TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                           S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 414/2019

Fecha: 24 de abril de 2019

Expediente: SC-137-18-S.

Partes: Luis Fernando Tardío Villa c/ Victoria Camacho Rosado y Reymar Douglas Peñarrieta Chávez.  

Proceso: Nulidad de escrituras públicas por ilicitud y cancelación de inscripción en Derechos Reales.  

Distrito: Santa Cruz. 

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1400 a 1402, presentado por Reymar Douglas Peñarrieta Chávez, contra el Auto de Vista Nº 383/2018 de fs. 1395 a 1396 vta., pronunciado el 17 de agosto por la Tercera Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de nulidad de escrituras públicas por ilicitud, seguido por Luis Fernando Tardío Villa contra Victoria Camacho Rosado y el recurrente; respuesta de fs. 1407 a 1408 vta., Auto de concesión de 2 de octubre de fs. 1409; Auto Supremo de admisión Nº 1019/2018 de 30 de octubre, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Luis Fernando Tardío Villa interpuso demanda de nulidad de escrituras públicas por ilicitud y cancelación de inscripción en Derechos Reales de fs. 956 a 966; sobre las Escrituras Públicas Nros. 2580/2015 de 30 de noviembre y 1416/2016 de 20 de julio, con Matrícula Computarizada Nº 7.01.199.0003386 y 7.01.199.0029373 respectivamente; acción dirigida contra Victoria Camacho Rosado y Reymar Douglas Peñarrieta Chávez quien una vez citados contestaron negativamente, asimismo plantearon excepciones mediante memoriales de fs. 975 a 976 y de fs. 996 a 1003.

2. Desarrollándose el proceso en el Juzgado Público Civil y Comercial Nº 3 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, hasta dictarse la Sentencia Nº 220 de fecha 26 de octubre de 2017 de fs. 1347 a 1355 y Auto complementario de fs. 1360, declarando IMPROBADA la demanda principal en todas sus partes, e IMPROBADAS las excepciones interpuestas por los demandados.

3. Resolución de primera instancia al haber sido impugnada por Luis Fernando Tardio Villa mediante memorial de fs. 1361 a 1365; La Tercera Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia, Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitiendo el  Auto de Vista Nº 383/2018 de 17 de agosto de fs. 1395 a 1396 vta., que declaró HABER LUGAR al recurso de apelación y dispuso la nulidad de obrados hasta fs. 1344 sin afectar la intervención de las partes en sus alegatos, conforme el art. 109.III del CPC. Bajo los siguientes fundamentos:

De la descripción de los medios de prueba producidos dentro del proceso, el Juez de la causa omite pronunciarse sobre las pruebas documentales de cargo acompañadas por el demandante, quien manifiesta que su pretensión se funda en el hecho que la demandada Victoria Camacho Rosado ha adquirido su derecho propietario de los inmuebles con la tramitación de la declaratoria de herederos, además se tiene que no se expone de manera congruente los motivos fácticos y jurídicos de las causales de la pretensión de nulidad por causa ilícita del actor, concluyéndose que la resolución de primera instancia no cumple con los requisitos exigidos por el art. 213 del CPC.

4. Fallo de segunda instancia que es recurrido en casación por Reymar Douglas Peñarrieta Chávez mediante memorial de fs. 1400 a 1402, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación interpuesto por Reymar Douglas Peñarrieta Chávez, se observa que en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusa:

1. Que los de segunda instancia no han tenido cuidado al analizar la pretensión del actor, que pide la nulidad de las escrituras públicas por ilicitud y la cancelación de inscripción en Derechos Reales, en razón al art. 549 num. 3) del Código Civil, por lo que el Auto de Vista resulta ser oficioso e incoherente, infringiendo el art. 265.I del Código Procesal Civil.

2. Reclama que los jueces de grado violaron el art. 265.I del Código Procesal Civil, debido a que no se circunscribieron en los puntos resueltos por el inferior que fueron más allá de lo pedido, además que no fueron observados en el recurso de apelación del actor.

3. Arguye que el Auto de Vista está basado en explicar la SS.CC Nº 0848/2015-S3 de 9 de septiembre, Nº 0871/2010-R de 10 de agosto y Nº 2058/2010-R 10 de noviembre, conceptualizando la motivación y fundamentación de la resolución, explicando que fallaron de manera ritualista y formalista provocando perjuicio a la búsqueda de administración de justicia, vulnerándose el contenido de los arts. 218.I y 213.II núm. 3) del procesal civil.

Petitorio.

Solicita se dicte Auto Supremo anulando el Auto de Vista recurrido.

Contestación al recurso de casación de fs. 1407 a 1408.

Que el recurso de casación en la forma refiere que se habría vulnerado los art. 265, 213 y 218 del CPC, pues al pronunciarse el Auto de Vista recurrido se encuentra en estricto cumplimiento  del art. 106 de Código Procesal Civil, que determina que la nulidad de obrados podrá ser declarada de oficio o por petición de parte en cualquier estado del proceso por lo que los de Tribunal de alzada en total evidencia observan la falta de pronunciamiento sobre las pruebas literales que acompañan a la demanda por lo que se constituye vicio procesal, por lo que solicita dictar improcedente el recurso de casación en la forma.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…" (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); a este respecto, este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, que: Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derechos constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley Nº 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.

III.2. De la nulidad procesal en segunda instancia.

Sobre el tema el art. 108 del Código Procesal Civil señala: “I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente Código.

