TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 415/2019

Fecha: 24 de abril de 2019

Expediente: T-41-18-S

Partes: Paulino López Aban y Celinda López Paredes de López c/ Delina Felipa Gutiérrez Fernández.

Proceso: Mejor derecho y reivindicación.

Distrito: Tarija.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 215 a 222, interpuesto por Delina Felipa Gutiérrez Fernández de Tapia y Lorenzo Tapia Salazar; contra el Auto de Vista Nº 124/2018 de 30 de agosto, cursante de fs. 196 a 201, pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso sobre mejor derecho y reivindicación, seguido por Paulino López Aban y Celinda López Paredes de López en contra de la recurrente y otro; la contestación al recurso de fs. 231 a 235; el Auto de Concesión del recurso de 03 de octubre de 2018, cursante en fs. 236, el Auto Supremo de Admisión Nº 992/2018-RA; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. En base al memorial de demanda de fs. 18 a 21, subsanado y ratificada en los escritos de fs. 25, 32 vta., 35 a 36, 45 vta., 54 vta., y 57 a 58, Paulino López Aban y Celinda López Paredes de López iniciaron el proceso sobre mejor derecho y reivindicación; acción que fue dirigida contra Delina Felipa Gutiérrez Fernández, quien, una vez citada, por memoriales de fs. 100 a 102 vta., y 105 a 106 vta., contestó negativamente y reconvino por mejor derecho propietario y cancelación de registro de derecho propietario; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse la Sentencia de 21 de octubre de 2016, cursante de fs. 161 a 166 vta., donde la Juez Público Civil y Comercial Nº 7 del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija declaró PROBADA la demanda de reivindicación e IMPROBADA la acción reconvencional sobre mejor derecho y cancelación de registro de derecho propietario.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Delina Felipa Gutiérrez Fernández, mediante el memorial de fs. 169 a 178; la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió Auto de Vista Nº 124/2018 de 30 de agosto, cursante de fs. 196 a 201, CONFIRMANDO en todas sus partes la sentencia apelada, determinación asumida en función a los siguientes argumentos:

Que de la revisión de la certificación de tradición treintañal que fue acompañada a la demanda, los derechos alegados por los sujetos procesales no proviene de un mismo tronco común, toda vez que ambos lotes de terreno tienen su registro en su propia línea y folios distintos y matriculas independientes, por lo que no existe coincidencia respecto a las sucesivas transferencias efectuadas, pues con relación a la transferencia del terreno signado con el Nº5 del Manzano A, ubicado en la zona de Morros Blancos, Provincia Cercado del Departamento de Tarija, con superficie de 864.00 m2, de 18  metros de frente, por 48 de fondo con escritura registrado en Derechos Reales bajo la Matricula computarizada Nº 6.01.1.25.0003345 asiento A-1 de 20 de noviembre de 1998, fue adquirido por los esposos Paulino López Abán y Celinda López Paredes de López mediante compra de Néstor Rojas  Vilvetti y que se encuentra registrado.

En cambio de la demandada Delina Felipa Gutiérrez Fernández tiene su origen en el titulo ejecutorial individual Nº 700714 y Colectivo Nº 700715 a favor de Jerónimo Tapia, corresponde a un fundo rustico que se encuentra ubicado en el Cantón Tolosma, Provincia Cercado de Departamento de Tarija, dentro del Ex fundo Cabeza de Toro y según Escritura Pública Nº 649/2018 de 30 de octubre de 1982, transfiere a su favor el lote de terreno signado con el Nº 4 manzano 11 con datos que no conciencien con el lote Nº 5 del Manzano A, que tiene un frente de 18 metros lineales por un fondo de 48 metros lineales y que colinda al Norte con el lote Nº 8, al Sud con la carretera Panamericana, al Este con el lote Nº 6 y al Oeste con el lote Nº 4, con una superficie de 864 m2, por lo que los demandante tienen acreditado el mejor derecho respecto a lote de terreno signado con el Nº 5 del Manzano A que es objeto del proceso de mejor derecho y reivindicación.

3. Fallo de segunda instancia que fue recurrida en casación por Delina Felipa Gutiérrez Fernández de Tapia y Lorenzo Tapia Salazar mediante el memorial de fs. 215 a 222, recurso que es objeto de análisis.


