TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                       S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 396/2019

Fecha: 18 de abril de 2019

Expediente: B-25-18-S.

Partes: Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” c/ Claribel Moro Saucedo 

            y otra.

Proceso: Nulidad de transferencia.

Distrito: Beni.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 384 a 386 vta., interpuesto por la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” a través de su representante legal Carmen Olga Chavarría Roca, contra el Auto de Vista Nº 138/2018 de 10 de julio, cursante de fs. 374 a 375, pronunciado por la Sala Civil Mixta del Tribunal  Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso sobre nulidad de transferencia, seguido por la institución recurrente contra Claribel Moro Saucedo y otra; la contestación a fs. 390 y vta., el Auto de concesión a fs. 395, Auto Supremo de admisión Nº 1159/2018-RA de fs. 401 a 402 vta., todo lo inherente; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Con base en el memorial de demanda de fs. 21 a 24 vta., se inició proceso sobre nulidad de transferencia; acción dirigida contra Claribel Moro Saucedo y Gladys Jiménez Ayala, quienes una vez citadas con la demanda, la primera de estas contesta de forma negativa a través del memorial cursante de fs. 178 a 182; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse Sentencia Nº 283/2017 de 4 de octubre, cursante de fs. 324 a 332 vta., donde el Juez Público Civil y Comercial Nº 4 de la capital declara IMPROBADA la demanda sobre nulidad de transferencia.

2. Resolución de primera instancia recurrida en apelación por la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” a través de su representante legal Carmen Olga Chavarría Roca, mediante memorial de fs. 342 a 345; que fue resuelto mediante Auto de Vista Nº 138/2018 de 10 de julio, cursante de fs. 374 a 375, pronunciado por la Sala Civil Mixta del Tribunal  Departamental de Justicia del Beni, que en su parte dispositiva CONFIRMÓ la sentencia.

El Tribunal  de segunda instancia absolvió el recurso de apelación con los siguientes argumentos; la institución recurrente no logró sustentar con el plexo probatorio idóneo, para que capture una verdad material en los márgenes pretendidos por el demandante, donde el juzgador llegó adoptar una decisión con fundamentos narrativos, intelectivos y jurídicos esbozados por el A quo que capturan con precisión y coherencia la verdad material del conflicto, conduciéndole al decisorio estructurado en la sentencia, sin que tal obra jurídica procesal refleje vulneración alguna al acceso de la jurisdicción alegada por la recurrente. 

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De la revisión del recurso de casación de fs. 384 a 386 vta., interpuesto por La Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” a través de su representante legal Carmen Olga Chavarría Roca, se desprende que la institución recurrente expone como reclamos lo siguiente: 

1. El Auto de Vista impugnado vulneró el art. 1538 de la Ley Nº 439 del Código Procesal Civil, el cual protege la propiedad cuando dispone que: los actos por los que se constituyen, transmitan, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles y en los cuales no se hubieren llenado las formalidades de inscripción, surten efectos solo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros.

2. Señaló que el Tribunal  de alzada vulneró el art. 549 num. 3) del adjetivo civil, al no considerar la Ley Nº 2224 de 4 de julio de 2001 art. 2 que expresa “Autorizase a la Universidad Técnica del Beni “José Ballivián”, la monetización de todos los bienes indicados, proceso que deberá estar sujeto a lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, proceso en el que no podrán participar los ejecutivos funcionarios y catedráticos de dicha universidad, ni sus parientes hasta el segundo grado de consanguineidad y cuarto de afinidad” normativa concordante con el art. 592 prohibiciones especiales de comprar I. “No pueden ser compradores, ni siquiera en subasta pública, ni directa, ni indirectamente. 2) los funcionarios públicos respecto a los bienes que se venden por su ministro”.

Petitorio.

Solicitó se case el Auto de Vista, y deliberando en el fondo declare probada la demanda de fs. 21 a 24 vta.

De la respuesta al recurso de casación.

Contestó manifestando que el recurso de casación no cumple con los requisitos previstos en el art. 274 del Código Procesal Civil, pues no especifica en qué etapa se encuentra el proceso, no señala foliación del Auto de Vista recurrido, expresa agravios como si se tratase de una apelación y lo que pretende es que el Tribunal Supremo realice otra valoración de pruebas, situación que desnaturaliza por concepto el recurso de casación.

Solicitando se declare improcedente el recurso de casación interpuesto por la parte demandante con costas y costos.   

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. De la verdad material.

Sobre el aludido principio, este Tribunal  Supremo de Justicia orientó en sus diversos fallos como ser; Auto Supremo Nº 131/2016 que señaló: “…en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal  ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunal es deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el Juez tiene la posibilidad incluso más amplia de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

En este entendido la averiguación de la verdad material resulta trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En mérito al recurso de casación interpuesto, corresponde absolver los agravios planteados por la institución recurrente:

1. Respecto a la supuesta vulneración del art. 1538 de la Ley Nº 439 si bien la parte recurrente refiere al Código Procesal Civil, se entiende que se trata de la norma sustantiva civil.

A efectos de dar respuesta al agravio, corresponde señalar que la demanda pretende la nulidad del Testimonio N° 411/2007 de 8 de octubre, referente a una Escritura Pública de transferencia de inmueble urbano que realiza el Seguro Social Universitario del Beni a favor de Claribel Moro Saucedo.

