TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 413/2019

Fecha: 24 de abril de 2019                                                 

Expediente: CB-66-18-S                                                                                        Partes: Pablo Gutiérrez Gutiérrez c/ Mercedes Vargas Román y otros.           

Proceso: Mejor derecho propietario y otros.        

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 698 a 699, interpuesto por Mercedes Vargas Román, Juana Vargas Román, Gladys Vargas Román, Humberto Vargas Román y Ángel Miguel Vargas Román, contra el Auto de Vista de 20 de abril de 2018 cursante de fs. 691 a 695, pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso sobre mejor derecho propietario y otros, seguido por Pablo Gutiérrez Gutiérrez contra los recurrentes; la respuesta al recurso que cursa en fs. 702 y vta.; el Auto de Concesión de 15 de noviembre de 2018 de fs. 704; Auto Supremo de Admisión Nº 1194/2018-RA de fs. 710 a 711 vta.; los demás antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Público Civil y Comercial Nº 2 de Quillacollo perteneciente al Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 31 de mayo de 2016, cursante de fs. 601 a 611 vta., mediante el cual declaró PROBADA la demanda principal e IMPROBADAS las excepciones perentorias incoadas por la parte demandada.

Resolución de primera instancia que fue apelada por Humberto Vargas Román, Juana Vargas Román de Lopez, Gladys Vargas Román de Quispe y Mercedes Vargas Román de Ríos mediante el escrito cursante de fs. 614 a 620 vta., y por Ángel Miguel Vargas Román mediante memorial de fs. 631 a 638; a cuyo efecto la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante el Auto de Vista de 20 de abril de 2018, cursante de fs. 691 a 695, declaró INADMISIBLES ambos recursos de apelación, arguyendo que en cuanto al recurso de fs. 614 a 621 (presentado por Humberto Vargas Román y otros), los recurrentes no han cumplido, ni siquiera de manera ambigua, con la exigencia de fundamentar el agravio que hubiesen sufrido con la resolución impugnada, pues los argumentos expresados en su recurso de apelación no resulta una verdadera fundamentación de agravios, merced a que en su escrito de manera ampulosa y poco comprensible se limitaron a reiterar la prueba presentada por ellos así como por la parte adversa, mencionando uno a uno cada documento para luego realizar trascripciones de los fundamentos expresados en la resolución, señalando de manera genérica e imprecisa que el A-quo, resulta incompetente para la tramitación de la causa por razón de materia y asimismo, la Sentencia resulta ultrapetita, empero, sin expresar de manera clara las razones de este último, en suma nada se dice respecto a los argumentos expresados en la resolución apelada y las razones de hecho y derecho por las que se considera que dicha decisión resulta equivocada y tampoco se tiene claramente mencionados los fundamentos para dar lugar a una nulidad, situación que hace inadmisible el recurso.

Por otra parte, respecto al recurso de fs. 631 a 638 (presentado por Ángel Miguel Vargas Román), refiere que de la revisión de la diligencia que cursa en fs. 612 se advierte que el recurrente fue notificado con la Sentencia impugnada el 20 de junio de 2016, es decir su plazo para plantear el recurso de apelación vencía el 5 de julio de 2016, teniendo en cuenta que el día 21 de junio resulta feriado nacional con motivo del año nuevo aymara, sin embargo, el apelante recién presentó su recurso el 03 de agosto de 2016, una vez vencido el plazo previsto por ley, en consecuencia dicho recurso resulta inadmisible por extemporáneo, sumado al hecho de que este resulta ser una copia idéntica del recurso de fs. 614 a 620.

