TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 387/2019

Fecha: 18 de abril de 2019

Expediente: LP 122 18

Partes: Gregorio Javier Balboa c/Wendy Jhael Vargas Huarachi.

Proceso: Acción pauliana.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 198 a 200 vta., interpuesto por Gregorio Javier Balboa contra el Auto de Vista Nº 279/2018 de 8 de mayo, cursante de fs. 195 a 196 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso de acción pauliana seguido por el recurrente contra Wendy Jhael Vargas Huarachi; Auto de Concesión cursante de fs. 204; Auto Supremo de Admisión Nº 991/2018 RA cursante de fs. 209 a 210 y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Gregorio Javier Balboa mediante memorial cursante de fs. 30 a 32 vta., subsanado en fs. 38 y vta. y 41 y vta., inició proceso de acción pauliana contra Wendy Jhael Vargas Huarachi, arguyendo que María Concepción Huarachi Pérez el 20 de diciembre de 2010, transfirió a su sobrina, ahora demandada, un inmueble ubicado en la final Avenida Buenos Aires de la ciudad de La Paz que tiene la calidad de garantía hipotecaria para el cobro de $us. 3.400, es decir, después de la fecha de haberse suscrito los contratos de reconocimiento de deuda y compromiso de pago de 15 de abril de 2009 y 1 de junio de 2010, respectivamente.

Citada la demandada contestó en forma negativa a la demanda principal y formuló excepciones perentorias de prescripción de la acción y cosa juzgada, cursante de fs. 74 a 79 vta., tramitándose el proceso hasta la emisión de la Sentencia Nº 52/2016 de 31 de enero, cursante de fs. 175 a 177 vta., pronunciada por la Juez Público Civil y Comercial Décimo Sexto de la ciudad de La Paz, que declaró IMPROBADA la demanda interpuesta por Gregorio Javier Balboa.

2. Resolución de primera instancia que al ser apelada por el demandante, mereció el Auto de Vista Nº S - 279/2018 de 8 de mayo cursante de fs. 195 a 196 vta., que resolvió CONFIRMAR la Sentencia Nº 52/2016 de 31 de enero.

El Tribunal de alzada sostuvo que el demandante no cumplió con todas las condiciones de procedencia, tal es así que no cursa prueba que verifique la insolvencia de la deudora, el recurrente debió haber generado prueba de las entidades públicas pertinentes para que informen y/o certifiquen que María Concepción Huarachi Pérez no registra bienes o capitales, ante esa omisión es menester que el proceso ejecutivo agote las instancias para recuperar la deuda; también no se ha llegado a comprobar que tanto la vendedora (deudora) y la compradora hayan tenido una intención de mala fe por cuanto se presume la buena fe, que además en el momento del acto de transferencia no se evidenció el registro alguno en Derechos Reales que impida la compra y venta; en cuanto a la condición cuarta, el demandante en su momento tenía la responsabilidad de desarrollar su obligación de acreedor con diligencia de buen padre de familia, puesto que no se efectuó registro alguno que precautele su acreencia, por ello más allá de la deuda líquida, el legislador a referido, que para la revocatoria de una compra y venta indudablemente debe cumplirse con todos y cada uno de los requisitos previstos en el art. 1446 del Código Civil, por cuanto rige la buena fe y seguridad jurídica de las relaciones civiles, así también se tomó en cuenta lo  referido en el Auto Supremo Nº 449/2013 de 30 de agosto, cuando invoca la buena fe frente a la acción pauliana.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De las denuncias expuestas por el recurrente, se extraen de manera ordenada y en calidad de resumen, las siguientes:

EN LA FORMA.

1.- Acusó que en audiencia preliminar se objetó que Nancy Margarita Huarachi Pérez, madre de la demandada, actuó en su representación, porque el poder es desactualizado e insuficiente, sin embargo la juez A quo, soslayando su petición prosiguió dicho acto procesal, lesionando el derecho de la parte demandante de interrogar personalmente a la demandada en la confesión provocada conculcándose los art. 115 y 119 de la Constitución Política de Estado y 4, 5, 46 I, II y IV, 158.II del Código Procesal Civil. Asimismo al confirmar la Sentencia se valoró la prueba producida en audiencia preliminar en las circunstancias señaladas es nula la actuación a nombre de la demandada, en consecuencia, se vulneró el art. 115 de la Constitución Política del Estado porque fue omitido el derecho al debido proceso y otorgarle la protección oportuna y eficaz.