Ahora bien, el aludido Testimonio N° 411/2007, se entiende como un negocio jurídico conformado por la concurrencia de manifestaciones de la voluntad, es decir, se trata de un acto sinalagmático que busca surtir efectos jurídicos de las partes contratantes. Cuando dicho acto no surte los efectos pretendidos y anhelados por las partes, se tiene la figura de la ineficacia, la cual consiste, en la ausencia total o parcial de los efectos buscados por los sujetos al manifestar su voluntad.

En ese entendido la nulidad es considerada por la doctrina como un supuesto de ineficacia de los actos jurídicos. Dicha ineficacia puede deberse a un defecto en la conformación o celebración del acto jurídico. Por tanto, lo que busca la nulidad es la invalidez de un negocio jurídico en la estructura del contrato, y según nuestra normativa las causales de nulidad se encuentran inmersos en el art. 549 del Código Civil. 

De lo expresado supra y del examen del contrato de transferencia del bien inmueble plasmado en el Testimonio N° 411/2007 de fs. 8 a 11 vta., objeto de nulidad, el mismo cumple con lo impetrado en los arts. 450 es decir, hay contrato cuando dos personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre si una relación jurídica; 452 los requisitos para la formación del contrato; 453 el consentimiento de las partes contratantes y  454.I y II la libertad contractual, todos del Código Civil.

Si bien es cierto que el inmueble con Matrícula N° 8.01.1.01.0005321, asiento A-1 se encuentra registrado a nombre de la Universidad Técnica del Beni Mcal. José Ballivián (hoy Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”), tampoco es menos cierto que a fs. 6 y vta., se tiene la Ley N° 2224 de 4 de julio de 2001 que en su art. 1.3 autoriza expresamente la transferencia del bien objeto de nulidad, mismo que fue transferido al Seguro Social Universitario del Beni y este a la vez a la demandada Claribel Moro Saucedo mediante el Testimonio N° 411/2007 del 8 de octubre, quien tiene registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 8.01.1.0005321, asiento A-2.

Finalmente se dirá que la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián no podía haber interpuesto la presente demanda de nulidad, ya que no cuenta con un interés subjetivo legítimo según impetra el art. 551 del Código Civil, en sentido que si en un hipotético se acogiera favorablemente la nulidad incoada, el efecto de dicha nulidad a la luz del art. 547 de la norma sustantiva civil produciría efectos retroactivos, reponiendo las cosas al estado anterior, en el caso presente se retrotraería a que el Seguro Social Universitario se convierta en titular del derecho propietario del inmueble. Situación que no generaría un efecto jurídico a favor de la institución demandante.

Por lo que, el reclamo no tiene asidero jurídico legal.

2. Con relación al agravio de la supuesta vulneración del art. 549 num. 3) del adjetivo civil, donde la institución recurrente manifiesta que Claribel Moro Saucedo no podía adquirir el bien inmueble objeto de nulidad según el art. 2 de la Ley N° 2224 de 4 de julio de 2001 por su condición de funcionaria pública de la entonces Universidad Técnica del Beni José Ballivián, vulnerando el art. 549 num. 3) del adjetivo civil.

Corresponde aclarar que el art. 549 num. 3) incumbe al cuerpo sustantivo civil y no al adjetivo, como mal refiere la parte recurrente.

Ingresando a resolver el reclamo, señala que del contrato plasmado en el Testimonio N° 411/2007 de 8 de octubre de fs. 8 a 11, se desprende que Guillermo Suárez Zambrano a nombre del Seguro Social Universitario del Beni, transfiere a la demandada el bien inmueble ubicado en la calle Manuel Maraza, zona Pompeya con una superficie de 3.200 m2 de la ciudad de Trinidad-Beni. Asimismo de la revisión del memorial de demanda a fs. 23 se tiene como confesión espontánea que: “El Seguro Social Universitario del Beni es una institución privada y separada de la Universidad que presta servicio de atención médica a la comunidad universitaria…”, por otro lado a fs. 310 el asesor jurídico de la parte demandante certificó que: “… el Seguro Social Universitario Beni como entidad privada no forma parte de esta superior casa de estudios prestando únicamente servicios de salud a la comunidad universitaria en contra parte del pago de los aportes de ley.”

Consiguientemente por el principio de verdad material desarrollado en el punto III.1, mal puede la parte demandante aducir que Claribel Mora Saucedo no podía participar en el contrato protocolizado en el Testimonio N° 411/2007 de 8 de octubre, ya que, si bien la demandada fungió como funcionaria de la Universidad Autónoma del Beni, dicha institución no participó del aludido negocio jurídico. Por lo que el reclamo deviene en infundado. 

De la respuesta del recurso de casación.

Se dirá que mediante Auto expreso se ha admitido el recurso de casación, tomando en cuenta la flexibilidad de criterios para considerar las acusaciones de la entidad recurrente, esto bajo orientación de la Sentencia Constitucional Nº 2210/2012 de 08 de noviembre.

Por todas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución para el recurso, conforme a lo previsto por el art. 220.II de la Ley Nº 439.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal  Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 384 a 386 vta., interpuesto por la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” a través de su representante legal Carmen Olga Chavarría Roca, contra el Auto de Vista Nº 138/2018 de 10 de julio, cursante de fs. 374 a 375, pronunciado por la Sala Civil Mixta del Tribunal  Departamental de Justicia del Beni.

Sin costas y costos, por ser ente público el recurrente.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.