Resolución que fue impugnada mediante el recurso de casación que cursa de fs. 698 a 699, interpuesto por Mercedes Vargas Román, Juana Vargas Román, Gladys Vargas Román, Humberto Vargas Román y Ángel Miguel Vargas Román, el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

1. Acusaron que el Tribunal de alzada no consideró ninguno de los fundamentos expuestos en el recurso de apelación de fs. 614 a 621, peor aún en ningún momento se fundamentó la presunta ausencia de agravios, situación que refiere, importa la ausencia total de fundamentación y motivación del Auto de Vista, puesto que es contradictorio acudir a la SCP 1662/2012 de 01 de octubre que no justifica la inadmisibilidad dispuesta.

2. En cuanto al recurso de apelación de fs. 631 a 638, sostienen que el Tribunal Ad-quem, de manera irregular ha tomado como fecha de notificación de la Sentencia el 20 de “junio” de 2016, cuando en realidad la diligencia se realizó en fecha 20 de “julio” de 2016, por lo que el recurso fue presentado dentro del plazo hábil, no correspondiendo en ese sentido declarar su inadmisibilidad.

3. Indicaron que el Tribunal de alzada eludió resolver, incluso de oficio, el conflicto de competencias que deriva de los actuados procesales, siendo que existe suficiente evidencia documental que demuestra que el inmueble objeto de litis se halla fuera del radio urbano, por lo que debió ser de conocimiento de una autoridad agroambiental, puesto que conforme a lo establecido por el art. 13 de la Ley Nº 025, la competencia solo es prorrogable por razón de territorio y no así en razón de materia.

4. Finalmente refieren que los Juzgadores de segunda instancia debieron resolver la acusación concerniente a la incongruencia ultra petita de la Sentencia, incluso de oficio pues su omisión importa la vulneración de las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio conforme dispone el art. 5 del CPC.

En mérito a lo expuesto, solicitan se pronuncie Auto Supremo determinando casar el fallo impugnado o en su caso disponer la nulidad del referido Auto de Vista o la nulidad de todo lo obrado en razón de la competencia cuestionada.

Respuesta al recurso de casación.

1. Señalaron que el memorial de la supuesta casación, en su planteamiento no se funda en ninguna norma adjetiva del Código Procesal Civil, no señala ningún artículo de casación, consiguientemente es un memorial ilegal.

2. Sostuvieron que el Auto de Vista que ha declarado inadmisible los recursos de apelación, no admite casación, pues inadmisible significa que no se ha podido ingresar a considerar la falsa e ilegal apelación por no contener agravios.

3. Refirieron que el memorial de casación no cumple con el principio de legalidad porque no se sustenta en ninguna norma del Código Procesal Civil, por lo tanto es un memorial ilegal que infringe el principio constitucional y procesal de legalidad establecido en el art. 180.I de la CPE.

Por lo señalado solicita se declare ejecutoriado el Auto de Vista.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1.- Sobre el derecho a la impugnación y el principio de doble instancia.-

El derecho a la impugnación y el principio de doble instancia se encuentran consagrados en el art. 180 de la Constitución Política del Estado y el art. 30 núm. 14 de la Ley Nº 025, estos preceptos se encuentran presentes en la sustanciación de todo proceso judicial y otorga la facultad a las partes para poder solicitar a otro juzgador superior revise la Resolución del inferior.

Así tenemos que estos preceptos se materializan a través de los recursos que la Ley franquea según la Resolución contra la cual se pretenda recurrir, por lo que representan el medio a través del cual se fiscaliza no solamente la decisión asumida por el Juez o Tribunal, sino la legalidad de la Resolución, constituyéndose en la petición que se materializa con la emisión de una Resolución que el Tribunal ha de brindar dando respuesta a los motivos que dieron lugar a la misma, que además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada.

Ahora bien los recursos que la Ley franquea o reconoce para hacer efectivo el derecho a la impugnación y el principio de doble instancia, no solamente se materializan con la presentación del recurso sino que su efectividad se perfecciona con la respuesta que dicho recurso recibe; a tal efecto tenemos al recurso de apelación que es considerado como el más importante y usual de los recursos ordinarios, al ser el remedio procesal a través del cual se pretende que un Tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una Resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba, recurso que constituye un nuevo juicio respecto aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que han sido impugnados por la parte recurrente.

