TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A    C I V I L


Auto Supremo: 411/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fecha: 24 de abril de 2019

Expediente: LP-128-18-S

Partes: Mónica del Carmen Soliz de Cuenca c/ Leonardo Javier Soliz Rodríguez y otro. 

Proceso: Anulabilidad de testamento.  

Distrito: La Paz. 

VISTOS: El recurso de casación de fs. 297 a 301 vta., interpuesto por Leonardo  Javier Soliz Rodríguez contra el Auto de Vista N° S-69/2018 de 16 de febrero cursante de fs. 286 a 287, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre anulabilidad de testamento seguido por Mónica del Carmen Soliz de Cuenca contra Leonardo Javier Soliz Rodriguez y  Jorge Remmy Siles Cajas (ex Notario de Fe Pública), la respuesta de fs. 304 a 307,  el Auto de concesión de fs. 309, el Auto Supremo de Admisión N° 1027/2018-RA de 30 de octubre cursante a fs. 315 a 316 vta., los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Público en lo Civil y Comercial 11° del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia N° 247 “A”/2016 de 22 de junio, cursante de fs. 254 a 256 vta., de obrados, declarando PROBADA la demanda de fs. 139 a 141 vta. modificada por memorial de fs. 145 a 148  interpuesta  por Mónica del Carmen Soliz  de Cuenca con costas, en consecuencia ANULO  el testamento abierto otorgado por María Paz Rodríguez Rodríguez, correspondiente a la Escritura Pública N° 397/2012 de 17 de marzo, asimismo dispuso que en ejecución de sentencia por ante la Notaria de Fe Pública de Primera Clase N° 059 a cargo de los libros de los protocolos respectivos, proceda a la cancelación, debiendo  notificarse con las ejecutoriales de ley al notario tenedor  de los libros, y que ante Derechos Reales de la ciudad de La Paz se proceda a la cancelación de la titularidad de dominio registrado en la Matricula 2.01.0.99.0049559 en el asiento N° A-2 y A-3 a nombre de Leonardo Javier Soliz  Rodríguez.


Contra esta  determinación, Leonardo  Javier  Soliz Rodríguez interpuso recurso de apelación por memorial de fs. 261 a 264, resuelto por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien pronunció el Auto de Vista N° S-69/2018 de 16 de febrero cursante de fs. 286 a 287, por el cual declaró  INADMISIBLE el recurso de apelación  de fs. 261 a 264 planteado por  Leonardo  Javier Soliz Rodríguez en  cumplimiento  a lo establecido por el art. 218.II num. 1) del Código Procesal Civil, manteniendo firme y subsistente la sentencia  impugnada, con costas y  costos al apelante en aplicación del art. 223.IV num. 1) del Código Procesal Civil, bajo los siguientes argumentos:

El Ad quem considera que correspondía que la expresión de agravios  del apelante  estén dirigidos  a cuestionar las conclusiones del A quo, señalando  la norma cuya aplicación fue omitida o en su caso mal interpretada o cualquier otro aspecto o situación por la cual el juez estuviera fallando de manera incorrecta, no obstante en el recurso de apelación, advierte que el apelante se limitó a manifestar su parecer o punto de vista personal sobre lo expresado por el juzgador, señalando  que las certificaciones carecen de validez jurídica y que los mismos fueron obtenidos a través de dadivas, sin que haya argumentado al respecto, también señaló que el juez A quo no hizo valer sus pruebas sin precisarlas, tampoco el argumento por el cual correspondía que sean consideradas, sin  que  mencione a su persona con relación a sus derechos  como heredero  ni  argumentó la pertinencia de dicha afirmación, teniendo presente  que se trata de un proceso de anulabilidad de testamento por falta de consentimiento en el testador y no por falta de derecho o legitimidad en el beneficiario, además de hacer cita a varios  artículos  del código civil, sin precisar la pertinencia  que tendrían  con lo resuelto en sentencia, por lo que los de alzada concluyen que se ven imposibilitados de resolver el fondo de la apelación al no contar con una relación  de agravios a partir de los cuales pueda cuestionar normativamente lo resuelto por el juez A quo en la sentencia siendo incompetente para el efecto, de acuerdo al art. 265.I del Código Procesal Civil.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

