TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                         S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 400/2019        

Fecha: 18 de abril de 2019

Expediente: CH-70-18-S.

Partes: Héctor Mendoza Pérez y otros c/ Elsa Loayza Cruz y otros.   

Proceso: Usucapión.                                   

Distrito: Chuquisaca.                

VISTOS: El recurso de casación de fs. 976 a 978 vta., interpuesto por Elsa Loayza Cruz, contra el Auto de Vista Nº SCCI-0253/2018 de 11 de septiembre, cursante de fs. 971 a 972, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de usucapión, seguido por Héctor Mendoza Pérez y otros contra la recurrente y otros; la contestación de fs. 983 a 985, el Auto de concesión a fs. 986; el Auto Supremo de admisión Nº 1021/2018-RA, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Con base en el memorial de demanda a fs. 51 a 52, subsanado de fs. 61, reformulado de fs. 425 a 427 vta., subsanado de fs. 452 a 453 vta., y modificado de fs. 624 a 626 vta.,  inició proceso ordinario de usucapión treintañal Héctor Mendoza Pérez y otros contra Elsa Loayza Cruz y los herederos de German Loayza; a tiempo de contestar negativamente por memorial de fs. 643 a 647 Elsa Loayza Cruz interpuso acción reconvencional de acción  negatoria; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse Sentencia Nº 100/2018 de 13 de julio, cursante de fs. 918 vta., a 923; donde la Juez Público Civil y Comercial Nº 6 de la ciudad de Sucre declaró PROBADA la demanda de usucapión treintañal, e IMPROBADA la reconvención de acción negatoria, en consecuencia declaró producida la adquisición de propiedad por usucapión extraordinaria de la fracción de 42,89 m2.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Elsa Loayza Cruz por memorial de fs. 942 a 943; fue resuelto mediante Auto de Vista Nº SCCI-0253/2018 de 11 de septiembre, cursante de fs. 971 a 972, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que en su parte dispositiva CONFIRMA la sentencia, motivando que en lo sustancial, el plazo para que opere la usucapión denominada treintañal se rige por el Código Civil abrogado en mérito del art. 1568 del Código Civil actual; no debe perderse de vista que la conjunción de posesiones (iniciada con la legislación anterior), operó en vigencia del actual sustantivo civil, a la muerte de la causante de los demandantes el año 2010, quien a su vez poseía el inmueble como su morada y ante cuyo fallecimiento, sus causantes aplicando la ley vigente (art. 1007 CC) continuaron su posesión por ministerio de la ley.

3. Fallo de segunda instancia que fue recurrido en casación por Elsa Loayza Cruz mediante el memorial de fs. 976 a 978 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

En la forma.

Acusó que la sentencia no realizó una debida fundamentación y subsunción de las pruebas aportadas al proceso, que debieron ser resueltos considerando que fueron objeto de apelación, pero que no se pronunció sobre estos aspectos oportunamente denunciados.

Denunció que no se identificó si el juez realizó un correcto análisis del contenido de la demanda, respuestas y reconvención, pues debe identificarse con exactitud cuáles son los hechos demandados, el derecho solicitado y que además el Tribunal de alzada debió realizar una correcta valoración y fundamentación.

Añadió que el Auto de Vista declaró probada la demanda principal e improbada la demanda reconvencional de acción negatoria, pero no explica de manera clara, positiva y precisa qué sucede con el derecho propietario de la recurrente.

Sostuvo que en sentencia se refirió al informe pericial de Roberto Julio Castro cuyos puntos de pericia no estaban fijados en audiencia preliminar, toda vez que se aceptó como perito a Grover Alejandro Haquín Aguilar sobre un único punto de pericia, por lo que el informe pericial no debió ser tomado en cuenta en sentencia por quebrantar el procedimiento.

Arguyó que, conforme el art. 435 del Código Civil de 1831, la posesión debe ser pública, pacífica, no equívoca y continuada, y que los demandantes señalaron que el inmueble desde el fallecimiento de su madre estaba abandonado y que no vivían hace más de diez años, extremo que no fue valorado por el juez, ni por el Tribunal Ad quem.

En el fondo.

Acusó indebida aplicación del art. 1007.II del Código Civil, toda vez que el proceso se sustentó en el Código Civil Santa Cruz y no así en el actual sustantivo civil.

Concluyó solicitando se anule el Auto de Vista, en caso de que se considere tratar el fondo, se case y se declare probada la demanda reconvencional e improbada la demanda principal.