Entonces la importancia de hacer efectivos estos preceptos reconocidos en la Constitución, radica en que el proceso es considerado como un conjunto sistemático de actos jurídicos procesales desarrollados en procura de arribar a la Resolución del conflicto, de tal manera que este se estructura en etapas y fases debidamente ordenadas a fin de brindar la máxima garantía de igualdad y defensa a las partes, sin embargo el proceso no está exento de que en su desarrollo se produzcan u omitan actos que afecten su normal avance e incluso impidan el cumplimiento de sus fines, los que deberán ser analizados a fin de imponer una posible sanción de nulidad, razón por la que dicho análisis se encarga a un Tribunal de revisión (segunda instancia) que abre su competencia precisamente a partir de la interposición de un recurso, que por el avance de la doctrina como de las legislaciones se ha superado aquella concepción del excesivo formalismo, pasando a una concepción más amplia en la que el punto de partida es la protección que la norma procura a las partes a fin de que estas, en el marco del debido proceso, encuentren igualdad de condiciones para defender sus posiciones y hacer valer sus pretensiones de forma que prevalezca siempre el principio "pro actione" que busca la prevalencia del fondo sobre la forma

Al respecto la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1853/2013 de 29 de octubre, señaló: “III.4. Derecho de impugnación.- El debido proceso como instituto jurídico que garantiza el respeto de derechos fundamentales y garantías Constitucionales de las partes que intervienen en un proceso, contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de resguardar derechos fundamentales y garantías Constitucionales de las partes que intervienen en un proceso o procedimiento judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el principio de impugnación en el art. 180-II, (...) Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto judicial o administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo. Así en materia procesal civil el art. 213, prescribe: I. Las resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada (…) es decir, la interposición de los recursos está sujeta a determinados requisitos, como la existencia de un gravamen o perjuicio, debe ser idóneo, la calidad de parte para plantearlo, interponerse ante la autoridad competente…”.

Criterio compartido y también desarrollado por este Tribunal Supremo de Justicia que en el Auto Supremo Nº 484/2012 de 13 de diciembre  señaló: “…el artículo 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, por su parte el artículo 8 inc. h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, determina que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante Juez o Tribunal superior. Ambas disposiciones legales, que conforman el Bloque de Constitucionalidad reconocen el derecho a la impugnación o a la segunda instancia, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de Alzada sino con la respuesta que dé, el Tribunal de Alzada respecto a los motivos que fundan la impugnación, que además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada, solo así se satisface el derecho a la impugnación.”

En ese mismo orden y tal vez con mayor precisión el Auto Supremo Nº 223/2012
de 23 de julio, refiere: “En fallos emitidos anteriormente este Tribunal ha establecido que el derecho a la impugnación, de ninguna manera se agota con la sola interposición de un recurso, sino que este derecho se va a concretar y materializar con la respuesta debidamente motivada y fundamentada por parte del Tribunal superior, que precisamente conozca y resuelva sobre los motivos que orientan la interposición del recurso; siendo en consecuencia trascendental a los efectos de la realización de este derecho, la respuesta que le corresponde.”.

III.2.- Del principio Pro Actione y Pro Homine.