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación, se observa que los recurrentes, en lo principal acusan que:

  1. No se ha integrado a litis al Sr. Lorenzo Tapia Salazar, en calidad de litisconsorte pasivo necesario conforme establece el art. 67 del Código Procesal Civil, por ser el esposo de la demandada, y siendo que el inmueble tiene la calidad de bien ganancial, el Tribunal de alzada debió considerar dicho aspecto, y al no haberlo hecho ha violentado el debido proceso, la verdad material y la legalidad, entre otros principios, dejándolo en estado de indefensión por la omisión de los demandantes.
  2. No se ha valorado la prueba documental de descargo que demuestra la prevalencia de su derecho propietario, en particular la literal de fs. 87 a 100, referente a un acta de audiencia de Amparo Constitucional del año 2007, donde se ha evidenciado que su persona (haciendo alusión a la Sra. Delina F. Gutiérrez), tiene derecho propietario registrado en fecha 26 de marzo de 1992 y que los demandantes tienen un registro de 1998, es decir 6 años después a su registro.
  3. Además que su persona como propietario diligente ha cumplido con el pago de impuestos como se acredita de fs. 72 a 99, demostrando que no ha existido mala fe de su parte porque ha poseído y construido con justo título, sobre todo si los demandantes confiesan que nunca han estado en posesión
  4. El Juez natural tenía la obligación de valorar las pruebas documentales de descargo presentadas, y al no valorar ni  observar que tenía su derecho propietario registrado seis años antes que los demandantes ha incurrido en una incorrecta valoración de las pruebas, omitiendo el art. 1286 del CC.
  5. No se aplicó correctamente la disposición contenida en los art. 4, 5 y 6 de la Ley Nº 439, porque el Juez de instancia omitió realizar un examen previo sobre el mejor derecho propietario que fuere objeto de debate, es así que en la parte dispositiva de la sentencia solo concedió la reivindicación en favor de los actores, pero no hace mención al mejor derecho propietario, sin otorgarles este derecho, así como omitió expresar las consideraciones correspondientes a su acción reconvencional y de manera abrupta la desestimo en dicho fallo, aspecto que al no ser considerado por el Tribunal de alzada importa el incumplimiento del principio de congruencia que forma parte del debido proceso, lo mismo sucede sobre el pago de daños y perjuicios que no fue solicitado.
  6. Que en el caso en cuestión ambos tanto demandante como demandado han acreditado tener derecho propietario, por lo que debió establecerse la titularidad preferida en derecho ante de resolverse sobre la acción de reivindicación.

Contestación al recurso de casación


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO


III.1.- La congruencia en las decisiones judiciales.

Al respecto, la SS.CC. Nº 2218/2012 de 08 de Noviembre, remitiéndose a la SS.CC. 0486/2010-R de 5 de julio, manifestó: “…De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia del contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.”

A tal efecto, el A.S. Nº 651/2014 de 06 de noviembre, señalo; “la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, lo relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y. segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre su  con el punto de la misma decisión”.

Lo que motiva a concluir que la congruencia en definitiva marca el ámbito del contenido de la resolución orientando a que ésta deba dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formulada por las partes, además de velar por que la resolución no contenga criterios ni afirmaciones que se contradigan entre sí, constituyendo el primer aspecto a considerarse la congruencia externa y el segundo como la interna.

III.2 Del principio Per saltum.

El Auto Supremo Nº 939/2015 de 14 de octubre sobre el tema ha referido: “De lo anteriormente expuesto, se advierte dos aspectos importantes, 1).-que los argumentos expuestos en el recurso de casación, nunca fueron observado en el recurso de apelación, y 2).- Que el Tribunal de segunda instancia se pronunció sobre los agravios expuestos, en segunda instancia, empero, por lógica consecuencia, los argumentos expuestos en casación nunca merecieron pronunciamiento en el Auto de Vista por los motivos descritos, motivo por el cual los mismos no merecen consideración alguna en aplicación del principio del per saltum (pasar por alto), puesto que para estar a derecho, los recurrentes debieron instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia. Criterio asumido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem”.

III.3 De la valoración de la prueba.

