TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                         S A L A C I V I L



Auto Supremo: 410/2019 

Fecha: 24 de abril de 2019

Expediente: O-50-18-A

Partes: Wilma Gutiérrez Balderrama. c/ Tomasa Crespo Soto.

Proceso: Prescripción.

Distrito: Oruro

VISTOS: El recurso de casación de fs. 320 a 323 vta., interpuesto por Wilma Gutiérrez Balderrama; contra el Auto de Vista Nº 275/2018 de 11 de octubre, cursante de fs. 311 a 317, pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso sobre prescripción, seguido por la recurrente contra Tomasa Crespo Soto; el Auto de concesión de fs. 327, el Auto Supremo de Admisión Nº 1207/2018-RA de 06 de diciembre; los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. Wilma Gutiérrez Balderrama en base al memorial de demanda de fs. 195 a 198, subsanada de fs. 201 a 206 y a fs. 209 vta., inició proceso de prescripción de la sucesión hereditaria; acción que fue dirigida contra Tomasa Crespo Soto, quien una vez citada con la demanda contestó de forma negativa de fs. 231 a 235 vta., desarrollándose de esta manera el proceso hasta la emisión del Auto Definitivo de 09 de marzo de 2018, cursante a fs. 291, donde el Juez Público Civil y Comercial Nº 7 de la ciudad de Oruro tuvo por DESISTIDA la pretensión y en consecuencia dispuso el archivo del proceso.
  2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrido de apelación por Wilma Gutiérrez Balderrama, mediante memorial de fs. 293 y vta., fue resuelto por Auto de Vista Nº 275/2018 de 11 de octubre, cursante de fs. 311 a 317, pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que en su parte dispositiva CONFIRMA el Auto de 9 de marzo de 2018, expresando los siguientes fundamentos:

Que la figura del desistimiento se encuentra normada en la Ley Procesal Civil, obviando cualquier tentativa de interpretación, respecto al memorial de retiro de desistimiento de fs. 290 la solicitante no sustentó dicha afirmación en ninguna norma legal, ya que si bien el art. 241 del mismo cuerpo procesal refiere al desistimiento del proceso no a la pretensión, el art. 242 del mismo compilado expresa que no se requiere el consentimiento o aceptación de la parte demandada, y al margen del momento procesal en el cual se haya presentado el retiro del desistimiento por disposición del art. 240.III del CPC, una vez presentado el desistimiento éste no podrá ser retirado.

  1. Fallo de segunda instancia que fue recurrida en casación por Wilma Gutiérrez Balderrama por memorial de fs. 320 a 323 vta., recurso que es objeto de análisis. 

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

  1. Que ni el Juez o el Tribunal de segunda instancia examinó si el acto de desistimiento por la naturaleza del derecho en litigio o por el objeto de la demanda procede, vulnerando su derecho a la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, pues en el caso del art. 242 de la norma procesal, esta impone al Juez examinar y señalar si procede esa forma de conclusión del proceso, resoluciones que no cumple con estos requisitos lo que implica una vulneración al derecho a la motivación.
  2. El auto de vista no consideró que correspondía aceptar su retiro de desistimiento de fs. 290 y dar continuidad al proceso, pero no se generó entendimiento alguno sobre dicho memorial.
  3. Que corresponde analizar la viabilidad de la solicitud de desistimiento porque por disposición del art. 246 del Código Procesal Civil, no procede  cuando se trata de derechos indisponibles, y estos se refieren a derechos fundamentales y el derecho sucesorio se trataría de esa naturaleza, lo cual debió ser correctamente compulsado.




Contestación al recurso de casación.

Al ser sustanciado el recurso de casación la parte contraria no hizo uso de su derecho a la defensa, pues no contestó al citado recurso, entonces no corresponde realizar análisis alguno en este punto.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1.- La congruencia en las decisiones judiciales.

Al respecto, la SS.CC. 2218/2012 de 08 de Noviembre, remitiéndose a la SS.CC. 0486/2010-R de 5 de julio, manifestó: “…De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia del contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.”

