TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 398/2019        

Fecha: 18 de abril de 2019

Expediente: LP-126-18-S

Partes: Fermín Mariaca Aquino. c/ Roberto Mariaca Quispe.                            

Proceso: Cancelación parcial de partida por revocatoria de anticipo de legitima en parte.                                     

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Fermín Mariaca Aquino por medio de su representante Gloria Mariaca Poma de fs.173 a 176, contra el Auto de Vista Nº 464/2018 de 25 de junio, cursante de fs. 159 a 161, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de cancelación parcial de partida por revocatoria de anticipo de legitima seguido por el recurrente contra Roberto Mariaca Quispe; el Auto de concesión de fs. 193; Auto Supremo de Admisión Nº 1034/2018-RA de 30 de octubre que cursa a fs. 199 a 200, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Fermín Mariaca Aquino interpuso demanda  de cancelación parcial de partida por revocatoria de anticipo de legítima en parte de las acciones y derechos de Roberto Mariaca Quispe de fs. 11 a 12 vta., sobre el inmueble ubicado en la urbanización Coha-Huyo, Terreno Nº 15 del manzano J de la zona la portada actualmente registrado bajo la Matricula vigente Nº 2.010.99.0063031; acción dirigida contra Roberto Mariaca Quispe, una vez citado planteó incidente de nulidad de la citación con la demanda de fs. 43 a 44.

2. Desarrollándose el proceso en el Juzgado Público Civil y Comercial 5º de la ciudad de La Paz, el trámite concluyó con la Sentencia Nº 292/2017 de 13 de abril, cursante de fs. 117 a 119 vta., y Auto complementario de fs. 120 a 121, que declaró IMPROBADA la demanda.

3. Resolución de primera instancia que fue impugnada por Fermín Mariaca Aquino a través de sus representantes legales mediante memorial de apelación de fs.126 a 132; la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió Auto de Vista Nº 464/2018 de 25 de junio, en el que CONFIRMÓ la sentencia, bajo la siguiente fundamentación:

Que el contrato de anticipo de legitima difiere de un contrato de donación, tal elemento divergente se configura en atención a la naturaleza del sujeto beneficiario de la liberalidad, situación que claramente se configura en el caso, toda vez que el  apelante señaló que Roberto Mariaca Quispe no sería su hijo, escapando de esta forma a la naturaleza de un contrato de anticipo de legitima, ingresando por el contrario en un acto de liberalidad respecto de un tercero, por otra parte el acto testamental tiene sus efectos después de la muerte, naturaleza que justifica el hecho de que sea plenamente revocable mientras viva el testador siendo el caso de autos se surte en caso inter vivos y es consolidado para los beneficiarios en vida del otorgante, por lo que el régimen prescrito para los actos testamentarios no es aplicable en cuanto a sus alcances para el anticipo de legitima por lo que no se puede demandar la revocatoria de la misma, basada en la normativa regulada en el instituto del testamento.

4. Fallo de segunda instancia que es recurrido en casación por Fermín Mariaca Aquino mediante memorial de fs. 173 a 176, recurso que es objeto de análisis.   

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación interpuesto por Fermín Mariaca Aquino de fs. 173 a 176, se observa que en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusa:

En la forma.

1. Que los jueces de grado omitieron pronunciarse sobre algunos puntos del recurso de apelación, para ser más precisos respecto al comportamiento procesal de Roberto Mariaca Quispe, quien no se habría apersonado ni respondió conforme al art. 125 num. 2) del CPC, no haciendo uso de su potestad y adecuando su conducta como interesado en el marco del art. 451.II, habiendo los de alzada infringido los arts. 213 y 218.I todas del Código Adjetivo Civil.

2. Reclama la falta de valoración de la prueba de fs. 125 y vta., presentado con el recurso de apelación porque el Auto de Vista la rechazó al no referir bajo que previsiones se adjuntó, en conformidad al art. 261.III del Procesal Civil, lo cual implica una violación al principio iura curia novit.