El art. 145 del Código Procesal Civil, bajo el nomen juris de “Valoración de la prueba”, establece: “I. La autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio. II. Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la Ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta. III. En la valoración de los medios de prueba, la autoridad judicial, apreciará las mismas tomando en cuenta la realidad cultural en el medio probatorio”, acudiendo a la doctrina podemos citar José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”, así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 145 del Código procesal Civil, y dentro de los sistemas de valoración de la prueba conforme arroja la citada normativa procesal, permite el sistema de valoración probatoria de acuerdo a las reglas de la prueba tasada en los casos establecidos por ley, y en otros casos de acuerdo al sistema del prudente criterio o a las reglas de la sana critica, esta última regentada bajo las directrices de la lógica, ciencia y experiencia.

III.4 Legitimación procesal objetiva.

Sobre el particular el AS 1306/2016 ha generado el siguiente criterio:“ En cuanto al recurso de casación propiamente dicho, el art. 272 parágrafo II del Código Procesal Civil, dispone que: “No podrá hacer uso del recurso quien no apeló de la sentencia de primera instancia ni se adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la resolución del tribunal superior hubiera confirmado totalmente la sentencia apelada”, la referida norma general debe aplicarse en razón de las siguientes consideraciones: a).- Si de la Resolución de primera instancia ninguna de las partes apela, resulta lógico y legal que el recurso de casación no puede activarse al no existir un auto superior que se pronuncie sobre esta primera resolución y por lo tanto en caso de ocurrir de forma irregular la presentación de un recurso  de casación en esta circunstancias debe ser rechazado por su inadmisibilidad manifiesta, en base a la normativa antes glosada. b).- Si apelada la Resolución de primera instancia por la parte a quien perjudica la resolución, el Auto de Vista en observancia del art. 218.II numeral 3) del Código Procesal Civil,  revoca total o parcialmente la resolución apelada, es lógico que al haberse cambiado la situación jurídica de las partes generada por la resolución de primera instancia, la parte que no ha recurrido de apelación, así como aquella que lo ha hecho, tienen todo el derecho de recurrir de casación en los casos permitidos. c).- Si la Resolución de primera instancia es apelada por una de las partes, quien considera que la misma es gravosa a sus intereses, y no así por la otra parte quien demuestra su conformidad con el contenido de la misma, resulta lógico y legal que si el Auto de Vista confirma la indica resolución, la facultad de recurrir en casación se la otorga a la parte apelante y no así a quien no ha apelado, en vista de que no ha cambiado la situación jurídica constituida por la primera resolución y de la cual expresó su conformidad. d).- Finalmente, si la Resolución de primera instancia apelada por cualquiera de las partes, merece un Auto de Vista anulatorio por vicios de procedimiento, significa que esta resolución al retrotraer el tramite ha cambiado la situación jurídico procesal de las partes en relación al desarrollo del proceso, aspecto que habilita la posibilidad a cualquier de ella independientemente si plantearon recurso de apelación o no, de plantear el recurso de casación

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Del Contenido del recurso de casación se advierte una displicente técnica recursiva, donde el recurrente cuestiona una variedad de argumentos  reiterativos tanto de forma con de fondo ambos manera indiscriminada, sin embargo de ello este Tribunal en apego a los postulados que emergen de nuestro ordenamiento Constitucional, los cuales generan una nueva visión de ejercer la función jurisdiccional, de todo el contexto de la impugnación pudo inferir los siguientes puntos de controversia; con la aclaración que serán absueltos en principio los temas vinculados a la forma, ya que de ser evidentes no corresponderá el estudio de los relacionados al fondo del litigio.

En el punto primero, los recurrentes alegan que no se ha integrado a Litis al Sr. Lorenzo Tapia Salazar, en calidad de litisconsorte pasivo necesario conforme establece el art. 67 del Código Procesal Civil, por ser el esposo de la demandada, y siendo que el inmueble tiene la calidad de bien ganancial, el Tribunal de alzada debió considerar dicho aspecto, al no haberlo hecho violó el debido proceso, verdad material y legalidad, entre otros principios, dejándolo en un estado de indefensión.

Para el estudio del reclamo invocado se debe partir de la idea que los recurrentes son tanto el afectado directo como su esposa, pues ambos plantearon en un solo escrito su memorial de casación, entonces al encontrarnos frente a un reclamo a nombre propio y en calidad de tercero, corresponde su estudio desde cada óptica.