A tal efecto, el A.S. Nº 651/2014 de 06 de noviembre, señalo; “la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, lo relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y. segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre su  con el punto de la misma decisión”.

Lo que motiva a concluir que la congruencia en definitiva marca el ámbito del contenido de la resolución orientando a que ésta deba dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formulada por las partes, además de velar por que la resolución no contenga criterios ni afirmaciones que se contradigan entre sí, constituyendo el primer aspecto a considerarse la congruencia externa y el segundo como la interna.

III.2.-  Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre este particular, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, ha razonado: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

A ese respecto la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre también estableció: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…. (El resaltado nos corresponde)

En ese mismo entendido, en la SCP. 0903/2012 de 22 de agosto, se ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.

Finalmente la SCP. 0075/2016-S3 de 8 de enero, sobre este tema ha sintetizado señalando: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”.

Por lo expuesto se puede colegir, que para el cumplimiento del debido proceso en sus elementos debida fundamentación y motivación, la estructura de la resolución en la forma y el fondo, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas de la Resolución,  y que respondan a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones de los sujetos procesales, cumplido este extremo se tiene por realizada la motivación de una Resolución.   

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

El recurso en cuestión carece de una adecuada técnica recursiva, pues en su contenido observa alegatos reiterativos, lacónicos e imprecisos, sin embargo este Tribunal en apego a la nueva visión constitucional que supera los viejos paradigmas procesales, por nuevos estándares de protección a derechos y garantías que cambian la forma de comprender la función Jurisdiccional, entre ellos el de impugnación que impele a los Tribunales superiores desechar los ritualismos procesales de antaño por un criterio garantista y de accesibilidad a los recursos, en correcta aplicación del principio pro actione de un análisis somero de todo el recurso pudo extraer 3 puntos centrales los cuales pasan a ser analizados.

En principio y como reclamo de forma, el recurrente manifiesta que los jueces de instancia no examinaron si es procedente o no, el acto de desistimiento por la naturaleza del derecho en litigio o por el objeto de la demanda, vulnerando su derecho a la motivación y fundamentación sobre el art. 242 de la norma procesal de la materia, resolución que implica una vulneración al derecho a la motivación.


El citado punto de controversia incide en la falta de motivación del auto de vista, en lo concerniente a la viabilidad o no del desistimiento de la pretensión conforme manda el art. 242 del Cuerpo ritual Civil, sobre el particular corresponde enfocarnos en lo que se entiende por motivación de las resoluciones judiciales, siguiendo el criterio plasmado en el acápite III.1, es un elemento o vertiente del derecho al debido proceso, que impone a las autoridades judiciales al momento de resolver la problemática planteada lo hagan en base a razonamientos jurídicos y facticos, es decir deben explicar de forma razonada y coherente el motivo por el cual asumen una determinada decisión, en otros términos es la justificación razonada del por qué se asume una postura, elemento primordial que destaca en todo Estado de Derecho, caso contrario de suprimirse este elemento no simplemente se obvia una parte estructural del fallo, sino su base esencial que permite a los justiciables entender que el motivo de la decisión no es de hecho, sino de derecho, porque una cosa es definir o resolver y otra es motivar, elementos que si bien forma parte de la resolución, pero al obviar el elemento motivación no encontramos frente a una resolución arbitraria, es decir sin sustento, en esa misma lógica y generando un estímulo jurisprudencial en cuanto al tema de la motivación de las resoluciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que: “La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.1