II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a Ley.”, de la norma en cuestión se establece que el Tribunal de segunda instancia al momento de aplicar esta medida de anular obrados, deberá advertir si la misma ha sido reclamada en el recurso de apelación, y en caso de ser reclamada dicha solicitud deberá ser resuelta con prioridad a los reclamos de fondo, empero, como se expuso supra es viable disponer la misma, cuando se trate de un hecho que por su trascendencia vulnere el debido proceso con incidencia al derecho a la defensa.

III.3. De la nulidad en segunda instancia por incongruencia en la sentencia.

En principio corresponde precisar que en su sentido restringido  la  congruencia es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto conforme orientaba el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y actualmente en lo contenido en el art. 213.I del Código Procesal Civil,  y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra o citra petita, y en su sentido amplio  la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí. 

Tomando como parámetro lo referido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente que hubiese sido reclamada oportunamente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero, debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en las instancia superior, en aplicación del principios de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto o en su caso de no ser posible enmendarlo, corresponderá en aplicación del art. 109 del Código Procesal Civil disponer la nulidad parcial, sin afectar otros actuados no inherentes a esa pretensión, bajo una correcta aplicación del principio de causalidad  que ya fue esbozado en el AS Nº 370/2016 de 19 de abril,  en base a lo explicado no resulta viable disponer una nulidad total de esa resolución.

Lo expuesto tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico, y apoyo normativa, en la Ley Nº 439 art. 218.III que de forma textual determina: “ Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”, criterio que ya ha sido exteriorizado en el AS Nº 304/2016 de fecha 06 de abril 2016 donde se ha delineado en sentido que : “los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley 439 la  falta de congruencia, (ultra, extra o citra petita) no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley Nº 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de Primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico.” (Las negrillas pertenecen a esta resolución).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Del examen del recurso de casación, se extrae que tiene por fin observar la nulidad dispuesta en segunda instancia, por lo que acusa que la resolución de vista transgrede el debido proceso al disponer la nulidad de obrados hasta la parte dispositiva de la audiencia preliminar de primera instancia, lo cual según su criterio implica la vulneración a los arts. 218 y 213 de la Ley Nº 439.

De la síntesis de las acusaciones traídas a casación, resulta pertinente remitirnos a la resolución recurrida, en ese sentido, del análisis del Auto de Vista Nº 383/2018 de fs. 1395 a 1396 vta., se infiere a prima facie que la razón que motivó al Tribunal Ad quem anular obrados hasta la parte dispositiva de la audiencia preliminar de primera instancia, fue porque consideró que el Juez de la causa al emitir tal resolución no manejó el principio de congruencia, con relación a la pretensión de las partes y las pruebas, en ese entendido.

Teniendo en claro los fundamentos que sirvieron de base para anular obrados, corresponde traer a colación los argumentos esbozados en el fundamento de los puntos III.1, III.2 y III.3 de la doctrina aplicable al caso, donde se ha establecido que la falta de congruencia y motivación en la sentencia, no son considerados como una causal de nulidad, ya que por expresa determinación de los arts. 218 y 265 de la Ley Nº 439, es obligación del Tribunal de apelación fallar en el fondo, pues las normas citadas, conforme a una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, tienen por esencia que el proceso por su carácter teleológico alcance el fin esperado que es la solución al conflicto jurídico, máxime cuando el Tribunal de apelación al ser otra instancia y poseer las mismas facultades y prerrogativas que el Juez de la causa puede resolver en el fondo, sin necesidad de acudir a la nulidad procesal que es una medida de ultima ratio.

A partir de ello, se puede concluir, que en el caso de Autos, la decisión de anular la Sentencia por incongruencia o falta de motivación, asumida en segunda instancia no responde a los principios procesales de legalidad, dirección, concentración, congruencia, celeridad, igualdad procesal y probidad, que orientan la actual forma de administrar justicia, en cuyo entendido, el Ad quem fuera de actuar bajo un criterio de juridicidad, ha obrado en desconocimiento del marco normativo contenido en los arts. 105 a 109, 218 y 265 del Código Procesal Civil, cuando al tratarse de otra instancia -como se expuso supra- en aplicación de las citadas normativas debió resolver en defecto el Juez A quo y fallar en el fondo de lo debatido, sobre todo si existen reclamos en apelación que permiten enmendar esas omisiones y no actuar de forma ritualista, porque al asumir esa decisión anulatoria se ha desconocido normas procesales en desmedro de los justiciables quienes están en búsqueda de una solución al conflicto jurídico suscitado, correspondiendo en consecuencia anular el Auto de Vista para que resuelva los agravios invocados en el recurso de apelación conforme al art. 265 de la Ley Nº 439. 

Siendo evidente la nulidad a disponerse, no corresponde pronunciarse sobre los restantes puntos de agravio expuestos en el recurso de casación de la parte demandante, correspondiendo acoger lo denunciado por la parte recurrente, en razón a que el extremo que motivó al Tribunal de Alzada a emitir un Auto de Vista anulatorio ya no se constituye en una causal de nulidad, consiguientemente se debe emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.III del Código Procesal Civil.

Por lo expuesto, corresponde emitir resolución conforme faculta el art. 106 y art. 220.III del Código Procesal Civil, es decir anulando el Auto de Vista recurrido.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código de Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 383/2018 de fs. 1395 a 1396 vta., pronunciado el 17 de agosto por la Tercera Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el Tribunal de alzada emita nuevo Auto de Vista, en base a los fundamentos precedentemente expuestos, dentro del marco de lo establecido por el art. 265 de la Ley Nº 439.

Siendo excusable el error no se impone multa.

En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 17.IV de la Ley Nº 025, Ley del Órgano Judicial, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura para fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.