3. Señaló que el Auto de Vista no consideró el contenido del art. 38 de la Ley de inscripción en Derechos Reales, ni lo referido es el art. 450 num. 10) del CPC, omitiendo la valoración de la EP Nº 1463/2015 de 20 de julio (revocatoria de anticipo de legítima), que cumple con el requisito de la normativa, llegando a vulnerar el principio de exhaustividad y violar los arts. 218.I y 213 num. 3) y 4) del Código de Procesal Civil.

En el fondo.

Denunció errónea valoración de las Escrituras Públicas Nº 09/1994 de 6 de enero y Nº 1463/2015 de 20 de julio, debido a que el Ad quem implantó institutos legales y jurisprudencia correspondiente al presente caso, efectuando una aplicación indebida de la ley, dando por hecho que el tercero interesado no es hijo del actor y que por ello el anticipo de legítima constituiría una liberalidad, sin tomar en cuenta la legitima de los hijos.

Petitorio.

Solicitó por los argumentos expuestos en el recurso, en la forma se dicte Auto Supremo dejando sin efecto el Auto de Vista para que dicte nueva resolución y en el fondo se case Auto de Vista declarando nula la sentencia y auto complementario.

Contestación al recurso de casación.

De la revisión de obrados, así como la verificación del Auto Interlocutorio de 25 de septiembre de 2018, cursante a fs. 193, y el Auto Supremo de Admisión Nº 1034/2018-RA de 30 de octubre, se puede establecer que no existe memorial de respuesta al recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la motivación de las resoluciones judiciales.

La Sentencia Constitucional Nº 0012/2006-R de 4 de enero, respecto a la motivación de las resoluciones ha razonado que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

De igual manera la Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre estableció que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…”, criterio reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio”.

Por otra parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. 

En la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0075/2016-S3 de 8 de enero sobre la fundamentación y motivación de una resolución se ha concretado: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omite la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”. 

III.2. De la congruencia en las resoluciones.

Este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos N° 651/2014 y N° 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orientan su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…" Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

Es en este entendido que a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan a la incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley Nº 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”

III.3. Revocación del anticipo de legítima.

En cuanto del anticipo de legitima y su revocación en el Nº 743/2018 de 27 de julio, se estableció el siguiente criterio contrato de anticipo de legítima aquel contrato sobre herencia futura distributiva y gratuita, mediante el cual el futuro de cujus, con el ánimo de anticipar parte de la futura herencia y consiguientemente distribuir en vida parte de las porciones hereditarias, entrega o transfiere de forma actual a uno de sus futuros herederos forzosos, parte o toda, la porción de la legítima que le correspondería una vez que se abra la sucesión. Se debe diferenciar que la donación que realiza una persona a favor de un futuro heredero suyo, no constituye pacto sucesorio o contrato sobre sucesión futura, porque la donación como tal únicamente produce efectos inter vivos, el objeto de la transferencia no es parte de la herencia, es más, el art. 1018 del Código Civil refiere que no se puede aceptar herencia alguna en vida, sino un bien determinado o individualizado entregado como liberalidad y a título de donación.

En el Auto Supremo Nº 119/2017 de 3 de febrero, refirió que la formación y validez del anticipo de legítima no sigue las reglas de la donación, no requiere la misma exigencia que las reglas de donación, sino que la misma puede ser efectuada mediante documento público o privado. En dicho Auto Supremo se orientó lo siguiente “…Finalmente se dirá que, el Juez A quo como el Ad quem han interpretado de manera errónea los arts. 491 num. 1) y 667 como el art. 1287 del Sustantivo Civil, al vincularlo el anticipo de legitima con la donación, pues se ha hecho énfasis que nuestro ordenamiento sustantivo civil no reconoce o determina la formación del contrato de anticipo de legitima como un documento público para su formación por el contrario se dijo que la formación del anticipo de legitima es cuando las partes lo determinan o acuerdan voluntariamente, no obstante de ello el anticipo de legitima y la donación si bien existe cierto vínculo entre estos dos términos, empero estos tienen esencias distintas para la aplicación de los derechos sobre un anticipo de legitima y una donación, pues las normas que se instituyen como aplicadas como los art. 491 num. 1), 667 y 1287 del Sustantivo Civil, son aplicables en su formación específicamente para la donación y no para un anticipo de legítima…”.