Siguiendo el criterio doctrinario-jurisprudencial referido supra, en el sub lite no resulta evidente que el Tribunal Ad quem no hubiera generado o desplegado un entendimiento en lo que respecta a la viabilidad o no del desistimiento, pues al contrario sobre este tópico ha enfatizado que dicha aseveración recursiva  resulta incompleta, o por lo menos extraña la falta de referencia que hace la parte recurrente a qué aspecto de la naturaleza del derecho en litigio se refiere en concreto, o que parte del objeto de la demanda impediría el desistimiento, y que no hubiera sido considerada por el Juez de Primera instancia, pese a que el mismo hubiera sido expresado en su memorial de retiro de la demanda. Dicha explicación resulta necesaria, para poder primero conocer si ha existido o no agravio, y segundo cual sería en concreto ese agravio que está en contraposición a una norma expresa, agravio que hubiese provocada la resolución ahora impugnada, y que se encontraría por ejemplo dentro de las causales de improcedencia del desistimiento previsto por el art. 246 del Código Procesal Civil; o en qué consistiría la indisponibilidad de los derechos que se discuten en proceso, o a quien o quienes afecta la misma-(sic.)  fundamento desplegado por el Tribunal de alzada que es claro y preciso en su explicación, sosteniendo que el recurrente no señaló porque es aplicable la figura del retiro, sea por la naturaleza de la demanda o cual parte del objeto no alcanza a esta forma de conclusión extraordinaria del proceso, denotando una respuesta coherente en derecho que sustenta su decisorio,  resultando errada su alegación en este punto, sobre todo si para cumplir este elemento del debido proceso basta con que la justificación razonada sea clara y coherente, no siendo necesario una respuesta ampulosa o reiterativa, en suma el Tribunal de apelación en este punto no ha efectuado vulneración alguna.

Como segundo reclamo, enfatiza que el Auto de vista no consideró que correspondía aceptar su retiro de desistimiento de fs. 290 y dar continuidad al proceso, sobre todo cuando el memorial de desistimiento de la pretensión no fue admitido, pero no se generó análisis  alguno sobre dicho memorial.

Antes de analizar este punto como tal, corresponde realizar algunas puntualizaciones de orden jurídico procesal que han de servir para sustentar el presente fallo.


El art. 271.I del Código procesal Civil al momento de establecer la forma de interposición del recurso extraordinario de casación propone las siguientes reglas de contenido: “El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo”, normativa que genera una clasificación para una adecuada técnica recursiva donde debe exponerse si el recurso, ya sea en el fondo o forma se cimienta en la : 1) Violación de la ley, 2) Interpretación errónea de la ley y 3) Aplicación indebida de la ley; de los Jueces de instancia, encontrando como común denominador al término ley, esto como emergencia de la función nomofiláctica de este recurso, que en palabras de Nicolás Gonzales Cuellar Serrano  -más que la norma, lo que  protege la casación es la exacta observancia de la Ley2-, sin embargo este Tribunal por el carácter progresivo y evolutivo de la ley tampoco puede dejar de lado la función uniformadora y dikelógica que completan a las facultades que ostenta este Máximo Tribunal de Justicia, retomando el tema de la clasificación antes glosada, corresponde generar el cuadro diferenciador de cada uno para tener certeza que no se tratan de sinónimos en su interpretación y/o aplicación.  

Cuando se habla de violación de ley, se entiende que existe una infracción directa y con dolo al derecho positivo por parte de las autoridades inferiores, obrando fuera del marco legal que ella establece.

En cambio cuando se acusa errónea interpretación de la ley, nos enfocamos en otro plano distinto donde la autoridad judicial en ejercicio de su competencia al momento de analizar una norma jurídica, no ejerció de forma correcta los parámetros de interpretación legal que son reconocidos por la doctrina y Jurisprudencia, entre ellos se tiene: literal, sistemática, histórica, finalista y constitucional entres otros, entendiendo al primero como la aplicación directa de la ley al caso concreto por no merecer obstáculo alguno tanto en la parte jurídica y fáctica, sin embargo cuando salimos fuera de ese marco y no resulta suficiente la interpretación gramatical para el caso concreto por advertirse antinomias jurídicas en normas del mismo rango se hace presente otro tipo de sistemas de interpretación como ser el método histórico que en palabras de Savigny  implica la situación de la relación jurídica regulada por reglas jurídicas en el momento de la promulgación de la Ley” que nos lleva al entendimiento que la interpretación se la realiza acorde al momento histórico que fue elaborada para establecer  esencia y finalidad que tuvo el legislador.  El método sistemático, introduce la idea que una norma no es un mandato aislado, al contrario responde a un sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo, o sea que la norma de forma independiente puede poseer un significado, pero en confrontación con otras que forman parte de toda una unidad puede generar otro panorama diametralmente opuesto, método en el que debe entenderse que las normas jurídicas no son cuerpos aislados. En el sistema finalista debe buscar la finalidad que persigue ese  cuerpo normativo y partir de esa idea generar una interpretación y en el caso de la interpretación constitucional la misma en términos concretos impone a la autoridad que resuelve una problemática desplegar una interpretación desde y conforme al texto constitucional o bloque de constitucionalidad.

