TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                  S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 395/2019

Fecha: 18 de abril de 2019

Expediente: LP 133 18 S.

Partes: Trinidad Jaquelin Macerez Hernández  c/ María Julieta Ochoa de

            Macerez.

Proceso: Anulabilidad de Matrimonio.

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 318 a 324, interpuesto por María Julieta Ochoa Vda. de Macerez, contra el Auto de Vista N° S-28/2016 de 21 de enero, cursante de fs. 268 a 269 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre anulabilidad de matrimonio seguido por Trinidad Jaquelin Macerez Hernández contra María Julieta Ochoa de Macerez, la respuesta a fs. 352 y vta., Auto de concesión a fs. 354, Auto Supremo de Admisión Nº 1128/2018-RA de 6 de noviembre, cursante de fs. 359 a 360 vta., y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Trinidad Jaquelin Macerez Hernández planteó demanda contra María Julieta Ochoa Vda. de Macerez, por anulabilidad de matrimonio, bajo el fundamento que su padre Javier Macerez Jurado contrajo matrimonio con su madre Julieta Hernández Maceda el 24 de diciembre de 1954, posteriormente con María Julieta Ochoa el 20 de enero de 1968, sin haber disuelto ni desvinculado el anterior enlace matrimonial con la evidencia que no contaba con libertad de estado establecida en el art. 46 del Código de Familia, cursante de fs. 8 a 9, subsanada y ampliada  a fs. 13 y 15; por su parte la demandada por memorial cursante de fs. 30 a 31 vta., contestó, excepcionó por prescripción de anulabilidad, obscuridad, contradicción e imprecisión de demanda y reconvino por daños y perjuicios, desarrollándose el proceso hasta la emisión de la sentencia.

2. El titular del Juzgado Sexto de Partido de Familia de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia de 10 de marzo de 2015, cursante de fs. 236 a 237 vta., declaró PROBADA la demanda principal, consecuentemente anuló la partida matrimonial inscrita en la O.R.C. Nº 1214, del libro Nº 2-67, Partida Nº 116, folio Nº 17 de fecha 20 de enero de 1968 del Departamento de La Paz, Provincia Murillo, localidad Nuestra Señora de La Paz que corresponde a los señores Javier Macerez Jurado y María Julieta Ochoa, por las oficinas del Servicio de Registro Cívico, asimismo, declaró IMPROBADA la reconvención por no demostrarse los daños y perjuicios ocasionados e IMPROBADAS las excepciones también de prescripción, contradicción e imprecisión opuestas por la demandada.

Resolución que fue apelada  por la  demandada de fs. 247 a 252.

3.- El 21 de enero de 2016, la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº S-28/2016, cursante de fs. 268 a 269 vta., CONFIRMÓ la sentencia, bajo la fundamentación que Javier Macerez Jurado contrajo un segundo matrimonio sin estar disuelto el primero, acreditando que el vicio recayó en la prohibición contenida en el art. 46 del Código de Familia, referido a la libertad de estado, aspecto que invalidó el último contraído con María Julieta Ochoa.

Con base a esos antecedentes, la referida resolución de alzada fue recurrida en casación por María Julieta Ochoa Vda. de Macerez, cursante  de fs. 318 a 324, correspondiendo su análisis y resolución. 

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

La recurrente en su recurso de casación señaló -en resumen- los siguientes reclamos en relación al Auto de Vista:

1. Acusó que quienes emitieron el Auto de Vista no valoraron la prueba literal aportada consistente en el testimonio judicial del proceso de divorcio, que mediante Sentencia de 30 de abril de 1970, declaró probada la demanda y disuelto el vínculo matrimonial entre Javier Macerez Jurado y Julieta Hernández Maceda, desmereciendo el valor probatorio asignado por los arts. 1309 y 1311 del Código Civil.

Demandó que el Auto de Vista, no consideró jamás el certificado de matrimonio cursante a fs. 216, en el cual cursa la cancelación de la partida matrimonial, desmereciendo el valor probatorio asignado por el art. 1296 del Código Civil. Asimismo, hizo una incorrecta interpretación del art. 83 del Código de Familia con relación a la imprescriptibilidad de la acción anulatoria del matrimonio y la existencia de un divorcio como hecho sobreviniente que subsanó el vicio.