El contrato de anticipo de legítima tiene la obligación de ser colacionada según el art. 1254 del Código Civil, salvo que haya existido dispensa de colación, y en tal caso la misma que no podrá exceder de la porción disponible para liberalidades. Al ser el anticipo de legítima puede estar fundado en diversas situaciones de hecho o de derecho respecto al favorecido con el anticipo de legítima, pueden ser causas sociales, económicas, benevolencia, gratificación, recompensa u otros que den lugar para que una persona pueda efectuar ese acto de liberalidad en favor de su heredero.

Las relaciones entre una persona y su heredero por su naturaleza se entiende que conllevan una situación de afectividad y cuando no ocurre aquello en ciertas situaciones, resulta que en el entorno familiar (futuro causante-heredero) se generan controversias de hecho o de derecho, las que pueden desencadenar en causales de desheredación, pudiendo una persona excluir a su heredero de la sucesión hereditaria conforme a las reglas del derecho sucesorio, tal aspecto incide luego de la apertura de la sucesión. Empero de lo expuesto, cuando se ha otorgado un anticipo de legítima, el heredero se encuentra obligado a mantener esa relación social y afectiva respecto a su progenitor, limitando su actuar con base a las prohibiciones que establece el ordenamiento jurídico respecto a su progenitor.

El progenitor que hubiera sido mellado por su heredero (al que otorgó el anticipo de legítima), no está obligado a mantener esa cesión de bienes otorgadas, pues, al margen que mediante testamento disponga la desheredación, puede revocar el anticipo de legítima que fue otorgado en favor de su descendiente.

El Código Civil al referirse a las cesiones de bienes efectuadas bajo una expresión de liberalidad (anticipo de legítima), en el art. 1254 del Código Civil solo describe que toda donación efectuada en favor del heredero debe ser sujeta a colación. El cuerpo sustantivo y las normas del derecho sucesorio no describen cual fuera la causal y mecanismo para efectuar una revocación del anticipo de legítima, lo cual genera incertidumbre jurídica para los otorgantes de este tipo de contratos, en cuanto a revocabilidad o no del anticipo de legítima.

Para el caso de la formación y validez de anticipo de legítima, se indicó conforme al Auto Supremo Nº 119/2017 descrito supra que no se aplican las reglas de la donación. Sin embargo de ello conforme a lineamientos del derecho comparado es necesario establecer que por analogía la revocación del anticipo de legítima debe aplicarse en cuanto a su tipificación el contenido de los arts. 679 del Código Civil (referente a causales remisivas de indignidad) y el art. 1174 del Código Civil relativo a causales de desheredación, que el sedente puede efectuar y en vida, cuyo texto normativo señala los arts. 679 del Código Civil (Revocación por ingratitud), que refiere:I. La donación puede ser revocada por ingratitud cuando el donatario ha cometido contra el donante uno de los hechos previstos en los casos 1 y 3 del art. 1009. II. Asimismo puede ser revocada cuando el donatario ha difamado o injuriado o producido perjuicio grave en el patrimonio del donante”, art. 1174 del Código Civil (Otros motivos para desheredar a los descendientes): “Los motivos justos por los cuales se puede desheredar a los descendientes son, además: 1) Injuriar o infamar al padre o la madre, gravemente, o haberles puesto manos violentas. 2) Tener acceso carnal con la madrastra o con el padrastro” En lo demás se deberá seguir las mismas reglas de la revocación de la donación conforme los siguientes preceptos. Estas causales son las que el otorgante puede hacerlo valer para disolver el anticipo de legítima, que en el derecho comparado, son aplicables. Art. 680 del Código Civil (Invalidez de la renuncia). “No es válida la renuncia antelada a la revocación por ingratitud”, art. 681 del Código Civil (Plazo y legitimación para accionar): “I. La demanda de revocación por ingratitud debe proponerse dentro del año contando desde el día en que el donante tuvo conocimiento del hecho que motiva la revocación”, art. 682.- (Efectos de la revocación por ingratitud).- “Revocada por ingratitud la donación el donante debe restituir al donatario los bienes en especie si aún existe o el valor que ellos tenían en el momento de la demanda si los enajenó. Igualmente debe rembolsar los frutos desde el día de la demanda” y art. 683.- (Efectos en relación a terceros). “La revocación por ingratitud no afecta a terceros que hayan adquirido derechos con anterioridad a la demanda, salvo los efectos de la inscripción”.