Como último caso, la indebida aplicación de la ley, en este escenario nos encontramos frente al supuesto donde la autoridad no aplicó la norma jurídica correcta o en su defecto empleo un precepto normativo errado, es decir la subsunción de un hecho a un incorrecto hipotético jurídico.

Habiendo aclarado dicho panorama, lo que el recurrente pretende a través de su postulado jurídico o de su problema, es la una errónea interpretación de la norma adjetiva civil en cuanto a que no correspondía la aplicación de la figura del desistimiento de la pretensión, para lo cual ingresando al campo de las formas de interpretación corresponde desde el punto de vista finalista y sistemático, es decir la finalidad que persigue dicho instituto jurídico extraordinario de conclusión del proceso y su confrontación con otras normas de dicho apartado, a dicho fin es necesario realizar las siguientes precisiones.

En principio corresponde incidir en el principio dispositivo como parámetro generador de la acción y sus diferentes vertientes que emanan de él.

En ese sentido es pertinente señalar que el principio dispositivo es reconocido por la doctrina como un principio básico y elemental del proceso civil estrechamente ligado a la naturaleza privada de los derechos subjetivos que se controvierten en él.  Al respecto el Código Procesal Civil sobre este principio entiende -que el proceso se construye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional- (art. 1 num. 3), en dicho sitial debemos entender que es una facultad que se le atribuye a una persona para la satisfacción de sus intereses o derechos es una situación independiente y unitaria, siendo el titular la persona que se vea afectada, dentro de una de las características que la reflejan es la voluntariedad del ejercicio, o sea la libertad o no en su uso de su derecho subjetivo e incluso en la facultad de renunciarlo.

En función al citado antecedente el principio dispositivo se encuentra  configurado por una suerte de sub-elementos, tal es así que autores de la casta de Lino Enrique Palacio y Alfredo Antezana Palacios rescatan los siguientes: la iniciativa, disponibilidad del derecho material, delimitación del tema de debate, producción probatoria y recursos, etc. Entre los que podemos resaltar el de iniciativa y de disponibilidad del derecho material, el primero orientado a que el proceso civil particularmente es iniciado a instancia de parte y el segundo o de disponibilidad del derecho que en palabras de Antezana Palacios una vez -producida la demanda el acto puede desistir expresa o tácitamente de él-3 para Lino Enrique Palacios  - iniciado el proceso, el Órgano Judicial se halla vinculado  por las declaraciones de la voluntad de las partes relativas a la suerte de aquel o tendientes a la  modificación o extinción de la relación de derecho material en la cual se fundó su pretensión. Es así como el acto se encuentra facultado para desistir de su pretensión-(sic.)4, o sea siendo una facultad potestativa del titular de la acción el iniciarla, también el renunciarla o concluirla dentro de los parámetros que la ley reconozca.

En función a esa disponibilidad del derecho material emergente del principio dispositivo nuestro ordenamiento jurídico procesal ha reconocido las formas extraordinarias o irregulares de conclusión del proceso contenidas en el Título V, Capítulos primero, segundo, tercero y cuarto, correspondiendo centrar nuestro estudio de forma sistemática en el capítulo tercero, donde sobre el desistimiento el art. 240 del citado cuerpo legal lo preceptúa: “I. El proceso y la pretensión jurídica pueden ser desistidos. II. El desistimiento es:

  1. Expreso y no se presume, debiendo precisarse su contenido y alcance.
  2. Incondicional y sólo afecta a la parte que desiste.

