TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 397/2019                                                                

Fecha: 18 de abril de 2019                                                 

Expediente: LP-139-18-S                                                                                 

Partes: Miguel Ángel Aliaga Aguilar c/ Emilia Antonieta Aguilar Vda. de Aliaga                                

Proceso: Anulabilidad absoluta de matrimonio.                                                                                                       Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 255 a 257 vta., interpuesto por Emilia Antonieta Aguilar Vda. de Aliaga, contra el Auto de Vista Nº S-178/2018 de 11 de mayo de fs. 252 a 253 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso familiar sobre anulabilidad absoluta de matrimonio, seguido por Miguel Ángel Aliaga Aguilar en contra de la recurrente; la contestación al recurso de fs. 260 a 262; Auto de Concesión de 26 de septiembre de 2018 cursante en fs. 264; el Auto Supremo de Admisión Nº 1135/2018-RA de fs. 270 a 271; los demás antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que, el Juez Publico de Familia Nº 6 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 628/2016 de 01 de noviembre, cursante de fs. 218 a 219 vta., y su auto complementario de fs. 231, por la que declaró: PROBADA la demanda que cursa de fs. 20 a 22, subsanada en fs. 24 y 27.

Resolución de primera instancia que fue apelada por Emilia Antonieta Aguilar Vda. de Aliaga, mediante el escrito que cursa de fs. 235 a 238; a cuyo efecto la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el Auto de Vista Nº S-178/2018 de 11 de mayo, obrante de fs. 252 a 253 vta., CONFIRMÓ la Sentencia antes mencionada señalando que en caso de autos, Ángel Aliaga Conde contrajo matrimonio civil con Josefina Aguilar Huanca el 12 de mayo de 1972; y sin estar disuelto ese matrimonio, contrajo nuevo vínculo matrimonial con Emilia Antonieta Aguilar Huanca en el año 1992, extremos que permiten deducir que Ángel Aliaga Conde no contaba con libertad de estado como para contraer nuevas nupcias, en ese entendido se advierte que este segundo matrimonio llega a constituirse en un acto jurídico inválido, por lo que corresponde aplicar la sanción prevista tanto por la anterior legislación familiar como por la actual Ley Nº 603, es decir asumir la nulidad del segundo matrimonio.  

Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación de fs. 255 a 257 vta., interpuesto por Emilia Antonieta Aguilar Vda. de Aliaga; el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Acusó que el Tribunal de alzada en base a hechos inexistentes y subjetivos asumió que su persona habría actuado con mala fe al contraer nupcias con Ángel Aliaga Conde, sin siquiera haber revisado los antecedentes del proceso donde se observa el Auto de fs. 110 que establece como punto de hecho a probar “la buena o mala fe con la que actuaron las partes”, extremo que refiere fue demostrado en sentido de que fue el demandante quien actuó de mala fe en este proceso, pues ello desprende del hecho de que este sujeto procesal en la modificación a su demanda en fs. 24 a 25, señaló que recién en este último tiempo (año 2011) habría conocido del vínculo matrimonial de su persona y Ángel Aliaga Conde, cuando en realidad por las pruebas aportadas se puede constatar que el actor estuvo presente tanto en la boda civil como en la religiosa (fotografías de fs. 41 a 43) y que incluso fue su persona (la recurrente) quien lo crio, educó y atendió durante su niñez y adolescencia.

2. Denunció que el Tribunal de apelación no se pronunció respecto al reclamo de apelación vinculado al hecho de que el Juez de instancia descarto valorar las pruebas de fs. 124 a 131, bajo el argumento de que estas no cumplen con el voto del art. 1311 del CC, empero y contrariamente a ello, si valoró las pruebas de cargo de fs. 9 a 10 y 15 que también son fotocopias simples.

Con base a estos y otros argumentos, sin señalar petición expresa, interpone su recurso de casación de conformidad a lo dispuesto por el art. 392 y 393 del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

Respuesta al recurso de casación

1. El actor refiere que la recurrente no hace alusión a la libertad de estado de su padre a momento de contraer el segundo matrimonio y en cambio se limita a señalar, el contenido del Auto de Vista extractando citas textuales vinculadas a la supuesta mala fe con la que su persona habría actuado al instaurar la presente demanda.