  1. El Auto de Vista vulnera el principio del debido proceso

El recurrente alega que, el Auto de Vista al haber declarado inadmisible su recurso de apelación vulneró el principio al debido proceso,  ya que el art. 4 de la Ley N° 439 determina que: “toda persona tiene derecho a un proceso judicial justo  y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido a disposiciones  generales aplicables a los que se hallen en una situación similar”, asimismo el art. 5 del mismo cuerpo legal, dispone que: “las normas  procesales son de orden público, siendo de obligado acatamiento” y el art. 6 del señalado código, refiere que: “la interpretación de la ley procesal por la autoridad judicial debe tener en cuenta  el objeto del proceso y la efectividad de los derechos  reconocidos  por ley”  y, el art. 1 determina los principios del proceso civil, por lo que al haber declarado la inadmisibilidad de su  recurso de apelación, arguye que el Ad quem vulneró el principio de verdad material, pues considera que debió verificar los hechos que  sirven de motivo  a sus decisiones de acuerdo al principio de legalidad, por consiguiente al no haber considerado estos principios no prestó atención a los argumentos esgrimidos de su alzada  que configuran el agravio sufrido.

En ese sentido manifiesta que los argumentos vertidos en el Auto de Vista  cuestionado infringen el art. 265.I de la Ley N° 439, se observa que su apelación  no se circunscribió a los puntos resueltos por el inferior y fueron objeto de apelación y fundamentación por su persona, no obstante que el parágrafo III del citado  artículo, prevé que el Tribunal Ad quem deberá decidir sobre los puntos  omitidos por el juez A quo, lo cual no aconteció en el caso de autos, por consiguiente reafirma que sus agravios serian claros y no se le permitió aclarar  que el demandante no desvirtuó por ningún medio probatorio las pruebas  presentadas por su parte, y procede a referir los puntos de agravio contemplados en su recurso de apelación, referidos en síntesis a la valoración de la prueba, el cumplimiento de los requisitos formales del testamento cuya nulidad se pidió a través de la demanda, cuestionando la validez de los certificados médicos y demás prueba documental presentada, además de la declaración informativa prestada en vida de su madre fallecida de 13 de marzo de 2013, para luego concluir con la inobservancia de la errónea valoración de sus pruebas de descargo consistentes en documentos públicos, otorgados con testigos y ante autoridad competente que sostiene hacen plena fe, evitando asi que  su persona sea el único heredero sobre el inmueble objeto de litis, no obstante el Tribunal de alzada confirmó la resolución de primera instancia donde sus pruebas  carecen de valor legal, por lo que solicita se deje sin efecto el Auto de Vista y por ende la resolución de primer instancia y se declare improbada la demanda, manteniéndose firme la Escritura Pública N° 397/2012 de 17 de marzo.


DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión de obrados una vez corrido en traslado el recurso de casación, fue respondido por Mónica del Carmen Soliz de Cuenca por memorial de fs. 304 a 307, efectuando la relación de antecedentes señalando que el recurso de casación  es una reiteración de su recurso de apelación ignorando la causal fundamental que consiste en demostrar que su abuela no estuvo presente  en el supuesto acto al dictar su testamento a favor de Leonardo Javier Soliz  Rodríguez, reiterando el argumento de que su abuela habría realizado personalmente el testamento, documento fraguado porque el día y hora de elaboración su abuela se encontraba a internada en el Hospital de Clínicas de La Paz, esa terca inasistencia de Leonardo Javier Soliz  Rodríguez solo les dejaría ver que el supuesto  acto  que el insiste, corroboraría el carácter  fraguado  del mismo por lo  que  tendría  carácter  delictivo, siendo que se reserva de iniciar una acción penal, lo que ahora pretendería el recurrente es que el Auto Supremo  anule no solo el Auto de Vista, si no la resolución de primera instancia  y además se declare firme  y subsistente la Escritura Pública N° 397/2012 de 17 de marzo desconociendo que en recurso de casación no se puede  invocar que mediante Auto Supremo se deje sin efecto el Auto de Vista en consecuencia tampoco la resolución de primera instancia y cita como jurisprudencia  los Autos Supremos N° 214/2016 de 14 de marzo y N° 493/2014 de 4 de septiembre, por lo que solicita se declare improcedente  el recurso de casación  y se confirme  el Auto de Vista.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE AL CASO

III.1. Del derecho a la impugnación.

El derecho a la impugnación se encuentra consagrado en el art. 180.II de la CPE, derecho presente en la sustanciación de todo proceso judicial, por el que las partes pueden solicitar a otro juzgador superior, revise la resolución del inferior. Este derecho a la impugnación se materializa a través de los recursos que la ley franquea según la resolución contra la cual se pretenda recurrir, por lo que se constituye en el medio a través del cual se fiscaliza no solamente la decisión asumida por el juez o Tribunal, sino la legalidad de la resolución, constituyéndose el derecho de impugnación en la petición que se materializa con la emisión de una resolución que el Tribunal ha de brindar dando respuesta a los motivos que dieron lugar a la misma, que además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada.