III. Presentado el desistimiento, éste no podrá ser retirado.”, postulado jurídico del cual emana ciertas características y clasificaciones, dentro de las clasificaciones tenemos al desistimiento del proceso o de la pretensión, la primera inherente al proceso en trámite sin sujeción al derecho y la segunda ligada al derecho material como tal, dentro de las características de ambos rescatamos que es:  a pedido de parte, expresó y relativo, se entiende que no procede de oficio al ser derivativo del principio dispositivo por la función facultativa de disposición del derecho material debe ser solicitado de forma precisa determinando a qué tipo de desistimiento se refiere al proceso o a la pretensión, debido a que cada uno genera consecuencias y connotaciones jurídicas completamente opuestas y sus efectos únicamente repercuten o le son relativas al solicitante, sobre todo para  casos donde nos encontramos frente a varios demandantes y por último al ser un acto de voluntad de carácter unilateral el desistimiento es irrevocable, no pudiendo ser retirado a menos que se acredite algún vicio del  consentimiento en su planteamiento. 


Teniendo en  claro toda la base jurídica, en el sub lite como antecedente fáctico tenemos que la ahora demandante por memorial de fs. 286 plantea desistimiento de su pretensión de prescripción en amparo del art. 242 del Código Procesal Civil sin precisar explicación alguna, el cual fue (erradamente) sustanciado por la autoridad judicial, posteriormente por memorial de fs. 290 la demandante desiste al memorial antes descrito, por auto de fs. 291 el intérprete de primera instancia  aceptó el desistimiento de fs. 286 disponiendo el archivo de la causa, apelada esta determinación es confirmada en todas sus partes por el Ad quem.


Del referido tramite no se evidencia que el juez A quo hubiera interpretado erróneamente lo contenido en el art. 242 del Código Procesal Civil, porque la citada normativa establece un tramitar diferenciador para variados supuestos, no obstante ninguna de ellos observa la posibilidad de retirar el desistimiento invocado, al contrario de una interpretación sistemática con el art. 240 parte in fine del mismo código se establece la inviabilidad del retiro o renuncia al desistimiento, entonces no resulta inadecuado o errado la actitud asumida por el Tribunal revisor de segunda instancia, máxime si en su contenido del desistimiento de la demanda no se vislumbra algún vicio otorgado al momento de su solicitud a fs. 286, en consecuencia no se presencia errónea interpretación en la normativa procesal.


Por ultimo precisa que corresponde analizar la viabilidad de la solicitud de desistimiento porque por disposición del art. 246 del Código Procesal Civil, no procede cuando se trata de derechos indisponibles, y estos se refieren a derechos fundamentales y el derecho sucesorio se trataría de esa naturaleza lo cual debió ser correctamente compulsado.

El reclamo compulsa tiene por esencia observar la inviabilidad del desistimiento de la pretensión al caso de autos, al respecto es necesario realizar algunas precisiones.

El art. 242 del adjetivo de la materia estipula: “I. En las mismas oportunidades a que se refiere el Artículo anterior, la parte actora podrá desistir de la pretensión jurídica o renunciar a su derecho. En este caso, no se requerirá la aceptación de la parte demandada, debiendo la autoridad judicial limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio o por el objeto de la demanda y dictar auto aprobatorio que dé por terminado el proceso, el cual no podrá promoverse en el futuro.

II. Si la parte demandada que interpuso reconvención fuere quien desiste de su pretensión o renuncia a su derecho, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el Parágrafo anterior.