Petitorio.

Solicitó casar el Auto de Vista, consecuentemente se anulen obrados o en su caso se pronuncie revocando el Auto de Vista.

De la respuesta al recurso de Casación.

Refirió que todas las pruebas demuestran que existió un segundo matrimonio ilegal, porque nunca se canceló la primera partida de matrimonio, puesto que el divorcio fue posterior a la celebración ilícita del segundo matrimonio, existiendo bigamia, aunque el esposo ya esté fallecido.

Estableció que las resoluciones emitidas son legales, solicita que no se de curso al recurso de casación por ser dilatorio y sin sustento legal.

Concluyó solicitando se ratifique la ejecutoria.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Subsanación de vicio del matrimonio anulable.

El art. 83 del Código de  Familia señala: (Acción de anulabilidad absoluta). “La acción para anular el matrimonio, en los casos expresados, es imprescriptible, cuando no se la sujeta un término de caducidad o el vicio se subsana por sobrevenir alguna circunstancia de hecho…”.

Los hechos jurídicos son sucesos relevantes para el derecho que producen efectos jurídicos y como consecuencia del hecho se crean, modifican o extinguen derechos, deberes y obligaciones o cargas.

En el ámbito familiar el derecho de uno de los cónyuges disuelve el matrimonio conforme describe el  art. 129 del Código de Familia que menciona: “El matrimonio se disuelve  por la muerte  o por la declaración de fallecimiento presunto de uno de los cónyuges también se disuelve por sentencia ejecutoriada de divorcio en los casos expresamente determinados…”.

Corresponde  señalar el aporte del doctrinario Carlos Morales Guillen (Código de Familia concordado y anotado, Editorial  Gisbert & Cía. S.A.  pág. 158 y 159) “…Resulta de esta disposición que la naturaleza del impedimento  de falta de libertad de estado (art. 46) solo aparece posteriori, según  la suerte que corra el proceso sobre la validez del primer matrimonio. Esto es, será de naturaleza  dirimente, no sanable, si el primer matrimonio es válido, o será simplemente impedimento prohibitivo si es susceptible  de ser anulado.

(…). El sistema alemán, seguido por el Ecuador  y otros países, mantiene la validez del segundo matrimonio y considera disuelto el anterior. El CC, vigente, apartándose de su modelo italiano, al declarar abierta  la sucesión con la muerte  real o presunta del  de cujus se coloca  dentro este sistema, esto es  reconoce validez al segundo matrimonio considerando disuelto el primero por  aplicación del art. 129, que declara disuelto el matrimonio por la muerte.

En el ámbito de la doctrina  argentina, sobre la subsanación del matrimonio, se cita el aporte de Eduardo A. Zannoni (Derecho Civil Derecho de Familia, Tomo I, 2º  Editorial Astrea, Edición, pág. 294 y 295) quien describe “Prueba del impedimento de ligamen.- la acreditación del matrimonio anterior celebrado por el demandado y la identidad entre éste  y el contrayente de aquél, constituyen extremos inexcusables.

(…) Pero además, a nuestro juicio, debe acreditarse  la subsistencia  del primer matrimonio  -o del matrimonio  anterior- al día en que el demandado contrajo el segundo. Configura el impedimento  de ligamen por “matrimonio anterior  mientras subsista”, de modo que quien alegase la nulidad de las nupcias  fundado en el ligamen  subsistente y anterior de cualquiera de los contrayentes, deberá acreditar  que no existen en el Registro del Estado Civil  y Capacidad de las Personas  constancias  de la disolución o anulación del matrimonio anterior.

Por su puesto, opera en tal caso una presunción, implícita de subsistencia del matrimonio anterior, de cuya disolución  o anulación  no hay constancias. Pero como la subsistencia del matrimonio  del presunto bígamo al tiempo en que se contrajeron  las nupcias cuya nulidad se demanda, se funda en un hecho constitutivo de la afirmación del vicio, es evidente que supone  en quien  demanda  la nulidad, no solo la carga de la afirmación, sino también la carga de la prueba.