EN EL FONDO.

1.- Denunció que la juez A quo y el Tribunal Ad quem al valorar como prueba la confesión provocada de la madre de la demandada en calidad de “representante”, incurrió en infracción del art. 8 núm. 1 y 2 inc. f) de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Además que se habría incurrido en error de derecho al admitirse como válida la declaración de la “representante” de la demandada en la confesión provocada, vulnerándose los arts. 158.II y 146.I y III del Código Procesal Civil; además que el poder de fs. 155 es desactualizado e insuficiente.

También se ha producido error de hecho debido a que se ha convalidado una actuación procesal viciada de nulidad como es la declaración de Nancy Margarita Huarachi Pérez, madre de la demandada Wendy Jhael Vargas Huarachi, no siendo ratificado lo actuado en su nombre, por tanto queda nula dicha actuación de representación sin mandato de acuerdo al art. 46.III de la Ley Nº 439.

Petitorio.

Solicitó anular obrados o alternativamente casar el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada la demanda.

Al recurso de casación pese a su lega notificación la parte demandada no contestó la misma.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE

III.1. Sobre la nulidad procesal.

Si bien anteriormente el régimen de la nulidad de obrados, se encontraba orientado a un enfoque totalmente formalista conforme orientaba el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (Abrogada), empero, con el transcurso del tiempo conforme al principio de progresividad, dicho instituto jurídico procesal ha sido modulado por la jurisprudencia y reorientado por nuestro ordenamiento jurídico procesal actual, mereciendo consideración especial en los nuevos Códigos en si regulando su procedencia (Ley del Órgano Judicial Nº 025 y Código Procesal Civil Ley Nº 439), esto debido a la importancia que conlleva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan, pues es concebido como un instrumento que permite remediar la violación del debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, pero de ningún modo constituye el medio para el cumplimiento de fórmulas ritualistas establecidas en el procedimiento, por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025, al indicar que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa, entendimiento en concordancia con la Ley Nº 439, respecto a la nulidad de los actos procesales, con vigencia anticipada que precisa la especificidad y trascendencia del vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.

Estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que desprende el art. 115 de la C.P.E., e indica  El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, estableciéndose que es Política de Estado garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada.

Por lo manifestado, es indiscutible resaltar y reiterar que la nulidad procesal es una medida de -última ratio-, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que, ahora resulta limitativo aplicar una nulidad procesal, puesto que si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica que esa irregularidad no fue reclamada oportunamente y el acto cumplió con su finalidad procesal, no puede pretender el juzgador fundar una nulidad procesal en ese acto procesal por su sola presencia en la causa, sino se debe apreciar la trascendencia de aquel acto de manera objetiva con relación al derecho a la defensa de las partes.

En ese sentido el régimen de nulidades procesales, impuesta en la nueva normativa jurisdiccional, elaboró los presupuestos de una posible nulidad conforme a la doctrina de los principios procesales, por ello se hace indispensable que el operador de justicia cuando tome una decisión anulatoria aplique está disposición como última opción; en ese cometido podemos manifestar que el Principio de Especificidad o Legalidad, se encuentra establecido en el art. 105-I de la Ley Nº 439 que establece: Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley; criterio de nulidad específico, pero esta no se concibe en el principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más amplia y flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad, misma sustancia se aprecia de la primera parte del parágrafo II del artículo precitado.

El Principio de trascendencia y Principio de finalidad del acto procesal, sitúan su lugar en el art. 105.II del Código Procesal Civil, que indica: “El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión”, cabe resaltar que la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere además, compulsar si el acto aunque anómalo cumplió con el propósito procesal (finalidad del acto) y que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

El Principio de Protección tiene como fundamento la protección del acto y en ello proteger aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte o como terceros, en ese fin el proponente de la nulidad no puede ser el mismo que ha originado la supuesta nulidad, pues ese actuar estaría afectando a otros interesados en el proceso, por ello se dice que el presupuesto de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; debiendo acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio; bajo esa concepción el art. 106.II del Código Procesal Civil, establece: “También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observación de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión”.