Corresponde aclarar también que las causales descritas en el art. 679 del Código Civil no pueden ser confundidas con una revocación discrecional del anticipo de legítima efectuado por el cedente.

Esta construcción jurisprudencial se asume en base al criterio de la aplicación de la analogía en el sistema del Derecho Civil, la cual consiste en aplicar al supuesto o situación fáctica carente de regulación, con una solución que el ordenamiento legal otorga para otro supuesto análogo o similar.

En el derecho comparado que aplica la revocación del anticipo de legítima se tienen las siguientes:

El anticipo de legítima en el Código Civil peruano de 1984. Para el autor Castillo Freyre, “el anticipo de legítima no es otra cosa que un contrato de donación celebrado por un donante con uno de sus eventuales herederos forzosos, en calidad de donatarios", el autor Zarate del Pino, expresa que "el anticipo de legítima viene a ser el adelanto que una persona puede hacer a alguno de sus herederos forzosos, de una parte igual o menor de los bienes que les correspondería recibir por concepto de cuota hereditaria a la muerte de quien hace el anticipo".

"El anticipo de legítima al regirse por las reglas de la donación sólo puede ser revocada por las causales de indignidad o desheredación, conforme lo establece el Artículo 1637 del Código Civil" (Resolución Registral Lima, Res. Nº 008-92-ONARP-JV).

"El anticipo de legítima al regirse por las reglas de la donación sólo puede ser revocado por las causales de indignidad o desheredación, conforme a lo establecido en el Artículo 1637 del C.C" (Ejecutoria del 13.02.1992).

"...El anticipo de legítima, en el fondo, constituye una donación que, por su naturaleza, constituye un acto de liberalidad entre vivos, bilateral, solemne y con efectos inmediatos a la fecha de su celebración..." (Exp. Nº 497-93/Arequipa).

La Resolución Nº 106-2002-ZRXII-TR-Quinta Sala Civil dedujo: “Asimismo, respecto a las facultades de revocar la donación que tiene el donante (anticipante), similar criterio se tiene en el sentido que “si bien en principio el acto jurídico es irrevocable y la donación tiene este carácter, no se puede ignorar su peculiaridad por el desprendimiento en vida de uno o más bienes que hace el donante. Este no tiene por qué esperar ni exigir el agradecimiento del donatario; pero es válido reconocerle el derecho de revocar la donación efectuada si su conducta le hace indigno. Por ello, el numeral bajo comentario consagra esa facultad, pero por razones justificadas y taxativamente señaladas por la ley y esto explica la remisión a las causales de indignidad (artículo 667) y de desheredación (artículos 744, 745 y 746 del Código Civil)”.