Para tener una idea más clara de estos principios, resulta pertinente referirnos al Auto Supremo Nº 630/2015-L de 4 de Agosto, donde señaló lo siguiente: “Los principios procesales tienen por objetivo la tutela inmediata de los derechos fundamentales, principios como el pro homine y pro actione, entendiéndose por el primero, conforme al criterio expuesto por la Prof. argentina Mónica Pinto en sus innumerables trabajos y publicaciones, “...de un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria”. También dentro del análisis del principio pro homine, no se podría dejar de lado al criterio denominado pro actione, que está directamente vinculado con los derechos a la tutela judicial efectiva y al acceso a la Justicia, en tal sentido, este es una manifestación del principio pro homine en el ámbito procesal, en virtud del cual, la interpretación de una disposición legal debe hacerse en el sentido que sea lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual prevalezca más la Justicia que cualquier formalismo extremo que obstaculice u obstruya una tutela constitucional efectiva. “…del principio pro homine deriva el pro actione, en virtud del cual debe garantizarse a toda persona el acceso a los recursos desechando todo rigorismo o formalismo excesivo que impida obtener un pronunciamiento sobre las pretensiones o agravios invocados, precautelando el derecho de las partes a que su impugnación se patentice, garantizando así el derecho de acceso a la Justicia, concretando así el acceso a los recursos. De lo que se establece que los requisitos formales no deben primar sobre el derecho sustancial, debiendo realizar una ponderación entre el incumplimiento de la formalidad con el derecho a recurrir, en caso de dudas interpretarse a favor del recurrente…”, así ha expresado la Sentencia Constitucional Nº 0010/2010-R de 6 de abril de 2010. Entonces, la incorporación de aquellos principios que vinculados con la irrestricta vigencia de esos derechos, exige estar siempre a la interpretación que más favorece a su vigencia” (El resaltado nos corresponde). 

III.3.- De los alcances del art. 218.II núm. 1 de la Ley 439.-

El art. 218 de la Ley Nº 439 de forma textual, refiere: “I.  El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente. II.  Este fallo deberá ser: 1. Inadmisible. a. Si se hubiere interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término. b. Por falta de expresión de agravios. 2. Confirmatorio.3. Revocatorio total o parcial. 4. Anulatorio o repositorio. III.  Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”,  si bien la normativa de referencia en su parágrafo II, numeral 1 permite a los tribunales de apelación declarar inadmisible el recurso en dos casos, el primero, se habría interpuesto el recurso fuera del plazo establecido por ley y el segundo por falta de expresión de agravios, normativa que en su primer supuesto no merece mayor análisis por su claridad, empero, en caso de ausencia de expresión de agravios, cabe referir que siguiendo el entendimiento esbozado en el punto III.1 y sobre todo en el punto III.2, los tribunales de apelación al momento de analizar el contenido del recurso de apelación, no deben realizar un examen bajo un enfoque totalmente formalista, solicitando una expresión precisa de normas vulneradas o como debieron ser aplicadas, cual si se tratase de un recurso de casación, actitud que no resulta acorde al actual sistema de administración de justicia, sino por el contrario simplemente es necesario advertir la expresión de un agravio aunque disperso pero entendible, el cual permite y abre la competencia del tribunal de segunda instancia para su análisis y consideración, es por ese motivo que únicamente ante una evidente y carente orfandad de agravios, recién es viable declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación en aplicación del art. 218.II núm. 1 de la Ley 439, pero en el caso de advertirse o inferirse un agravio aunque disperso de todo el contexto del recurso, no corresponderá al Tribunal de apelación la aplicación de la citada normativa, debido a que una actitud netamente formalista implicaría desconocer los principios pro homine y pro actione y la vulneración del principio de impugnación desarrollados precedentemente.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

De la lectura y análisis del recurso de casación y en particular los reclamos vertidos en los puntos 1), 3) y 4) que se encuentran vinculados al recurso de apelación de fs. 614 a 621, se puede establecer que, en lo principal, los recurrentes cuestionan que el Tribunal de alzada no ha explicado por qué no consideró ninguno de los reclamos de apelación, cuando estos, incluso de oficio por tratarse de cuestiones atingentes a la competencia del juez y la congruencia ultra petita de Sentencia, debieron ser analizados y que en ese entendido no se encuentra justificada su inadmisibilidad, pues dicho recurso de alzada si contaba con los reclamos requeridos para el efecto. 