El fundamento del Principio de Convalidación refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad y no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto plena eficacia jurídica; en ese mérito se estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil” (art. 107 de la Ley Nº 439).

Asimismo, el Principio de conservación implica la conservación de los actos procesales, el cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa, se encuentra instituido en el art. 107.I de la norma procesal civil citada, sostiene: “Son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos formales esenciales previstos por ley, siempre y cuando su finalidad se hubiera cumplido”. Criterio ya sustentado en el A.S. Nº 348/2014 de 02 de julio, entre otros.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

EN LA FORMA.

1.- En cuanto a que en audiencia preliminar se objetó que Nancy Margarita Huarachi Pérez, madre de la demandada, actúe en su representación, porque el poder es desactualizado e insuficiente, sin embargo la juez A quo, soslayó su petición prosiguiendo dicho acto procesal, lesionando el derecho de la parte demandante a interrogar personalmente a la demandada en la confesión provocada conculcándose los art. 115 y 119 de la Constitución Política de Estado y 4, 5, 46 I, II y IV, 158.II del Código Procesal Civil. Asimismo, al confirmar la Sentencia se valoró la prueba producida en audiencia preliminar en las circunstancias señaladas siendo nula la actuación a nombre de la demandada, en consecuencia, se vulneró el art. 115 de la Constitución Política del Estado porque fue omitido el derecho al debido proceso y otorgarle la protección oportuna y eficaz.

Corresponde señalar al respecto que cursa a fs. 155 y vta., el poder otorgado por Wendy Jhael Vargas Huarachi en favor de Nancy Margarita Huarachi Pérez presentado mediante memorial de 2 de diciembre de 2016, cursante de fs. 156 y providenciado el 5 de diciembre de 2016, aceptando la personería de la apoderada de fs. 156 y vta. Asimismo se lleva a cabo la audiencia preliminar el 30 de enero de 2017 de fs. 168 a 174 vta., donde la parte demandante observa el poder de fs. 155 y vta., señalando que es desactualizado e insuficiente por lo que la demandante no tiene representación no estando presente la parte demandada y estando inhabilitado el poder ilegal, pide que declare por ciertos los hechos alegados por las partes y se pronuncie sentencia conforme el art. 365 del Código Procesal Civil.

Acto seguido en la etapa de saneamiento la Juez rechaza la observación efectuada por el demandante, indicando: “… Nancy Margarita Huarachi Pérez que en su caso además de apoderada actúa como madre de Wendy Jhael Vargas y que ha actuado también en diferentes procesos, por lo que dicha actuación se adecua al art. 46.I del Código Procesal Civil…” (la negrilla es nuestra).

Respecto al poder en la audiencia preliminar, la juez consideró y resolvió la observación admitiéndose la calidad de apoderada de Nancy Margarita Huarachi Pérez y haciendo énfasis que es la madre de la demandada. Ante esta decisión expresada por la Juez, la parte demandante no planteó recurso de reposición ni apeló la determinación, dejando pasar la oportunidad que tiene cualquiera de las partes para impugnar la decisión de la juez A quo, denotando conformidad del demandante con la resolución enunciada.

La parte demandante reclama en su agravio de casación la vulneración del art. 46.I y II del Código Procesal Civil, siendo evidente que fue planteada la observación del poder, empero, dejó pasar el momento procesal oportuno para la impugnar la decisión por la Juez, cuando ésta decide rechazar la observación de acuerdo a los antecedentes descritos supra, por lo que es innecesario ingresar a explicar sobre la institución de la representación sin mandato, debido a que la conducta del demandante convalidó la decisión de la Juez conforme se desarrolla en el apartado III.1 en la doctrina aplicable, donde se explica sobre los principios de las nulidades procesales.

En el presente caso la parte demandante no ha interpuesto recurso alguno en la misma audiencia, conforme señala el art. 16 de la Ley Nº 025, indica al respecto: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa”, destacando de la norma citada que toda irregulariad producida en el proceso debe ser reclamada oportunamente, lo cual no ha sucedido como tampoco se ha provocado indefensión a las partes, según la garantía del derecho a un proceso sin dilaciones y sin obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela judicial solicitada dentro del marco de lo establecido en el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

En ese sentido, la nulidad procesal se constituye en una medida de última ratio, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en el proceso, por lo que, no corresponde aplicar una nulidad procesal, puesto que de la revisión de los actuados producidos en la audiencia preliminar se observa el poder presentado por la demandada, que no fue acogido por la Juez cuya resolución no fue impugnada oportunamente en dicha audiencia, estando convalidado.