III. Si las dos partes desistieren de su pretensión o renunciaren a su derecho en forma recíproca, la autoridad judicial, examinando su procedencia, los aprobará con todos sus efectos, sin que ninguna pueda posteriormente iniciar nuevo proceso.” De su sola lectura se extrae que la normativa establece una facultad absoluta de renunciar al derecho, sin necesidad alguna de la aceptación de la contraparte esto por el efecto de disponibilidad del derecho material emergente del principio dispositivo antes anotado, sin embargo este por su sola solicitud no implica que fuere aceptado sino que merecen ser analizados en dos parámetros para su procedencia por: a) la naturaleza del derecho en litigio o b) el objeto de la demanda. Cuando estudiamos estos supuestos debemos hacerlo desde la materialidad establecida el art. 246 del citado código, analizando el primer supuesto o sea el derecho en litigio entramos al amplio mundo de la disponibilidad del derecho o libertad personal como es definido por algunos autores, a ese fin debemos tener en claro lo establecido en el art. 14.IV de la CPE, que preceptúa: “ En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las Leyes no manden, ni a privarse de lo que estas no prohíban ” normativa constitucional que genera un marco amplio de actuar o libertad personal, siempre y cuando la constitución o las leyes no lo prohíban, de lo cual derivan la clasificación de los derechos disponibles y los derechos indisponibles, entendiendo a los disponibles a todos ellos que son transigibles, conciliables o sea gozan de una disposición absoluta por parte del titular generalmente son los inspirados en el ámbito patrimonial que al gozar de esa libertad de disposición pueden ser utilizados sin restricción alguna, sin embargo existen casos donde el mismo ordenamiento jurídico por la característica de la situación impone un limite a esa libertad sobre ciertos casos, los cuales son catalogados como derechos indisponibles al poseer esa limitación que puede ser en beneficio de una persona no son transigibles, inconciliables, personalísimos  tal el caso de los derechos fundamentales, el derecho de filiación entre otros. En cuanto al objeto de la pretensión que constituye el petitum de la demanda, que se encuentra integrado por: a) la nominación de la pretensión (ej. Reivindicación, nulidad de contrato, resolución de contrato), b) el objeto inmediato de la pretensión, que resulta ser el tipo de pronunciamiento perseguido (ej. en procesos de conocimiento será una sentencia declarativa, constitutiva o de condena) y, c) el objeto mediato de la pretensión, está constituido por el bien jurídico pretendido, que se quiere obtener del demandado (ej. En una usucapión será que se declare al actor como propietario del bien usucapido y extinguido para el demandado).

En el sub judice, el sustento fáctico de la demanda de prescripción de la herencia radica en que Tomasa Crespo Soto por orden Judicial procedió a registrar su filiación de Tomasa Quispe a Tomasa Crespo Soto, así también que Emilia Crespo  Soto era propietario de un bien ubicado en la  Calle  Tarapacá  entre Aldana y San Felipe debidamente registrado en DDRR, quien fallece en agosto 2 de 1995, declarándose como sus herederos sus Hermanos Macedonio Gutiérrez Soto y Justo Gutiérrez mediante auto de 25 de septiembre de 1995;  que en vida Emilia Crespo Soto inicio una acción de impugnación de reconocimiento de hija natural contra Tomosa Crespo Soto pero fallece y no continua con ese trámite, pero después de 19 años de fallecimiento de Emilia Crespo Soto por resolución de 24 de mayo de 2014 se declara heredera Tomasa Crespo, en base a dichos antecedentes demanda la prescripción de la herencia de la citada demandada por haberla realizado después de 19 años de aperturada la sucesión.   

Los citados antecedentes no evidencian una suerte de inviabilidad del desistimiento a la pretensión, en principio porque dada la naturaleza del derecho no estamos frente a un derecho indisponible, la temática tiene por esencia la figura de la prescripción liberatoria de un derecho, figura que no puede ser catalogada como derecho indisponible al tener la característica que de ser conciliable o transigible, ahora el objeto de la demanda no persigue un fin insustentable en derecho, sino que se reúne los presupuestos de disponibilidad del derecho material, en consecuencia no se advierte una errónea interpretación de las citadas normativas, más aun cuando era obligación del recurrente precisar, el por qué la presente causa no era viable el desistimiento solicitado por la demandante.

En tal razón, corresponde dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el  art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil,  declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 320 a 323 vta., interpuesto por Wilma Gutiérrez Balderrama; contra el Auto de Vista Nº 275/2018 de 11 de octubre, cursante de fs. 311 a 317, pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional al abogado que contestó el recurso en la suma de Bs. 1.000

Regístrese, comuníquese y devuélvase.        

Relator: Mgdo.  Juan Carlos Berrios Albizú



1 Caso Apitz Barbera y otros contra Venezuela entre otros

2 La Casación en el Proceso Civil

3 Lecciones de derecho Procesal Civil Tomo I pág. 38

4 Derecho Procesal Civil Nociones Generales Tomo I. pág. 235