Al respecto, del estudio del fallo recurrido, es decir el Auto de Vista que cursa de fs. 691 a 965, se advierte que el Tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por Humberto Vargas Román, Juana Vargas Román de Lopez, Gladys Vargas Román de Quispe y Mercedes Vargas Román de Ríos, visible en fs. 614 a 621, señalando primordialmente que dicho medio impugnatorio carece de la técnica recursiva que exige el art. 218.II núm. 1 de la Ley Nº 439, pues únicamente se habría expresado una ampulosa y poco entendible relación de las pruebas producidas en el proceso así como la trascripción de los diferentes fundamentos de la Sentencia, lo que en consecuencia acarrearía su inadmisibilidad; por lo que, ante este hecho y resultando en esencia que el reclamo de los recurrente está vinculado a determinar la existencia de agravios en su recurso de apelación, es que del examen de dicho recurso (614 a 621), se puede establecer que lo argumentado en el Auto de Vista no resulta correcto ni evidente, y que a criterio de este Tribunal de casación, el fundamento plasmado en la resolución impugnada resulta ser excesivamente formalista, al imponer la carga de explicar de forma precisa los agravios causados por la Sentencia, cual si se tratase de un recurso de casación, debido a que del examen del contexto del referido recurso de apelación, entre otros, se extrae los siguientes agravios; 1) que el Juez de instancia no ha tomado en cuenta que la Resolución Suprema Nº 76475 de 16 de marzo de 1958, del cual deviene el derecho del actos, se basa en dos títulos diferentes y por demás contradictorios y que además estos no se encuentran relacionados con los documentos acompañados por el demandante, tales como el Titulo Ejecutoria  Nº 160895 de 17 de agosto de 1962, el registro de propiedad en el catastro rural, entre otros; 2) que no se ha tomado en cuenta que de acuerdo a la certificación de 26 de noviembre de 2009, el certificado de 26 de febrero de 2010, y por confesión espontanea del actor en su memorial de demanda, se ha acreditado que la zona Huarapuma se encuentra dentro la jurisdicción del Municipio de Sipe Sipe, Segunda Sección de la Provincia de Quillacollo, y por su ubicación se encuentra en zona rural agraria por lo que era de competencia del Juez agroambiental el conocimiento y resolución de la presente causa (para lo que describe la norma que sustenta su postura).

Reclamos que nos permiten advertir que no resulta evidente que el recurso de apelación deducida por la parte demandada carezca de expresión de agravios, como señaló el Tribunal de Alzada, quienes como se dijo con un fundamento totalmente formalista declararon inadmisible este recurso, omitiendo pronunciarse en uno u otro sentido sobre los agravios expuestos en apelación, sin considerar que bajo el nuevo orden Constitucional, se garantiza el principio de doble instancia en la jurisdicción ordinaria conforme señala el art. 180.II del texto Constitucional y bajo ese criterio el art. 30 núm. 14 de la Ley Nº 025 señala que la jurisdicción ordinaria se sustenta en el principio de impugnación que garantiza la doble instancia.

Así estas previsiones no se reducen a simples declaraciones programáticas, sino al contrario, constituyen la vocación constitucional y el sustento del cual debe emerger la tarea de administrar justicia para todos los habitantes que constituyen el pueblo boliviano, por lo que el proceder de los Jueces y Tribunales de justicia deben ser coherentes con los principios desarrollados en el nuevo sistema jurisdiccional, en consecuencia, bajo los lineamientos desarrollados en los puntos III.1 y III.2 de la doctrina aplicable, corresponde que el Tribunal de alzada ingrese a considerar los argumentos del mencionado recurso de apelación, pues no puede olvidar dicho Tribunal que es este recurso es el que garantiza la doble instancia en el proceso y en ese entendido el agravio formulado en apelación debe ser analizado sin un rigorismo excluyente, siempre a la luz de la flexibilización que tienen los principios procesales de impugnación y debido proceso; pues claro está, que no siempre un recurso presenta una técnica ideal de expresión de los agravios, lo que no supone que no lo contenga, y por tanto no es permisible desestimar de entrada la apelación deducida, por una aparente falta de técnica recursiva y ausencia de normativa legal y especifica.