Entre los recursos que la ley franquea o reconoce para hacer efectivo el derecho a la impugnación que no solamente se materializa con la presentación del recuso sino que su efectividad se perfecciona con la respuesta que dicho recurso  recibe; tenemos al recurso de apelación que es considerado como el más importante y usual de los recursos ordinarios, al ser el remedio procesal a través del cual se pretende que un Tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba, Recurso de alzada que constituye un nuevo juicio respecto a aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que han sido impugnados por la parte recurrente.

La importancia de hacer efectivo este principio reconocido en el art. 180.II de la CPE, radica en que el proceso es considerado como un conjunto sistemático de actos jurídicos procesales desarrollados en procura de arribar a la resolución del conflicto; éste se estructura en etapas y fases debidamente ordenadas a fin de brindar la máxima garantía de igualdad y defensa a las partes, sin embargo el proceso no está exento de que en su desarrollo se produzcan u omitan actos que afecten su normal avance e incluso impidan el cumplimiento de sus fines, los que deberán ser analizados a fin de imponer una posible sanción de nulidad, razón por la que dicho análisis se encarga a un Tribunal de revisión (segunda instancia) que abra su competencia precisamente a partir de la interposición de un recurso, que por el avance de la doctrina como de las legislaciones se ha superado aquella concepción del excesivo formalismo, pasando a una concepción más amplia en la que el punto de partida es la protección que la norma procura a las partes a fin de que estas, en el marco del debido proceso, encuentren igualdad de condiciones para defender sus posiciones y hacer valer sus pretensiones de forma que prevalezca siempre el principio "pro actione" que busca la prevalencia del fondo sobre la forma. 

En este marco resulta necesario referir que sobre el derecho a la impugnación la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1853/2013 de 29 de octubre señaló que: “III.4. Derecho de impugnación. El debido proceso como instituto jurídico que garantiza el respeto de derechos fundamentales y garantías Constitucionales de las partes que intervienen en un proceso, contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de resguardar derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso o procedimiento judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el principio de impugnación en el art. 180.II Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto judicial o administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo. Así en materia procesal civil el art. 213, prescribe: I. Las resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada…es decir, la interposición de los recursos está sujeta a determinados requisitos, como la existencia de un gravamen o perjuicio, debe ser idóneo, la calidad de parte para plantearlo, interponerse ante la autoridad competente…”.

Criterio compartido y también desarrollado por este Supremo Tribunal de Justicia que respecto al derecho a la impugnación orientó en el Auto Supremo Nº 484/2012 de 13 de diciembre  que “…el artículo 180.II de la Constitución Política del Estado garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, por su parte el artículo 8 inc. h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, determina que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante Juez o Tribunal superior. Ambas disposiciones legales, que conforman el Bloque de Constitucionalidad reconocen el derecho a la impugnación o a la segunda instancia, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un Recurso de alzada sino con la respuesta que dé, el Tribunal de alzada respecto a los motivos que fundan la impugnación, que además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada, solo así se satisface el derecho a la impugnación.”.

Asimismo, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 223/2012 de 23 de julio que: “En fallos emitidos anteriormente este Tribunal ha establecido que el derecho a la impugnación, de ninguna manera se agota con la sola interposición de un recurso, sino que este derecho se va a concretar y materializar con la respuesta debidamente motivada y fundamentada por parte del Tribunal superior, que precisamente conozca y resuelva sobre los motivos que orientan la interposición del recurso; siendo en consecuencia trascendental a los efectos de la realización de este derecho, la respuesta que le corresponde.”.



III.2. Del principio pro actione y pro homine.