Es necesario realizar esta argumentación diferenciada; porque cada caso ha de merecer un entendimiento propio, en el supuesto de Lorenzo Tapia Salazar quien reclama a título propio la vulneración de su derecho a la defensa por no haber sido integrado a la litis, al respecto debemos realizar una fundamentación desde la literalidad del art. 220.I. num. 5) del Código Procesal Civil, normativa que crea un candado jurídico para la interposición del recurso de casación para los  casos donde:“La o el recurrente no hubiera intervenido en las instancias anteriores”, situación que se acomoda al sub lite, debido a que Lorenzo Tapia Salazar no ha intervenido en ninguna fase del proceso, entonces al encontrarnos frente al citado caso este Tribunal se ve imposibilidad de analizar lo reclamado, dejando en  claro que el afecto tiene expedita la misma vía judicial (mejor derecho propietario) para el reconocimiento de su derecho si así lo creyera conveniente.

Ahora realizando el mismo estudio, pero ahora con relación Delina Felipa Gutiérrez Fernández dicho tema adquiere otro enfoque, pues al tratarse de un escenario donde reclama a nombre de otra persona esta carece de legitimación procesal subjetiva para observar dicho tópico, debido a que uno de los elementos que apertura la posibilidad de impugnar una resolución judicial es el perjuicio sufrido, el cual debe ser real, evidente, directo y debe recaer sobre el solicitante, caso contrario de no advertirse ninguno de los citados presupuestos, la impugnación en lugar de convertirse en un remedio procesal adquiere una connotación totalmente dilatoria, lo cual va en contra con el actual esquema constitucional. En el sub lite como dijimos el reclamo invocado no lo hace a nombre propio sino a nombre de otra persona, es decir que no le genera un perjuicio directo, entonces al no concurrir los requisitos anotados carece de legitimación procesal para observar este punto, fundamentos que nos obligan a rechazar el primer punto.

En el acápite quinto también como tema de forma, reclaman que no se aplicó correctamente la disposición contenida en los art. 4, 5 y 6 de la Ley Nº 439, porque el juez de instancia omitió realizar un examen previo sobre el mejor derecho propietario que fuere objeto de debate, es así que en la parte dispositiva de la sentencia solo concedió la reivindicación en favor de los actores, pero no hace mención al mejor derecho propietario, también omitió expresar las consideraciones correspondientes a su acción reconvencional y de manera abrupta la desestimo en su decisorio, aspecto que al no ser considerado por el Tribunal de alzada importa el incumplimiento del principio de congruencia que forma parte del debido proceso, lo mismo sucede sobre el pago de daños y perjuicios que al no solicitarse en la demanda, de forma extraña en sentencia  expresan que no se ha probado dicha pretensión, argumentos desde su óptica implica una vulneración al principio de congruencia.

Del citado tópico se evidencia una gama de reclamos como ser: a) la falta de pronunciamiento en la parte dispositiva de la sentencia sobre la acción de mejor derecho propietario, b) falta de consideración de su demanda reconvencional y c) el excesivo pronunciamiento sobre la pretensión de daños y perjuicios, si bien todos decantan en la vulneración al principio de  congruencia interna y externa, sin embargo a los efectos de una correcta argumentación jurídica corresponde absolver cada uno por separado.

Al estar enfocados sus reclamos a una vulneración al principio de congruencia corresponde traer a colación el entendimiento asumido en el punto III.1, donde se expuso que este elemento del debido proceso de manera genérica es entendida como la correlación existente entre lo demandado y resuelto, no obstante la jurisprudencia y la doctrina se ha encargado de generar una sub clasificación entre congruencia externa e interna, en cuanto a la primera nuestro ordenamiento jurídico procesal civil contenido en el art. 213.I nos muestra ese parámetro de congruencia externa estableciendo  que -La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandadas, sabida que fuere la verdad material por las pruebas del proceso.-  normativa que nos demuestran dos puntos  de codependencia en la congruencia externa, en principio debe existir a) un vínculo de dependencia sobre las cosas litigas y b) en la manera que fueron demandadas, directrices sobre las cuales deben versar la sentencia por su carácter de teleológico,  y en cuanto a la congruencia interna esta nos explica que la resolución es una unidad lógica y coherente, es por eso que en todo su contenido debe existir una correspondencia coherente, es decir que la parte dispositiva debe ser el resultado de los fundamentos plasmados o viceversa, o sea que un mismo contenido no debe reflejar dos ideas antagónicas, caso contrario de no respetar estos parámetros nos encontramos lo que en doctrina denomina como incongruencia interna o externa.

