desviación procesal resulta trascendental y relevante, pues la falta de consideración del tantas veces citado recurso de apelación, ocasiona un perjuicio real e irreparable en el recurrente que no puede ser convalidada, correspondiendo en esa lógica declarar la nulidad de obrados, con la finalidad de que el Tribunal de Alzada resuelva también los extremos apelados por el codemandado.

Por las razones expuestas, y toda vez que lo acusado en casación resulta evidente, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme a lo previsto en el art. 220.III del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III num. 1) inc. c) del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 148/2018 de fecha 31 de julio, cursante a fs. 162 y vta., pronunciado por la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, y dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el Tribunal de Alzada pronuncie nueva resolución tomando en cuenta los extremos advertidos en la presente resolución.

Siendo excusable el error en que han incurrido los Vocales del Tribunal de Segunda Instancia signatarios del Auto de Vista impugnado, no se les impone multa.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, comuníquese la presente Resolución al consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berríos Albizu.