Respecto a la jurisprudencia Argentina, se tiene el Expediente Nº C01 20185/7, caratulado: “S., M.T.E. DE C/ S., M.A. DE H. S/ REVOCACION DE DONACION (ORDINARIO)” de 20 de abril de 2016 refirió: “…Veamos, en primer lugar, la donación es un contrato cuya causa se identifica con el propósito de beneficiar a otro (art. 1542 Código Civil y Comercial), contando el donante con el derecho de revocarlo si es que el beneficiario resulta ingrato (art. 1569 CCyC). El fundamento de esta acción revocatoria refiere a la conciencia social que reprueba cualquier acto de ingratitud, en tanto se supone que "como quiera que el donante favorece al donatario, éste debería estarle agradecido" (ALBALADEJO, Derecho Civil, vol. II2° ed., 1975, ps. 108 y 109). Como dice Pothier no se trata de suponer que este contrato contenga una cláusula tácita de resolución, pues no parece que en el momento de realizarse la donación pudiera siquiera ser imaginada (cita de DIEZ-PICAZO, Luis, "Las causales de revocación de donaciones por ingratitud del donatario: la imputación de un delito al donante" en Estudios de Derecho Civil, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1980, pág. 261). (…). En autos no caben dudas que frente al desprendimiento voluntario de todos los bienes que le correspondían a título personal y como cónyuge a la actora, con el fin de beneficiar a sus hijos, entre ellos a la donataria, sin recibir nada a cambio, la donataria ha demostrado una actitud que raya la insolencia, obligando a su madre a mendigar alimentos, en franca contradicción con la actitud que el sentido común esperaba de ella como beneficiaria y que por ello encuadra en los supuestos que la ley castiga, esto es, los casos de los arts. 1569 y 1571 inc. a del C.C.y C. Le debía mayor respeto por ser la actora, no sólo su donante, sino también su madre y una persona de edad avanzada a la que por imperio de las normas convencionales se la ha de considerar "vulnerable"(Revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales ISSN 1669-1555 Volumen 6, nº 1 (2008))”.

En Chile.

El autor Pablo Rodríguez Grez, en sus Instituciones de Derecho Sucesorio, Editorial Jurídica de Chile, 1993, página 342 y siguientes, razona en cuanto a las donaciones irrevocables, “En el fondo, entonces, las donaciones irrevocables que se hacen a un legitimario constituyen un anticipo de su legítima y así lo presume la ley en el artículo 1198. La donación irrevocable (y la revocable) hecha a un legitimario, salvo que el causante disponga expresamente otra cosa en su testamento, es un anticipo o prepago de la legítima o de una asignación de cuarta de mejoras. De lo cual también se infiere, claramente, que la calidad de legitimario se tiene ya en vida del causante”.

En España.

Fernando Gomá Lanzón refirió con relación a al anticipo de legítima o donación: “…el Código Civil nos vamos a referir siempre al Derecho Común- prevé tres causas de revocación de las donaciones. La primera y quizá más interesante es que el donatario (receptor de la donación) incurra en lo que legalmente se denomina causa de ingratitud. Así, el artículo 648 del Código Civil dice que podrá ser revocada la donación, a instancia del donante, por causa de ingratitud en los casos siguientes:   Si el donatario cometiere algún delito contra la persona, el honor o los bienes del donante. Si el donatario imputare al donante alguno de los delitos que dan lugar a procedimientos de oficio o acusación pública, aunque lo pruebe; a menos que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o los hijos constituidos bajo su autoridad. Y también si le niega indebidamente los alimentos.

Puede observarse de la simple lectura de este artículo que las causas de revocación por ingratitud del receptor de la donación son muy pocas y están tasadas. Llama mucho la atención la idea de que una de las causas de revocación sea que el donatario impute algún delito al donante ¡incluso aunque lo pruebe!  (…) La última causa de revocación por ingratitud, como hemos visto, es que se le niegue al donante alimentos, de manera indebida. La expresión “alimentos” tiene un significado jurídico preciso: cuando una persona se encuentra en estado de necesidad, puede pedir legalmente a ciertos familiares cercanos que le ayuden para sustentarse, tener un sitio donde vivir, vestido y asistencia médica. A esa institución se le llama genéricamente “alimentos”. Si el donante tiene esa necesidad y el donatario le niega esa prestación, puede revocar la donación que le hubiera hecho (y con toda la razón, añado yo).