En nuestra jurisprudencia se ha prestado, en general, poca atención a este extremo probatorio. En algunos fallos se ha sentado la doctrina que entiende que el actor que demanda la  nulidad del matrimonio, no está obligado a acreditar la presunción de supervivencia del primer matrimonio. Sería la demandada quien debería  acreditar la disolución  de él  o su anulación,  si funda su defensa  en algunos de estos hechos. En el  último pronunciamiento  citado  se dice enfáticamente, que “en el juicio  de nulidad de matrimonio  basado en la subsistencia  de un vínculo anterior, el actor cumple   la carga de probar  los extremos  de su pretensión  al acompañar  las dos partidas  que prueban ambos matrimonios  de la demandada (…). La prueba del fallecimiento  del conyugue, o la disolución  por cualquier otro motivo, corresponde a quien alega, pues, no obstante una posible  colusión de los esposos, no es posible  exigir  más  del conyugue que reclama la nulidad, por que frecuentemente la prueba de que el  matrimonio anterior subsiste será imposible”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. Acusó que quienes emitieron el Auto de Vista no valoraron la prueba literal aportada consistente en el testimonio judicial del proceso de divorcio, que mediante Sentencia de 30 de abril de 1970, declaró probada la demanda y disuelto el vínculo matrimonial entre Javier Macerez Jurado y Julieta Hernández Maceda, desmereciendo el valor probatorio asignado por los arts. 1309 y 1311 del Código Civil.

Demandó que el Auto de Vista no consideró jamás el certificado de matrimonio cursante a fs. 216, en el cual cursa la cancelación de la partida matrimonial, desmereciendo el valor probatorio asignado por el art. 1296 del Código Civil. Asimismo, hizo una incorrecta interpretación del art. 83 del Código de Familia con relación a la imprescriptibilidad de la acción anulatoria del matrimonio y la existencia de un divorcio como hecho sobreviniente que subsanó el vicio.

De la revisión al proceso se tiene la interposición de la demanda de fs. 8 a 9 y 13, instaurada por Trinidad Jaquelin Macerez Hernández en su calidad de hija de Javier Macerez Jurado, quien se hubiera casado dos veces, cuya  primera celebración fue el 24 de diciembre de 1954 con Julieta Hernández Maceda, madre de la demandante, y el segundo el 20 de enero de 1968 con María Julieta Ochoa sin que el primero esté disuelto por la muerte o divorcio de su primera esposa Julieta Hernández Maceda, puesto que en esa época ese era el presupuesto para la libertad de estado, disposiciones contenidas en los arts. 90 y 142 del Código Santa Cruz vigente en ese momento que señalaban: “…No puede contraerse un segundo matrimonio antes de la disolución del primero”“…El matrimonio sólo se disuelve por la muerte de uno de los esposos”.

En ese análisis de la normativa vigente de aquel momento, el art. 117 del referido Código Santa Cruz establecía: “…El esposo en cuyo perjuicio se ha contraído un nuevo matrimonio, puede demandar su nulidad. Si los nuevos esposos oponen la nulidad del primer matrimonio, su validez debe ser juzgada con preferencia”.  De tal forma que la legitimación activa para demandar por nulidad únicamente estaba reservada a los esposos y nuevos esposos considerados perjudicados.

El Auto de Vista razonó en el sentido de que el A quo realizó una correcta interpretación del Código de Familia, señalando que la libertad de estado, es causal de anulabilidad absoluta del matrimonio al tenor del art. 46 del Código de Familia, estableciendo que de la documental adjuntada se evidenció que el segundo matrimonio fue celebrado sin libertad de estado y que la sentencia fue posterior a la celebración del segundo matrimonio y que el vicio recae en la libertad de estado que debió tener en el año 1968 por lo que el mismo fue celebrado con un vicio que lo lleva a la invalidez.

Si bien tal aseveración en principio es acertada, sin embargo en el caso concreto no se tomó en cuenta que el vicio fue subsanado por voluntad del propio cónyuge que generó el vicio con el proceso sobreviniente de divorcio que puso fin al impedimento, aspecto aceptado y regulado en el art. 83 del Código de Familia, además no puede desconocerse  la existencia de la sentencia de disolución y sus efectos, menos interponer un proceso aludiendo la existencia de un matrimonio que a momento de interponer la presente demanda, al año 2013, es inexistente por el efecto del divorcio.