Partiendo del citado antecedente en cuanto a la falta de pronunciamiento en la parte dispositiva de la sentencia sobre la demanda de mejor derecho propietario, como dijimos dentro del marco de la congruencia interna toda resolución es una unidad coherente y armónica, o sea que no debe existir contradicción en su contenido que puedan reflejar dos ideas dispares o contrapuestas situación que no acontece, entonces si bien existe esa omisión este hecho no implica una incongruencia como tal, pues del análisis de la sentencia se evidencia un análisis del mejor derecho propietario concluyendo en la viabilidad de esta pretensión a favor de los demandantes conforme han expresado en el auto de vista al señalar: “por lo que los demandante  tienen acreditado el mejor derecho respecto al lote de terreno signado con el Nº 5 del Manzano A que es objeto del proceso de mejor derecho y reivindicación.”, entones esta realidad al no generar contradicción alguna en el mismo contenido de la sentencia no puede ser asimilado per se- como incongruencia interna, sobre todo si como dijimos de todos los fundamentos sostenidos en la sentencia se infiere que se ha demostrado la  pretensión principal de mejor derecho propietario.

Sobre la falta de consideración de su demanda reconvencional, este tema desde  ninguna óptica es evidente, y lo que inferimos es que el recurrente demandado pretendía en la sentencia un análisis independiente de su acción reconvencional, no obstante debemos tener en claro que su pretensión no era diferente a la postulada por la demandante, al contrario era exactamente la misma, es decir que también suscito demanda de mejor derecho propietario, sobre el bien donde se encuentra poseyendo la demandada, entonces por sindéresis jurídica únicamente correspondía un solo análisis y de cuyo resultado iba depender la procedencia ya sea de la demanda principal, reconvencional o ambas, situación que aconteció donde el juez interprete de primera instancia estudiando cada antecedente dominial de ambas partes determinó que el mejor derecho propietario corresponde a la parte demandante como dijimos en el punto anterior, explicación que nos permite afirmar que no se ha vulnerado principio alguno.

Y en cuanto al último tema relacionado a la pretensión de daños  y perjuicios, del análisis minucioso de la sentencia se evidencia una cita aislada de -rechazo del pago de daños y perjuicios-, al respecto y reiterando el criterio vertido al momento de analizar el anterior punto, inherente a la legitimación procesal subjetiva dicha cita de por sí sola no genera perjuicio real o concreto al recurrente, porque en su mismo contenido  rechaza esa pretensión y en segundo plano esa pretensión no es mencionada en la parte dispositiva de la sentencia, o sea que de ninguna manera genera perjuicio, directo, real y evidente, situación que nos permite afirmar que la recurrente carece de legitimación procesal subjetiva para observar este punto.


Ingresando al estudio de los reclamos de fondo en apego al principio de concentración que para materia argumentativa permite a la autoridad judicial desplegar un solo análisis de todos los temas que tengan relación o confluyan en una sola idea,  es en ejercicio que del examen de los puntos 2, 3 y 4, todos tienen por esencia observar que la inscripción de su derecho propietario es de data antigua con relación a la de los demandantes observando que no se ha valorado la prueba documental de descargo que demuestra la prevalencia de su registro, en particular las literales de fs. 87 a 100, referente a un acta de audiencia de Amparo Constitucional del año 2007 y las de fs. 72 a 99 donde como propietario diligente ha cumplido con el pago de impuestos, demostrando que no ha existido mala fe de su parte, y al no hacerlo han incurrido en una incorrecta valoración de las pruebas en contraposición del art. 1286 del CC.

Para tener en claro cuales llegan a ser los alcances de las aludidas pruebas o como estas puede repercutir en el fondo de la Litis, es necesario tener en claro los fundamentos que sustentan la pretensión y reconvención.