2. Indicó que es la recurrente la que ha actuado con mala fe, pues no ha observado que el certificado de matrimonio de fs. 11 y el certificado emitido por el Servicio de Registro Cívico de fs. 13, demuestran que tenía pleno conocimiento del matrimonio contraído por sus padres.

Por lo expuesto solicito que el recurso de casación sea declarado improcedente, sea con costas y demás formalidades de ley.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1.- La buena y mala fe en la anulabilidad absoluta del matrimonio.

Corresponde en principio acudir a los criterios del autor Félix Paz Espinoza quien en su escrito DERECHO DE FAMILIA Y SUS INSTITUCIONES, pág. 263, refiere que: “la anulabilidad del matrimonio es una condición de los actos semejante a los negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos o ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado…”; infiriendo de ello que la anulabilidad absoluta del matrimonio sucede cuando en su constitución no se han observado los impedimentos dirimentes, es decir que el matrimonio se ha celebrado en contravención de lo prescrito por los arts. 44, 46 al 50, 67 y 68 del Código de Familia.

Así la anulabilidad absoluta aparece como un instituto de orden público que puede ser demandado por quienes tengan un interés legítimo y actual, incluido los mismos contrayentes, por los padres y demás ascendientes de los esposos y aún por el Ministerio Público (art. 83, Par. II del Código de Familia), sin embargo el matrimonio no puede ser anulado de oficio por el Juez. (Véase la SCP N° 0016/2018-S4 de 28 de febrero)

Ahora bien, por lo general las resoluciones que declaran anulabilidad absoluta de un acto jurídico producen efectos hacia el pasado, es decir hasta el momento mismo de celebración del acto declarado nulo (ex tunc); sin embargo, existen casos en los que los efectos son hacia el futuro (ex nunc), es decir desde el momento de declaración de la nulidad de un acto jurídico, esto esencialmente con la finalidad de garantizar la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución; así tenemos que en materia familiar, el efecto retroactivo tiene un límite cuando la familia que tuvo existencia evidente, generó derechos para sus miembros, tales como los derechos de los hijos o el patrimonio constituido por los conyuges que debieron actuar guiados por la buena fe; elemento este que reviste de vital importancia para establecer los efectos de la Sentencia de anulabilidad en relación a los actos posteriores a la celebración del matrimonio por parte de los cónyuges, pues es por ello que autores como Luis Diez de Picazo y Antonio Gullón en su obra INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL, volumen II, señalan que:“…la Sentencia firme de nulidad no produce la claudicación de los efectos del matrimonio en favor del contrayente que habría concurrido de buena fe a la celebración del matrimonio, y en favor de los hijos aunque ambos conyugues hubieran sido de mala fe, y constituye una excepción  al principio de retroactividad de la declaración de nulidad matrimonial… la nulidad del matrimonio deja en pie los efectos “ya producidos” para el conyuge de buena fe y para los hijos en todo caso…”

De ahí que el art. 92 del abrogado Código de Familia, señala que: “El matrimonio anulado produce sin embargo sus efectos, como si hubiera sido válido, hasta que la sentencia de anulación pasa en autoridad de cosa juzgada, si se lo contrajo de buena fe por ambos cónyuges”, a cuyo respecto el ya citado autor Félix Paz Espinoza precisa que: “a) cuando los dos cónyuges procedieron de mala fe en la celebración del acto matrimonial, conociendo la existencia del acto dirimente, la retroactividad opera ex tunc (desde entonces)  de modo que el acto se considera como aquel que nunca existió entre ellos y por lo mismo, tampoco genera efecto jurídico alguno… b) Si ambos cónyuges actuaron  de buena fe, los efectos del matrimonio subsisten  en las relaciones jurídicas de los cónyuges entre sí, hasta el momento de dictarse la sentencia, que produce la nulidad y la anulabilidad opera en este caso sin retroactividad, o sea ex nunc (desde ahora, es decir, desde el momento de la ejecutoria de la sentencia) de modo que se considera válido el matrimonio para ambos cónyuges hasta ese momento… c) Empero si solo uno de los cónyuges ha procedido de buena fe, la eficacia y validez del matrimonio surte hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia, de modo que sus efectos se mantienen solo para el cónyuge que actuó de buena fe. En tal caso opera la nulidad ex nunc para el de buena fe y para el otro que actuó de mala fe la nulidad es ex tunc”.