Bajo esta premisa, el demandante recién procedió a formular su reclamo en el recurso de apelación en contra de la Sentencia, al no haber deducido su reclamo oportunamente en la primera actuación, con ese proceder otorgó a dicho acto plena eficacia jurídica en consonancia del art. 107.II y III de Código Procesal Civil.

Por lo que analizando el agravio en la forma se deduce que no hubo vulneración a los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado y 4, 5, 46.I, II y III del Código Procesal Civil, al no tener asidero legal para anular obrados.

EN EL FONDO.

1.- Con relación a que la Juez A quo y el Tribunal Ad quem al valorar como prueba idónea la confesión provocada deferida por la madre de la demandada en calidad de “representante”, incurrierron en infracción del art. 8 núm. 1 y 2 inc. f) de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Además que se ha incurrido en error de derecho al admitirse como válida la declaración de la “representante” de la demandada en la confesión provocada, incurriendo en vulneración de los arts. 158.II y 146.I y III del Código Procesal Civil; además que el poder de fs. 155 es desactualizado e insuficiente.

Que también se ha producido error de hecho debido a que se ha convalidado una actuación procesal viciada, como es la declaración de Nancy Margarita Huarachi Pérez, madre de la demandada Wendy Jhael Vargas Huarachi que no ha ratificado lo actuado en su nombre, por tanto queda nula dicha actuación de la representante sin mandato de acuerdo al art. 46.III de la Ley Nº 439.

Al respecto, de acuerdo al desarrollo de la audiencia preliminar se tiene como primer acto de convalidación la admisión del poder que decide la jueza A quo que ya fue explicado (ver agravio de forma) y como su consecuencia, se cuenta con el segundo acto referido a la resolución de rechazo en la etapa de saneamiento, respecto al poder, que no fue impugnado en la audiencia preliminar.

El reclamo resulta insustancial y carente de sustento, debido a que la parte demandante participó en la audiencia preliminar sin efectuar la oposición con relación a la recepción de la confesión provocada de parte de la apoderada, que no lo hizo en su momento oportuno dejando inclusive precluir su derecho a la interposición de recursos en el marco del principio de la oralidad del proceso civil tomando en cuenta, además, el régimen de las nulidades descrito en la doctrina aplicable en el punto III.1 de la presente resolución.

En ese sentido se cumplió convenientemente con la recepción de la confesión provocada, no existiendo razón suficiente para sostener error de derecho ni de hecho porque cumplieron con las formalidades sin que exista vicio con relación al art. 46.III del Código Procesal Civil, debido a que como se explicó anteriormente la juez A quo validó el poder de la parte demandada conforme se tiene del acta de audiencia preliminar. Por la explicación efectuada no fueron vulnerados los arts. 115, 117, 119, 178, 180 de la Constitución Política del Estado, como sostiene erradamente la parte recurrente y además porque se la menciona de una manera genérica sin explicar cómo se habrían vulnerado dichos preceptos con relación al caso concreto.

Finalmente, el Tribunal Ad quem no vulneró al art. 8 núm. 2 inc. f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como afirma el recurrente, debido a que dicha norma internacional no prescribe sobre la recepción de confesión provocada sino que refiere al derecho de interrogar a los testigos o peritos y su comparecencia. Por otra, tampoco se consideran infringidos los arts.  256 y 410 de la Constitución Política del Estado por ser normas relativas a la ratificación de tratados y la estructura normativa boliviana, máxime que la vulneración analizada no fue protestada a momento de interponer el recurso de apelación, por lo que su agravio no tiene asidero legal.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, de clara INFUNDADO el recurso de casación, cursante de fs. 198 a 200 vta., interpuesto por Gregorio Javier Balboa contra el Auto de Vista Nº S 279/2018 de 8 de mayo, cursante de fs. 195 a 196 vta., pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin costas ni costos por no haberse contestado al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.