No hay más causas de revocación por ingratitud, y esto conviene tenerlo en cuenta. Si nuestro hijo es un maleducado, no nos visita o llama por teléfono, no nos invita a su casa o le cae mal nuestro cónyuge actual y no se esfuerza mucho por disimularlo, eso no es ingratitud legal ni causa de revocación.  Si no quiere llevarse un disgusto al comprobar que un familiar es desagradecido, lo mejor es que no le ofrezca esa oportunidad…”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION

En virtud a los fundamentos expuestos en la doctrina aplicable en el presente caso corresponde a continuación referirnos a los reclamos del recurso de casación.

En la forma.

De los puntos 1 y 3, respecto a los puntos omitidos en el recurso de apelación, para ser más precisos en cuanto al comportamiento procesal de Roberto Mariaca Quispe, quien no se habría apersonado ni contestado conforme al art. 125 num. 2) del CPC, y que no se consideró el contenido del art. 38 de la Ley de inscripción de Derechos Reales, como lo referido al art. 450 num. 10) del CPC, y que el Ad quem omitió la respectiva valoración de la EP Nº 1463/2015 de 20 de julio (revocatoria de anticipo de legitima), vulnerando principio de exhaustividad, violando los arts. 218.I y 213 num. 3) y 4) del Código de Procesal Civil.

Tomando en cuenta que su reclamo está orientado a observar la falta de congruencia y motivación en el Auto de Vista, es menester reiterar lo expuesto en la doctrina aplicable en los puntos III.1 y III.2 en sentido que toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, en virtud a dicho presupuesto, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes en su demanda, respuesta e impugnación y resolución emitida por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes y segundo lo referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

Teniendo claro que lo debatido es la falta de fundamentación por parte del Tribunal de alzada, de algunas acusaciones expuestas en el recurso de apelación una de ellas del demandado respecto a su conducta y el deber de responder de los hechos alegados en la demanda, además que en el considerando III numeral 2) del Auto de Vista, pronunció una respuesta vinculada de los reclamos de forma general, no obstante debemos tener en cuenta que el recurrente no precisó que dicha omisión le cause perjuicio o indefensión, careciendo de trascendencia  su reclamo, además si el recurrente creyó que existía omisión de pronunciamiento debió solicitar complementación y enmienda al no hacerlo han convalidado dicho defecto.

En cuanto a la Escritura Pública Nº 1463/2015 de 20 de julio, o sea revocatoria  del contrato de anticipo de legitima, los de segunda instancia en su considerando III en el punto 6 de forma clara señalaron “…que la parte accionante indica que la incoa la demanda a tiempo de cumplir lo dispuesto en el art. 38 de la Ley de Inscripción Derechos Reales, de lo que se deduce la parte accionante busca orden judicial para una nueva subinscripción en razón de EP Nº 1463/215, en tal sentido, se salvan los derechos de demandante para la vía correspondiente o acción que vea conveniente…”, de la cita realizada se advierte respuesta clara en sentido que es inviable revocar en parte el contrato de anticipo de legitima con otro documento público Nº 1453/2015, una respuesta que engloba todos los reclamos planteados en apelación, logrando percibir que existe una motivación clara y coherente por parte del Tribunal de segunda instancia, como se dijo existe una respuesta en cuanto estos tópicos haciendo inviable las acusaciones impetradas.

Sobre el punto 2 que acusa la falta de valoración respecto de la prueba de fs. 125 y vta., presentado con el recurso de apelación porque el Auto de Vista la rechazo al no referir bajo que previsiones se adjuntó de conformidad al art. 261.III del Procesal Civil, lo cual implica una violación al principio iura curia novit.

Al respecto del art. 261.III del CPC, refiere “…1. Cuando las partes lo pidieren de común acuerdo; 2. Cuando, decretadas las pruebas en primera instancia, no hubieren sido diligenciadas por causas no imputables a las partes que las ofrecieron; 3. Cuando versare sobre hechos ocurridos después de la sentencia; 4. Cuando se tratare de desvirtuar documento que no se pudo presentar en primera instancia, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. En estos casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente, conforme a lo prescrito para presentar prueba con la demanda.”, para la producción probatoria de segunda instancia previamente el recurrente debió acreditar uno de los supuestos establecidos en la norma, los cuales demuestran o justifican el motivo por el cual no fue producido y presentado en primera instancia, caso contrario de no justificarse no resulta viable su producción en alzada criterio que es compartido por este Tribunal pues en el caso no justificó el recurrente en base a la cita normativa, resultando correcta la decisión asumida, deviniendo infundado su reclamo.