Tesis acogida por este Tribunal Supremo de Justicia, entendiendo que en el caso de la nulidad o anulabilidad absoluta del matrimonio, los efectos operarán en consideración a la demostración de la buena o mala fe con la que obraron los cónyuges a momento de la celebración del acto matrimonial.

CONSIDERANDO IV:        

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuesta como está la doctrina aplicable al caso, corresponde expresar las siguientes consideraciones:

En la descripción recursiva expuesta en el punto 1), se puede advertir que la recurrente, en esencia, acusa que el Tribunal de alzada con base a criterios subjetivos y alejados de los antecedentes procesales, habría asumido que su persona actuó de mala fe al momento de contraer matrimonio con Ángel Aliaga Conde y en cambio no habría tomado en cuenta la mala fe del demandante al interponer la presente demanda.

Este reclamo lo fundamenta señalando que en la modificación a la demanda de fs. 24 a 25, el actor habría señalado que recién en este último tiempo (año 2011) conoció del vínculo matrimonial de su persona (la recurrente) y Ángel Aliaga Conde, cuando en realidad por las pruebas aportadas (fotografías de fs. 41 a 43 y otras) se puede constatar que incluso el demandante estuvo presente tanto en la boda civil como en la religiosa, así como que su persona fue la que lo crió, educó y atendió durante su niñez y adolescencia; lo que en consecuencia importaría que de su parte se ha demostrado lo requerido por el Auto de fs. 110, que estableció como punto de hecho a probar “la buena o mala fe con las que actuaron las partes”.

Ahora bien, de la lectura y análisis del descrito argumento recursivo, se puede advertir que la recurrente no ha asimilado correctamente los fundamentos del fallo recurrido, pues en dicha resolución el Tribunal de alzada ha sido claro al establecer que la mala fe de la recurrente, desprende del hecho de que la misma no ha observado las pruebas documentales de cargo que cursan en fs. 11 y 13 de obrados, donde se ha demostrado que conocía de la existencia del primer vínculo matrimonial acontecido en 12 de mayo de 1972 entre Ángel Aliaga Conde y Josefina Aguilar Huanca (hermana de la recurrente), así como la ausencia de libertad de estado de Ángel Aliaga Conde a momento de la celebración del segundo vínculo matrimonial.

Y en ese entendido, se observa también que confunde los parámetros probatorios exigidos por el auto de fs. 110 de obrados, donde si bien se ha establecido como punto de hecho a probar “la buena o mala fe con las que actuaron las partes”, ello no se encuentra orientado a establecer la conducta procesal de las partes en la tramitación de la presente causa, sino que por el contrario dicho punto se encuentra instituido a efectos de dar aplicabilidad a la disposición legal establecida en el art. 92 del Código de Familia (abrogado), pues conforme se tiene descrito en el punto III.1 de la doctrina aplicable, la buena o mala fe en los procesos de anulabilidad absoluta del matrimonio, tienen por finalidad establecer en qué medida los efectos de una posible anulación afectarán a los derechos constituidos durante la vigencia del vínculo matrimonial, tales como los derechos de los hijos o el patrimonio constituido por los cónyuges; de tal manera que si se demuestra la buena fe de los cónyuges, el matrimonio anulado, adquiere efectos ex nunc, es decir hacia el futuro desde la ejecutoria de la resolución anulatoria, de modo que se considera válido el matrimonio para ambos cónyuges hasta ese momento; empero si es demostrada la mala fe de ambos cónyuges, los efectos serán retroactivos, o sea como si el vínculo matrimonial nunca hubiera existido (efecto ex tunc), y si la buena fe estuviere acreditada por uno de los conyugues, la eficacia y validez del matrimonio surtirá efectos en su favor hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia, de modo que sus efectos se mantienen solo para el cónyuge que actuó de buena fe, mas no así para el conyugue que actuó de mala fe, para quien los efectos serán ex tunc.