Para tener una idea más clara de estos principios, resulta pertinente referirnos, entre otras resoluciones emitidas por este Tribunal Supremo de Justicia,  el Auto Supremo Nº 630/2015-L de 4 de Agosto, donde se señaló lo siguiente: “Los principios procesales tienen por objetivo la tutela inmediata de los derechos fundamentales, principios como el pro homine y pro actione, entendiéndose por el primero, conforme al criterio expuesto por la Prof. argentina Mónica Pinto en sus innumerables trabajos y publicaciones, “...de un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria”. También dentro del análisis del principio pro homine, no se podría dejar de lado al criterio denominado pro actione, que está directamente vinculado con los derechos a la tutela judicial efectiva y al acceso a la Justicia, en tal sentido, este es una manifestación del principio pro homine en el ámbito procesal, en virtud del cual, la interpretación de una disposición legal debe hacerse en el sentido que sea lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual prevalezca más la Justicia que cualquier formalismo extremo que obstaculice u obstruya una tutela constitucional efectiva. “…el principio pro homine deriva el pro actione, en virtud del cual debe garantizarse a toda persona el acceso a los recursos desechando todo rigorismo o formalismo excesivo que impida obtener un pronunciamiento sobre las pretensiones o agravios invocados, precautelando el derecho de las partes a que su impugnación se patentice, garantizando así el derecho de acceso a la Justicia, concretando así el acceso a los recursos. De lo que se establece que los requisitos formales no deben primar sobre el derecho sustancial, debiendo realizar una ponderación entre el incumplimiento de la formalidad con el derecho a recurrir, en caso de dudas interpretarse a favor del recurrente…”, así ha expresado la Sentencia Constitucional Nº 0010/2010-R de 6 de abril de 2010. Entonces, la incorporación de aquellos principios vinculados con la irrestricta vigencia de esos derechos, exige estar siempre a la interpretación que más favorece a su vigencia. 

Conforme al art. 180.I de la Constitución Política del Estado, la jurisdicción ordinaria se fundamenta en principios procesales como celeridad que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación; el de eficiencia para una administración pronta evitando la demora procesal, la inmediatez que promueve la solución oportuna y directa de la jurisdicción en el conocimiento y resolución de los asuntos; el de verdad material que obliga a verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a las decisiones adoptando las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley aun cuando no hayan sido propuestas por las partes; el de eficacia y debido proceso, entre otros, e igualmente, a la justicia constitucional le dota de principios con el objetivo de tutela inmediata de los derechos fundamentales como el de celeridad, verdad material, el no formalismo por el cual, sólo deben exigirse las formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso, el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal supone que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del derecho sustancial, por ello en virtud a él, siempre que el derecho sustancial pueda cumplirse a cabalidad, el incumplimiento o inobservancia de las formalidades no debe ser causal para que aquél no surta efecto. Lo anterior no significa que se pueda caer en el permanente error de considerar este principio como un postulado constitucional excluyente que impide la coexistencia de las normas sustantivas y formales. E incluso, el principio del debido proceso, vinculado con el derecho formal no ha sido instituido para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo.”.

III.3. De los alcances del art. 218 II.1) de la Ley N° 439.

El art. 218 de la Ley N° 439 de forma textual refiere: “I.  El Auto de Vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sen0tencia en todo lo que fuere pertinente. II.  Este fallo deberá ser: 1. Inadmisible. a. Si se hubiere interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término. b. Por falta de expresión de agravios. 2. Confirmatorio.3. Revocatorio total o parcial. 4. Anulatorio o repositorio. III.  Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”,  si bien la normativa de referencia en su punto II.1 permite a los tribunales de apelación declarar inadmisible el recurso en dos casos, el primero cuando se habría interpuesto el recurso fuera del plazo establecido por ley y el segundo por falta de expresión de agravios, normativa que en su primer supuesto no merece mayor análisis por su claridad, empero, en caso de ausencia de expresión de agravios, cabe referir que siguiendo el entendimiento esbozado en el punto III.2 y sobre todo en el punto III.3, los tribunales de apelación al momento de analizar el contenido del recurso de apelación, no lo deben realizar bajo un enfoque totalmente formalista, solicitando una expresión precisa de normas vulneradas o como debieron ser aplicada, cual si se tratase de un recurso de casación, actitud que no resulta acorde al actual sistema de administración de justicia, sino por el contrario que simplemente es necesario advertir la expresión de un agravio aunque disperso pero entendible, el cual permite y abre la competencia del tribunal de segunda instancia para su análisis y consideración, es por ese motivo que únicamente ante una evidente y carente orfandad de agravios, recién es viable declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación en aplicación del art. 218 II.1) de la Ley N° 439, pero en el caso de advertirse o inferirse un agravio aunque disperso de todo el contexto del recurso, no corresponderá al Tribunal de apelación la aplicación de la citada normativa, debido a que una actitud netamente formalista implicaría desconocer los principios pro homine y pro actione

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

La parte recurrente, dentro su recurso de casación, impugna que el Tribunal de alzada no consideró los argumentos vertidos en su memorial de apelación al haber declarado inadmisible en base a una explicación que atenta el debido proceso además del principio de legalidad y de verdad material, aludiendo a los arts. 1, 4, 5 y 6 de la Ley N° 439, soslayando su labor de verificar los hechos que  sirven de motivo a sus decisiones causándole un agravio al no advertir los argumentos esgrimidos en su alzada, en infracción del art. 265.I de la Ley N° 439, por lo que solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y además de la resolución de primera instancia y se declare improbada la demanda.