En el fondo.

Dentro del recurso de casación denuncia la errónea valoración de las Escrituras Públicas Nº 09/1994 de 6 de enero y Nº 1463/2015 de 20 de julio, debido a que el Ad quem implantó institutos legales y jurisprudencia correspondiente al presente caso, efectuando una aplicación indebida de la ley, dando por hecho que el tercero interesado no es hijo del actor y que por ello el anticipo de legítima constituiría una liberalidad, sin tomar en cuenta la legitima de los hijos.

De lo reclamado, corresponde señalar tal cual el punto III.3 de la doctrina legal aplicable al caso y en el Auto Supremo Nº 119/2017 descrito supra, que no se aplican las reglas de la donación, pues de acuerdo a lineamientos del derecho comparado es que por analogía para la revocación del anticipo de legítima, que debe aplicarse según el Código Civil en sus arts. 679 (Revocación por ingratitud) siendo causales remisivas de indignidad y el art. 1174 (Otros motivos para desheredar a los descendientes), relativo a causales de desheredación, que en lo demás se deberá seguir las mismas reglas de la revocación de la donación conforme a los siguientes preceptos. Estas causales son las que el otorgante puede hacerlo valer para disolver el anticipo de legítima, que en el derecho comparado, son aplicables los arts. 680 (Invalidez de la renuncia), 681 (Plazo y legitimación para accionar), 682 (Efectos de la revocación por ingratitud) y 683 (Efectos en relación a terceros), todos del Código Civil Boliviano.

Toda vez que en el caso de Autos resulta evidente que Fermin Mariaca Aquino y su esposa Paulina Poma de Mariaca (fallecida), dieron en calidad de anticipo de legitima con reserva de usufructo del bien inmueble ubicado en la urbanización Coha-Huyo, Terreno Nº 15 del manzano de la zona la portada en favor de Cristina Mariaca Poma, Alberta Samarinata Mariaca Poma, Guido Mariaca Poma y la persona que responde a nombre de Roberto Mariaca Quispe tal y como refleja la Escritura Pública Nº 9 de fecha 6 de enero de 1994, y dicha transferencia afectaría la legitima de los hijos del actor según lo establecido en los arts. 1209 y 1210 del Código Civil.

De ese contexto se desprende que no corresponde la cancelación parcial de partida de anticipo de legítima en parte, puesto que en base a la línea jurisprudencial en la doctrina así como la mención de los Autos Supremos N° 743/2018, N° 119/2017, N° 531/2015 y otros, se explicó que no existe normativa civil especifica respecto a la naturaleza de la revocación del anticipo de legitima, dicho acto, en el sub lite no es pasible de ser sancionado a revocar, toda vez que la figura de la demanda del recurrente únicamente pretende la cancelación de partida por revocación en parte el anticipo de legítima por el motivo de que Roberto Mariaca Quispe, -no sería su hijo- por lo que pretendía quitar las acciones y derechos a través de la Escritura Pública Nº 1463/2015 de 20 de julio, siendo un hecho que no se acomoda y no cumple a las causales abiertas por este Tribunal respecto a la revocación de anticipo de legitima, resultando correcta la postura asumida por los de segunda instancia, motivo por el cual su reclamo deviene en infundado.

Consiguientemente, las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan ser ciertos, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Fermín Mariaca Aquino por medio de su representante Gloria Mariaca Aquino de fs.173 a 176, contra el Auto de Vista Nº 464/2018 de 25 de junio, cursante de fs. 159 a 161, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin costas y costos por no existir respuesta al recurso de casación. Sin costas ni costos por no existir contestación al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.