En base a estas expresiones, se puede aducir que el hecho de que en el presente caso, el actor en el memorial de fs. 24 a 25, haya aseverado que recién este último tiempo (según confesión provocada el año 2011), asumió conocimiento del vínculo matrimonial entre la recurrente y el Sr. Ángel Aliaga Conde, cuando en realidad existirían pruebas que demuestran que el demandante habría asistido a la boda civil y religiosa llevada a cabo en 1992; y que incluso habría sido la recurrente quien se hizo cargo de la crianza y educación del demandante, en nada contribuye a la demostración de la buena o mala fe que exige el art. 92 del Código de Familia, pues como se tiene dicho, las probanzas requeridas por el auto de fs. 110, únicamente se encuentran abocadas a establecer la conducta de los cónyuges a momento de la celebración del vínculo matrimonial, mas no a la conducta procesal que estos pudieran haber asumido durante el trámite de esta causa, pues de la lectura del referido reclamo, se infiere que en realidad la recurrente, a través de los elementos probatorios descritos, lo que pretende demostrar es la mala fe procesal del actor en la interposición de la presente demanda, mala fe que a entender de trataditas como Oswaldo Gozaíni consiste en la utilización arbitraria de los actos procesales en su conjunto o aisladamente cuando el cuerpo legal los conmina con una sanción específica, y el empleo de las facultades, que la ley otorga a las partes en contraposición con los fines del  proceso, obstruyendo su curso y en violación de los deberes de lealtad, probidad y buena fe1, es decir que la mala fe procesal se configura por el empleo arbitrario del proceso o los actos procesales, en contraposición a los fines de la jurisdicción, con un objeto netamente obstruccionista; institución completamente diferente a la mala fe que acontece en la nulidad del matrimonio descrita supra. De ahí que en este caso no existe merito en la argumentación expuesta por la recurrente, máxime cuando de la revisión de los antecedentes procesales, no se observan elementos probatorios que demuestren su buena fe al contraer nupcias con el Sr. Ángel Aliaga Conde, situación por la cual no corresponde realizar a mayores consideraciones al respecto.

En el segundo reclamo, resumido en el punto 2), la recurrente acusa que el Tribunal de apelación no se pronunció respecto al reclamo de apelación vinculado al hecho de que el Juez de instancia descarto valorar las pruebas de fs. 124 a 131 bajo el argumento de que estas no cumplen con el voto del art. 1311 del CC, empero y contrariamente a ello, si habría valorado las pruebas de cargo de fs. 9 a 10 y 15, que también serían fotocopias simples.

Al respecto, de la revisión del cuaderno procesal se puede advertir que lo aseverado por la recurrente carece de asidero, ello debido a que las literales que cursan de fs. 9 a 10 y 15 de obrados, consistentes en la Escritura Publica Nº 413/2011 y el testimonio de 14 de septiembre de 2007 (cuestionadas por la recurrente), no resultan siendo fotocopias simples, y en realidad constituyen documentos originales que fueron adjuntos como prueba pre constituida por el demandante, contando en ese entendido, con el valor probatorio establecido por el art. 1309 del Código Civil y en cuyo marco además fueron valorados por los juzgadores de instancia.

Contrario a ello en las literales de fs. 124 a 131, cursan algunos memoriales presentados por la recurrente, que lógicamente no revisten la calidad de pruebas del proceso, así como unas fotocopias simples de una acusación penal impetrada contra el demandante (Res. 002/2015); fotocopias que si bien no fueron observadas por el actor conforme dispone el art. 1311 del Código Civil, no se advierte que estas desvirtúen la causal de anulabilidad establecida por el art. 46 del Código de Familia, para que la misma merezca mayor análisis por parte de los juzgadores de instancia; así como tampoco contribuyen en demostrar la buena fe de la recurrente en la celebración del vínculo matrimonial cuestionado, situación por la cual no merece mayor consideración por este Tribunal de Casación.

Por lo que, corresponde dictar resolución conforme manda el art. 401.I inc. b) del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. art. 401.I inc. b) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 255 a 257 vta., interpuesto por Emilia Antonieta Aguilar Vda. de Aliaga, contra el Auto de Vista Nº S-178/2018 de 11 de mayo de fs. 252 a 253 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.

Se regula honorarios para el abogado que responde al recurso de casación, en la suma de Bs. 1000 (Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.                                


1 PALACIOS Pareja Enrique s.f. “Temeridad o mala fe”, véase: https://estudiopalacios.net/inc/Temeridad%20o%20mala%20fe.pdf