De la contestación al recurso de casación.

Señaló que la recurrente debe tener presente que jamás interpuso una acción reconvencional por mejor derecho propietario, o reivindicación, que supusiera el reconocimiento de algún derecho real en su favor, pues el objeto del proceso era determinar la posesión de la fracción de 42,89 m2 por parte de los demandantes, y en su caso el demostrar los presupuestos de la acción negatoria.

Agregó que la norma transitoria prevista en el art. 1568 del Código Civil vigente, se restringe única y exclusivamente a la usucapión/prescripción adquisitiva, en ningún caso a la sucesión mortis causa, lógica que fue correctamente interpretada y aplicada.

Concluyó solicitando se declare improcedente el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III.1. La posesión y su naturaleza.

En relación a la posesión y sus elementos, entre otros, el Auto Supremo Nº 492/2015 señaló que: “…el concepto de la posesión del libro de Derechos Reales Tomo I. del autor Néstor Jorge Musto se tiene que la posesión es el …acto de poseer o tener una cosa corporal con ánimo de conservarla para sí o para otro…, este mismo autor líneas más abajo indica En general se puede expresar que refleja la idea de ejercicio o posibilidad de un poder de una persona sobre la cosa, la que se encuentra sometida así a su voluntad, sea en forma directa, o por intermedio de otra persona”.

En esa lógica, la jurisprudencia aclaró que la posesión no significa necesariamente, que el inmueble del que se pretende usucapir tenga como finalidad la vivienda, a lo que el Auto Supremo Nº 803/2015-L, entre otros, razonó que:  “…la posesión de la tenencia como dominio físico de la cosa constituyéndose en  el corpus, así como el comportamiento como dueño en relación a la cosa, haciendo con la cosa aquello que legalmente puede hacer su propietario, esto representa el ánimus, implicando esto que la posesión es la autoridad de hecho que se ejerce sobre la cosa, satisfaciendo la necesidad propia por el comportamiento respecto a ella, sin que medie voluntad, subordinación o dominio ajeno sobre el bien del cual se tiene el acto posesorio, de ahí que si bien el informe municipal hace referencia a la inexistencia de alguna vivienda o residencia, pretendiendo alegar seguramente que no procedería la usucapión porque los actores no viven en el inmueble a usucapir, aspecto que no tiene incidencia, pues la posesión no implica necesariamente que la cosa, el inmueble en este caso, tenga como finalidad la vivienda, sino la posesión para el fin que el poseedor tenga del mismo”, por lo cual, la posesión de un bien inmueble no implica, necesariamente, que el poseedor tenga que tener habitación en el mismo, sino que su ejercicio de hecho se denote en él por el uso y  goce del inmueble como si fuera propietario.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En la forma.

1. Acusó que la sentencia no realizó una debida fundamentación y subsunción de las pruebas aportadas al proceso, estas debieron ser resueltas considerando que fueron objeto de apelación, que no se pronunció sobre estos aspectos oportunamente denunciados.

La recurrente acusa una determinación de alzada omisiva, al señalar  que el Auto de Vista no fue congruente con los agravios planteados en el recurso de apelación, sin embargo prescinde establecer y concretar cuál de los agravios expresados en apelación fueron omitidos en su resolución por el Auto de Vista y su trascendencia en el caso, lo cual imposibilita a este Tribunal de casación realizar análisis al respecto, por carecer el recurso de precisión de la omisión u omisiones que supuestamente incurrió el Ad quem.

2. Denunció que no se identificó si el juez realizó un correcto análisis del contenido de la demanda, respuestas y reconvención, pues debe identificarse con exactitud cuáles son los hechos demandados, el derecho solicitado y que además el Tribunal de alzada debió realizar una correcta valoración y fundamentación.

Se debe explicar que no existe obligación del Tribunal de alzada de fiscalizar la tarea del juez de origen de forma irrestricta, sino que, por el derecho de impugnación, existe una labor revisora de doble instancia en función a los agravios que el impugnante plantee en su recurso de apelación, conforme señala el art. 265.I del Código Procesal Civil, por ello resulta inapropiado que se aluda de agravio una situación de revisión íntegra de la sentencia, además cuando no se planteó esa infracción en la que aparentemente incurrió el juzgador en el recurso de apelación.