De la compulsa de obrados en función a los reclamos efectuados se advierte que el Tribunal de alzada resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación, bajo el fundamento de que la expresión de agravios deducida por el apelante, carece de fundamento y son inconsistentes.

Por consiguiente de lo expuesto en el punto III.3 de la presente resolución y lo establecido en la SCP N° 0281/2013 de 13 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), precisó que sobre la base del principio pro actione, corresponde adoptar la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de recurrir del accionante, prohibiéndole  al juez en un Estado Constitucional de Derecho, defender a ultranza formalidades y ritualidades procesales, incluso por encima del sacrificio de derechos fundamentales, como en el caso del derecho a impugnar una decisión judicial, considerando que los alcances normados en la suprema norma, están acordes a lo establecido en los principios de favorabilidad como el pro actione por el que se garantiza a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados.

Bajo ese parámetro, los agravios expuestos en apelación que no fueron extraídos en el Auto de Vista, al no haber sido considerados por el Tribunal de alzada hace evidente la vulneración del Art. 265.I del Código Procesal Civil, no siendo cierto que el recurso de apelación deducido carezca de fundamentación de agravios como señaló el Tribunal de alzada, pues en este se contempla entre sus agravios que: a) el demandante no desvirtuó sus pruebas, empero ilógicamente  se da por bien hecho los certificados médicos acompañados; b) si era verdad que su madre carecía de sus cinco sentidos, porque no fue declarada incapaz: c) la vulneración de sus derechos  sucesorios  a través de la otorgación de valor  a los certificados  médicos cuestionados; d) existencia de parcialidad en la resolución del caso  hacia la parte demandante;  e) denuncia la presencia de mala fe en la actora;  f) no se tomó en cuenta el cumplimiento de las formalidades legales en la realización del testamento; g) no se consideró  el acta de declaración informativa prestada por su madre que falleció el 13 de marzo de 2013; h) observando reiteradamente en gran parte de su escrito de apelación que hubo errónea valoración de su prueba de descargo.

Agravios entre otros más, que si bien no fueron expuestos de una manera exquisita, pero que no pueden ser desconocidos por el tribunal que debe emitir criterio sobre los mismos; sin embargo en el caso de autos el Ad quem extrañando fundamentación en los motivos de apelación, declaró inadmisible el recurso de apelación, omitiendo pronunciarse en uno u otro sentido sobre los agravios expuestos en la alzada, aspecto que no sólo representa vulnerar el derecho a la impugnación ampliamente desarrollado en el punto III.1 de la presente resolución, sino que decanta en el incumplimiento del principio de congruencia y pertinencia previsto por el art. 265.I del Código Procesal Civil.

Asimismo, corresponde señalar el hecho de que un recurso no contenga una técnica recursiva exquisita o que no cumpla rigurosamente con el ritualismo exigido de antaño, no puede servir de fundamento para declarar inadmisible el recurso de apelación conforme se ha concluido en el punto III.3 cuando conforme se tiene señalado supra del análisis de ambas apelaciones, los agravios contenidos en los mismos resultan entendibles para que el Tribunal de alzada emita pronunciamiento al respecto, puesto que la aplicación de la norma desarrollada en el punto III.3 debe ser considerado sólo cuando evidentemente exista total ausencia de agravios, sin que esto implique un retroceso para asumir criterios totalmente formalistas y ritualistas que va contra el espíritu de la Constitución Política del Estado, conforme se tiene desarrollado en los puntos III.1 y III.2 de la doctrina aplicable; ya que actualmente tanto la doctrina como la legislación a través de su desarrollo jurisprudencial y legislativo han avanzado y superado aquella concepción del excesivo formalismo, asumiendo una concepción más amplia en la que el punto de partida es la protección que la norma procura a las partes a fin de que estas, en el marco del debido proceso, encuentren igualdad de condiciones para defender sus posiciones y hacer valer sus pretensiones de forma que prevalezca el principio pro actione que busca la prevalencia del fondo sobre la forma.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 220.III num. 1) inc. c) del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código de Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº  S-69/2018 de 16 de febrero cursante de fs. 286 a 287, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y en su mérito se dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el Tribunal de alzada emita nuevo Auto de Vista, en base a los fundamentos precedentemente expuestos, dentro del marco de lo establecido por el art. 265.I y III de la Ley Nº 439.

Siendo excusable el error no se impone multa.

En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 17.IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.