En el caso de autos y de la revisión al proceso a fs. 216 vta., se tiene que el primer matrimonio correspondiente a Javier Macerez Jurado con Julieta Hernández Maceda (madre de la demandante) fue celebrado el 24 de diciembre de 1954 y cancelado por sentencia de divorcio el 30 de junio de 1970, dictada por el Juez Octavo de Partido en lo Civil de la ciudad Nuestra Señora de La Paz.

Con base en ello, la demandante interpone la anulabilidad del segundo matrimonio, pretendiendo mantener vigente el primero que fue celebrado con su madre, sin considerar que el mismo fue disuelto por voluntad del propio contrayente (causante de la actora) y que obtuvo una resolución emitida por autoridad competente y con sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada, así la interpretación establecida sobre la subsistencia del segundo matrimonio ante la disolución del primer matrimonio- tiene respaldo en el ámbito doctrinario conforme a la conservación de los actos, pues al estar disuelto el primer matrimonio ya no se puede alegar la anulabilidad del segundo ya que la anulabilidad ataca la existencia de dos matrimonios, y al estar disuelto el primero de ellos por sentencia de divorcio - no se puede invalidar el segundo, manteniéndose vigente el mismo conforme se ha descrito en la doctrina aplicable en el punto III.1., en base a la postura doctrinaria del sistema alemán que se inclina por mantener el segundo matrimonio, así de acuerdo a nuestra legislación, la acción para anular el matrimonio, en el caso de ausencia de libertad de estado, es imprescriptible, cuando no se la sujeta a un término de caducidad o el vicio se subsana por sobrevenir alguna circunstancia de hecho como la existencia de sentencia de divorcio o la existencia de una dispensa judicial ( Art. 83 del Código de Familia de 23 de agosto de 1973), siendo esta la excepción a la regla de sancionar la anulabilidad del matrimonio por la inexistencia de libertad de estado.

Así también, para invocar la anulabilidad del matrimonio por inexistencia de libertad de estado, se tiene que al momento de acreditar dicha anulabilidad ambos matrimonios deben persistir (estar vigentes), lo que no acontece en el caso de autos, pues luego de la celebración del segundo matrimonio entre Javier Macerez Jurado y María Julieta Ochoa, aconteció la disolución del primer matrimonio que generó efecto en la disolución del matrimonio Macerez-Hernández, que se constituye en un acto sobreviniente que convalidó el matrimonio Macerez-Ochoa, de acuerdo a la regla del art. 83 del Código de Familia, consiguientemente corresponde corregir el error incurrido por los de instancia.

Con base a toda la normativa señalada, corresponde también establecer que la demandante fundamenta su demanda en el Código de Familia, mismo que no puede ser aplicable porque los actos de los cuales se impugna la anulabilidad son anteriores a la vigencia del referido cuerpo normativo familiar que entró en vigencia en agosto de 1972. Asimismo, del análisis realizado supra, se establece que la  hija pretende anular un matrimonio que ya fue cancelado mediante sentencia de divorcio en 1970, en los hechos pretende desconocer la existencia de una sentencia firme de divorcio. Concluyendo que resulta un contrasentido  pretender se declare la anulabilidad de un segundo matrimonio que resulta ser en la actualidad el único subsistente y pretende “revivir” o reactivar el primer matrimonio que actualmente es un acto jurídico extinguido por sentencia de autoridad competente y con la calidad de cosa juzgada.

Correspondiendo a este Tribunal enmendar el razonamiento errado de los de instancia.

De la respuesta al recurso de casación.

Al respecto y siendo que los argumentos de la respuesta de la demandante no son correctos, se tiene que la misma  debe acogerse al razonamiento realizado tanto en la doctrina como la fundamentación  de la presente resolución.

Por lo manifestado, corresponde dictar Resolución conforme determina el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en los arts. 41 y 42.I núm.1 de la Ley del Órgano Judicial y, en aplicación de lo previsto por el art. 220.IV del Código Procesal Civil, CASA y revoca el Auto de Vista Nº S- 28/2016 de 21 de enero, cursante de fs. 268 a 269 vta., declarando Improbada la demanda, de acuerdo a los fundamentos de la presente resolución, sin responsabilidad por ser excusable el error incurrido. Con costas en favor de la demandada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.