3. En relación a que el Auto de Vista declaró probada la demanda principal e improbada la demanda reconvencional de acción negatoria, no explica de manera clara, positiva y precisa, qué sucede con el derecho propietario de la recurrente.

La Sentencia Nº 100/2018, confirmada por el Auto de Vista, declaró probada la demanda e improbada la demanda reconvencional de acción negatoria, estimando de este modo la pretensión de usucapión de la fracción de 42,89 m2 que correspondía al derecho de la parte demandada, que guarda relación con la fundamentación vertida en su contenido, siendo clara y precisa aquella decisión jurisdiccional; además, este agravio fue respondido de forma puntual por el Ad quem indicándole que la superficie reconocida de usucapión es de 42,89 m2, los que van a sumar a los 110,11 m2 que son de propiedad de los demandantes, resultando de la suma de ambos el inmueble tiene una superficie total de 153 m2. Sin embargo, si a criterio de la recurrente no estaba clara la determinación asumida, debió solicitar la aclaración prevista en el art. 226.III del Código Procesal Civil, de manera oportuna, mecanismo por el cual las partes pueden pedir se aclare sobre algún concepto oscuro que hubiere incurrido la sentencia, Auto de Vista o Auto Supremo, siendo impertinente el reclamo interpuesto.

4. En cuanto a que la sentencia se refirió al informe pericial de Roberto Julio Castro Salazar, cuyos puntos de pericia no estaban fijados en audiencia preliminar, toda vez que se aceptó como perito a Grover Alejandro Haquín Aguilar sobre un único punto de pericia, por lo que el informe pericial no debió ser tomado en cuenta en sentencia por quebrantar el procedimiento.

Al ser un recurso en la forma, se debe precisar que, al igual que resolvió el Auto de Vista,  se tiene que a fs. 753 vta., en acta de audiencia preliminar, expresamente consta la admisión de prueba pericial designando al perito Roberto Julio Castro Salazar, quien debía pronunciarse sobre los puntos de pericia propuestos a fs. 453 y 625 vta., decisión judicial que no fue impugnado por la recurrente, que significa su consentimiento tácito con esa determinación; además, que una vez emitida la pericia de fs. 845 a 858, no fue sujeto de  cuestionamiento de parte la recurrente los puntos de la pericia asumidos por el profesional arquitecto, sino otros relativo al ingreso de los inquilinos y de la construcción, habiendo consentido nuevamente con los puntos de pericia trabajados; por lo que se concluye, al igual que el Ad quem, que no existe agravio por no concurrir observación al perito,  ni a los puntos de pericia ordenados por el juez de la causa, y no se constituye infracción en casación al no ser esencial para la garantía del debido proceso y no haber sido reclamado oportunamente, conforme señala el art. 271 del Código Procesal Civil.

5. Arguyó que, conforme el art. 435 del Código Civil de 1831, la posesión debe ser pública, pacífica, no equívoca y continuada, y que los demandantes señalaron que el inmueble desde el fallecimiento de su madre estaba abandonado y que no vivían hace más de diez años, extremo que no fue valorado por el juez, ni por el Tribunal Ad quem.

A este agravio, a más de ser planteado en la forma, se debe indicar que la posesión es un poder de hecho ejercido sobre un cosa mediante actos que denotan intención de tener sobre ella el derecho de propiedad; que conforme el Auto Supremo Nº 492/2015 “…del libro de Derechos Reales Tomo I. del autor Néstor Jorge Musto se tiene que la posesión es el …acto de poseer o tener una cosa corporal con ánimo de conservarla para sí o para otro…, este mismo autor líneas más abajo indica En general se puede expresar que refleja la idea de ejercicio o posibilidad de un poder de una persona sobre la cosa, la que se encuentra sometida así a su voluntad, sea en forma directa, o por intermedio de otra persona”.