Del estudio de la pretensión de ambas partes se infiere que tienen como fin establecer el mejor derecho propietario sobre el bien inmueble ubicado en la zona Moros Blancos con una superficie de 864 m2, signado con el N° 5 del Manzano A, con medidas 18 mts. de frente por 48 de mts. de fondo, con las siguientes colindancias  al Norte con el lote N° 8, al Sud con la carretera Panamericana, al Este con el lote N° 6 y al Oeste con el lote N° 4, el cual es motivo de estudio en el caso.

Que la sentencia y la resolución de alzada coinciden que ambos título no provienen de un tronco común, porque cada uno tiene su línea propia con diferentes antecedentes, pero ante una aclaración de medidas y colindancias inscrita en el derecho propietario de la demandada visible de fs. 69 a 70, se ocasionó la confusión de los dos lotes de terreno. 

Por cuanto a los efectos de tener certeza en la precisión anotada, corresponde a este Tribunal realizar un estudio de los antecedentes dominiales de cada parte, para determinar la correlación en cada uno y establecer si realmente cada registro se sustenta en el anterior, en ese estudio de las documentales inherentes al derecho propietario de la demandante de la literal de fs. 3, 50 a 51 se extrae lo siguiente:

Todas estas inherentes al bien inmueble descrito supra.

En cuanto al predio de la demandada según el certificado de fs. 1 se desprende los siguientes antecedentes:

Los citados antecedentes devienen de los medios probatorios adjuntos de fs. 1, 3, 50 a 51,  69 y 70, documentales que nos permiten asimilar y compartir con el criterio vertido con los jueces de grado, en sentido que no se encuentra en debate un mismo bien que pertenezca a dos titulares, conforme se desprende de la Escritura Pública de aclaración Nº 177/92 de 19 de febrero donde se establece que la demandada modificó la ubicación del predio para hacer que coincida con el predio en debate verdad procesal que no puede ser desconocida, ahora con referencia a que se debe tomar en cuenta el último registro como sostiene y solicita la recurrente este Tribunal a través de sus diversos fallos contemplo que dicho entendimiento establecido en el art. 1545 del CC, no debía ser interpretado en su sentido restringido sino amplio, o sea que en caso de que no concurra el presupuesto de que un mismo vendedor hubiese transferido la propiedad tanto al actor como al demandado, la dilucidación del mejor derecho propietario no debe resolverse siguiendo el principio de prelación del registro, sino que antes  debe hacerse un minucioso estudio de la tradición de dominio que existió en ambos títulos y establecer mediante el análisis de ésta cadena de hechos si en sus antecedentes de dominio existe un causante común que habría transmitido la propiedad a distintos propietarios que constituyan a su vez el antecedente dominial del demandante y del demandado y establecer mediante el análisis de ésta cadena de hechos a quien le corresponde el mejor derecho propietario, estudio que ha permitido establecer la aclaración realizada al predio de la demandada, no correspondiendo en consecuencia realizar únicamente el estudio del último registro, como erradamente pretende el recurrente.

Teniendo en claro todo este antecedente retomando el reclamo en cuanto a las documentales de fs. 72 a 100 y 87 a 92, cabe tener en cuenta que dichos medios probatorios no son gravitantes ni han de repercutir en el fondo del proceso habida cuenta que los de fs. 72 a 100 están relacionados a una acción de amparo constitucional, sin embargo estas no definen el derecho propietario del demandante y con relación a la de fs. 72 y siguientes las mismas han de acreditar una suerte de actos posesorios, empero la litis no tiene por finalidad acreditar una posesión continua, cual si se tratase de una acción de usucapión, sino de establecer el mejor derecho propietario, correspondiendo rechazar su reclamo.


En cuanto al punto seis inherente a la pretensión de mejor derecho propietario, al ser reiterativa a lo analizado de forma minuciosa en los puntos anteriores corresponde ratificarnos en lo vertido en la presente resolución.

En tal razón, corresponde dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el  art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil,  declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 215 a 222, interpuesto por Delina Felipa Gutiérrez Fernández de Tapia y Lorenzo Tapia Salazar; contra el Auto de Vista Nº 124/2018 de 30 de agosto, cursante de fs. 196 a 201, pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija

Con costas y costos. Se regula honorario profesional al abogado que contestó el recurso en la suma de Bs. 1.000

Regístrese, comuníquese y devuélvase.        

Relator: Mgdo.  Juan Carlos Berrios Albizu