Y en ese entendido, conviene señalar que el hecho de que un recurso no contenga una técnica recursiva exquisita o que no cumpla rigurosamente con el ritualismo exigido de antaño, no puede servir de fundamento para declarar inadmisible el recurso de apelación conforme se ha concluido en el fundamento del punto III.3, cuando en realidad los agravios contenidos en el referido recurso de apelación resultan entendibles para que el Tribunal de Alzada emita pronunciamiento al respecto.

Finalmente en cuanto al punto 2) del recurso de casación, vinculado al recurso de apelación de fs. 631 a 638 (presentado por Ángel Miguel Vargas Román), se tiene que los recurrentes cuestionan que el Tribunal de alzada, haya tomado como fecha de notificación con la Sentencia a Ángel Miguel Vargas Román, el 20 de junio de 2016, cuando en realidad la diligencia se realizó en fecha 20 de julio del mismo año, por lo que el recurso incoado por dicho co-demandado se encontraría dentro del plazo previsto para su presentación, no correspondiendo en ese sentido declarar su inadmisibilidad.

Al respecto, de la revisión del cuaderno procesal, se puede observar que en el presente caso, ocurre una situación particular pues conforme se advierte de las diligencias de notificación de fs. 612 y 625, se puede advertir que el co-demandado Ángel Miguel Vargas Román, fue notificado en dos oportunidades con la Sentencia de fs. 601 a 611 vta.; la primera en fecha 20 de junio de 2016 y la segunda en fecha 20 de julio del mismo año; lo que en consecuencia generó que el Tribunal de alzada, asumiendo que el cómputo para la presentación de la alzada inició desde la diligencia de fs. 612, declare inadmisible el recurso del referido co-demandado; empero, si bien el hecho de existir doble diligencia con un mismo actuado no es responsabilidad del Tribunal de alzada, no es menos evidente que ante este tipo de circunstancias, existen parámetros de juzgamiento que permiten otorgar mayor amplitud en la aplicación de norma legal al caso concreto, tal es así que en base al principio pro homine y pro actione, el juez de segunda instancia debió utilizar un criterio favorable y más amplio al considerar los actuados procesales en relación a los alcances de la norma referente al plazo de presentación del recurso de apelación, de tal manera que se garantice el ejercicio de los derechos del recurrente que se encuentran protegidos y reconocidos en la norma Constitucional, en este caso el derecho a la impugnación amparado por el art. 180.II de la CPE.

Así tenemos que en este caso corresponde tomar como fecha de notificación, el realizado el 20 de julio de 2016, es decir la diligencia de fs. 625, en cuyo marco el recurso de apelación presentado por Ángel Miguel Vargas Román en fecha 03 de agosto del mismo año, a través del escrito de fs. 631 a 638, se encuentra dentro del plazo establecido por el art. 261.I del Código Procesal Civil, correspondiendo en consecuencia que el Tribunal de alzada ingrese a considerar los argumentos vertidos en dicho medio impugnatorio, no ameritando en ese sentido realizarse mayores consideraciones al respeto.

Por lo expuesto, corresponde emitir resolución conforme al art. 220.III del Código Procesal Civil, es decir, anulando el Auto de Vista recurrido.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 106 y 220.III del Código de Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista de 20 de abril de 2018 cursante de fs. 691 a 695, pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y en consecuencia dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el referido Tribunal de alzada emita nuevo Auto de Vista dentro del marco de lo establecido por el art. 265.I de la Ley Nº 439 y de acuerdo a lo delineado en la presente resolución.

Siendo excusable el error en que han incurrido los Vocales del Tribunal de segunda instancia signatarios del Auto de Vista impugnado, no se les impone multa.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, comuníquese la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.