En esa lógica, de ejercicio o poder sobre la cosa, la jurisprudencia aclaró que la posesión no implica necesariamente que el inmueble del que se pretenda usucapir tenga como finalidad la vivienda, a lo que el Auto Supremo Nº 803/2015-L, entre otros, razonó que: “…la posesión de la tenencia como dominio físico de la cosa constituyéndose en  el corpus, así como el comportamiento como dueño en relación a la cosa, haciendo con la cosa aquello que legalmente puede hacer su propietario, esto representa el ánimus, implicando esto que la posesión es la autoridad de hecho que se ejerce sobre la cosa, satisfaciendo la necesidad propia por el comportamiento respecto a ella, sin que medie voluntad, subordinación o dominio ajeno sobre el bien del cual se tiene el acto posesorio, de ahí que si bien el informe municipal hace referencia a la inexistencia de alguna vivienda o residencia, pretendiendo alegar seguramente que no procedería la usucapión porque los actores no viven en el inmueble a usucapir, aspecto que no tiene incidencia, pues la posesión no implica necesariamente que la cosa, el inmueble en este caso, tenga como finalidad la vivienda, sino la posesión para el fin que el poseedor tenga del mismo”, por lo cual, la posesión de un bien inmueble no implica, necesariamente, que el poseedor tenga que tener habitación en el mismo, sino que su ejercicio de hecho se denote por el uso y  goce del inmueble como si fuera propietario. En ese contexto, el hecho de que los demandantes hubieran manifestado que no tenían vivencia en el inmueble, por tener domicilio en otro lugar, no significa que no tuvieran posesión del inmueble, pues se explicó su posesión en el libre ingreso y uso del inmueble como propietarios, incluso por actos de arrendamiento que realizaban. 

Por lo explicado supra se verifica que los agravios de forma planteados no son convincentes para establecer una determinación anulatoria por infracciones en el proceso.

En el fondo.

Acusó indebida aplicación del art. 1007.II del Código Civil, toda vez que el proceso se sustentó en el Código Civil Santa Cruz y no así en el actual sustantivo civil.

La recurrente expone un problema de transición de la ley y, claro está, de irretroactividad del Código Civil actual. En ese sentido, Diez - Picazo y Gullón, en la obra “Sistema de Derecho Civil”, volumen I, pág. 135, al tratar las normas de transición o normas del Derecho transitorio señalan que: “…son normas de carácter formal, en cuanto que no regulan ellas mismas, de una manera directa, la realidad jurídica, sino que son normas de colisión que tratan de resolver los conflictos intertemporales. Son, por consiguiente, normas de remisión a otras normas. Esto es, normas indicativas de las normas que deben ser aplicadas”.

En ese contexto, el Código Civil actual estableció en el art. 1568.I que: “Los términos de la usucapión y de la prescripción que hubieren empezado a correr de acuerdo a las disposiciones del Código Civil y demás leyes anteriores a la vigencia de este Código, se regirán por ellas”, previendo esta norma de transición que el plazo de usucapión y de prescripción que comenzó antes de la publicación del actual Código Civil, se rija por el Código Santa Cruz y no por la nueva ley, criterio de irretroactividad específicamente dispuesto al término de la usucapión y prescripción, debiendo considerarse a ese fin los 30 años establecidos en el art. 1565 del Código Civil abrogado.

En ese orden, la norma de transición no definió otro hecho o situación con la ley abrogada, por lo cual un hecho sobreviniente, como la muerte y apertura de la sucesión, en sus efectos, debe ser considerado con la legislación actual por ocurrir en ese régimen, no afectando esa aplicación al cómputo del plazo de prescripción.

En tal mérito, al establecer el cómputo del plazo de prescripción adquisitiva de 30 años, en el marco del régimen del Código Civil abrogado, se cumplió con la norma de transición del art. 1568.I del Código Civil actual; y hallándose ante un hecho sobreviniente de la muerte de los poseedores, se aplicó en forma adecuada el art. 1007 del Código precitado, conforme el régimen imperante, de establecer que los herederos continúan la posesión de su causante desde que se abre la sucesión, sin que signifique la aplicación retroactiva de la norma, como la recurrente entiende, siendo la decisión asumida en la instancia correcta conforme los hechos fácticos establecidos en la causa.

Solo de modo ilustrativo, cabe aclarar que aun aplicando las normas del Código Civil abrogado, la posesión de los herederos hubiera continuado a la de sus causantes, conforme el art. 1537 que indicaba que para completar la prescripción puede uno añadir a su posesión, la de su autor, de cualquier manera que le haya sucedido, sea a título universal o particular, sea a título lucrativo u oneroso; teniendo el mismo resultado de la sumatoria del tiempo, del plazo prescriptivo que definió el Tribunal de alzada.  

Por lo manifestado, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 976 a 978 vta., interpuesto por Elsa Loayza Cruz, contra el Auto de Vista Nº SCCI-0253/2018 de 11 de septiembre, cursante de fs. 971 a 972, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

Se regula el honorario del abogado de la parte demandante en la suma de Bs. 1000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.